Crónica de un vaciamiento anunciado

Cuando en septiembre del año pasado CFK promulgó la Ley de Glaciares denunciamos que se trataba de una estafa a los reclamos ambientalistas, porque el gobierno, agente de los pulpos mineros, tenía a su cargo su implementación. Como complemento, la justicia es funcional a esta desnaturalización de la ley.

Justicia

Apenas promulgada, los gobernadores kirchneristas promineros -como Gioja en San Juan- se apresuraron a reclamar la inconstitucionalidad de la ley. También lo reclamaron la Barrick y la burocracia de la Aoma. El juez federal de esa provincia rápidamente dictó una medida cautelar que suspende la vigencia de la ley en esa provincia. Barrick no explota solamente el yacimiento de Veladero, en las altas cumbres sanjuaninas, en medio de las zonas de glaciares, sino que está construyendo el megayacimiento binacional de Pascua Lama en la frontera con Chile, que supuestamente debiera proteger la ley. La construcción avanza a todo trapo y la Barrick (como en su momento Botnia en Gualeguaychú) se maneja con la política de los hechos consumados.

Inventario y reglamentación

El artículo 15 de la ley establecía que el gobierno debía implementar en 180 días un inventario de los glaciares y zonas periglaciares a preservar. Por las condiciones climáticas, la época más propicia es la primavera y el verano. Pero el gobierno nacional los dejó pasar y recién reglamentó la ley en marzo de este año. Así la pateó un año. Pero además, dejó sin reglamentar el artículo 15. Adicionalmente, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, detalló que "los primeros datos sobre los glaciares y zonas periglaciares los tendremos en un año y en cinco años completaremos la información" (Télam, 2/3). El jefe de Gabinete completó: "en un año tendremos algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares" (Página/12, 2/3).

El inventario, según la ley, debía realizarlo el Ianiglia (Instituto de Nivología, dependiente del Conicet). Pero tres meses después de "reglamentada" la ley, Aníbal Fernández y Mussi "le entregan 3.400.000 pesos presupuestados para el primer año de ejecución del Inventario del Glaciares, a la Fundación Innova-T" (Secretaría de Medio ambiente, 10/6). Esta fundación, si bien fue promovida por el Conicet (en 1993), hoy es una ONG independiente que ha sido denunciada por haber trabajado para la Barrick. Además, con esos fondos no le alcanza ni para empezar.

Corte Suprema

Paralelamente, el 7 del mes pasado, la Corte Suprema decidió aceptar la "competencia originaria" en las demandas que la provincia de San Juan, Barrick y Aoma había entablado por la inconstitucionalidad de la ley. Coincidentemente, esta intervención fue elogiada tanto desde ciertas posturas ambientalistas como desde los agentes de los pulpos mineros.

En un artículo de opinión en Clarín (23/6), los referentes ambientalistas Svampa y Viale consideran que el hecho de que "la Corte tome cartas en el asunto es una buena noticia". Por su parte, Daniel Tomas, diputado sanjuanino del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara declaró: "Es buena noticia que la Corte se ocupe del diferendo de la ley de glaciares" (Diario de Cuyo, 12/6). Más contundente fue el título de El diario de Cuyo, del 9 de junio, que apuntó en otra dirección: "El gobierno de Gioja está 'satisfecho'".

Gioja sabe de lo que habla, los otros, no: es que la Corte no le otorgó a su intervención efecto suspensivo, es decir que mientras "estudia" el caso, las medidas cautelares del juzgado sanjuanino continúan vigentes. Además, reconoció como "querellantes" a la provincia y a la Barrick, pero no a las organizaciones ambientalistas.

Como es sabido que la Corte maneja sus tiempos; no quiere interferir en la campaña electoral -y tampoco querrá crear un 'conflicto de poderes' después del 10 de diciembre, cuando asumirá un gobierno que seguirá protegiendo los negocios mineros (sea oficialista u opositor).

Volvemos al lugar común: "hecha la ley, hecha la trampa".

Miguel Gómez

Mussi en "Medio Ambiente" no es un chiste en el día de los inocentes

El nombramiento de Juan José Mussi a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno nacional equivale a poner al zorro a cuidar el gallinero.
Es una provocación contra los vecinos y los movimientos ambientalistas de Berazategui, que vienen luchando contra el PCB cancerígeno y la instalación de la Subestación de Edesur en el casco céntrico de la ciudad.
Se trata de un represor de los vecinos que enfrentan a Edesur.
¡Han premiado a un agente de las privatizadas y de los pulpos energéticos que dejan sin luz a la población y extorsionan con los tarifazos!
Mussi impulsa la "intrusión" de la Reserva de Biósfera en el Parque Pereyra con una nueva traza de la Autopista, para beneficiar a las grandes corporaciones inmobiliarias que quieren quedarse con toda la costa desde Avellaneda, Quilmes y Berazategui hasta La Plata.
Mussi ha sellado también un pacto de impunidad con los contaminadores capitalistas que vuelcan sus desechos tóxicos e industriales en el arroyo Las Conchitas y en el Río de la Plata.
Por eso insiste también con instalar una "nueva Ceamse" en El Pato contra la voluntad de cientos de vecinos, que resisten este megabasurero y los curros que lo rodean.
Mussi dice que lo eligieron por "hacedor", ¿en beneficio de quién?
El Berazategui obrero es la contracara de los 'countries', pues faltan miles de viviendas para los trabajadores, y explotados por medio de las tercerizaciones y el trabajo en negro y precario en el parque industrial de Plátanos.

El alcance de este acuerdo
¿Qué pretende con esto el gobierno nacional?
Al gobierno de Cristina no le preocupa el medio ambiente (Mussi es, en realidad, el anti-medio ambiente), sino la alianza con los caciques del conurbano.
¿Qué van a decir ahora los concejales kirchneristas que denunciaron, en su momento, al propio Mussi como un infiltrado del duhaldismo?
Con Mussi en el gabinete, los "nacionales y populares" se han cargado también un salvavidas de plomo tan pesado como el pacto que tienen con los Pedraza y los Moyano.
¿O acaso Mussi no ha gobernado Berazategui amparando a todas las burocracias antiobreras, empezando por la cúpula del sindicato municipal y los matones del Vidrio y del Sindicato Papelero?
Mussi no se ha privado de nombrar a su hijo al frente de la Intendencia como garante de los negociados inmobiliarios.
En oposición a esta política capitalista y sus representantes, llamamos a levantar un programa y una organización contra la depredación ambiental y laboral.

Partido Obrero de Berazategui

La Ley de Bosques: La reglamentación avala la deforestación
"Habrá muchos Tartagales en Argentina"
El mediodía del viernes 13, CFK firmó el decreto reglamentario de la ley de bosques o Ley Bonasso, o Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Lo hizo con considerable demora (15 meses), para zafar de las denuncias que atribuían a la deforestación como la causa principal de la tragedia de Tartagal. La ironía es que la ley en cuestión no obstaculiza para nada el negocio del desmonte, y que la flamante reglamentación la hará aún más inocua.
La ley otorga un año, desde noviembre de 2007, a todas las provincias para dictar una ley de ordenamiento territorial de sus bosques nativos, diferenciando en el mapa con tres colores, las zonas donde se permitirá seguir desmontando (color verde), las áreas donde no se podrá tocar la vegetación (roja) y las áreas intermedias (amarillas). Pero sobran los dedos de una mano para contar que provincias lo han realizado y otro tema es cómo lo han hecho.
Salta es el ejemplo más claro: Urtubey y varios funcionarios han parido una Ley de ordenamiento que garantiza el incremento de los negocios sojeros, azucareros, petroleros y madereros, que quedan autorizados a seguir desmontando los terrenos y laderas de las cuencas altas, media y bajas de los principales ríos que surcan la provincia.
El resultado es sencillo de sacar: el no poder amortiguar el impacto de la gota de lluvia, ni posibilidad de infiltración en el suelo, ni retención en los fustes de los árboles, el agua de lluvia incrementará su velocidad aguas abajo y llegará a los cauces de los ríos con la velocidad suficiente para arrastrar todo lo que se le cruce (alud). Si los madereros furtivos no han sacado sus troncos, éstos irán aguas abajo arrancando todo lo que encuentren (puente ferroviario sobre el río Tartagal) o bien deteniéndose frente a otros obstáculos que formarán un dique que estimulará el desborde y las inundaciones, como acaba de ocurrir en los barrios costeros del río Tartagal.
Hecha la ley
Varias organizaciones ambientales y principalmente el Consejo Superior de la UNSa le han pedido al gobernador Urtubey que vete la ley de ordenamiento territorial (www.salta21.com -19/12/08).
La ley nacional prevé delimitar las zonas verdes en terrenos con hasta 5% de pendiente, los salteños llevaron este porcentaje a 15%, es decir que se podrá desmontar en terrenos con hasta 15% de pendiente. Desde ya los poblados que estén aguas abajo deben autoevaluar sin riesgo, si no quieren sufrir lo que seguro le seguirá pasando a Tartagal. La ley provincial también modificó las áreas de protección de riberas de los cursos del Bermejo, Pilcomayo, San Francisco y otros ríos.
Pero, quizá, lo más tétrico es que convalida los pedidos de desmonte efectuados con anterioridad a noviembre de 2007, cuando los amigos sojeros, cañeros, petroleros y madereros del ex gobernador Romero presentaron peticiones de desmonte por casi 500.000 ha, es decir triplicando las peticiones anuales de los años anteriores, que habían sido muy elevadas respecto de la media histórica. En lugar de obligarlos a que reforesten la totalidad de las áreas desmontadas, los autorizaron a seguir. Además, se prorrogaron por hasta tres años los desmontes ya iniciados.
Por eso, las palabras de la presidenta CFK, en su visita a Tartagal, de que "la verdadera tragedia acá es la pobreza estructural", es una crítica de humo. Su propio gobierno, así como el gobierno provincial y el municipal son responsables directos del desastre registrado en Tartagal.
El avance de la frontera agrícola, para convertir suelos en campos de cultivo de soja y, en menor medida, de caña de azúcar y al igual que las prospecciones petroleras, son los causantes de la deforestación. De la mano de la nueva Ley y su reciente reglamentación, seguirán los desmontes. El gobierno nacional y el provincial son quienes nos llevarán a la ruina. O lo que es lo mismo tierras boscosas habitadas convertidas en desiertos, poblados inundados o sepultados por el lodo.
Raúl Stevani (14/2)

La Ley de Bosques: La reglamentación avala la deforestación
"Habrá muchos 'tartagales' en Argentina"
El mediodía del viernes 13, CFK firmó el decreto reglamentario de la ley de bosques o Ley Bonasso, o Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Lo hizo con considerable demora (15 meses), para zafar de las denuncias que atribuían a la deforestación como la causa principal de la tragedia de Tartagal. La ironía es que la ley en cuestión no obstaculiza para nada el negocio del desmonte, y que la flamante reglamentación la hará aún más inocua.
La ley otorga un año, desde noviembre de 2007, a todas las provincias para dictar una ley de ordenamiento territorial de sus bosques nativos, diferenciando en el mapa con tres colores, las zonas donde se permitirá seguir desmontando (color verde), las áreas donde no se podrá tocar la vegetación (roja) y las áreas intermedias (amarillas). Pero sobran los dedos de una mano para contar que provincias lo han realizado y otro tema es cómo lo han hecho.
Salta es el ejemplo más claro: Urtubey y varios funcionarios han parido una Ley de ordenamiento que garantiza el incremento de los negocios sojeros, azucareros, petroleros y madereros, que quedan autorizados a seguir desmontando los terrenos y laderas de las cuencas altas, media y bajas de los principales ríos que surcan la provincia.
El resultado es sencillo de sacar: el no poder amortiguar el impacto de la gota de lluvia, ni posibilidad de infiltración en el suelo, ni retención en los fustes de los árboles, el agua de lluvia incrementará su velocidad aguas abajo y llegará a los cauces de los ríos con la velocidad suficiente para arrastrar todo lo que se le cruce (alud). Si los madereros furtivos no han sacado sus troncos, éstos irán aguas abajo arrancando todo lo que encuentren (puente ferroviario sobre el río Tartagal) o bien deteniéndose frente a otros obstáculos que formarán un dique que estimulará el desborde y las inundaciones, como acaba de ocurrir en los barrios costeros del río Tartagal.
Hecha la ley
Varias organizaciones ambientales y principalmente el Consejo Superior de la UNSa le han pedido al gobernador Urtubey que vete la ley de ordenamiento territorial (http://www.salta21.com/ -19/12/08).
La ley nacional prevé delimitar las zonas verdes en terrenos con hasta 5% de pendiente, los salteños llevaron este porcentaje a 15%, es decir que se podrá desmontar en terrenos con hasta 15% de pendiente. Desde ya los poblados que estén aguas abajo deben autoevaluar sin riesgo, si no quieren sufrir lo que seguro le seguirá pasando a Tartagal. La ley provincial también modificó las áreas de protección de riberas de los cursos del Bermejo, Pilcomayo, San Francisco y otros ríos.
Pero, quizá, lo más tétrico es que convalida los pedidos de desmonte efectuados con anterioridad a noviembre de 2007, cuando los amigos sojeros, cañeros, petroleros y madereros del ex gobernador Romero presentaron peticiones de desmonte por casi 500.000 ha, es decir triplicando las peticiones anuales de los años anteriores, que habían sido muy elevadas respecto de la media histórica. En lugar de obligarlos a que reforesten la totalidad de las áreas desmontadas, los autorizaron a seguir. Además, se prorrogaron por hasta tres años los desmontes ya iniciados.
Por eso, las palabras de la presidenta CFK, en su visita a Tartagal, de que "la verdadera tragedia acá es la pobreza estructural", es una crítica de humo. Su propio gobierno, así como el gobierno provincial y el municipal son responsables directos del desastre registrado en Tartagal.
El avance de la frontera agrícola, para convertir suelos en campos de cultivo de soja y, en menor medida, de caña de azúcar y al igual que las prospecciones petroleras, son los causantes de la deforestación. De la mano de la nueva Ley y su reciente reglamentación, seguirán los desmontes. El gobierno nacional y el provincial son quienes nos llevarán a la ruina. O lo que es lo mismo tierras boscosas habitadas convertidas en desiertos, poblados inundados o sepultados por el lodo.
Raúl Stevani (14/2)

¿Quién gobierna?
La ley de Protección de Glaciares fue votada por unanimidad el 22 de Octubre pasado y fue vetada en su totalidad por un decreto presidencial que deja a las masas de hielo de todo el territorio (reservorios de agua dulce, oro, cobre,etc) sin un marco jurídico que las preserve.
La ley vetada permitía la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, donde debían individualizarse todos los glaciares y geoformas periglaciales, verdaderas reservas hídricas y toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo, prohibía que en los glaciares y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura y la exploración y explotación minera o petrolífera, es decir, principalmente la actividad minera.
En este caso, la multinacional Barrick Gold junto a otras compañías multinacionales de minería interesadas en la explotación de riquezas (oro, por ejemplo) en zonas que requieren el desplazamiento o directamente la destrucción de glaciares, los gobernadores mineros (entre ellos Gioja), demostraron que tienen más poder que el parlamento, por eso a este veto se lo conoce como el veto de la Barrick Gold.
La norma le ataba las manos a la compañía Barrick Gold, decidida a volar y trasladar los glaciares que tapan el yacimiento aurífero que explota en San Juan: el negocio minero más grande de Sudamérica (2.400 millones de euros).
La mayor presión sobre Cristina, además de la de Barrick Gold fue la del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que impulsa en su provincia los mayores emprendimientos mineros, como Veladero-Pascua Lama (Barrick Gold) que se desarrolla y extiende sobre varios glaciares. Gioja cuenta además con la abnegada colaboración de un delfín dentro de la secretaría de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
Si la campaña presidencial de la candidata oficialista la pagan mineras, petroleras y otras firmas a cargo del saqueo en Argentina, ¿alguien podía esperar otra salida?
Viviana Puccio

Vetan la ley de protección de los glaciares
Crimen ecológico
Hace unos días, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de protección de los glaciares. La totalidad de los senadores presentes votó afirmativamente, con la única excepción del sanjuanino Gioja, que se retiró del recinto no bien se enteró de qué se trataba.
Los glaciares son proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. De ellos dependerá nuestra subsistencia en un futuro no muy lejano.
Por medio del decreto 1837/2008, del 11 de noviembre, el Poder Ejecutivo "observa" que:
1) No es conveniente tener un inventario de glaciares porque la zona de emplazamiento es próxima a Chile;
2) El artículo 6 impedía la construcción, explotación minera o petrolífera. La Secretaría de Minería que "considera que los presupuestos mínimos de calidad ambiental no pueden limitarse a la prohibición de actividades".
3) La actividad está controlada por las provincias, cosa que sabemos no es cierto. Las provincias no tienen la capacidad (ni la voluntad) de controlar a los pulpos mineros.
4) No es conveniente que, para cumplir con el artículo 15, las empresas ya emplazadas tengan que someterse a una auditoría en el plazo de 180 días, a riesgo de tener que cesar su actividad o trasladarse.
5) Los gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su "preocupación" por las inversiones que se llevan a cabo en sus provincias.
En definitiva, el Ejecutivo gobierna para la actividad minera a cielo abierto. ¿Qué ‘sociedad' une a nuestros gobernantes con los extractores de metales, que no pagan retenciones a las exportaciones, sobreexplotan los acuíferos y contaminan el suelo?
La Comisión de Recursos Naturales de Diputados rechazó el veto y reclamó que la cuestión sea tratada en la Cámara. Para que la ley sea aprobada, serán necesarios los dos tercios de los votos, tanto en Diputados como en Senadores. Si se lograran esas mayorías, CFK no podría vetarla; estaría obligada a promulgarla.
Alicia Rodríguez