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El saqueo petrolero en el norte de Salta

Recientemente, se aprobó en la Legislatura de Salta un Proyecto que, a decir de los diputados K y sus compinches, sería un acto de justicia con una zona que vivió los levantamientos populares más importantes de las últimas décadas. La llamada Reparación Histórica vendría a hacer justicia con una zona que atravesó tres aludes, como producto de esa misma explotación petrolera que algunos llaman "irracional" y que destruye cerros con explosivos y topadoras. Una zona que sufrió la cesantía masiva de trabajadores ypefianos, 3.500 obreros. Una zona donde mueren chicos por desnutrición en las comunidades originarias. Una zona donde los gobiernos sembraron de muerte con los asesinatos de Aníbal Verón, Carlos Santillán, José Barrios, Alejandro Gómez y Orlando Justiniano.



Cien años de explotación petrolera y nada


Los datos históricos señalan que Francisco Tobar, un español, realizó la primera perforación en 1906, quien había conseguido 29 concesiones, entre las que estaban Campo Durán y Campamento Vespucio. La explotación la hacía a través de la empresa Mina Argentina, de la cual Tobar era propietario. Tobar participó de la Exposición del Centenario en Buenos Aires (1910), donde pudo exhibir las muestras de petróleo de la zona. Al año siguiente, inicia los trabajos de perforación en Campo Durán. Ya en 1912, el gobierno nacional informa de los trabajos de sondeo y perforación en la zona de Tartagal. Tobar transfirió luego las concesiones a YPF. Sin embargo, la que produjo el desarrollo inicial más importante fue la Standard Oil, que hizo acuerdos con el gobierno salteño, representado entonces por el gobernador Avelino Aráoz. El gobierno de Uriburu anuló el contrato, pero la corte lo validó. El gobierno de Salta firmó un nuevo contrato y la Standard Oil montó campamento en Tartagal. Posteriormente, luego de diez años, la Standard Oil vendió todos sus activos locales a YPF y sus empleados pasaban a la empresa estatal. YPF se afirmó como la única empresa que realizó las exploraciones y explotación de los hidrocarburos, como en el resto del país. El desarrollo económico de la zona fue gracias al influjo de las actividades de la petrolera estatal, que construyó barrios, hospitales, centros de salud en todas las localidades, proveedurías y transporte escolar gratuito para los hijos de los trabajadores. La mano de obra de sus operarios fue altamente calificada, reconocida mundialmente, que sus trabajadores eran solicitados para trabajos específicos en otras latitudes.


Kirchner-Sobisch-Romero: el triángulo menemista de la entrega


En los '90, el principal grupo de presión para la privatización de YPF fue la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), presidida por Kirchner, y que agrupaba a las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Dentro de esta organización de corte patronal, los gobernadores de Salta, Romero, y de Neuquén, Sapag, fueron los más activos impulsores, junto a Kirchner, de la entrega de YPF. El quórum se logró con maniobras impensadas, como la de Kirchner, que mandó el avión de la gobernación de Santa Cruz para que traslade al diputado Rafael Flores, que estaba enyesado, para que levante la mano y lograr la privatización de la petrolera estatal. De conjunto, estas provincias recibieron más de 3 mil millones de dólares por "regalías mal liquidadas", por ejemplo, Santa Cruz embolsó 654 millones de dólares y Neuquén 614 millones de dólares. Cifras similares el resto de las provincias.


Los gráficos son contundentes, la declinación de las reservas probadas de la cuenca del NOA es un dato nada alentador. Las causas de esta situación obedecen a que las operadoras de áreas han venido sólo explotando la mayoría de los pozos existentes y que fueran descubiertos por los trabajos de exploración de la división Sísmica de YPF. Las inversiones en nuevas exploraciones, comparativamente con la cantidad de pozos descubierto por la petrolera estatal, son casi nulas. Pero, además, la tendencia de las multinacionales es forzar, y lo está logrando, que el precio de los hidrocarburos en nuestro país vayan alcanzando el nivel de los precios internacionales.


Refinor: ¿una refinería en peligro?


Hace un tiempo, junio de 2008, se generó un conflicto porque se comenzó a prescindir de 32 trabajadores de la planta de Campo Durán, a raíz de una decisión de la Secretaría de Energía de la Nación, de que se despache el gas sin tratamiento en Turboexpander, proceso de separación y tratamiento del gas. Con esta decisión, las necesidades de personal disminuyeron y se generó un conflicto. El 26 de octubre pasado, en la localidad de Yacuyba, se firmó un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la española Técnicas Reunidas suscribieron el contrato para la construcción de la planta separadora de licuables Gran Chaco. Esta planta se radicaría en Madrejones, que está en los límites de la frontera con Bolivia.


"El primer semestre de 2014, la mega-planta comenzará a producir 2.247 toneladas métricas por día de gas licuado de petróleo, 1.658 barriles por día de gasolina, 1.044 isopentano, 3.144 toneladas métricas por día de etano. El etano que se extraerá del flujo de gas natural, que exportará a la Argentina, será la materia prima para la petroquímica", destacó el presidente de la petrolera estatal (NoticiasBo, 27/10). Indudablemente, a partir del incremento de las importaciones de gas boliviano y que es tratado en Refinor, con la instalación de esta planta, los bolivianos intentan darle valor agregado al gas que exportan. Por supuesto que un gas industrializado no solamente será más caro sino que, además, puede producir la merma en las operaciones de la planta de Refinor en Campo Durán. Esto generaría la disminución de personal.


Pongamos fin al saqueo


Todo indica que el horizonte petrolero sólo es prometedor para las transnacionales. Y como contrapartida, lo que se vislumbra para los trabajadores petroleros en particular, y para los habitantes de la zona más rica de la provincia no es nada alentador. Recientemente, a instancias de los trabajadores desocupados de la industria petrolera, el gremio se vio forzado a convocar a un paro con afectación de la producción para el lunes 5 de diciembre de 2001, en reclamo de reincorporación de 300 trabajadores que fueron cesanteados por las distintas operadoras y contratistas. La decisión se tomó en una asamblea, luego que el grupo de desocupados reclamara con una manifestación, frente de la sede del Sindicato de Petroleros Privados. Debemos tomar cuenta de la situación que se presenta, luego de más de 100 años de saqueo ininterrumpido de los recursos hidricarburíferos de la región. Por un lado, incrementó de la desocupación y, por otro lado, una renta petrolera que es una migaja. Las regalías que recibimos ni se comparan con las que hoy dejan en Tarija las petroleras, algo más de 2 millones y medio de dólares diarios. Las promesas de "invertir" 220 millones de pesos, luego de hipotecar las miserables regalías que cada vez serán más exiguas, es una burla. Para terminar con este saqueo, es necesario organizar a los desocupados y trabajadores activos en función de un la lucha a fondo por la nacionalización de los hidrocarburos bajo control obrero.




Pepe Barraza

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VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2009



Cristina Foffani: “Hay que expropiar las mineras y que sean controladas por el Estado”


Luego de que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta resolviera ayer aceptar los fondos provenientes de la minera Bajo La Alumbrera, la concejal del Partido Obrero, Cristina Foffani, consideró que los mismos son “una coima”.
A su vez, indicó que no correspondía aceptar ese dinero por cuanto la Universidad es autónoma y desde esa base es posible rechazar o aceptar los fondos que llegan desde Nación.






Además, Foffani manifestó que habría que expropiar la mina para que, de esta manera, la actividad minera quede bajo el poder del estado y bajo el control de las organizaciones ambientalistas.
“De esta manera habría un equilibrio y se utilizaría el recurso en función de las necesidades de la industria y no se contaminaría el pueblo al aplicar las s medidas de seguridad pertinentes”, agregó la edil.
Finalmente, aseveró: “Nosotros estamos planteando un concepto distinto de lo que es la normativa vigente, que es pagar para seguir contaminando, transformándolo en un perjuicio para la vida de la gente”, enfatizó la Concejal.


Fuente: Radio Nacional Salta – DDN Agencia de Noticias Salta 02/11/09

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Salta:
La Corte avala la depredación del ambiente

A partir de la sanción de la ley de Ordenamiento Territorial, las comunidades originarias de la provincia conquistaron un fallo de la Corte Suprema que suspendía los desmontes y la explotación maderera en cuatro departamentos, y exigía al gobierno la presentación de un estudio de impacto ambiental acumulativo.
Sin embargo, varias de estas comunidades denunciaron que la tala nunca se detuvo, y la absoluta falta de controles.
Mientras tanto, y con la excusa de defender los puestos de trabajo, las patronales de la madera con el sojero Olmedo (candidato romerista) a la cabeza ganaron la calle en Tartagal y Orán para pedir subsidios, exenciones impositivas y créditos blandos.
Inmediatamente, Urtubey habilitó la extracción de madera aduciendo un acuerdo con la Corte. La propia Corte intimó días después a la provincia para que presente el informe. Sin embargo la tala continuaba.
A pesar de todas las violaciones que del gobierno, la Corte terminó rechazando un planteo de las comunidades que pedía la suspensión de las resoluciones que habilitaban la tala. Argumentó que existe una diferencia entre el desmonte y la explotación maderera. Con este argumento permiten la tala indiscriminada sin ningún tipo de control.
Urtubey y la Corte pavimentan el camino de los depredadores como Olmedo, que quieren que se habilite el desmonte en toda la provincia. Para ello han organizado unas jornadas sobre “Justicia y Ambiente” cuyo invitado principal fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.
Como se ve, el gobernador y la Corte están a pleno con los reclamos de los sojeros.

Pablo López

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La Corte suspende los desmontes en Salta

Urtubey acusa recibo
Ante el pedido de comunidades originarias, la Corte Suprema decidió ordenar la suspensión de los desmontes en los departamentos salteños de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. Asimismo, ordenó que se realice un estudio de impacto ambiental para ver qué efecto tienen la totalidad de los desmontes o los que tendría la habilitación de más desmontes.
El 1º de abril, en el discurso inaugural de sesiones ordinarias de la Legislatura salteña, Urtubey acusó recibo. Reivindicó su ley de ordenamiento territorial hecha a la medida de los sojeros. El fiscal salteño presentó un escrito pidiendo se revea la medida en defensa de la "autonomía" provincial.
La medida no deja de ser una conquista para las comunidades originarias y les da un tiempo importante para avanzar en su lucha por las tierras. Lo mismo vale para los campesinos criollos.
Sin embargo, puede ser una traba si las comunidades abandonan la lucha con expectativas de que esta suspensión sea permanente, o que dé garantías de no ser desalojados por los terratenientes. Es importante señalar esto ya que hay una tendencia a orientar la lucha sólo por la vía legal. En este cuadro está la Universidad Nacional de Salta, que pidió la nulidad de la ley de ordenamiento territorial. El ministro de Ambiente y la Secretaría de Políticas Ambientales son de la universidad, como varios funcionarios del gobierno. Por eso las denuncias de la UNSa no buscan polemizar con el gobierno, tal cual lo dijo su rectora al presentar un estudio que anunciaba en 2006 la posibilidad de un alud en Tartagal.
La medida de la Corte tiene otro límite importante: no incluye al departamento de Anta, que es uno de los más afectados y donde la concentración de tierras y privatización de lotes fiscales hace punta. Es probable que las propias comunidades no hayan incluido este departamento en su reclamo, ya que la presencia de comunidades originarias en el lugar es escasa.
También debemos señalar que es muy probable que el fallo sólo se limite a las autorizaciones de desmontes con fines agropecuarios y no incluya a la explotación petrolera, que es claramente la responsable del alud de Tartagal.
El tiempo que brinda la suspensión de los desmontes debe servir para reforzar la lucha de las comunidades originarias, los campesinos criollos, pequeños productores, organizaciones ambientalistas y también del pueblo de Orán y San Martín. Porque la lucha no es sólo por los desmontes, sino también por el derecho a la tierra contra los terratenientes y el Estado y, en el caso de Orán, contra el monocultivo del azúcar que quiere imponer Tabacal, destruyendo miles de hectáreas plantadas con cítricos y hortalizas. Este hecho provocará un impacto brutal, ya que dejará a miles de trabajadores en la calle.
Aprovechemos este tiempo para impulsar la convocatoria de un congreso de indígena, campesino y obrero, que discuta de manera común un programa y una acción práctica de lucha.
Pablo López

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Tabacal lanza una provocación
A pesar de sus superganancias, despide trabajadores…


Puede llerse en la página web de El Tabacal: "Hemos concluido la ‘Zafra 2008' con una molienda aproximada de 2.418.571 toneladas de caña de azúcar, a partir de las cuales el ingenio pudo producir más de 237.000 toneladas de azúcar para sus marcas Chango y Tabacal, y más 37.000.000 de litros de alcohol (...) Debido a las inversiones que se realizaron durante el año pudimos contar para esta zafra con un trapiche renovado que aportó a la molienda hasta 7.000 toneladas de caña por día, el acondicionamiento del campo para lograr mayor rendimiento de la cosecha, una nueva destilería con el objetivo de incrementar la producción de alcohol, y muchas inversiones más que darán sus frutos en los años próximos".
Lo que no dice la empresa es que las "inversiones millonarias" son puro subsidio estatal en el marco del plan pro-alcohol.
En 2005 molía 1.800.000 toneladas de caña y producía 19.800.000 litros de alcohol con la misma cantidad de empleados. Pese a esos enormes beneficios, a la fecha la empresa no ha pagado el premio por la zafra 2008. Ante el reclamo de los trabajadores propone pagarles 300 pesos (menos que en 2007) y en tres cuotas hasta octubre.
Es una provocación. Castiga a estos compañeros porque han expulsado a la burocracia sindical con la huelga, y prepara las condiciones para imponerles la flexibilidad laboral.
En su página web explican el motivo: "Ahora Tabacal avanza hacia los ‘esquemas flexibles' que presentan hoy los principales ingenios, los cuales producen azúcar, alcohol y energía. Y para ello seguirá invirtiendo y trabajando para lograr este nuevo objetivo."
En la práctica, esta especialización basada en la explotación de caña, significa abandonar sus exportaciones de citrus, jugos concentrados y aceites esenciales, destruyendo cientos de hectáreas de fruta para plantar caña (y ahora sorgo dulce y soja), para alcohol y biocombustible. Toda esta especialización de la producción está sometida al vaivén de los precios internacionales de estos productos. Por lo que el "esquema flexible" es pasar de una explotación a otra dentro del esquema de la caña. Depende de cuál producto garantice mayor precio internacional (o subsidios), por zafra requerirán más o menos mano de obra, lo cual reclama flexibilidad laboral y polifuncionalidad (en el convenio 2003, firmado por el burócrata Perra, está el adicional "lateralidad", que es la polifuncionalidad.)
El primer resultado de este modelo (el ideal de Urtubey, según sus palabras) es el anuncio de la empresa hace diez días: el cierre de la planta frutícola en junio y el despido de 1.200 compañeros.
Es por eso que El Tabacal no ha reconocido a los delegados elegidos en asamblea por los trabajadores azucareros. Al mismo tiempo, sostiene económicamente la formación de un sindicato paralelo, encabezado por Perra Del Castaño, el burócrata expulsado del sindicato azucarero por los trabajadores. El diputado del PJ Salvatierra estuvo presente en el acto de lanzamiento del "nuevo sindicato".
Consecuencias
El avance del monocultivo y la dependencia del mercado externo llevan a esta zona, tan rica en variedad de cultivos tropicales, a la desocupación, al incremento del precio de frutas y hortalizas, al desmonte y al crecimiento feroz de las endemias como leshmaniasis, hantavirus y dengue, producidos por el avance de la explotación cañera sobre los pueblos.
Los trabajadores de El Tabacal han votado en su última asamblea un plan de lucha progresivo por el pago del premio. Sin embargo, el ataque que prepara la multinacional los obligará a replantearse el pliego de reclamos: está planteada una lucha común de azucareros y frutícolas, por la defensa de la fuente de trabajo. Frente al planteo patronal de "flexibilización laboral" se torna necesario defender la continuidad del 100% de los trabajadores con el 100% del salario, en base al reparto de las horas disponibles de trabajo.Salario igual a la canasta familiar y la conquista de las mejoras en las condiciones de trabajo de los compañeros del campo. Por paritarias ya. Por la elección de un cuerpo de delegados combativo.
En esta lucha volverán a enfrentar la alianza de la empresa, el justicialismo, los renovadores y la burocracia sindical de Del Castaño.
Por ello es que la lucha en común con los vecinos de Orán, que ya se están movilizando por tierras para los sin techo y presupuesto para combatir las enfermedades tropicales, es una vía para derrotar el saqueo y la rapiña capitalista.
Cristina Foffani

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La Iglesia, el desmonte y los gobernantes
Ante la campaña mediática que intenta restarle importancia al avance de la deforestación en los sucesos de Tartagal, el equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que depende de la Conferencia Episcopal, emitió un comunicado en el cual considera "un acto de necedad e irresponsabilidad política (...) negar que las deforestaciones alteran el equilibrio ecológico". Advirtió también que, si se persiste en esa actitud, "es de esperar que nuevas catástrofes como la de Tartagal se repitan periódicamente". Agregó que "no deja de sorprendernos la ligereza de los dichos de nuestras autoridades políticas".
El obispado se pregunta cómo "¿Puede atribuirse toda la responsabilidad a fuerzas de la naturaleza cuando desde hace años existen estudios de la Universidad Nacional de Salta, entre otros, que alertaban acerca de la posibilidad de derrumbes e inundaciones provocado por el deterioro de la cabecera de la cuenta del río Tartagal? (...) ¿Puede hablarse de hechos inevitables cuando los estudios científicos y hasta el sentido común demandaban la necesidad de encarar urgentes medidas que detengan o, por lo menos, controlen las acciones del hombre? (...) ¿Es posible eximir de responsabilidad a las autoridades políticas que estuvieron ausentes, que no quisieron escuchar, que no previeron, que niegan la realidad?"
Los gobernantes salteños que la Pastoral Aborigen critica, los Romero y los Urtubey, son los que impusieron la educación religiosa en la enseñanza pública salteña.
R.S.

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“Procedimientos ajustados a derecho”
Esa fue la respuesta de Julio Nasser, ministro de Medio Ambiente de Salta, cuando se lo consultó sobre los permisos de desmonte por 807.509 hectáreas firmados por el gobierno romerista. Ese día, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se presentó como defensor de los desmontes solicitados (Clarín, 21/2).
Cuando era inminente la promulgación de la Ley de Bosques en el Congreso nacional, en noviembre de 2007, ante la posibilidad de que les impidieran seguir deforestando, los sojeros que bregan por el "desarrollo" se presentaron ante Romero y solicitaron esa cantidad de hectáreas. En los últimos 10 años llevan deforestadas más de 1,2 millones de hectáreas.
Urtubey, con su ley provincial de ordenamiento territorial, les está asegurando que no interferirá y que les permitirá realizar los desmontes aprobados. En diez años, Salta tendrá 2 millones de hectáreas menos de bosques nativos, todo ‘ajustado a derecho'. Los que no tendrán nada ajustado a derecho serán los pobladores de los bosques que serán expulsados y tampoco los que vivan cerca de algún cauce cuyas nacientes sean taladas.

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Clarín sojero contra el "parlamentarismo ecológico"
Deforestación y la ‘mala prensa’
Clarín Rural (14/2) y Canal Rural, dos voceros muy importantes de los intereses sojeros en el país, han gastado muchas palabras en tratar de explicar cómo la soja no tiene nada que ver con la deforestación y, principalmente, que ésta no tuvo responsabilidad en la tragedia de Tartagal.
El responsable de Clarín Rural, Héctor Huergo, y la dueña de vastas tierras en el Departamento de San Martín en Salta, Graciela Lena, tratan de deslindar responsabilidades sobre la tragedia; plantean que la soja no tuvo nada que ver con la deforestación en las cuencas alta y media del río Tartagal y para ello dan una batería de argumentos, sintetizados en que no hubo deforestación, que las imágenes muestran un monte compacto y que como es terreno con pendiente el cultivo allí no se practica.
Se muestran como víctimas de una campaña de los ‘fundamentalistas ecológicos' que niegan el desarrollo para la zona impidiendo la deforestación, desoyendo los consejos de técnicos (aunque nunca citan a ninguno). Concluyen que "la opinión científica no está entre los temas de interés de los activistas del fin del mundo y que cualquier desastre natural es una buena oportunidad para dar el alerta. Vergonzosamente se aprovecha la catástrofe para dibujar una historia falaz y distorsionada" ("Nos han declarado la guerra", por Graciela Lena, en Clarín Rural, 14/2).
Huergo comenta: "Desde los albores de la historia, la agricultura gozó de mala prensa. Rómulo fundó Roma y la circundó con un arado: ergo, era agricultor. Remo, su hermano mellizo amamantado por la misma loba, lo desafió cruzando con sus ovejas. Era pastor nómade. Rómulo lo mató. La agricultura funda ciudades. Es el progreso. La soja, pobrecita, es simplemente la que lo representa".
¿Qué hay de cierto en todo esto?
Las imágenes muestran una cobertura arbórea en el área, lo cual no significa que no haya habido deforestación; los bosques están totalmente degradados. ¿Qué significa? Que han sufrido por años la extracción de las principales especies componentes, se han ido deteriorando y disminuyendo su capacidad de control de escorrentías, por más que a los ojos de alguien que no quiere ver, intente mostrar un monte compacto. Un informe elaborado por los ingenieros Claudio Cabral y Gloria Plaza, de la Unsa: "Diagnóstico y Evaluación de la cuenca del Río Tartagal y área de influencia", publicado en 2006, ya alertaba sobre el riesgo de que volvieran a repetirse catástrofes en Tartagal. Planteaba que en la cuenca alta del río Tartagal "la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada", lo que había favorecido la erosión y los daños severos que se produjeron a fines de 2005 y principios de 2006 y que se repitieron en los comienzos del presente febrero. Aportaba también que entre 1984 y 2006, la superficie deforestada dedicada a urbanización y a plantaciones forestales se mantenía igual, pero que la superficie dedicada a practicas agrícolas y ganaderas pasó de 70.129,2 hectáreas a 251.277,6 o sea 181.148,4 hectáreas deforestadas para uso agropecuario.
En la alta cuenca, es cierto, no se hace soja; las prospecciones petroleras, con la construcción de caminos son altamente destructoras, no sólo deforestando, sino modificando las condiciones de los suelos, tornándolos proclives a desmoronamientos, que en presencia de precipitaciones pueden causar aludes. El robo de madera de ley, de elevados valores, también aporta en este sentido y por ende es otra de las principales causas de la deforestación o de la degradación de esos bosques.
Nada de "desastre natural": las petroleras, los madereros furtivos con la anuencia de los gobiernos nacional, provincial y municipal, son los causantes de la deforestación y por ende de la tragedia de Tartagal.
En el ambiente forestal es muy conocida una frase que a principios del siglo pasado dijera F. R. Chateaubriand: "Los bosques preceden a los pueblos; los desiertos los persiguen". Los bosques han estado durante miles de años albergando muchos pobladores (comunidades indígenas y pequeños productores criollos), que hoy pelean por permanecer.
El "desarrollo" que pregonan estos escribas de la patria sojera, de la mano de la deforestación, trae desiertos verdes con expulsión de pobladores, como ocurre en toda la pampa húmeda. Y es cierto que fundan ciudades que traen el progreso, como lo prueba que la mayoría de los expulsados del campo pueblan las villas carenciadas de los alrededores de las grandes urbes.
Raúl Stevani

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TARTAGAL
El dengue puede matar más que el alud
Un rebrote de dengue en el Norte de Salta pone a las diferentes localidades del Departamento San Martín ante un nuevo riesgo que amenaza con convertirse en una pandemia.
Una importante asamblea popular se desarrolló el martes 3 en la Plaza San Martín de la ciudad de Tartagal. En la noche anterior, en una intervención televisiva por el canal local, Pepe Barraza, del Partido Obrero, convocó a los vecinos a realizar una asamblea popular para tomar el problema del dengue en las manos de la propia población ya que las autoridades de salud y gubernamentales, sean municipales, provinciales o nacionales, se empeñaron hasta a último momento en esconder.
Las muertes con sintomatología de Dengue Hemorrágico puiseron en alerta a toda la población que en un número cercano a las 500 personas se concentraron en la plaza central, donde estudiantes universitarios, docentes, periodistas, y vecinos de diferentes barrios se expresaron y decidieron elaborar un petitorio que entregaran a las autoridades del hospital y a la intendencia con una movilización que reclamara entre otras cosas que el gobierno garantice una mayor cantidad de médicos para la zona, la provisión de los elementos necesarias parta rastrillar la ciudad para un ataque afondo contra los reservorios de larvas y mosquitos.
El intendente Leavy llegó a la asamblea y cuando la gente le pidió que subiera a explicar cuál sería la acción del municipio, intentó desarrollar un informe de las obras que se realizarán vinculadas al problema del alud. Si embargo los asambleías tomaron la palabra para increparlo duramente por haber permitido que se iniciaran las clases con una epidemia en curso. La asamblea también sirvió para que se promueva la elección de comisiones de control de las obras y la distribución de la ayuda recibida solidariamente con delegados electos entre los afectados por el alud. Dejó, asimismo, la perspectiva de una acción coordinada entre representantes de vecinos de las localidades adyacentes como Vespucio, Mosconi Salvador Mazza y Aguaray, que ya va por su segunda asamblea de vecinos.
El gobierno de Urtubey, a través del director de Epidemiología Alberto Gentile, se empeña en minimizar la situación. Afirma que "no son tantos los casos", cuando los propios pobladores dan cuenta de que los síntomas de decenas de vecinos de los barrios del sur de la ciudad evidencian la enfermedad.
Dos médicos muy conocidos afirman que se trata de una epidemia de magnitud. Hay que recordar que un par de años atrás hubo un brote de lo que llaman ‘dengue clásico', cuando existen cuatro serotipos y la combinación de dos de ellos los transforma en dengue hemorrágico. Es decir que la mayoría de quienes contrajeron el ‘dengue clásico' está en riesgo de sufrir una patología que pondría en peligro su vida.
Si tenemos en cuenta que en Bolivia se piden 2 millones de dólares de ayuda internacional y el envío de 500 fumigadoras ante los 500 nuevos casos diarios que ya suman 30.000 con 19 muertos, y que estamos en la frontera del país hermano, podemos deducir que la situación es mucho más grave de lo que se quiere hacer ver.
Tartagal ya ha sufrido una epidemia de cólera, ahora un segundo brote de dengue, cuatro aludes; seguramente, las causas de estas catástrofes, como el derrumbe de los cerros, van a ser buscadas en cualquier lugar menos en el que corresponde. Se trata de una consecuencia directa de la "pobreza estructural" a la que los diferentes gobiernos nos han venido empujando. Pobreza generada por las políticas de los partidos que se alternan para efectivizar una explotación sin límites de las masas trabajadoras.
Si Bolivia necesita dos millones de dólares de ayuda significa que no es tan costoso eliminar el dengue. Lo que ocurre es que los pobres son tomados como ‘gasto social' por los gobiernos y es lo que se empeñan en reducir, utilizando ahora, incluso, el argumento de la crisis financiera internacional. Mientras el gobierno avanza con las concesiones a los bancos, a los pulpos sojeros, a las empresas de servicios con los tarifazos. No se destina el dinero necesario para que no se mueran los que producen la riqueza del país. Para acabar con la miseria y con estas enfermedades tenemos que gobernar los trabajadores.
Pepe Barraza

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Soja, política y el alud
A la vuelta de mis vacaciones por Córdoba me topé en las noticias con el desastre en Tartagal. Ya me había causado impresión desandar las rutas cordobesas en micros escoltados por inmensas plantaciones de soja. ¡Hasta la banquina pedía asilo político por la persecución de la soja! Hace algunos años se habla de la sojización de la agricultura argentina; se puede leer mucho, pero fue ver para dejar caer mi mandíbula.
¿Qué relación hay entre soja, política y alud?
Situemos el contexto: la Mesa de Enlace continúa con sus reclamos al gobierno, siendo indiferente a las medidas no estructurales pero beneficiosas para el sector (por ejemplo, subsidios a ganaderos y lecheros afectados por la sequía). Si el grito de lucha del "campo" hoy es la sequía y las medidas del gobierno tratan de emparchar ese problema, se comprende que la tozudez de los ruralistas alimenta otros intereses: liberar de retenciones a las toneladas de soja que tienen acaparadas desde que bajó el precio internacional (especulando con un aumento de éste) y agitar las aguas para una devaluación del peso argentino. Por otro lado, el gobierno intenta recaudar a toda costa. Ya se abultó la caja de la ANSES con los fondos de las AFJPs; quiere seguir por el mismo camino con los fondos previsionales de los estatales de la provincia de Buenos Aires (caja IPS) y cuenta con 15.700 millones de pesos en retenciones (Randazzo dijo: "Las retenciones no se van a tocar...es imposible"). El kirchnerismo tiene un plan: anunciar cientos de obras de corta ejecución (3 meses, mínimo) hasta marzo, para poder mostrar la concreción de una decena de ellas (nadie recordará cuántos se habían anunciado) en agosto-septiembre de este año. Kirchner sentó a José López en el trono de las obras públicas y juntos preparan el cóctel keynesiano. El marido de nuestra presidenta cree que el pueblo se va a "tragar" este cóctel acríticamente y de eso dependerá el resultado de las elecciones de octubre. Para este cóctel se necesitan fondos: ANSES y retenciones.
Las personas poderosas (políticas y adineradas) se pelean, como una gran familia, pero se quieren. Empresarios dedicados a la explotación del suelo y este gobierno nacional y popular sí que se llevan bien:
Los hermanos del gobernador de Salta, Urtubey, crearon hace unos pocos años una empresa de desmonte.
El intendente de Tartagal, Sergio Leavy, es propietario de uno de los aserraderos , más importantes del lugar.
La familia Mochón, de Salta, desmontó el año pasado 38.900 hectáreas y su "gestor" fue el conjuez de la Corte Suprema provincial Osvaldo Canisa.
Los Dos Ríos S.A. desmontó 1.670 hectáreas, firma que pertenece a Mario Gerala (aportante en la campaña de Cristina en 3 cuotas de 15.00 pesos) y Julio Loetayf (Ministro de Desarrollo económico de Salta).
Un informe de la ex-secretaria de ambiente, Romina Picolotti, anunciaba que durante la gobernación de Urtubey se desmontaron 136.000 hectáreas y que esta deforestación favoreció a la expansión de la frontera agrícola. Principalmente, para cultivar soja.
Con un fugaz repaso de los manuales de primaria, comprendo la función vital de las raíces de los árboles en la producción propia de alimento: absorber el agua y los nutrientes de la tierra. Sin árboles no hay raíces y sin raíces, cuando llueve, la tierra no tiene absorción. Por consecuencia, el agua camina, inunda, se vuelve barro, golpea, mata.
Ya es hora de que dejemos de llamarle "desastres naturales" ocasionados por la mano de un dios a las consecuencias negligentes de las actividades humanas. Ya es hora de que dejemos de enseñar a vivir efímeramente por el corto plazo, sin pensar en las consecuencias de de los resultados de éste en el oscuro y quebrantado largo plazo. Ya es hora de que los intereses de los pocos dejen de repercutir fatalmente en los muchos, en la tierra y en la conciencia colectiva que apunta a la resignación.
Franco Krí
Fuente de datos: Diario Crítica (edición impresa) del 15/2/09

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CAMPO QUIJANO, SALTA
Movilización de los obreros de la minera Santa Rita
Los 180 obreros de esta empresa, que procesa los derivados del boro en Campo Quijano, han vivido el último año un intenso proceso de organización: se agruparon en el sindicato químico y eligieron una comisión interna.
Con estas herramientas enfrentan hoy un ajuste patronal que pretende imponer la suspensión de 15 días al mes sin compensación salarial alguna.
El ajuste va más lejos porque, en nombre de la crisis, han tratado de forzar retiros voluntarios y buscan el traslado de buena parte de la planta a Olacapato, en la cordillera. Allí ya se están produciendo los mismos productos, sólo que con obreros que cobran el convenio minero (un 30 ó 40% menor que el de químicos) y con otra razón social que han inventado hace poco tiempo ("Manufactura de los Andes").
La patronal ha pedido el procedimiento de crisis desde noviembre, los obreros han refutado uno a uno sus argumentos y denunciaron un vaciamiento de la empresa para imponer su ajuste antiobrero. Una carta de los obreros, distribuida masivamente al pueblo de Quijano, muestra las cifras récord de los ingresos patronales del último año. En enero, aún en medio de las negociaciones, la empresa despidió 17 trabajadores a los que tuvo que reincorporar por la firme postura de sus compañeros. Ahora pretende quebrar la resistencia de los obreros a aceptar las suspensiones por la vía del hambre: no pagó los salarios de enero.
El miércoles tuvo lugar la primera marcha, que conmovió a una localidad que no vivía una movilización de los obreros del borax desde hacía más de 15 años.
A la marcha llegaron desde la capital los estudiantes del Centro de Estudiantes de Humanidades, conquistado por la UJS y los independientes que conforman Todo un Palo. Traían carteles reivindicando la unidad obrero-estudiantil y una delegación de militantes del Partido Obrero con sus legisladores a la cabeza.
La otra planta que procesa boro en la localidad es de la compañía Río Tinto (segunda minera del mundo, que acaba de anunciar 14.000 despidos a nivel global). En ella existe un estado deliberativo, la empresa ha logrado por ahora ajustar por el lado de una de las contratistas, que mantiene suspendidos a 15 trabajadores desde hace 50 días.
Existe la firme voluntad de los obreros de Santa Rita de llegar hasta las últimas consecuencias para defender los puestos de trabajo y la integridad del salario. Está prevista para esta semana una asamblea popular y una nueva movilización.
Los obreros han firmado el proyecto de ley del PO que prohíbe las suspensiones y despidos, lo mismo que un amplio sector de vecinos de Quijano, todo un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.
Claudio Del Plá

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LA CATASTROFE DE TARTAGAL
Además de corruptos, incapaces
"Necesitamos ayuda!" "¡Estamos muertos de hambre!""¡Nos quedamos sin nada, perdimos todo!"
Esos gritos, lanzados al paso de la caravana presidencial en Tartagal, hicieron que Cristina Fernández descubriera la "pobreza estructural" (La Nación, 12/2) ¡aunque el intendente Sergio Leavy y el vicegobernador Andrés Zottos le organizaron una recorrida que no incluía las zonas más pobres!
La Presidenta anunció un plan de reconstrucción de 500 viviendas -después el número se aumentó a 627- pero nada dijo de la paralización de las obras de canalización del río Tartagal por la falta de los fondos federales comprometidos. Y debe tenerse en cuenta que esa canalización apenas empezaría a constituir un principio de solución para una parte del problema, pero en modo alguno sería el plan integral, el plan de alcance que esa zona necesita contra este tipo de desastres.
Aun así, aun frente al anuncio de reconstrucción de unas cuantas viviendas destruidas mientras se deja el río tal como está, la gente desconfía: "Habrá que ver si hacen algo... ya son muchas las veces que han prometido cosas y después no tuvimos nada", dice un poblador (ídem anterior).
Atienden su juego
A la corrupción conocida se añade una incompetencia asombrosa. Después de cuatro aludes, el quinto encontró a los poderes estatales sin siquiera un plan de emergencia que permitiera al menos coordinar la ayuda. Una falsa alarma acerca de un supuesto nuevo alud provocó incluso una pelea entre el intendente y el vicegobernador en público, delante de las cámaras de televisión.
Esa Tartagal destruida permitió saber, por ejemplo, que el Sistema Federal de Emergencia (Sifem) ni siquiera se reúne. Ese organismo pasó a depender en 2004 del Ministerio del Interior, y Aníbal Fernández se lo llevó consigo cuando se constituyó el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Fernández, aunque según se supone tiene a su cargo el Sifem, no apareció por Tartagal ni se refirió al asunto, ocupado en debatir con los opositores la cuestión de la boleta electoral única.
Por su lado, los Cascos Blancos, ese invento menemista, mandaron a Salta tres funcionarios - sí, tres- aunque tienen un presupuesto de 9 millones de pesos.En definitiva, además de corruptos son inútiles.
Depredadores
Pocos desastres fueron más anunciados que el alud en Tartagal. Después del desastre de 2006, un informe de la Universidad Nacional de Salta (UNS), Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia, elaborado por los ingenieros Claudio Cabral y Gloria Plaza, advertía que una nueva catástrofe era inminente porque "la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada" (los desmontes), de modo que se ha multiplicado la erosión y sus efectos. "La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable", añadían los especialistas universitarios. La calamidad les dio la razón.Ahora, el Ejército busca explosivos empleados por Repsol-YPF para sus tareas de exploración petrolera. Esos explosivos han sido arrastrados por el lodo y pueden provocar desastres adicionales. Por lo demás, los expertos atribuyen a la actividad de las petroleras mucha más responsabilidad que a los sojeros en la generación de la catástrofe.
Además, aun sin aludes, "empresas de hidrocarburos, sojeras y madereras son denunciadas por arrasar monte nativo y expulsar de sus tierras a pobladores ancestrales" (Página/12, 15/2). Sistemáticamente, los campesinos sufren ahí desalojos violentos, expulsión hacia los márgenes de las ciudades y la destrucción del monte.
Alejandro Guerrero

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Tartagal arrasada: Un desastre anunciado
La catástrofe en Tartagal supera a todas las anteriores. No podía ser de otro modo porque la depredación ambiental ha producido efectos acumulativos que, sumados, provocaron este alud. La zona ostenta el record mundial de hectáreas desmontadas en los últimos años, en donde las picadas y la actividad sísmica de las petroleras hacen estragos en las laderas de los cerros, donde la deforestación legal e ilegal se realiza con la complicidad del poder político. Esta es la zona en donde los que gobiernan dicen que la catástrofe es un "fenómeno natural".
Las obras públicas que se realizan, de apuro y siempre después de los desastres, han sido apenas una excusa para negociados ya que se ha probado que fueron absolutamente inútiles para evitarlas. Así pasó con las obras en la Quebrada de Galarza, en donde año tras año se invirtieron millones en obras que rigurosamente fueron destruidas por el agua al verano siguiente. Esta es la suerte de la canalización del río Tartagal, con 40 millones invertidos.
Los funcionarios se embarran un poco los zapatos para tratar de eludir sus responsabilidades mientras formulan declaraciones para auto exculparse.
El vicegobernador Zottos ha dicho que él ya sabía que esto iba a ocurrir, como si fuera un miembro de la oposición...
El intendente Leavy se pregunta: "¿No habremos hecho algo mal que Dios se enoja con los tartagalenses?". Por poco no plantea que se debería exorcizar la ciudad con todos sus habitantes.
El gobernador Urtubey dice que el plan de obras necesario excede las posibilidades de la provincia. Sin embargo no ha presentado ni siquiera un plan integral que resuelva el problema en las cuencas altas de los ríos de la zona. Por supuesto no se ha planteado que se aplique una contribución extraordinaria de las compañías petroleras, que ya llevan un siglo extrayendo las riquezas del departamento sin dejar casi nada, para constituir el fondo necesario para financiar las obras.
Es decir que no tiene un plan... ni busca financiamiento.
Atender la emergencia y dar una salida de fondo
El Partido Obrero convoca a toda la población a extender la solidaridad para con los afectados.
En segundo lugar, reclama que el control de la asistencia esté en manos de asambleas de vecinos para evitar las arbitrariedades y el manejo político.
En tercer lugar, impulsamos la convocatoria a una asamblea popular para establecer un plan de reconstrucción que garantice la construcción de viviendas y la infraestructura, financiado por una tasa extraordinaria a las petroleras.
La única solución de fondo es establecer la nacionalización de los recursos del suelo y del subsuelo para poder realizar una planificación sustentable de la producción, industrializarla en la zona y dar salida de este modo a la desocupación masiva, la otra catástrofe social que asola al pueblo del norte de la provincia.
La solución para prevenir nuevas tragedias vendrá de la mano de los vecinos de Tartagal, no de los cómplices de los depredadores del medio ambiente: los sojeros, las compañías petroleras y madereras.
José "Pepe" Barraza y Pablo López (Tartagal)

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