Un proyecto de ley con media sanción de Diputados en la provincia de Santa Fe contra el uso criminal de los agrotóxicos fue dejado caer deliberadamente en una acción concertada por el Frente Amplio Progresista (FAP) y el justicialismo.
El proyecto modifica 15 artículos de la vieja ley de fitosanitarios (1995) para establecer, en el caso del glifosato -el agrotóxico que preserva la soja transgénica-, la prohibición de aplicación aérea dentro de los mil metros del límite de la planta urbana y terrestre -lo que incluye escuelas rurales, áreas naturales, complejos recreativos y caseríos.
Es una modificación que, de todos modos, roza lo inocuo, si se considera "el escaso número de inspectores, la falta de voluntad política y la desidia que en general ha caracterizado la dirección provincial de Sanidad Vegetal, organismo de control de la aplicación de la ley, han generado una situación de anomia, donde la cada vez mayor cantidad de denuncias no son atendidas" (reclamo de las organizaciones ambientales al gobernador Binner, 6/4/09). Sus límites explican que haya sido aprobado en Diputados (con la abstención del justicialismo -que atacó el proyecto por izquierda: "Busca maquillar el problema que ocasionan los agroquímicos ante las denuncias", El Litoral, 2/7/10).
Luego de la crisis, el PS volvió a presentar el proyecto en el Senado -la cámara más adversa- ratificando que el órgano de aplicación será el Ministerio de Producción, iniciando de nuevo la bicicleta parlamentaria.
Los "chacareros"
Aún así, el proyecto de ley produjo una rebelión patronal. El vicepresidente primero de la Federación Agraria, Omar Barchetta, denunció en una jornada de debate que "la modificación de la ley no es razonable" y que no considera la situación de "los pequeños y medianos productores más débiles". Con el apoyo de las cámaras patronales de Aplicadores Aéreos y Terrestres, Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, de Semilleros Multiplicadores e incluso de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, llamó a formar una "comisión de seguimiento" y que el control de los fitosanitarios corresponda a "todos los involucrados en el manejo" (Rosario/12, 23/7/10). Omar Barchetta es parte de la lista de diputados nacionales del Frente "Progresista". Para las organizaciones rurales que acompañaron la iniciativa de la FAA, los nuevos límites de fumigación dejarían más de 100 mil hectáreas improductivas en la provincia.
¿Cuántas?
Llevado por las denuncias sistemáticas sobre las consecuencias del uso del glifosato y otros agrotóxicos sobre la población, el juez Tristán Martínez dispuso en su área de dominio -San Jorge-, después de varias movilizaciones, la prohibición de fumigaciones aéreas y terrestres a 800 y 1.500 metros, respectivamente. Varias organizaciones ambientalistas reclamaron desde ese momento que, al margen del proceso parlamentario, el gobernador disponga por decreto y en forma provisoria, la aplicación de ese fallo en toda la provincia. El gobernador "socialista" se llamó a silencio.
"Mientras los casos de malformaciones, abortos espontáneos, leucemias y otras enfermedades terminales se multiplican y el Estado observa sólo cómo se engrosan las arcas públicas con el Fondo Sojero, sin realizar los correspondientes estudios epidemiológicos" (Declaración del Centro de Protección a la Naturaleza, El Litoral, 26/8/10). El gobernador "socialista", que ha hecho de la salud "universal" (no gratuita) una de sus banderas, tampoco ha dispuesto el control médico de la población sometida a las fumigaciones.
¿Cuántas son las víctimas? Incontables, como surge de un estudio de la Universidad de Córdoba, según el cual un 30% de los trabajadores rurales tiene una exposición alta y un 60% no tiene los elementos de protección más elementales (Ambito, 4/7). En todo caso, el gobierno "socialista" tiene un consuelo. El glifosato tiene autorización del Senasa -que depende del gobierno nacional- y lo considera el más inocuo de los agroquímicos.
