Del diario "Crítica" (21/7)
Primero fueron agredidas por funcionarios en el cerro Famatima y luego procesadas.
El 14 de abril, tres asambleístas fueron agredidas en el corte de Peñas Negras, en el cerro Famatina, por funcionarios riojanos. Pero lo más insólito vino después, cuando la Justicia provincial procesó a dos de ellas por bloquear el paso de los hombres del gobierno. "Tratamos de manifestarnos en paz, pero nos insultaron y golpearon. El escribano de la Dirección General de Minería, Luis Parco, me levantó de un brazo y una pierna, me tiró al costado de ruta y me pateó en el piso", relató Carina Díaz Moreno, una de las imputadas, quien estuvo dos horas detenida el 26 de junio pasado. "Después le pegaron a un chico que estaba con nosotros y lo tiraron contra un alambrado. Otro me dobló el brazo y me pegó en el estómago", agregó la otra implicada, Marcela Crabbe.
Las 4x4 del gobierno finalmente pasaron, tras lo cual los funcionarios denunciaron a las asambleístas. Pero hubo una pueblada: sonaron las campanas en toda Famatina y más de quinientas personas tomaron la comisaría para exigir que los funcionarios se disculparan. Lejos de eso, se quedaron encerrados desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. El fiscal las imputó por el artículo 194 del Código Penal, que castiga con hasta dos años de prisión a quien "entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire".
El juez de Chilecito, Alfredo Ramos, confirmó a este diario que "se las imputa por obstaculizar el paso de funcionarios por una ruta provincial. También podrían surgir las figuras de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves".
El funcionario Parco reconoció que hubo "forcejeos", pero las fuentes del gobierno riojano consultadas reconocieron que se pidió a los funcionarios no emitir más juicios sobre el tema. Todo sucedió el mismo día en que Cristina Fernández recibió en Casa Rosada a Peter Munk, presidente de la junta directiva de la transnacional Barrick Gold, que buscaba acelerar el inicio de las obras en Pascua Lama, el mayor emprendimiento minero de América Latina.

CARTA DE PROFESORES DE LA UBA AL RECTOR

Hay muchas razones por las cuales una sociedad responsable, libre y pensante, debería negarse a la producción de la minería a cielo abierto que tanto rememora al coloniaje con su despojo de territorios y cuerpos. Son razones como la contaminación, el despilfarro de recursos limitados como el agua, la energía eléctrica, el escaso valor de uso de estos metales que, básicamente, se utilizan como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social críticos.
No obstante, el sistema universitario y científico podría jugar un papel aún más significativo porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego.
Lamentablemente no ocurre con la minería y es de público conocimiento que muchas instituciones universitarias están trabajando al servicio de las corporaciones, en este caso, las grandes mineras. No es un secreto, estas relaciones se exponen como grandes logros en materia de convenios, colaboraciones, extensiones.
Pero las corporaciones mineras han logrado un paso más, comprometiendo con sus dineros al conjunto del sistema universitario. Son dineros que corresponden a los beneficios que recibe YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con Alumbrera Limited. Este año son 36,8 millones de pesos que por ley Nº 14771 deben ser repartidos entre Universidades Nacionales. En 2008 ya se habían aceptado 50 millones. Es dinero que proviene de una empresa y de un gerente que la Cámara Federal de Tucumán Nº II dispuso sus procesamientos por violación del Art. 55 de la Ley 24.051; porque la contaminación es un delito federal y la universidad argentina debiera saberlo. No hay ley que obligue a aceptar financiaciones de organismos acusados penalmente.
Es muy significativo que cuando muchas investigaciones que generan conocimiento independiente avanzan conectando distintas disciplinas científicas, distintas facultades e incluso distintas universidades, una de las empresas mineras más cuestionada y procesada por el fiscal Dr. Gustavo Gómez, decida repartir dinero a todo el sistema universitario. Y es muy lamentable que la Universidad de Buenos Aires lo haya aceptado y que aún el Consejo Superior no lo haya discutido.
Los abajo firmante solicitan al señor rector Rubén Hallú rechazar ese dinero y abrir un debate sobre las financiaciones de este tipo, en todas las instancias de nuestra universidad.
Profesores de la UBA generamos y firmamos este documento que haremos llegar al Sr. Rector Rubén Hallú. Si desea sumarse mande su adhesión a: muchasredes09@gmail.com

La gran minería metalífera sigue dando que hablar en nuestro país: cuando no es por una agresión ambiental es por un negociado. Y nuevamente está la Barrick de por medio. A punto de arrancar la construcción del megaproyecto argentino-chileno de Pascua Lama en la primavera próxima, La Nación publicó una nota anticipando la inminente renuncia del subsecretario de Ingresos Públicos, Cristian Modolo (4/7). Es que este funcionario se habría opuesto a la firma del convenio tributario argentino-chileno sobre Pascua Lama, que le otorga a la minera canadiense beneficios más leoninos que los ya leoninos beneficios del resto de la gran minería.
Hoy día, los monopolios extranjeros operan en el país casi una decena de grandes emprendimientos metalíferos, algunos hace más de diez años y la mayoría inaugurados o reinaugurados en los últimos años.
Pascua Lama es una gigantesca mina de oro en la frontera entre la región de Atacama (Chile) y San Juan (Argentina), a 4.800 m de altura, en la misma zona en la que Barrick explota la mina de Veladero (en territorio argentino), también de oro. Es uno de los yacimientos más grandes del mundo. Barrick anunció que “su bajo costo de caja... convertirá a Pascua Lama en una de las minas de oro de más bajo costo de producción del mundo” (Mining Press Nº 35, junio 2009). “Basado en la estructura actual de costos de caja de Barrick, si Pascua Lama estuviera hoy en operación, significaría una reducción de alrededor de 40 dólares por onza de nuestros costos de caja totales a nivel mundial” (ídem). ¡Que tal! Con el oro en alrededor de 950 dólares la onza (y con perspectivas de incremento a futuro, dadas las perspectivas de la crisis mundial) los costos de Pascua Lama apenas superarán los 200 dólares (ídem).
Negocios y negociados
La gran minería metalífera goza desde tiempos de Menem de “estabilidad” impositiva por 30 años, además de ser eximida, primero por De la Rúa y después por Duhalde y los Kirchner, de la obligación de liquidar las divisas en el país (son inmunes a todo tipo de control cambiario) y de retenciones. Recién a fines de 2007 aplicó retenciones a las exportaciones mineras (se exporta todo lo que se produce) del 10% a las minas de cobre y del 5% a las de oro (‘un vuelto’, si se tienen en cuenta los exorbitantes precios de los metales en esos tiempos).
Pero los pulpos mineros son codiciosos y algunos les dan el gusto. Por el convenio tributario argentino-chileno para Pascua Lama, la Barrick se verá eximida de los derechos de exportación (la planta de procesos estará del lado argentino y desde allí será exportado el material). Si tenemos en cuenta que Pascua Lama tiene previsto producir 800 mil onzas de oro anualmente y 35 millones de onzas de plata en los primeros cinco años, a valores actuales son más de 1.000 millones de dólares anuales, con lo cual la exención de retenciones supera los 200 millones de pesos anuales. Para los 25 años de vida del proyecto, se trata de un “regalo” equivalente a la mitad de la inversión. Si a esto se le suma que “según cálculos privados, Barrick no le pagará al fisco (otros) 409 millones de pesos anuales” (La Nación, ídem), los beneficios impositivos extras superan el valor de la inversión.
¿Quién pone la firma?
“La opinión de la línea técnica del Ministerio de Economía había sido contraria al convenio... (por) el perjuicio ‘a los intereses nacionales’... Mondolo optó por seguir las recomendaciones... La pregunta que no encontró respuesta por parte del secretario de Hacienda fue: ‘¿ustedes quieren que vayamos todos presos?’” (ídem). Clásica reacción de fin de régimen. Los funcionarios ya se ven venir el desfile por los juzgados que acompañó el fin del menemismo y de la Alianza (aunque después zafan todos).
Finalmente, el 28 de abril firmaron el convenio Ricardo Escobar (director de impuestos chileno) y Juan Carlos Pessoa (el secretario de Hacienda argentino). Una semana después, coincidiendo con el día de la Minería, Cristina recibió al fundador y al CEO de Barrick en una promocionada reunión en la casa Rosada, junto a Gioja, mandatario sanjuanino y lobbysta de primera hora de los canadienses, De Vido y el secretario de Minería.
Censura
El domingo 7 de junio, la revista dominical Rumbos, que acompaña a varios diarios del interior –entre ellos el sanjuanino Diario de Cuyo– publicó un artículo: “Fiebre Minera”, que cuestionaba a la gran minería y en particular a la Barrick.
Pero en San Juan la revista no se distribuyó. Los responsables del periódico Los Andes (de Mendoza) “atribuyen la ausencia de la publicación a la presión ejercida por el gobierno de San Juan al periódico más importante de la provincia, que cada domingo vende unos 22 mil ejemplares” (Prensa geo Minera, 30/6). Francisco Montes (director del Diario de Cuyo) salió a defenderse argumentando “que la nota en cuestión no se ajusta a los parámetros profesionales” (ídem).
No sólo los 2.600 kilómetros cuadrados de Pascua Lama son territorio de la Barrick. Sus tentáculos se extienden a todo San Juan y llegan hasta la Rosada.

Miguel Gómez

Catamarca: "El voto joven fue para ustedes"
“No pasó inadvertido para nadie salvo para los medios de comunicación de la provincia, la enorme votación que hicieron” –dijo el camarista de la Corte de Justicia local José Caceres–. El voto joven fue de ustedes”, agregó. “Hablando con chicos que por primera vez iban a votar, de diez, ocho me dijeron que los votarían a ustedes, algunos no podían definir por qué, mi sobrino dijo que era el único voto rebelde, hasta uno me dijo que era porque el PO apoyaba al rock (siguen risas)”
“Sacamos votos en más del 80% de las mesas de todo el territorio provincial. En los pueblos mineros, en la capital y Valle Viejo (nuestro bastión histórico) sacamos los mejores porcentajes. En la capital, en el circuito 3 y 4 pasamos el 8%, y sacamos un promedio del 7% en todo San Fernando. En Valle Viejo llegamos al 6,8%, en Andalgalá llegamos al 6,46; en Belén, al 3% y en Santa María al 4,73%. Como lo destaca uno de los entrevistados de Santa María “el gran acierto del Partido Obrero fue plantear como salida la necesidad de un frente único para enfrentar a las mineras y sus representantes políticos”.
Otros destacan que fuimos los únicos que teníamos una respuesta al problema del 82%. Nos queda pendiente una gran tarea, que parte por la estructuración partidaría y tomar el guante en conflictos en curso como el de Cotall (Coperativa de tamberos), que lucha por la gestión obrera, y el de la planta textil de Alpargatas, que se cerrará a fin de año. Lo cierto es que dejamos atrás la imagen de fuerza testimonial. Hay un desafío intervenir en la lucha de clases, dar la cara y fijar postura en cada uno de los conflictos como hasta ahora, y ser un factor de organizaciòn de la clase trabajadora, con nuestro programa en la mano...
Testimonios
“Si me preguntas por qué voté al Partido Obrero, te digo que es por la coherencia, sus propuestas me parecen acordes a los problemas que padecemos los argentinos. Como docente los he visto en nuestras marchas apoyándonos sin que ninguno de sus candidatos se muestre como un figuretti. Habrás visto que nunca repudiaron la presencia de ustedes y sí la de otros políticos” (Amelia Zeballos, 43, docente)
“Me acerqué a querer dar una mano porque veo que defienden al trabajador, al estudiante, porque no podemos mirar para otro lado con semejante crisis, ustedes son los ùnicos que pueden explicar la crisis mundial, explicar el sufrimiento y la lucha del pueblo palestino. El PO es el cambio” (Germán, 24, estudiante de derecho)
“Tal vez no tengamos la suerte que cualquier trabajador se merece, ya fuimos suspendidos, nos dieron vacaciones a la fuerza. Estoy de acuerdo en que tenemos que organizarnos y que el rescate tiene que venir para los trabajadores y no para la empresa, yo tengo cuarto grado pero los ojos bien abiertos: hay que votar al Partido Obrero, les dije los changos del turno mío, son los únicos que nos van a defender y están del lado de nosotros” (Ramón lleva 20 años en Alpargatas, trabaja hace diez en un telar que confecciona telas).
“Soy peronista, los voté a ustedes porque son en lo único en que se puede confiar, sigan así, que la gente se está dando cuenta. Creo que la dificultad que tienen es la prensa en contra y que no pueden repartir el voto en todos los barrios y los pueblos de Catamarca, si no tendrían más votos todavía” (Luis Espindola, 55 años, empleado público).
“Tengo la costumbre de guardar recortes de diarios y todo el material que llega a mis manos sobre el tema minero, debatí con ustedes en un foro por el no a la mina en Santa María, me parecía una propuesta linda pero no la veía, pensé esto es chamuyo cuando los escuché proponiendo lo del frente único por el No a Agua Rica. Discutí con ustedes, los combatí, pero hoy les doy la razón. Debemos unirnos, el único partido que plantea esto tan simple como salida para enfrentar a las mineras y a sus polìticos son ustedes, estoy dispuesto a apoyarlos” (Juan Reartes es tucumano, vive en Santa María, trabaja en un comercio de esta ciudad).

E. Traverso

El Congreso de Brasil aprobó la Medida Provisional (MP) 458, que amenaza destruir la Amazonía. Esta MP, que originalmente proponía regularizar tierras ocupadas por pequeños campesinos ocupantes de tierra en el área de la Amazonía Legal (que equivale al 48% del territorio de Brasil), con su actual redacción abre margen para una inversión de valores, beneficiando a quién desmata y destruye.
La MP plantea una división de los lotes de los campesinos en dos categorías. La de los pequeños, de 100 a 400 hectáreas (ha), y a de los medianos, de 400 a 1.500 hectáreas. Sobre el pequeño recae la desconfianza del Estado y el titular del lote sólo podría venderlo después de diez años de la regularización de las tierras. ¡Y para los medianos, que en teoría pueden tener representantes legales, los lotes serían pasibles de venta después de tres años! Para empeorar, en este mismo negociado entran los grandes "ocupantes" a ser regularizados, ocupantes de tierras con más de 1.500 hectáreas de extensión. Estos también podrían vender las tierras después de tres años.
Si la MP 458 abre la puerta para la especulación con tierras robadas, la complejidad del problema aumenta cuando dimensionamos los valores inmobiliarios y su extensión. Estamos hablando de un área de 64,7 millones de hectáreas de tierra con un valor inicial del orden de 70 mil millones de reales (cerca de 35 mil millones de dólares USA).
En el Senado, encontramos a favor de esta medida a las bancadas de los "ruralistas", equivalentes a los sojeros argentinos, que levantan la supuesta bandera del campo.La medida es polémica y provocó una fractura en la base del gobierno y en la oposición. Por su parte, el presidente armó una maniobra para distraer a la mayoría. Dice que la cuenta a pagar por la preservación es también de los países ricos. Como la idea es que los países industrializados paguen a otros países más pobres como Brasil por mantener el dióxido de carbono (CO2) almacenado en sus bosques tropicales, Lula reflexionó: "tenemos que decirle a la gente que hubo un momento en el que podíamos deforestar, pero eso funciona contra nosotros ahora. Nos hará daño en el futuro, debido a que no habrá préstamos internacionales disponibles" (Reuters, 20/6).
Como ahora, según afirmó Lula, "nadie es un bandido porque deforestó" (EFE, 19/6)... con este negocio, todos se transforman en bandidos y ahora estarán avalados por el Programa Tierra Legal que regularizará en los próximos tres años 296.000 propiedades que hasta ahora estaban en condición irregular.
Una vez más diputados federales y senadores suscriben los intereses de un sector de clase -el de los grandes propietarios, ladrones de tierras públicas de la Amazonía.
Antes las transgénicas, ahora...
Con la MP 458 los senadores fuerzan el país a caminar a través de la misma huella que llevó a la aprobación de las semillas transgénicas a través del hecho consumado. Oficializando el robo de tierras y permitiendo la devastación de la selva, quedan entregados a la demencia del agente capitalista devastador e inescrupuloso.
Según Greenpeace, las grandes marcas de la comida, el deporte y la moda están relacionadas con la deforestación de la selva amazónica y, por ende, con el negociado de las tierras. Los investigadores de Greenpeace revelaron, por otra parte, que el gobierno de Brasil tiene un interés propio en la expansión de la industria ganadera, ya que es accionista de tres de los gigantes de ganado del país - Bertin, Marfrig y JBS - que pugnan por destrucción de enormes extensiones del Amazonas. Brasil tiene la mayor cabaña ganadera comercial del mundo y es el mayor exportador mundial de carne de vacuno. Comparte además con China el liderazgo en la exportación de cuero curtido. A lo largo de la última década, la industria ganadera brasileña ha experimentado un acelerado crecimiento orientado hacia la exportación. Entre 1998 y 2008, el volumen de las exportaciones de carne de vacuno y de ternera de Brasil se ha multiplicado prácticamente por seis.
El nuevo informe de Greenpeace, "Sacrificando el Amazonas", vincula a la carne, el cuero y otros productos procedentes de los ranchos de ganado que participan en la deforestación ilegal, la invasión de las tierras indígenas y la esclavitud en el Brasil con grandes marcas como Adidas / Reebok, Timberland, Geox, Carrefour, Eurostar, Honda, Gucci, IKEA, Kraft, Clarks, Nike, Tesco y Wal-Mart.
Así, tanto la industria ganadera, como las grandes empresas capitalistas, gozan de los beneficios que les otorga el gobierno de Brasil, que no solo verá engrosar su patrimonio, sino que vende una imagen ambientalista para que los países desarrollados destinen grandes sumas de dinero como premio por reducir el CO2!

Viviana Puccio

Invitan al sepelio de nuestra actual calidad de vida

Nos concentramos en Corrientes y Uruguay, a las 16 horas. Marchamos por Corrientes hasta el Obelisco por el sepelio de nuestra actual calidad de vida, vestidos de luto con una vela o linterna con un celofán cubriendo el foco.
Exigimos:
* Al gobierno y a sus funcionarios que dejen de ser cómplices del genocidio social.
* En Infraestructura: agua potable, cloacas, asfalto, energía eléctrica, desagües pluviales y obras de hidráulica.
* Desarrollo urbano planificado y con verdadero control estatal y ciudadano que garantice la calidad de vida.
* Que el agua que bebemos no esté contaminada por residuos, urbanos, tóxicos y patológicos de basura, fumigaciones y otros.
* Que el aire no esté afectado por las emanaciones de residuos urbanos, industriales y patológicos.
* La no contaminación de los ríos, arroyos y napas de agua, ya que desaparece la flora y fauna autóctona.
* Un eficaz control de los recursos naturales y de las actividades industriales las cuales carecen de plantas de tratamientos para sus desechos tóxicos, los cuales actualmente son tirados al acuífero.
* Los Espacios Verdes dejen de estar arrasados por negociados inmobiliarios ambiciosos y corruptos.
* Exigimos cuidado y ampliación del arbolado público y políticas proteccionistas.
* Que la Educación implemente programas de capacitación para docentes en todos los niveles, únicamente a cargo del Estado. Profundizar el pensamiento crítico. Mejorar el estado edilicio, mobiliario y tecnológico para tener una educación óptima. Garantizar permanencia de los alumnos en las escuelas y crear más escuelas para padres.
* Políticas creadoras de puestos laborales, viviendas populares, créditos accesibles, salarios dignos y seguro de desempleo universal.
* Que la salud tenga política sanitaria, sin carencia de insumos y profesionales. Basta de mortalidad infantil.
* Seguridad física, psíquica e intelectual. Que se termine la criminalización de la pobreza y judicialización de la protesta social y los aprietes a las Asambleas Vecinales.
* Agilidad en la Justicia, eficiencia para control del delito y que el Poder Judicial sea independiente.
* Basta de jueces y fiscales cautivos del poder político.
* Basta de ataques a las libertades democráticas. Aparición con vida de todos los desaparecidos en democracia como el caso de Luciano Arruga.
¡Te esperamos! ¡Sumate a nuestra lucha a favor de la dignidad y el respeto por la vida!
Asamblea Coordinadora de Vecinos de La Matanza: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán contra el Ceamse, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Rafael Castillo, Asamblea de Vecinos Autoconvocados Isidro Casanova oeste, Vecinos Autoconvocados de Ramos Mejía, Villa Luzuriaga y Haedo por Plaza Alberto Etcheverry, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ramos Mejía contra la urbanización indiscriminada e infraestructura y organizaciones sociales: T.OR.RE., Barrios de Pie y MTR-Cuba.
Adhieren: Espacio Intercuencas de la Provincia de Buenos Aires, UAC, Coordinadora Antirrepresiva Del Oeste y la Matanza, Asamblea de Vecinos Autoconvocados Barrio Parque San Sebastián y Vecinos al Centro Atómico.

Mientras el precio internacional del cobre y otros metales volaban por las nubes (2005-2008), Minera La Alumbrera incrementaba su producción, incorporaba nuevos molinos y una planta para extraer molibdeno del material estéril que hasta entonces no se recuperaba. Pero no incrementó en casi nada su personal efectivo. Todo fue obra de decenas de contratistas tercerizados que "subían" con centenares de trabajadores a los que se les pagaba el convenio de la construcción, naturalmente mucho menor que el de los mineros, con jornadas agotadoras y turnos de 14 por 7.
Cuando a fines de 2008 el precio del cobre tocó su mínimo (aunque siempre más alto que los valores desde 1997, comienzo de la mina, hasta 2003) la patronal empezó a efectuar despidos hormiga entre los efectivos y a "bajar" contratistas. En las últimas semanas, a pesar de la recuperación parcial de los precios, la tendencia se agudizó. Bajaron a centenares de trabajadores (despidos encubiertos) y se rumorea que están amenazados más de 100 efectivos. Se habla de desactivar la planta de molibdeno (que nunca funcionó bien por problemas técnicos y despide un olor nauseabundo y tóxico) y el trabajo de los efectivos se ha recargado. La flexibilización está a la orden del día así como los "incidentes" (accidentes en realidad).
El sindicato minero (Aoma) ni siquiera protesta para la tribuna. Para los burócratas patronales los trabajadores contratistas son descartables, aunque cuando salen a defender a la minería lo justifican por los puestos que genera (como dicen, directos e indirectos).
Por la unidad de contratistas y efectivos. No a los despidos abiertos o encubiertos. Que la crisis la paguen los capitalistas.

Corresponsal

Más de trescientas personas pasaron por la jornada cultural No a Agua Rica que organizó el Partido Obrero en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno.
Al comienzo, los solistas Emiliano Lucero y el profe Luis Torres, con estilos contrapuestos, cautivaron a la concurrencia. Más tarde fue el turno de la murga Red and Black, del barrio Santa Lucía; en el medio, un texto de Aime, una jovencita que en pocas líneas pintó la ferocidad de las mineras, apuradas en llevarse nuestros recursos naturales sin reparar en los daños al medio ambiente y a la población.
Enrique Traverso, candidato a diputado por el PO, explicó en detalle todo el negociado que cocinan a miles de kilómetros de Andalgalá para que Xstrata, que explota el yacimiento Bajo La Alumbrera (está a 35 kilómetros de Agua Rica), sea absorbida (comprada) por la canadiense Yamana, dueña del paquete de Agua Rica.
Traverso señaló que "usarán la escombrera de Alumbrera, su molienda y su dique de colas: ese mismo que hoy necesita de una estación de retrobombeo para volver a enviar sobre el dique los desechos dañinos que han contaminado el río Vis Vis y otros acuíferos en la zona. Ustedes pueden ver cómo estas empresas, con su lógica capitalista, no trepidan en sacar el mineral a cualquier costo, el modo de producción es lo que cuestionamos. Los habitantes de los pueblos aledaños son una muestra palpable de lo que dejó la minería en la provincia, hay un 600% más de casos de cáncer en la región y las vituallas de Alumbrera sólo sirvieron para aceitar el aparato clientelar, nunca para generar empleo genuino". Denunció que "ninguno de los políticos en carrera le dicen esto al pueblo, aquí se ha cocinado un nuevo negociado, una nueva entrega. Brizuela del Moral firmó desesperado para hacer andar de nuevo la maquinita, y no importa que el inicio de las actividades en Agua Rica sea el comienzo del fin de Andalgalá y Santa María. No importa la lluvia ácida que tendrán que soportar los andalgalenses a tan sólo 17 kilómetros de la mina, que se traduce en cáncer, en enfermedades crónicas de las vías respiratorias, ni que se lleven el molibdeno, el oro y el cobre, sobre todo dejando migas y la destrucción de estos pueblos del oeste. El PO reafirma su llamado a las organizaciones ambientalistas a armar un frente único por el No a Agua Rica, para que la minería sea estatizada y puesta bajo el control de los trabajadores".
Cerraron el acto las bandas Fierro y Coma. Fiesta y repudio.

Corresponsal

El cuidado del medio ambiente siempre es una problemática que nos compete a todos; esta idea se hizo tangible el 29 de mayo en la ciudad de Mercedes (Buenos Aires) con el repudio a los ministros Julio De Vido, Juan Carlos Tedesco y al secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni (quien finalmente no se presentó).
La movilización fue organizada por Cristian Falabella (partícipe de Mercedes Ambiental y noticiasmercedinas.com), el Partido Obrero de Mercedes, la Juventud Guevarista mercedina, Proyecto Sur, Afectados de Dupont y otros.
Su objetivo fue denunciar a los capitalistas de la zona por la gran contaminación en ríos, tierra, aire, y la que sufren los trabajadores de las fábricas contaminantes. Las empresas son: Magromer (consume 1.000.000 de litros de agua diarios, y la devuelve contaminada con cromo); Merplac (enfermó a todos los alumnos de una escuela aerotécnica). En 2004 se registraron 17 casos de alumnos con niveles críticos de plomo en sangre. Fue clausurada por organismos de la provincia y hoy estaría por reabrir sus puertas; y Dupont (un análisis de muestras de sus paredes reveló la presencia de arsénico y cloruro de vinilo). También el propio municipio es un factor de contaminación (con los basurales a cielo abierto que crecen día a día en tamaño y cantidad). También los canales a cielo abierto (donde la municipalidad también tiene su papel contaminante), sin control adecuado, llevan desechos cloacales e industriales directamente al río Luján.
Luego se realizó una asamblea abierta en la plaza principal, en la cual vecinos denunciaron el accionar contaminante del municipio y del gobierno provincial. De parte de las organizaciones se exige: cumplimiento de todas las leyes ambientales, condena a las empresas denunciadas, destitución de funcionarios por incumplimiento, nombramientos de toxicólogos en hospitales públicos, generar fuentes de trabajo dignas y favorables a la vida.
El PO de Mercedes plantea: multas confiscatorias a las empresas incumplidoras, la creación de comités de trabajadores que regulen las plantas depuradoras de cada fábrica, la creación de plantas de reciclaje para erradicar los basurales a cielo abierto.
No se hizo presente ningún partido patronal (PJ, UCR y la Coalición Cívica).

El gobierno no pudo frenar la marcha minera

En Bolivia los trabajadores mineros son los primeros en sufrir las consecuencias de la crisis capitalista. La caída de los precios de los minerales (algunos en más del 50%) hace que las transnacionales de la minería quieran mantener sus jugosas ganancias, por tanto no sólo recurren a los despidos en masa, sino al congelamiento de salarios y a la ampliación de las horas de trabajo.
Este 26 de mayo más de tres mil mineros ingresaron en la ciudad de La Paz, demandando que el gobierno haga cumplir las ocho horas de trabajo y no las 10 o 12 que imponen las empresas transnacionales. También a la vez hay voces que plantean se ponga freno a las tomas de yacimientos mineros por parte de comunarios indígenas disconformes con la manera en que se explotan los recursos naturales en las localidades donde viven.
Mientras los mineros iniciaban su larga caminata desde la población de Caracollo, el gobierno se apresuró en conformar una comisión para detener la marcha. "El viceministro Farfán dijo que la comisión gubernamental, integrada por los Ministerios de Trabajo, Minería y Gobierno, continuará en sus esfuerzos para detener la marcha y lograr un acuerdo entre trabajadores y empresarios" (Econoticias).
La movilización por las ocho horas de trabajo y en contra de los recortes salariales es absolutamente legítima para la clase trabajadora en su conjunto. Sin embargo, la burocracia sindical de los mineros se ha caracterizado por sus contubernios con la patronal. Y puso como otra demanda de la movilización la inmediata paralización de los "avasallamientos" de indígenas a los yacimientos de las transnacionales mineras. Plantear esto sin más, es colocarse en defensa de las transnacionales para que continúen con su actividad depredadora.
A su vez, las comunidades indígenas donde se han asentados los yacimientos de explotación de los minerales reclaman los territorios como suyos y piden la expulsión de las transnacionales. Las comunidades quechuas del sur han advertido a la transnacional canadiense Vista Gold Corporation que abandone la explotación de oro en la mina de Amayapampa.
El 25 de mayo, el Conmamaq y la CSUTCB enviaron una carta al ministro Echazú exigiendo que se respete el derecho a la consulta y participación de las naciones y pueblos originarios en torno a las actividades que los afecten, como sería el caso de las concesiones mineras que operan en sus territorios. Solicitan la inmediata aprobación de un "Reglamento de Consulta y Participación para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas en actividades mineras", que han diseñado junto al Gobierno en los últimos dos años.
La respuesta del Ministro de Minería, Luis Alberto Echazú intentó ser ambigua, pero es muy clara: "Los derechos de los pueblos indígenas son absolutamente legítimos y es una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero eso no significa que ellos puedan entrar a otras propiedades. Eso no les da derecho de expropiación. No se está entendiendo bien este aspecto" (El Diario).
El Estado plurinacional incluyente, del que tanto hablan los indigenistas del Gobierno y en el que tanta expectativa ponen los pueblos originarios, no son más que charlatanería y adorno autóctono para una Nueva Constitución burguesa en último término. Así lo demuestran las declaraciones de Echazú: "Para nosotros queda absolutamente claro que las comunidades no tienen derecho a veto. Tienen derecho a la consulta, a opinar y a cuestionar, pero en última instancia el Estado es la máxima autoridad para decidir". Y el Estado en manos del MAS proimperialista se decidirá por la permanencia de la transnacionales: "Nosotros respaldamos un acuerdo entre empresa y comunarios", recalcó Echazú.

Con la crisis vuelven las tomas y movilizaciones mineras

El capitalismo en crisis conlleva una arremetida empresarial, que consiste en recortar derechos a los trabajadores y chantajearlos con el temor del cierre y la quiebra. A su vez, la arremetida contra los trabajadores involucra una reacción y una respuesta de los mismos. Los primeros días de mayo, trescientos mineros con dinamita en mano tomaron la mina San Vicente -de la transnacional canadiense Panamerican Silver- y tuvieron a sus directivos y gerentes de rehenes.
En diciembre de 2008, Sinchi Wayra, que emplea a más de 3500 trabajadores, entregó 700 cartas despido a los trabajadores de la mina Porco. Como respuesta, los mineros tomaron la Prefectura de Potosí, desde donde amenazaron con tomar otras minas. Por su parte "Sinchi Wayra exigía a los trabajadores una extensión a 10 horas de la jornada laboral, el sistema del 14/7 (14 días de trabajo y 7 de descanso) y la congelación de los salarios para hacer frente a la caída de los precios internacionales de los minerales" (Rebelión mayo 2009). El Gobierno indigenista de Evo, ni corto ni perezoso, se arrogó la tarea de "mediador": en el mismísimo Ministerio de Minería se firmó un convenio ilegal entre los trabajadores y la empresa. Los primeros aceptaron las 10 horas de trabajo y renunciaron al aumento salarial del 12% decretado por el Gobierno, a condición de que la empresa desistiera de los despidos y mejorara las condiciones laborales de los trabajadores. Poco tiempo pasaría para que se comprobara que este acuerdo era insostenible.

Nacionalización de la minería, otro cuento de Evo

"En los tres años del primer gobierno indígena de la América morena, los grandes consorcios mineros se han apoderado de más de cuatro mil millones de dólares. Ellos obtienen el 95% del valor bruto de la producción y dejan para el Estado sólo el 5%. El saqueo minero de Bolivia es igual o mayor al sufrido en los tiempos del neoliberalismo salvaje" asegura un artículo publicado por Econoticias.
El ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, ha reconocido que las transnacionales mineras le estarían robando al país, exportando el doble de mineral que declaran en la Aduana boliviana. Sin embargo hasta la fecha, desde la nacionalización de la metalúrgica de Vinto, el Gobierno ha desistido nacionalizar la minería. Al contrario, continúa con la entrega de estos recursos, como es el caso de El Mutún, reservorio de hierro más grande del mundo en manos de la Jindal Steel.
La muerte de 16 personas en enfrenamientos entre mineros asalariados y cooperativistas mineros en Huanuni (2006), forzó una respuesta del gobierno sobre la nacionalización del entonces disputado cerro de Posokoni. Sin embargo, Evo no habló jamás de recuperar la totalidad de las minas para los bolivianos. "Hay que nacionalizar las concesiones mineras sin inversión", se limitó a platear y nada dijo del robo que a plena luz del día efectúan las transnacionales al Estado boliviano, ni de las constantes denuncias por la contaminación que estas empresas generan en territorios indígenas.
Gracias a la presión de los trabajadores, el gobierno se comprometió a fortalecer la minería estatal y, en consecuencia, nacionalizó Vinto y dispuso la inyección 10 millones de dólares en éste rubro. Pero es evidente que estas medidas son ineficientes para competir comercialmente con las transnacionales mineras que continúan operando en territorio boliviano. Es así que el propio ministro de Minería denunció el año pasado que la empresa Glencore/Sinchi Wayra propició un boicot en la venta de estaño proveniente de la nacionalizada Vinto, generando al país una pérdida de 26 millones de dólares.

A retomar las consignas de Octubre

Los argumentos para plantear una expropiación de todo el rubro minero en Bolivia sobran: violan las leyes ambientales, estafan al Estado boliviano mediante la falsificación de informes y declaraciones juradas; violan las leyes laborales, etc.
En el hecho concreto de Sinchi Wayra, filial boliviana de la empresa Glencore Internacional AG, ha obtenido sus acciones de manera ilegal, de la que antes era la empresa Comsur, negocio del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Luego de la insurrección de octubre y de su huida, Sanchez de Lozada vende el 100% de sus acciones a la Glencore, transación que no podía efectuarse pues el expresidente llevaba consigo una demanda por delitos de lesa humanidad y sus bienes deberían ser confiscados. Es de esa manera que Sinchi Wayra/Glencore, tiene la mayor parte del negocio de la minería en Bolivia.
Sin embargo, no se puede esperar una medida radical por parte un Gobierno absolutamente respetuoso y defensor de la gran propiedad privada. Tampoco la burocracia sindical plantea una salida revolucionaria ante la crisis capitalista que está empezando con nefastas consecuencias en el sector minero. Al contrario, los burócratas más se alejan de quienes han sido sus aliados históricos, los campesinos originarios, al exigir que se paren los avasallamientos y se queden las trnasnacionales super-explotadoras.
En la insurrección de octubre de 2003 la consigna fue nacionalización de los Hidrocarburos. Hay que retomar y profundizar esa consigna para todos los recursos naturales. La nacionalización de las minas sin indemnización, bajo control de los trabajadores y con participación de las comunidades originarias debiera ser la consigna para sellar una alianza obrero campesina, ya practicada en Bolivia en otras oportunidades.

Mila (Santa Cruz de la Sierra)

El Área Metropolitana Buenos Aires en emergencia

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo Ciudad Universitaria

Qué proponen los vecinos

Buen Dia:

Les escribismos este correo para que nos ayuden a difundir esto que nos esta pasando en Santa Cruz(especificamente Minera Santa Cruz perteneciente al Grupo Hochschild).

Desde el Jueves 07, un grupo 50 patoteros aprox. que dicen pertenecer al Gremio de Camioneros (de Moyano porque asi se derfinen y en sus camperas llevan esa inscripcion). Se instalaron primero en el acceso a Minera Santa Cruz(Ubicada en Ruta provincial 43 a unos 60 km aprox. de la localidad de Perito Moreno), desde entonces impidieron tanto el ingreso como egreso del personal de esta empresa, como asi todo proveedor de alimentos, insumos, combustible, etc.

El motivo del piquete, fue segun la version de ellos el despido injustificado de dos personas que se desempeñaban como camioneros, en Minera Santa Cruz. Exigiendo el reintegro y ademas ingresar en la empresa un representante de su gremio por turno.

Conjuntamente con la inaccion de la justicia y el gobierno para intervenir en este conflicto. Segun lo que sabemos la empresa(Minera Santa Cruz)ha seguido y cumplido todos los pasos legales correspondientes para solicitar el desalojo de estas personasy garantizar asi la seguridad de todos los empleados. No habiendo obtenido una respuesta eficaz por parte de la justicia. Y ademas la policia que se tenia como especie de "proteccion" en este acceso, se retiro el Domingo al no contar con elementos suficientes(balas, chalecos antibalas, y siendo solo 2 patrulleros con 4 efectivos) para hacer frente a este conflicto.

Y en estos momentos ha causa de ese abandono ha empeorado la situacion ya que desde este lunes aproximadamente a las 18:00 estos piqueteros, ingresaron al puesto de vigilncia (ubicado a unos 30 km de donde se habian apostado inicialmente)que esta muy cerca del campamento. Esta reaccion de ellos surgio a raiz de que se enteron que para llegar a minera se estaban empleando cminos alternativos, siendo la garita de control un lugar estrategico donde se pueden visualizar y mantener controlados todos los posibles caminos. Su exigencia en ese momento fue no "ingresar a minera y si permitir la salida de esta unidad minera", con el correr de las horas su exigencia fue mayor y pedian no ver maquinaria ni personal trabajando, esto quiere decir parar la produccion.

Esto llevó a un estado de temor de todos los empleados que estaban presentes, se reunieron con AOMA y con la empresa para llegar a un acuerdo o solucion, que no ha llegado aun. Pero si una decicion por parte del Gremio AOMA y Empresarios Mineros, de llevar a cabo un Paro General por tiempo indeterminado, no solo de las mineras instaladas en Santa Cruz sino del pais. En apoyo y reclamo de proteccion y solucion inmediata.

En el dia de ayer se retiraron a todas las mujeres y parte del personal que se pudo sacar, en resguardo de su seguridad.

Debemos aclarar que en estos momentos se deberia hacer un cambio de guardia, ya que el regimen de trabajo de los operarios es de 14 por 14, pero debido a esta circunstancia no sabemos si se van a poder salir las personas que deberian retirarse hoy(ya que contamos con poca informacion y el servicio de internet y telefono se encuentran interrumpidos), si estamos seguros que el personal que deberia ingresar no lo va hacer por orden de la Gerencia por seguridad.

Este es un pedido de los trabajadores afectados por este conflicto, y como ciudadanos, ante la falta de segudidad, de derechos basicos Universales que no se estan respetando. El mensaje es Queremos Trabajar, y ese es un Derecho que exigimos sea con seguridad. Que tanto el estado y la justicia deben velar por ellos, y en ese aspecto nos hemos sentido abandonados.

Por favor quien nos pueda ayudar a difundir esta noticia, es lo unico que nos puede ayudar a estar un poco mas protegidos.

Mirta Vega.

Trabajadora de minera Santa Cruz.

Un programa contra el dengue

Cada dos horas, hay un nuevo infectado con dengue: 636 por día. La catástrofe abarca todo el país, ya causó 10 muertes y Médicos del Mundo calcula que hay 40.000 casos. El poder político intenta ocultar la envergadura de la epidemia. CFK, con la excusa de preservar la "imagen del país en el exterior", bloqueó un proyecto de ley que declaraba el alerta epidemiológico nacional. El gobierno del Chaco prohibió que se informaran nuevos casos. Macri decidió "no dar a conocer el número de enfermos autóctonos ni en qué barrio viven para evitar el pánico" (Perfil, 11/4). Pretenden disfrazar la peste de tragedia natural y de "problema importado" de los países limítrofes. Sin embargo, los culpables están cerca y tienen nombre y apellido. Veamos:
1. El gobierno dice que el dengue fue traído por migrantes de Paraguay, Brasil y Bolivia y el cambio climático. Pero en 12 provincias y en la capital, el dengue es autóctono. Lo saben desde 1997, porque en el Norte aumentaron los casos y se detectó al mosquito vector. Los especialistas alertan desde hace años que el factor clave es el enorme crecimiento de la población de mosquitos. Pero hace diez años que no fumigan. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, dice que "el dengue llegó para quedarse" porque el cambio climático sube la temperatura. Pero no dijo que la "tropicalización" es hija de la tala salvaje para ganar más campos para la soja. La deforestación destruyó el hábitat de peces, sapos, murciélagos y bacterias acuáticas que se alimentaban de mosquitos y larvas. El cóctel de agrotóxicos utilizados por los sojeros (300 millones de litros en la última campaña) precipitó la extinción de peces y anfibios. El mosquito se multiplicó por la falta de predadores naturales. En síntesis: ni los migrantes ni la naturaleza. Los responsables son los sojeros y Monsanto, subsidiados por los K. y naves insignia de la oposición.
2. Responsabilidad de las autoridades políticas y sanitarias. El presupuesto para prevenir enfermedades endémicas son 86 irrisorios millones de pesos. Ocaña no contesta si los usó. El Programa Nacional de Vectores -que depende de su Ministerio- debe combatir las enfermedades de transmisión vectorial (como el dengue o la fiebre amarilla), pero "se mantuvo durante los últimos años y actualmente sin recursos, con falta de personal y con nula presencia en los territorios" afectados, denuncia Gonzalo Basile, de Médicos del Mundo. El Ministerio recibió "fuertes advertencias sobre sus carencias para enfrentar epidemias antes de que el dengue se extendiera". El año pasado, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) destacó la falta de "control y tratamiento de enfermedades transmisibles por vectores" y señaló "carencia de recursos humanos calificados, movilidad inexistente o vetusta, carencia de presupuestos propios y falta de insumos disponibles ante las necesidades de control de endemias" (La Nación, 8/4). La epidemia desnudó "una política permanente de manipulación de la información epidemiológica" del gobierno nacional y los provinciales que hace imposible "dar fiabilidad a las informaciones de las enfermedades como el Chagas, Leishmaniasis, Tuberculosis, Mortalidad /Desnutrición Infantil, Mortalidad materna, dengue" (ídem).
3. ¿Una enfermedad de todas las clases sociales? Ocaña endilgó la epidemia a "un crecimiento urbano desorganizado". ¿Y quien, si no el Estado, debería haberlo "organizado" construyendo redes sanitarias y viviendas populares? Los campesinos expulsados por la soja hacia los centros urbanos y los sin techo de la ciudad viven en las villas y asentamientos, con aguas estancadas, cloacas y basurales a cielo abierto, sin agua potable o recolección de basura. Sólo en La Matanza, viven dos millones de personas, 50% sin agua potable y 60% sin cloacas. En ese "paisaje urbano" el epidemiólogo Carlos Ferreyra, de la Municipalidad de Quilmes, encontró "un porcentaje muy importante de viviendas inspeccionadas que presentan huevos, larvas, pupas y formas adultas del mosquito Aedes aegypti". ¡Es un Charata potencial donde vive la mitad del país! Por eso el jefe de Infectología del Muñiz, Alfredo Seijo, dijo que "hay 23 millones de personas en riesgo" (La Nación, 13/4). El dengue es más grave si el paciente está desnutrido y se atiende en hospitales destruidos. En 2001, la población sin protección médico-sanitaria en las zonas urbanas era del 46% y en las zonas rurales del 63%, con picos del 75% en el NOA y del 88% en Formosa. Los trabajadores de la salud son parte de la catástrofe: en Chaco, un 50% está con dengue.
En mayo, cuando baje la temperatura, la epidemia parecerá ceder porque los mosquitos mueren. Es lo que está esperando el gobierno. Pero los epidemiólogos afirman que entonces "el dengue se pone más peligroso" porque millones de huevos y larvas sobrevivirán en latencia y, llegada la primavera, habrá una nueva epidemia, geométricamente mayor.
¿Enfrentamos una fuerza indoblegable de la naturaleza? No. Enfrentamos un problema social y político. Las asambleas de vecinos pueden implementar un programa de acción que corte la cadena que sustenta la enfermedad, exigiendo recursos para combatir la epidemia, como ya hizo el pueblo de Orán. Organizar brigadas populares para desmalezamiento, descacharrización y fumigación integradas por desocupados que se integren a la planta municipal. Triplicación del presupuesto de salud y educación. Prohibición de desmonte y urgente plan de reforestación. Expropiación del gran capital agrario. Plan nacional de viviendas populares y de tendidos sanitarios, financiado con impuestos al gran capital. Para terminar con la epidemia del dengue hay que terminar con los gobiernos del dengue, con la clase social que destruye el medio ambiente a costa de la vida del pueblo. Contra la catástrofe capitalista, construyamos nuestra propia salida.
Olga Cristóbal

Monocultivo de soja: El peor de todos

El monocultivo (la no rotación de cultivos en el suelo) provoca una adaptación de las plagas a los cultivos. En líneas generales, los monocultivos generan una disminución de la materia orgánica. Esto lleva en el mediano plazo a un agotamiento de los suelos y a su inutilización por grandes períodos. El monocultivo de eucaliptus, explotado para la industria papelera, genera impresionantes sequías por la cantidad de agua que absorben estos árboles. Su opuesto, la deforestación, provoca enormes inundaciones como las vistas en Tartagal.
Básicamente, cualquier monocultivo tiene alcances negativos. "En el caso de la agricultura, la especialización, en general, se traduce en un mayor requerimiento de insumos y en ciertos desequilibrios ecológicos, por ejemplo, mayor presión de plagas, incidencia de enfermedades (...) mayor riesgo por contaminación con plaguicidas, etc." ("Impacto del Monocultivo de Soja", Inta).
Los especialitas en el tema ligados a los empresarios del campo opinan que "armar una estrategia de rotaciones que contemple los mejores conceptos agronómicos, se aleja de la realidad" (López Anido, asesor en el norte en Clarín Rural, 28/3) y concluyen en el mismo sentido: "Está claro que el monocultivo de soja no es la mejor estrategia aunque en estas circunstancias será (...) la única disponible" (ídem).
En estas afirmaciones existe poco de análisis sobre las verdaderas consecuencias de este negocio que nadie se anima a abandonar, ya que con retenciones o sin ellas sigue otorgando rentas inmensas.
Algunos datos para comprender el desastre del monocultivo de la soja:
Una investigación del Inta del año 2001 sobre el impacto de la soja analiza algunas variables importantes a tener en cuenta: la disminución de materia orgánica, el consumo de agua y su rendimiento. En el primer caso, la disminución de materia orgánica es siete veces mayor en los monocultivos de soja que en aquellos cultivos en los que se rota con sorgo (14.000 contra 2.000 kg/ha, en el período 83/94). Detrás de la soja, se ubica el monocultivo de maní y le sigue el girasol con un desperdicio de 6.000 kg/ha en sus monocultivos, en el mismo período. Respecto al consumo de agua, el estudio analiza que, con casi la misma cantidad de agua consumida (500 mm como promedio de las campañas 96/97 y 98/99), el rendimiento de la soja monocultivada es de 2.760 kg/ha mientras que si se rota con maíz el mismo sería de 3.478 kg/ha. Otro dato arroja que, en un promedio de cinco campañas (91/92 95/96), la rotación con sorgo aumenta en un 32% el rendimiento de la soja. "El alarmante aumento de los problemas sanitarios en el cultivo de la soja se debe en gran medida a la falta de rotaciones de cultivos; también es escasa la diversificación de cultivares en la región pampeana central. Si los productores, técnicos e investigadores no toman conciencia y brindan soluciones a éstos problemas, las pérdidas producidas por enfermedades continuarán siendo cada vez más graves" ("Enfermedades de la Soja", Revista Idia XXI, dic. 2002)
Los empresarios del campo conocen estos datos mejor que nadie y analizan que si la soja ronda los 910 pesos la tonelada (7,7% más que hace un año), el sorgo 320 pesos (27,27% menos que el mismo período de 2008) y el maíz 400 pesos por tonelada (23,37% menos que el año anterior), las charlas sobre las rotaciones quedan automáticamente fuera de las discusiones. Sencillamente, la planificación del suelo va en sentido contrario con sus aspiraciones de rentas extraordinarias. Todo se trata en extraerle a un bien que debería ser público lo mayor posible, ahora.
Para los patrones del agro, la soja se convirtió hace tiempo en un bien demasiado preciado. El monocultivo de la soja que sufre las consecuencias de las plagas tiene su dios protector, Monsanto, que se encarga de modificar la soja para que resista cada vez más los agrotóxicos. Según el ex-presidente de Prosoja, "las perspectivas sobre los nuevos eventos transgénicos son amplias, resistencia a las plagas (...) pero por el momento no se observa un elemento tan potente como la resistencia al glifosato" (Revista Idia XXI, dic. 2002).
La toxicidad de los suelos impide la realización de cualquier tipo de cultivo posterior, incluso el de la propia soja.
Los procesos de rotación de cultivos tal cual están pensados están muy lejos de solucionar los verdaderos problemas de los trabajadores del campo, pero sobre todas las cosas jamás serán impulsados por los patrones agrarios. El capitalismo es la esencia de este modelo perverso del campo. La planificación social de los suelos, su optimización con criterios ecológicos, económicos y sociales sólo puede ser impulsado por sus trabajadores.
Sin dudas, los intereses de este sector de la burguesía les impiden contemplar las consecuencias sociales y productivas del monocultivo de la soja. Porque si bien la soja resiste el glifosato, no ocurre lo mismo con los trabajadores del campo que mueren de cáncer por el contacto directo o por la contaminación de las napas con los agrotóxicos. También existe una tasa de mortalidad al nacer, abortos espontáneos y malformaciones en constante crecimiento a causa de la utilización de estos productos. La patronal agraria es la principal empleadora en negro y con regímenes de máxima flexibilización.
Por eso planteamos la nacionalización del comercio exterior, de los monopolios de insumos, de la banca y de los monopolios procesadores de los productos del campo, la expropiación sin pago de las grandes propiedades y el gran capital agrario, facilitando su explotación pública bajo el control de los trabajadores del campo. Por la derogación del estatuto del peón rural, que el regimen de salario sea discutido en asambleas de base. Por un plan de producción agropecuaria que garantice la alimentación del pueblo trabajador y preserve los recursos naturales.
Cecilia Pastela