De esta situación sólo se puede concluir que, en medio de fuertes ganancias dadas por el alto precio de la materia prima, la patronal rechaza la efectivización de los trabajadores que cosechan en zafra 7.000 hectáreas de caña, machete en mano. El sindicato se encuentra en la picota, como producto de su responsabilidad por la agresión y del desconocimiento a la organización gremial de los cuarta -que genera división entre las bases, cuando los reclamos deberían unificarse para una mejora en las condiciones laborales de todos. Muchos trabajadores son extorsionados a actuar como desalojadores para obtener recategorizaciones, según comentan sus propios compañeros de fábrica.

Los voceros del gobierno provincial (Dirección Provincial de Trabajo) inducen al trabajo en negro en forma de cooperativas. Esa fue la última propuesta realizada al cuerpo de delegados de los cuarta, con la clara intención de desmovilizarlos. El PJ y la UCR declararon su apoyo incondicional, así como la posibilidad de otorgar más beneficios a través de subsidios y exenciones impositivas a los empresarios que vacían la provincia.

La vida útil de Ingenio la Esperanza está en manos de buitres; el futuro de la agroindustria ramaleña es incierto y propenso al desguace. La organización y lucha independiente de los trabajadores por el pase a planta de 400 jóvenes es inseparable del reagrupamiento por comisiones internas y asambleas de base para superar a la patronal, sus políticos del bipartidismo y los burócratas.

Mario Leguiza

En el cordón de las Sierras Chicas, en Punilla y en otros lugares de la provincia la crisis hídrica llegó a su punto más crítico. Los diques están en niveles récord de bajante. En localidades como Salsipuedes, La Granja y otros, los ríos se secaron. Los cortes y restricciones al consumo de la población llegaron al máximo posible. Si bien en los últimos años la provincia y los municipios desarrollaron algunas obras que apuntaban a mitigar los efectos de la crisis hídrica, esta sigue avanzando. ¿Por qué? Porque en los últimos seis años asistimos a una explosión de la especulación inmobiliaria.

Las lomas, los bosques nativos y campos de la provincia se transformaron en nuevos loteos, barrios privados, countries o complejos de cabañas. Como ejemplo: sólo en Mendiolaza, el cuarenta por ciento (40%) de la población vive en countries. Localidades como Río Ceballos y Unquillo abastecían de agua a sus pobladores desde el dique La Quebrada, que históricamente tuvo capacidad para aproximadamente 11 mil conexiones. Y en los últimos años se otorgó factibilidad de agua a más de 5 mil nuevos lotes. La factibilidad de agua es la clave para vender los lotes. Ningún municipio las ha negado. Actualmente, se desarrolla una lucha en la ciudad de Mendiolaza, porque el municipio pretende otorgar el permiso para la construcción del emprendimiento El Torreón, un loteo con centro comercial y cancha de golf con 18 hoyos, un total de 280 hectáreas. Sólo para la mantenimiento de la cancha se calcula que se necesitarán 700 mil metros cúbicos de agua por año, el equivalente al suministro para una población de 15 mil habitantes. Hace unos días, uno de los responsables de la situación, el empresario Bugliotti, anunció que obtendría la financiación por parte de la Nación para la construcción de un acueducto para las Sierras Chicas.

El hecho de que haya sido el especulador inmobiliario el que hizo el anuncio de la supuesta nueva obra pública, da cuenta de hacia dónde se dirige el beneficio: Bugliotti construye un megaemprendimiento en la ciudad de Salsipuedes. Los intendentes de la zona y el gobierno provincial no abren la boca al respecto. La crisis hídrica se profundiza. Sin embargo, los gobiernos siguen tirando de la cuerda en beneficio de un puñado de capitalistas. Ya el año pasados el PJ, la UCR y Juez votaron en la Legislatura la mal llamada "ley de bosques" cuyo nombre real debería ser ley de desmonte, y lo hicieron por cuenta y orden de los pulpos sojeros. El acueducto anunciado por Bugliotti tomaría agua del río Carnero, de Colonia Caroya. Esta noticia abrió una puja de intereses entre los capitales inmobiliarios y los sojeros.

El intendente de Colonia Caroya ya planteó su oposición, dado que esto privaría a los sojeros de la explotación de 4 mil hectáreas. Este hecho debe ser tenido en cuenta por las asambleas de vecinos que comenzaron a surgir por toda la región en defensa del agua y el ambiente, para levantar un programa de independencia frente a los intereses de los pulpos sojeros e inmobiliarios. Sobre la base de esta caracterización, desde la izquierda proponemos el siguiente programa de salida: -Preservación y recuperación de los bosques con las especies nativas verdaderas fábricas de agua. -Derogación de la ley de desmonte y aprobación del proyecto consensuado en la comisión de ecología de la Legislatura cordobesa. -Suspensión de factibilidad a cualquier nuevo loteo. -Poner fin al acaparamiento privado del suelo para la especulación, declarándolo de utilidad pública. -Impuesto progresivo al capital inmobiliario y sojero, destinado a solucionar integralmente la crisis hídrica. -Sistema de provisión de agua unificado, estatal y bajo control de usuarios y trabajadores.

Adrián Flores

La crisis energética que tiene nuestro país da para todo, incluso para anuncios de características electorales. La inauguración de la planta de Atucha II no es otra cosa que estrategia de campaña ya que la entrega de electricidad a los consumidores no se producirá sino en 2013 (Urgente, 28/9). Hay que recordar que la construcción de estas plantas ya lleva treinta años. Los anuncios de Cristina K no pueden disimular los casi 50.000 millones de dólares de subsidios energéticos que lleva en lo que va del año. Asimismo se anuncio la instalación de una planta nuclear en Formosa dentro del programa Carem, que impulsa la instalación de centrales de 25 MW que alcanzan para ciudades de no más de 100 mil habitantes. Es lo que denominan Carem 25, y que recién ahora se empiezan a estudiar la posibilidad de realizar algunas modificaciones en el reactor, para poder alcanzar potencias de hasta 330 MW (http://www.cnea.gov.ar).

La Presidenta quiere darle elementos de campaña a Gildo Insfrán, responsable de las represiones y asesinato de los aborígenes Qom. Estos anuncios se dieron en el marco de la denominada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Sin embargo, a raíz del desastre de Fukuyima en Japón ya se conocieron comunicados en rechazo a esta posibilidad. Así lo hizo el grupo de legisladores del Parlasur, órgano deliberativo del Mercosur, cuyos miembros "apuntaron que la construcción de una planta nuclear en la ciudad argentina de Formosa, Argentina, ante una posible catástrofe natural y su extrema sensibilidad a fallas humanas, constituirá una grave amenaza a la salud de la gente y al ecosistema circundante por los riesgos que implica una fuente energética de estas características" (http://www.ultimahora.com). Claro está que esto desarrollará una tendencia a la oposición de la instalación de la planta basada en esta posibilidad catastrofista. Precisamente porque la forma en que es utilizada la naturaleza, el modo de explotación de la misma no puede ser analizada al margen de la crisis económica mundial. Un régimen agotado termina usando los beneficios de la explotación de la naturaleza, sin importarle que ello entrañe peligros para la humanidad.

El dominio de la humanidad sobre la naturaleza sólo es posible en un régimen de nuevas bases, donde las masas decidan, en función de sus necesidades, la mejor forma de explotar la naturaleza, proteger el medio ambiente y por lo tanto a la propia humanidad. Es decir, en este caso, un plan político energético decidido por los trabajadores.

Pepe Barraza

En defensa de los sojeros y de Monsanto

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, dijo que, utilizado correctamente, el glifosato "es un producto que puede convivir perfectamente con el uso racional y la protección de la salud". Respecto de las manifestaciones en contra de este agroquímico, dijo que "surgen siempre denuncias de que hay más casos de cáncer, pero si vamos a las estadísticas eso no está". Binner pidió "desmitificar" acerca de la toxicidad del glifosato.

En diálogo con LT8, el gobernador santafesino se refirió a la resolución de la Justicia de San Jorge, que ratificó el fallo que limita las fumigaciones, que deberán hacerse a 800 metros del casco urbano -en el caso de las terrestres- y a 1.500 en el caso de las aéreas.

"Convengamos que el glifosato no es un producto nuevo, que lleva muchos años, hay una gran experiencia a nivel internacional, pero eso no quiere decir que no lo estudiemos nosotros, ni lo que no lo hagamos por las normas que plantea la ley provincial", apuntó el gobernador.

"Hay que ver claramente cuál es el beneficio y el perjuicio que provoca (el glifosato)", concluyó el gobernador (declaraciones a LT8 y La Región).

Dime quién aporta a tu campaña y te diré qué intereses defenderás.

A todos los compañeros que luchan consecuentemente en defensa del medioambiente, este 23 de octubre votemos al Frente de Izquierda. Metamos un bloque de izquierda, para que nuestro reclamo se escuche en el Congreso.

Carlos Blanco

Este miércoles 28 de septiembre, la Presidenta visitó la central Atucha 2 con el objetivo de "inaugurarla", según se ha cansado de repetir el ministro De Vido. Esto supondría el fin de una obra que ya lleva casi dos años de atraso y un gasto que, en la estimación más benevolente, triplicó las estimaciones iníciales (700 vs. 2.200 millones de dólares), del cual se forraron los bolsillos empresas amigas (Electroingeniería) y supuestamente no tan amigas (Techint) ¿Tenemos una tercera central nuclear operativa entonces? Ni cerca.

Una mentira grande y una chica

Que Atucha 2 sea inaugurada para su uso comercial es una farsa gigante. Es que basta con ver la obra para darse cuenta de que le falta mucho. Si bien la obra civil y el tendido de caños están avanzados, falta mucho en tendido de cables y colocación de instrumentación. Ni hablar de la obligatoria etapa de pruebas y puesta en marcha.

Un poco menos obscena es la mentira difundida por Nucleoeléctrica Argentina SA (la empresa estatal a cargo de la obra), según la cual lo que estuvo inaugurando la Presidenta fue la etapa de puesta en marcha -es decir la etapa en la cual se llevan adelante pruebas sobre los distintos sistemas de la planta para garantizar el correcto funcionamiento y se comienza a "encender" la planta de cara a la producción. Pero esto es también falso.

Es que debido al retraso del montaje, la empresa ha comenzado algunas pruebas en sistemas y componentes aislados, con instalaciones provisorias, muchas veces precarias, para poder ir adelantando parte de las pruebas. Pero esto dista de ser una "puesta en marcha", que como etapa debería contar con un grado de avance del montaje tal que permita probar los sistemas y grandes componentes con sus instalaciones definitivas. Incluso este esquema de trabajo, donde se montan sistemas a la par de que se los prueba, ya ha dado como resultado de un par de accidentes.

¿Por qué tanto circo?

El circo que se montó fue fantástico, el camino que recorrió la comitiva oficial está pintado y prolijo como para arrancar, pero basta con abrir una puerta equivocada para dar con la realidad de una planta en obra. Es que el gobierno nacional y la empresa quieren mostrar avances en una obra que se atrasa y consume cada vez más presupuesto.

Poner un hito de fin de obra y principio de puesta en marcha también le serviría al gobierno (y a Nucleoeléctrica) para dejar de pagar los "plus por obra", los que representan una parte importante del salario de varios compañeros. Como se ve, no es sólo una cuestión de marketing.

Todo esto cobra una perspectiva preocupante dado que se trata de una planta nuclear, con un diseño del '70 (que es necesario actualizar, por lo menos). Parece claro que en pos de una "patria contratista", donde empresas nacionales e internacionales hagan ganancias, no se ha reparado en hacer chanchadas -incluso tratándose de una planta nuclear.

Corresponsal

Vía libre a los agrotóxicos en Santa Fe

Un proyecto de ley con media sanción de Diputados en la provincia de Santa Fe contra el uso criminal de los agrotóxicos fue dejado caer deliberadamente en una acción concertada por el Frente Amplio Progresista (FAP) y el justicialismo.

El proyecto modifica 15 artículos de la vieja ley de fitosanitarios (1995) para establecer, en el caso del glifosato -el agrotóxico que preserva la soja transgénica-, la prohibición de aplicación aérea dentro de los mil metros del límite de la planta urbana y terrestre -lo que incluye escuelas rurales, áreas naturales, complejos recreativos y caseríos.

Es una modificación que, de todos modos, roza lo inocuo, si se considera "el escaso número de inspectores, la falta de voluntad política y la desidia que en general ha caracterizado la dirección provincial de Sanidad Vegetal, organismo de control de la aplicación de la ley, han generado una situación de anomia, donde la cada vez mayor cantidad de denuncias no son atendidas" (reclamo de las organizaciones ambientales al gobernador Binner, 6/4/09). Sus límites explican que haya sido aprobado en Diputados (con la abstención del justicialismo -que atacó el proyecto por izquierda: "Busca maquillar el problema que ocasionan los agroquímicos ante las denuncias", El Litoral, 2/7/10).

Luego de la crisis, el PS volvió a presentar el proyecto en el Senado -la cámara más adversa- ratificando que el órgano de aplicación será el Ministerio de Producción, iniciando de nuevo la bicicleta parlamentaria.

Los "chacareros"

Aún así, el proyecto de ley produjo una rebelión patronal. El vicepresidente primero de la Federación Agraria, Omar Barchetta, denunció en una jornada de debate que "la modificación de la ley no es razonable" y que no considera la situación de "los pequeños y medianos productores más débiles". Con el apoyo de las cámaras patronales de Aplicadores Aéreos y Terrestres, Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, de Semilleros Multiplicadores e incluso de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, llamó a formar una "comisión de seguimiento" y que el control de los fitosanitarios corresponda a "todos los involucrados en el manejo" (Rosario/12, 23/7/10). Omar Barchetta es parte de la lista de diputados nacionales del Frente "Progresista". Para las organizaciones rurales que acompañaron la iniciativa de la FAA, los nuevos límites de fumigación dejarían más de 100 mil hectáreas improductivas en la provincia.

¿Cuántas?

Llevado por las denuncias sistemáticas sobre las consecuencias del uso del glifosato y otros agrotóxicos sobre la población, el juez Tristán Martínez dispuso en su área de dominio -San Jorge-, después de varias movilizaciones, la prohibición de fumigaciones aéreas y terrestres a 800 y 1.500 metros, respectivamente. Varias organizaciones ambientalistas reclamaron desde ese momento que, al margen del proceso parlamentario, el gobernador disponga por decreto y en forma provisoria, la aplicación de ese fallo en toda la provincia. El gobernador "socialista" se llamó a silencio.

"Mientras los casos de malformaciones, abortos espontáneos, leucemias y otras enfermedades terminales se multiplican y el Estado observa sólo cómo se engrosan las arcas públicas con el Fondo Sojero, sin realizar los correspondientes estudios epidemiológicos" (Declaración del Centro de Protección a la Naturaleza, El Litoral, 26/8/10). El gobernador "socialista", que ha hecho de la salud "universal" (no gratuita) una de sus banderas, tampoco ha dispuesto el control médico de la población sometida a las fumigaciones.

¿Cuántas son las víctimas? Incontables, como surge de un estudio de la Universidad de Córdoba, según el cual un 30% de los trabajadores rurales tiene una exposición alta y un 60% no tiene los elementos de protección más elementales (Ambito, 4/7). En todo caso, el gobierno "socialista" tiene un consuelo. El glifosato tiene autorización del Senasa -que depende del gobierno nacional- y lo considera el más inocuo de los agroquímicos.

Christian Rath

A más de un mes del estallido provincial que dejara en el medio cuatro muertes, la crisis de vivienda está lejos de resolverse.

El plan "un lote para el que lo necesite" ya lleva 60 mil inscriptos en la provincia. Más de 10 mil familias siguen tomando terrenos, a pesar de que en algunas tomas no se relevó a todos. En Perico, con 2.500 familias ocupando tierras, ya hay 10 mil inscriptas en los censos. Se han desatado enfrentamientos a tiros entre los arrendatarios y las familias ocupantes, por ganar un pedazo más de tierra. Para los planes de viviendas hay 18 mil inscriptos. Pero las 1.600 viviendas construidas fueron ocupadas en su totalidad y en lista de espera de inscripción hay otros 15 mil. El Instituto de Vivienda provincial sólo ofrece la construcción de 1.800 casas, a sortearse entre un total de casi 30 mil familias.

El plan de lotes fue aprobado por decreto del gobernador Barrionuevo, ofreciendo tierras fiscales en el Pongo y Chalcán ante el fracaso legislativo de un proyecto que dispusiera nuevas expropiaciones de tierras. Pero este fracaso no puede remediarse con el plan "un lote para cada familia" del PJ-Fellner. Se trata de un plan improvisado, que no detalla cuáles serían las tierras fiscales para el loteo en poder del Estado, ni el presupuesto que incluiría preparar las condiciones para ese loteo, como los servicios de luz, agua, cloaca, apertura de calles. Ni hablar de viviendas populares a construir posteriormente.

Los más recientes asentamientos -que cunden la provincia con las nuevas tomas- se sostienen con la autodeterminación y sacrificio de las miles de familias que soportan los ataques mafiosos de punteros del PJ por las noches, la amenaza gubernamental de ser excluidos del loteo como castigo por las ocupaciones y el hacinamiento. Tanto Barrionuevo-Fellner como Milagro Sala vienen fracasando en el intento de desalojar a los sin techo. Ahora ofrecen otro señuelo a las familias: la conformación de cooperativas para obras elementales y su traslado a otras tierras, muy lejos de los centros urbanos. Pero las maniobras del PJ y la UCR chocan con los más de 3 mil ocupantes de San Salvador, que en una decena de tomas férreamente organizadas, con delegados independientes en algunos casos, han deschavado las maniobras oficiales. Están en el orden del día la coordinación y la unidad de todas las tomas de tierras y viviendas con los métodos democráticos asamblearios, para imponerle al gobierno un plan de salida verdadero que contemple las necesidades de todos los asentados e inscriptos: a) censo integral de todos las familias sin techo, b) expropiación de las tierras necesarias, junto a los centros urbanos, d) investigación de todas las cesiones de tierras a los monopolios agroindustriales, d) plan de vivienda popular controlado por representantes de los trabajadores y los sin techo, en base a un impuesto extraordinario al gran capital radicado en la provincia.

Gabriela Arroyo

El GRR deja sin explicar por qué se destruye la "cultura agraria y campesina" y, de esta manera, induce la confusión entre causas y consecuencias, promoviendo una táctica que, lejos de superar la realidad actual del capitalismo en crisis, la conserva. La "cultura agraria y campesina" está desapareciendo porque las condiciones materiales que daban sustento a esa forma de vida han sido revolucionadas por el avance capitalista. La expropiación del trabajador directo y su sustitución por el obrero colectivo moderno al mando del capital es una ley inexorable del desarrollo capitalista. Hay que reconocer -como señalara Trotsky- que el proceso de proletarización en el capitalismo tardío adquiere más formas a las pensadas por los autores del manifiesto. El desarrollo de la industria y la desocupación crónica provocan el paso de la pequeñoburguesía agraria y rural no ya sólo a la condición de proletarios inmediatamente explotados por el capital, sino a la de población obrera aparentemente sobrante, fenómeno que se expande conforme la crisis mundial progresa, lo que es ocultado por la estadística burguesa.

Decimos aparentemente porque, en realidad, las grandes masas obreras que hoy sobran no lo hacen en "abstracto", sino que sobran para el régimen organizado por el capital y son una expresión del desarrollo de la crisis en nuestras filas. Estas no sobrarían al interior de un régimen comandado por los trabajadores, en donde el pleno empleo de la capacidad humana de trabajo sea aplicado para el progreso de la colectividad y no para la acumulación de ganancias privadas, cada vez más difíciles de obtener. Visto desde nuestros intereses históricos, lo único que sobra es el capital.

Las luchas recientes del movimiento de desocupados le han arrancado a la burguesía numerosos planes sociales que actúan paliando la necesidad más vital: comida, vestimenta, techo. En vez de promover la lucha por la transformación de estos planes en seguros de desempleo equivalentes a la canasta familiar, en vez de apuntalar la lucha de los sin techos por la vivienda obrera digna, en vez de señalar decididamente al régimen responsable de la barbarie que vemos a diario, el GRR propone que las masas expropiadas vuelvan al campo para que vivan en "quizás ¼ de hectárea o acaso más" en donde tener unos animales, un horno de barro "y ser libres en nuestras decisiones"; pero, por sobre todo, que ¡no necesiten planes sociales! En fin, el GRR propone que las masas se autoexploten en una diminuta parcela de tierra como forma de enfrentar la crisis del capital. Extraña forma de buscar la libertad... Para los revolucionarios, la libertad sólo existe en la acción política guiada por la necesidad histórica. En nuestro caso, la necesidad de superar el régimen caduco del capital, transformando la crisis histórica que sacude hoy el mundo en una crisis revolucionaria que lleve al poder a la única clase capaz de acabar con la barbarie: el proletariado.

Miguel Ramírez

Los jóvenes cosecheros salen a la lucha

Los jóvenes trabajadores del Ingenio La Esperanza se han puesto en pie de lucha después de tantos tire y afloje con la patronal y el gobierno. Su condición en la producción azucarera es precaria, ya que los métodos de trabajo son de antaño y con total desprotección de los trabajadores. Bajo el engaño de la mano de obra contratada año a año en tiempos de zafra, el Ingenio La Esperanza, arrendado por Roggio, explota a cientos de jóvenes tercerizados, en la mayoría de los casos por un contratista. El acuerdo se da a través del surco patrón y una determinada cantidad de toneladas de caña cortadas, de la cual a los cosecheros se le pagaun porcentaje; en este caso, a los jóvenes se les está paga cinco días de los 30, por un monto de 800 pesos, a sabiendas de las ganancias que da el azúcar en este período, sumado a la producción de alcohol de caña en cantidad. Los jóvenes cosecheros decidieron poner fin a esta situación, y en los primeros días del inicio de zafra solicitaron al sindicato soluciones concretas.

El sindicato, lejos de protegerlos, sostiene el lucro de Roggio y la ventaja de los capataces a cargo de los obreros cuarta. Cuando se trata de resolver los conflictos, el gobierno suele mandar al diputado Rivarola, audaz y maniobrero, que busca junto a la burocracia sindical ahogar las luchas, lo que no ha funcionado en esta ocasión. La joven camada de cosecheros. El pasado jueves cortaron la ruta 34, a siete días de los violentos desalojos en Libertador. Su lucha no fue cubierta por los medios locales, que estaban ocupados graficando las tomas de casas y tierras de los punteros de la red de organizaciones nucleadas en la Tupac; la única cobertura la posibilitó una delegación del PO pasado el mediodía.

El modelo productivo K se manifiesta en la Jujuy de la agroindustria negrera y el acaparamiento latifundista.

Si Roggio dice que no tiene puestos de trabajo para los trabajadores, entonces que reduzca la jornada laboral a 6 horas, para ingresar a planta a todos los cuartas. Roggio debe presentar un plan de industrialización que integre toda la mano de obra, ya que la tecnificación (para mayor rentabilidad) que desplaza a los trabajadores violenta el acuerdo comprometido por la empresa, "de mantener la planta de personal y mejorar su condición laboral, con la extensión de cultivo y reindustrialización". Son momentos de fuertes ganancias y desarrollo productivo, subsidiado por el Estado, del negocio millonario del alcohol de caña para biodiesel, por este motivo, la patronal refuerza la participación de los trabajadores en su producción.

Por lo tanto, la exigencia de los jóvenes cuarta es más que genuina: pase a planta permanente, aumento de salario igual al costo de la canasta familiar, fin del régimen de trabajo tercerizado y en negro.

Mario Leguiza

Hace algunas semanas, la provincia de Río Negro llegó a las páginas del renombrado Financial Times, con la noticia de un convenio firmado por una empresa agroindustrial china con el gobierno de Saiz, para impulsar un proyecto que tiene por objetivo desarrollar sistemas de irrigación que permitan utilizar para la producción de soja tierras actualmente improductivas. Se trata, en realidad, de un acuerdo firmado en octubre del año pasado entre el gobernador y el grupo Beidahuang, la principal empresa alimenticia china, y que contaría con un préstamo inicial del BID por 300 mil dólares para financiar estudios del impacto ambiental y social del proyecto. El acuerdo se inscribe en un cuadro de alza de los precios mundiales de los alimentos y cuando se observa un persistente aumento en las importaciones chinas de maíz y porotos de soja para abastecer el consumo de la población: según el propio Financial Times, "China invirtió fuertemente en tres acuerdos energéticos el año pasado que han convertido a la Argentina en uno de sus más importantes puntos de apoyo en Latinoamérica, donde busca asegurarse energía, minerales y ahora alimentos para su economía en expansión" (30/6). Argentina vende actualmente a China el 90% de sus exportaciones de soja: uno de los impulsores del proyecto dijo que las provincias de Tucumán y Buenos Aires están dispuestas a establecer convenios similares con Beidahuang.

El proyecto ya ha sido objeto de denuncias de distintas organizaciones ambientales de la provincia, que ponen de relieve que el escueto texto de los convenios firmados no impone a los inversores obligaciones ni pautas del uso del suelo, el agua, la energía y los recursos de la provincia. Según el diario Río Negro (23/7) "la anunciada inversión implicaría ceder en forma concentrada el control de la producción y la exportación a una empresa, por un término estimado de cien años, en una superficie que rondaría las 300.000 hectáreas de valles irrigables, lo que equivale a seis veces el Alto Valle del Río Negro". En diciembre de 2010, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue señaló que de los convenios firmados por Saiz surgen "incertidumbres sobre el futuro uso de los recursos naturales y el modelo de desarrollo agropecuario para la provincia de Río Negro y las consecuencias que pueden tener sobre los aspectos socio-económicos y ambientales". Está en curso un recurso de amparo presentado ante la Justicia provincial para que el Poder Ejecutivo se abstenga de cualquier avance en la implementación de los convenios.

En efecto, los convenios "ofrecen tierras disponibles sin explotación", "ponen a disposición toda la información para relevar la inversión necesaria", todos los anteproyectos ya existentes y "todos los técnicos de la autoridad de aguas"; además de prometer "la mejor política de inversión, brindando garantías mediante la creación de leyes". El gobierno se compromete también a "brindar sin cargo alguno tres mil hectáreas de tierra para la realización de un campo experimental de cultivos de alto rendimiento" y facilitar "sin cargo alguno parte de la zona portuaria del puerto de San Antonio Este"; el convenio establece que "la concesión para el uso será por 50 años y se renovará automáticamente una vez cumplido el plazo" (Río Negro, 23/7).

La implementación de los convenios firmados, en cualquier caso, parece estar sujeta a las vicisitudes de la crisis mundial. Los convenios se firmaron en octubre de 2010, pero no hay decreto ni proyecto de ley que amplíe el alcance. El expediente administrativo sobre el tema sólo tiene veinte páginas, de las cuales buena parte son la traducción del convenio del chino mandarín. "El 28 de diciembre de 2010, [el ministro] Accatino relativizaba bastante el alcance de los convenios, a los que dio carácter 'preliminar', indicando que 'enmarcan la voluntad de evaluar la factibilidad de poner en producción intensiva valles de climas templados de los ríos Negro y Colorado'". Según el diario Río Negro, "esa notoria indefinición de un asunto que promete ser tan importante, pero del cual tan poco se conoce, unido a un antecedente próximo, lleva a temer que la supuesta voluntad de Saiz de fomentar esta inversión no sea más que un gran bluff" (ídem).

Martín López

En estas nuevas elecciones vienen por la revancha: impulsar el Proyecto San Jorge y la explotación de la megaminería contaminante.

No al Proyecto San Jorge

Para funcionar, el Proyecto San Jorge necesita hacer estallar entre 8 a 18 toneladas de explosivos por día, además de consumir un promedio de 141 litros de agua por segundo, 80.000 litros de combustible, 532 kilogramos de isobutil xantato de sodio (un material prohibido por la ley 7722) y un gasto energético de 208.851.225 kwh/a.

Esto significa una depredación ambiental fenomenal, que implicaría, entre otras cosas, hacer volar el cerro San Jorge, secar el arroyo Del Tigre y contaminar el aire por la emisión de material particulado y gases de combustión (por explosiones y proceso de extracción, molienda y transporte de minerales). La empresa canadiense Coro Mining sólo pagaría el 3% del valor de mina del mineral, aproximadamente 3 millones de pesos anuales; las empresas tienen la posibilidad de deducir el 100% del monto invertido.

Los empresarios y políticos pro-mineros prometen la creación de alrededor de tres mil puestos de trabajo en torno de la mina y un supuesto plan de desarrollo agrícola.

Reivindicaciones

• Reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias en trabajos insalubres.

• Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar -5.000 pesos.

• Jubilación del 82% móvil.

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, tercerizados o contratados, bajo el mejor convenio firmado por rama, según su actividad.

• Un plan de viviendas elaborado y controlado por un congreso de delegados electos de trabajadores de la construcción y afines, y asambleas populares de inquilinos y hacinados. Para que tengan viviendas todos los que la necesitan sin depender de los Schoklender o las cooperativas truchas de los punteros del Estado.

• Derogación de la ley impositiva de tasa cero para los grandes capitalistas de la provincia. Impuesto progresivo a las grandes fortunas.

• Triplicación del presupuesto de salud y educación.

• Estatización bajo control obrero de la explotación petrolera de la provincia, hoy está en manos de los Vila-Manzano y otros amigos del gobierno.

Corresponsal

La situación en la zona es calamitosa: ciudades destruidas como si hubieran sido bombardeadas, edificios reducidos a cimientos, barcos en los tejados, coches desplazados, pueblos costeros arrasados. 30.000 es la suma de muertos y desaparecidos; 90.000 personas fueron evacuadas por tiempo indeterminado. A principios de julio, asociaciones de residentes del área adyacente pidieron evacuar a todos los niños de la zona, tras denunciar la existencia de niveles de radioactividad hasta cuatro veces sobre el límite permitido. Según el grupo, esos niveles superan a los que indujeron a las autoridades rusas a evacuar a la población tras el desastre de Chernobyl en 1986.

Según Wolfang Weiss, jefe del comité científico de Naciones Unidas que dirige el estudio sobre el impacto del estallido de la central nuclear, "la liberación de radioactividad en Chernobyl se había acabado prácticamente a los diez días; en Fukushima llevamos cuatro meses y estaremos felices si se acaba al final del año, porque puede durar más. Puede ser peor que Chernobyl, todavía no lo sabemos. Chernobyl era un reactor. Aquí tenemos cuatro y un almacén de residuos, el inventario de lo que hay es mucho peor...los reactores son muy inestables; nadie puede saber si habrá otra liberación grave de partículas mañana".

El propio Kan, abriendo un paraguas que ya está agujereado, acaba de declarar el último fin de semana (8/7) que reparar las consecuencias del estallido de Fukushima puede extenderse por... décadas. El problema es que los efectos de someter a amplios grupos de personas durante mucho tiempo a dosis inclusive bajas de radiación son desconocidos. No hay precedentes para evaluar las consecuencias de una acumulación crónica de yodo radioactivo en las tiroides y de cesio en los huesos. La petición de emergencia para evacuar a los niños de Fukushima incluyó la denuncia de que las autoridades se han centrado en medir la radioactividad en el medio ambiente y no en el interior de las personas, donde ha podido llegar por la inhalación e ingestión de isótopos en polvo, comidas o bebidas.

Al gobierno ya no le cree nadie porque ha mentido sistemáticamente sobre el alcance del desastre. Recién en junio un informe oficial admitió que en las primeras horas se fundieron los núcleos de tres de los cuatro reactores y que posiblemente se rompieron las vasijas en los que el combustible está confinado. Esto implica que el combustible está en forma de magma fundido fuera de la vasija, una situación más grave que la peor prevista por los expertos el día de las explosiones de hidrógeno en la central.

Días atrás el municipio de Genkai, en el suroeste de Japón, rechazó los planteos de la administración central y decidió postergar la reactivación de su propia planta nuclear, la primera en ponerse en marcha luego del parate en masa que siguió al tsunami. Con esto ha quedado en veremos la reactivación de los otros 34 reactores detenidos en Japón (60% del total). El diario Yomiuri, el de mayor tirada en el país, alertó en un editorial: "si no hace nada, los 54 reactores nucleares del país serán cerrados en menos de un año por inspecciones (obligatorias por ley) u otras razones y el 30 por ciento del suministro energético se perderá". Los apagones pueden transformarse de excepción en regla y el parate económico extenderse por falta de suministro. Las grande compañías japonesas anunciaron que 2011 será un año negro en sus cuentas (El País, 12/6). El "modelo" japonés se ha transformado en el paradigma de la catástrofe capitalista mundial.

Pablo Rieznik

En la cuidad, la economía depende solamente del turismo que históricamente ha beneficiado a los pulpos hoteleros y transportistas, donde los trabajadores temporarios pasan seis meses al año sobreexplotados, trabajando de lunes a lunes a destajo por un salario que no les permitirá pasar los meses de "baja" durante los cuales estarán desocupados.

Frente al desastre natural, el Estado municipal, coherente con su carácter capitalista, ha salido a rescatar a empresarios de toda índole, pero nada está garantizando que la gran población desocupada trabaje esta temporada, sin contar la gran cantidad de cuentapropistas, artesanos, costureras y tejedoras que trabajan miles de horas sin ningún tipo de cobertura social, un ejemplo sureño de la explotación laboral.

Los empresarios locales lograron que se los exima de impuestos, se les otorgue Repro y se le habiliten líneas de préstamo a bajísimo interés; pero nada les impide el recorte de horas de trabajo o las suspensiones a los trabajadores.

El plan de "recuperación social" del Saiz y Cascon consiste en precarizar aún más las condiciones de vida de las barriadas barilochenses, nada se habla de puestos genuinos de trabajo, la provincia se endeudará con 50 millones de pesos del BID, los cuales serán utilizados en planes de 400 pesos, cuando la canasta familiar en Bariloche supera ¡los 6.500 pesos!, chapas y leña, los cuales, en el marco de las campañas políticas se terminan siendo entregadas, según criterio y conveniencia de punteros oficialistas.

El rol de las burocracias sindicales está siendo miserable, no se movilizaron ni una sola vez en defensa de los puestos de trabajo caídos, como tampoco contra las suspensiones y despidos que están ocurriendo, sino todo lo contrario, UTHGRA, AEC, UTA y Soyem firmaron la paz social con los empresarios y el gobierno. En este caso, tanto CGT y CTA se dan la mano al gobierno radical orgánico para estafar a los trabajadores.

Ni los gobiernos patronales ni sus burocracias sindicales tienen nada que ofrecer a los trabajadores ya que continúan subsidiando la pobreza a modo de contención social sin resolver verdaderamente los problemas de los laburantes, así que mientras paleamos ceniza saquemos nuestras conclusiones...

Juli (PO-Bariloche

Crónica de un vaciamiento anunciado

Cuando en septiembre del año pasado CFK promulgó la Ley de Glaciares denunciamos que se trataba de una estafa a los reclamos ambientalistas, porque el gobierno, agente de los pulpos mineros, tenía a su cargo su implementación. Como complemento, la justicia es funcional a esta desnaturalización de la ley.

Justicia

Apenas promulgada, los gobernadores kirchneristas promineros -como Gioja en San Juan- se apresuraron a reclamar la inconstitucionalidad de la ley. También lo reclamaron la Barrick y la burocracia de la Aoma. El juez federal de esa provincia rápidamente dictó una medida cautelar que suspende la vigencia de la ley en esa provincia. Barrick no explota solamente el yacimiento de Veladero, en las altas cumbres sanjuaninas, en medio de las zonas de glaciares, sino que está construyendo el megayacimiento binacional de Pascua Lama en la frontera con Chile, que supuestamente debiera proteger la ley. La construcción avanza a todo trapo y la Barrick (como en su momento Botnia en Gualeguaychú) se maneja con la política de los hechos consumados.

Inventario y reglamentación

El artículo 15 de la ley establecía que el gobierno debía implementar en 180 días un inventario de los glaciares y zonas periglaciares a preservar. Por las condiciones climáticas, la época más propicia es la primavera y el verano. Pero el gobierno nacional los dejó pasar y recién reglamentó la ley en marzo de este año. Así la pateó un año. Pero además, dejó sin reglamentar el artículo 15. Adicionalmente, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, detalló que "los primeros datos sobre los glaciares y zonas periglaciares los tendremos en un año y en cinco años completaremos la información" (Télam, 2/3). El jefe de Gabinete completó: "en un año tendremos algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares" (Página/12, 2/3).

El inventario, según la ley, debía realizarlo el Ianiglia (Instituto de Nivología, dependiente del Conicet). Pero tres meses después de "reglamentada" la ley, Aníbal Fernández y Mussi "le entregan 3.400.000 pesos presupuestados para el primer año de ejecución del Inventario del Glaciares, a la Fundación Innova-T" (Secretaría de Medio ambiente, 10/6). Esta fundación, si bien fue promovida por el Conicet (en 1993), hoy es una ONG independiente que ha sido denunciada por haber trabajado para la Barrick. Además, con esos fondos no le alcanza ni para empezar.

Corte Suprema

Paralelamente, el 7 del mes pasado, la Corte Suprema decidió aceptar la "competencia originaria" en las demandas que la provincia de San Juan, Barrick y Aoma había entablado por la inconstitucionalidad de la ley. Coincidentemente, esta intervención fue elogiada tanto desde ciertas posturas ambientalistas como desde los agentes de los pulpos mineros.

En un artículo de opinión en Clarín (23/6), los referentes ambientalistas Svampa y Viale consideran que el hecho de que "la Corte tome cartas en el asunto es una buena noticia". Por su parte, Daniel Tomas, diputado sanjuanino del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara declaró: "Es buena noticia que la Corte se ocupe del diferendo de la ley de glaciares" (Diario de Cuyo, 12/6). Más contundente fue el título de El diario de Cuyo, del 9 de junio, que apuntó en otra dirección: "El gobierno de Gioja está 'satisfecho'".

Gioja sabe de lo que habla, los otros, no: es que la Corte no le otorgó a su intervención efecto suspensivo, es decir que mientras "estudia" el caso, las medidas cautelares del juzgado sanjuanino continúan vigentes. Además, reconoció como "querellantes" a la provincia y a la Barrick, pero no a las organizaciones ambientalistas.

Como es sabido que la Corte maneja sus tiempos; no quiere interferir en la campaña electoral -y tampoco querrá crear un 'conflicto de poderes' después del 10 de diciembre, cuando asumirá un gobierno que seguirá protegiendo los negocios mineros (sea oficialista u opositor).

Volvemos al lugar común: "hecha la ley, hecha la trampa".

Miguel Gómez

"Las elecciones y el medio ambiente"

Qué hace la Fuba en cuanto a la problemática ambiental

Marcelo Ramal, Candidato a legislador del Frente de Izquierda, docente FCEUDA y Unqui

Edgardo Decaminada, Docente del Area de Producción FCV

Rodolfo Golluscio, Decano de la Facultad de Agronomía - UBA

Modera: Laura Casal, dirigente de la Fuba y consejera superior de la UBA por la mayoría estudiantil

Viernes 24, 15:30 hs - Aula 10 CUR - Paternal

Isabel, vocera de la Asamblea Autoconvocados por la Vida

-Esta es una marcha más de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados de Rigolleau, que hace seis años venimos pidiendo el traslado de la subestación a una zona no poblada, por los efectos contaminantes del electromagnetismo. Esta lucha ha sido pacífica y las respuestas de las autoridades nacionales, como provinciales y municipales -más allá de no querer atendernos- ha sido la represión. Fuimos reprimidos en 2005 y mayo de 2006, volvimos a ser reprimidos el mayo de 2011 con varios heridos. Además, hemos sido filmados, somos perseguidos a nuestras casas y fotografiados por los servicios de seguridad, por el municipio y por el propio Edesur, en un acto de total falta de respeto a la Constitución Nacional. Hemos sido sitiados por efectivos de la fuerza de seguridad de la provincia, la policía de Berazategui y también han estado presentes la Infantería y la Gendarmería, colaborando con este procedimiento policial para que una multinacional como Edesur ponga la subestación contaminante en el corazón de la ciudad, la cual está rodeada por 25 colegios y en una zona totalmente urbanizada. Entonces, lo que pedimos es que se traslade la subestación fuera del casco urbano y que saquen la policía de Berazategui. Basta de represión, de persecución, que se desprocese a la vecina detenida y que, de alguna manera, las autoridades se hagan responsables de este conflicto.

-¿Se pronunció el Concejo de Berazategui?

-A favor de la subestación, como se han pronunciado la UIB, comercios, empresarios y, lamentablemente, se han sumado algunos colegios y sociedades de fomentos que han respondido a la presión política del municipio, porque reciben subsidios de ellos.

-El gobierno nacional y provincial, ¿se pronuncian ante el conflicto?

-Sí, a favor de la subestación. Primero, porque es una obra nacional aprobada por el Enre; segundo, porque el impacto de política ambiental se ha dado apto, cuando allí la obra no tiene ningún tipo de control, pasa justo sobre un gasoducto principal de la calle 21; y, además, el municipio de Juan José Mussi, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue el que aprobó esta obra y no nos ha querido atender, al igual que Juan Patricio Mussi (h), ni tampoco el gobierno de la provincia. Hoy, estamos peticionando al gobierno nacional.

-¿Cómo sigue esta lucha?

-En estos momentos, Edesur sigue trabajando en el barrio con toda la intención de poner en marcha la subestación; por supuesto, con el resguardo de las fuerzas de seguridad que trabajan para la empresa. Ellos mismos han reconocido ser pagos por Edesur.
El martes 17 de mayo, nuevamente estaremos en asamblea y allí decidiremos entre todos los pasos a seguir.

Corresponsal

Durante este mes hemos asistido a una ola de grandes manifestaciones ecologistas y de comunidades afectadas. Esto ocurre en Europa, en particular respecto de la energía nuclear y también, por supuesto, en Japón.

En este ultimo país, hubo grandes marchas que acaban de lograr el cierre de la central nuclear de Hamaoka, que se enorgullecía de estar en la peor zona sísmica del mundo, sobre la confluencia de tres placas tectónicas. Pero Fukushima -ya cerrada definitivamente, pero todavía emitiendo radiactividad- lo cambió todo y el primer ministro, Naoto Kan, pidió a la eléctrica Chubu que pare los tres reactores de Hamaoka.

La decisión es un duro golpe para la industria atómica, pues Tokio había hecho de la promoción de la energía nuclear una de sus apuestas para relanzar la economía. Ahora será muy complicado para empresas como Hitachi o Toshiba vender sus reactores. Pero esto no solamente afecta al parque eléctrico, sino también a toda la industria automotriz y electrónica mundial. Japón tiene un tercio de los reactores nucleares fuera de servicio, con la consecuencia de restricciones severas de suministro urbano e industrial.

Chile y Uruguay

El sábado 21, en Chile, 60.000 personas se pronunciaron contra un plan de mega-represas en la región patagónica. La semana anterior hubo 50.000 personas en la calle que se oponían también a la construcción de Hidroaysén.

El 12 de mayo, la marcha y el acto mismo estuvieron fuertemente escoltados por carabineros de Fuerzas Especiales, incontables carros lanzaaguas y lanzagases lacrimógenos que, antes de que terminaran los discursos y comenzara la presentación de los artistas invitados, se entregaron a la represión contra los jóvenes manifestantes, oficialmente hubo al menos treinta estudiantes detenidos.

"A pesar de esta acción represiva, miles lograron el objetivo de llegar frente a La Moneda, donde luego de un rato fueron nuevamente dispersadas por la brutalidad policial, con un helicóptero como medida de amedrentamiento por sobre la zona, iluminando desde el aire. Tal como el '73". Así lo expresa el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que pide la renuncia del ministro Rodrigo Hinzpeter.

En Valparaíso, y en otras ciudades y regiones del país se efectuaron actos similares a los de Santiago.

En Uruguay, el gobierno del Frente Amplio no sólo convalida Botnia-UPM y quiere avanzar con Ence en Colonia, sino que ahora está promoviendo la minería a cielo abierto. El megaproyecto Aratiri va a explotar un mineral que ya ha desvastado el Congo, el coltán.

El 13 de mayo se realizó una importante marcha convocada por una coordinación que incluyó productores ganaderos afectados por la minera Aratiri, de los departamentos de Treinta y Tres, Florida, Durazno y Lavalleja, de vecinos y visitantes de las costas de Rocha, incluyendo Punta del Diablo, La Esmeralda, Cabo Polonio, La Paloma, diversas organizaciones del movimiento ambiental, sindicalistas, organizaciones de la enseñanza y estudiantes, movimientos por la tierra y la conservación de los recursos naturales. La marcha, que incluyó cien jinetes a caballo y unas 2.500 personas, recorrió la Avenida General Flores, finalizando con un acto enfrente al Palacio Legislativo.

Entre las consignas figuraba: No queremos un puerto de aguas profundas en La Esmeralda.

Cabe esperar que estas manifestaciones tengan una expresión política vinculada con los intereses de los trabajadores en su conjunto. Dado que estos emprendimientos afectan el suelo, el agua, a los productores agropecuarios y a un gran sector de trabajadores agroindustriales que quedan sin trabajo por el desarrollo de estos emprendimientos. Además queda comprometida la soberanía alimentaria.

Alicia Rodríguez

El Sí que el último domingo obtuvo el referendo diseñado por Gioja, para otorgarse un tercer período de gobierno consecutivo, fue elevado a la categoría de abrumador, esto antes de que se supiera que había ido a votar el 62% del padrón -la menor concurrencia a las urnas desde los cacerolazos de 2001-2002. En este escenario, el Sí (66% de los sufragios) solo alcanzó el apoyo del 40% del electorado.

La re-reelección de la Barrick

La enmienda que habilita a Gioja a presentarse para un tercer período de gobierno, nace aupada por los grupos mineros. La explotación minera en San Juan está provocando una enorme depredación ambiental y laboral. En momentos en que la onza registra valores internacionales históricos, el negocio se ha convertido en un enorme ducto por donde se drenan las riquezas de la nación. Recordemos que desde las épocas de Kirchner-Lavagna existe un paquete de leyes que habilita a las empresas mineras a liquidar el 80% de las ganancias fuera del país. Recientemente, el propio Gioja impulsó una ley en la legislatura sanjuanina, que impide al Tribunal de Cuentas objetar el cálculo de regalías efectuado por las propias compañías sin ningún tipo de control por parte del Estado.

En este cuadro, los grupos mineros necesitaron de esta enmienda constitucional para asegurarse la continuidad del plantel gerencial de sus negocios que encabeza el propio Gioja. Pese a las enormes ganancias generadas por la actividad minera, San Juan no ha dejado de ser una provincia sumida en la miseria, donde la precarización laboral supera ampliamente la media del país.

El cambalache del No

La oposición a la re-reelección mostró un variopinto político que iba desde viudas del giojismo -el propio senador Cesar Gioja, hermano del gobernador, hizo campaña por el No-, pasando por el progresismo, el duhaldismo, la izquierda y la CTA. Un sector de los oposicionistas fue a disputarle a Gioja el rol de lobbistas de las empresas mineras; es el caso del senador-hermano del gobernador. Este Gioja se acordó tarde de que la Barrick no tributaba lo necesario, ya que él mismo fue durante los últimos años presidente de la Comisión de Minería del Senado de la Nación. La opción del "no" no despertó un interés entre las masas, que nunca fueron convocadas con un programa propio; la ausencia de un programa que levantase las reivindicaciones de las masas oprimidas de San Juan, le restó sustancia.

La endeblez del triunfo del Sí fue advertida por el oficialismo nacional y sorprendió a todos aquellos que se guían por las encuestas previas.

Manuel D'Alessandro

Trabajo sí, contaminación no

No decimos ninguna novedad cuando afirmamos que el Riachuelo que rodea la Ciudad de Buenos Aires es uno de los cursos de agua más contaminados del mundo.

Desde hace más de 50 años, los capitalistas que tienen sus fábricas a la vera del río vuelcan sobre el agua sus desechos industriales y cloacales.

Según la Corte Suprema de Justicia y todas las organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales en el lecho del Riachuelo y en sus costas hay altísimos niveles de residuos tóxicos (asbesto).

Según un estudio hecho por Greenpeace, citado por Página/12 (17/4), la cuenca del Riachuelo contiene esta sustancia (asbesto), la cual según la Organización Mundial de la Salud es altamente cancerígena y se cobra, en el mundo por año, unas 100.000 vidas humanas por enfermedades como el cáncer de pulmón, pleura, etc.

A lo largo de su lecho y arrastrados por la bajante, hay además cromo, plomo, cadmio, mercurio y arsénico.

Según el presidente de la Academia Argentina de las Ciencias del Ambiente, Raúl Estrada Oyuela, "el lento flujo (del río) aumenta la acumulación de contaminantes en su lecho" (Clarín.com, 6/4).

Por otro lado, las altas y bajas de la cota del río depositan en sus costas todos estos contaminantes.

El contacto o la exposición a estos elementos puede producir, entre otras, estas enfermedades: diarreas, dolor de estómago y vómitos severos; fractura de huesos; fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad; daño al sistema nervioso central; daño al sistema inmune; desórdenes psicológicos; posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer.

Sobre la ribera de esta cloaca al aire libre, trabajan todos los días decenas de compañeros del programa Argentina Trabaja que (tal como lo muestra la foto tomada el lunes 25 de abril en Lanús) realizan sus tareas sin ninguna protección.

Tampoco la tienen quienes trabajamos sobre arroyos y a la vera de campos, rutas y pastizales.

Ante los reclamos de varias cuadrillas por elementos de trabajo, la respuesta es siempre la misma: "no hay presupuesto".

El gobierno "nacional y popular" se jacta del crecimiento récord y de que las arcas están llenas.

Para el pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas no faltan fondos.

Sobran los recursos, entonces ¿por qué trabajamos en estas condiciones? El problema es que la precarización laboral es parte fundamental del "modelo" productivo de Cristina, la que igual que las tercerizaciones (recordar la lucha de los ferroviarios) es requerida por los patrones para sostener su tasa de ganancia.

A 64 días de la declaración de los derechos del trabajador del primer gobierno peronista (Nº 4, derecho a las condiciones dignas de trabajo; Nº 5, derecho a la preservación de la salud), el kirchnerismo es el abanderado del trabajo precario y de la violación de los convenios y derechos.

De esto tampoco habla la llamada oposición.

Ni el PJ de Duhalde ni la UCR, ni Sabbattella (que tienen concejales en el conurbano) han presentado un miserable pedido de informes sobre este ataque a la salud de los trabajadores, ni la CGT ni la CTA consideraron hacer, este 1º de Mayo, un reclamo por los 150 mil trabajadores precarizados, fuera de convenio, en negro y contaminados que conformamos el AT.

Organicemos los reclamos

Como quedó demostrado en las recientes luchas de los ferroviarios tercerizados, es posible cambiar nuestras condiciones de trabajo si nos organizamos y luchamos por lo nuestro.

Los trabajadores del AT tenemos que organizarnos porque de eso depende no sólo nuestro miserable ingreso (1.200 pesos ¡congelados desde 2009!), sino nuestra propia vida y la de nuestras familias.

Sin baños, sin vestuarios, sin ropa adecuada para cada tarea, llevamos la contaminación a nuestras casas y a nuestras familias en nuestras zapatillas y en nuestra ropa.

La tarea urgente es elegir delegados y levantar un pliego de reclamos, conformar comisiones de salud y seguridad laboral.
Horario reducido a 6 horas para tareas insalubres y peligrosas.

Cursos de capacitación en seguridad laboral e higiene, capacitación en tareas de riesgo y salario de convenio acorde a la tarea.
Baños y vestuarios para los y las trabajadoras del programa.

Entrega de los elementos de seguridad correspondientes para cada caso, guantes de seguridad anticortes, cascos, borceguíes, trajes descartables para tareas peligrosas, máscaras antigases tóxicos y lo que cada comisión de salud y seguridad laboral proponga.
Pero el problema no termina aquí, ya que muchos de nosotros vivimos a la vera de esta inmundicia llamada Riachuelo -algo que compartimos con más de 5 millones de argentinos que vivimos, respiramos y tomamos agua de pozos contaminados por napas que bordean este curso de veneno y contaminación.

Tenemos que reclamar en asambleas junto a nuestros vecinos un estudio epidemiológico, atención médica y sanitaria para todos los vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo, su limpieza definitiva y el control obrero de las fábricas para terminar con la contaminación y el envenenamiento de vecinos y trabajadores.

• Basta de precarización laboral, que, además de eliminar conquistas y abaratar salarios, mata.

• Pase a planta, convenio y salario mínimo igual a la canasta familiar.

Chiquito

Un grupo de cuatro comuneros mapuches que se encuentran detenidos en Angol, a 575 kilómetros al sur de Santiago de Chile, a quienes les fue aplicada la nefasta Ley Antiterrorista del pinochetismo, ya cumplieron 45 días de huelga de hambre en protesta contra la condena de 25 años que recibieron.

Los comuneros ya habían participado de una huelga de hambre el año pasado, junto con un grupo más extenso de presos mapuches que exigían la derogación de la ley. La protesta finalizó con el acuerdo de que no sería aplicada la Ley Antiterrorista contra los comuneros. Sin embargo, la Justicia sí se basó para su fallo en la investigación realizada bajo los términos de la ley, que contempla una serie de atribuciones excepcionales a lafiscalía como la utilización de "testigos secretos" (!), mientras que la defensa denuncia que existieron torturas a los detenidos, que jamás fueron investigadas. De aquí salió la supuesta confesión de uno de los comuneros. El año pasado, producto de la enorme movilización que se produjo en solidaridad con la huelga de hambre, fueron liberados 14 presos mapuches que se encontraban detenidos desde hacía dos años sin causa alguna. Un verdadero Guantánamo.

La salud de los detenidos es extremadamente frágil. A los 14 kilos en promedio que han bajado, se suman las secuelas de la prolongada medida del año pasado que los debilitó severamente. La persecución sistemática contra las comunidades mapuches por parte del gobierno chileno refleja una verdadera "política de Estado".

¡Libertad a todos los presos mapuches!

¡Abajo la Ley Antiterrorista!