Soja, política y el alud
A la vuelta de mis vacaciones por Córdoba me topé en las noticias con el desastre en Tartagal. Ya me había causado impresión desandar las rutas cordobesas en micros escoltados por inmensas plantaciones de soja. ¡Hasta la banquina pedía asilo político por la persecución de la soja! Hace algunos años se habla de la sojización de la agricultura argentina; se puede leer mucho, pero fue ver para dejar caer mi mandíbula.
¿Qué relación hay entre soja, política y alud?
Situemos el contexto: la Mesa de Enlace continúa con sus reclamos al gobierno, siendo indiferente a las medidas no estructurales pero beneficiosas para el sector (por ejemplo, subsidios a ganaderos y lecheros afectados por la sequía). Si el grito de lucha del "campo" hoy es la sequía y las medidas del gobierno tratan de emparchar ese problema, se comprende que la tozudez de los ruralistas alimenta otros intereses: liberar de retenciones a las toneladas de soja que tienen acaparadas desde que bajó el precio internacional (especulando con un aumento de éste) y agitar las aguas para una devaluación del peso argentino. Por otro lado, el gobierno intenta recaudar a toda costa. Ya se abultó la caja de la ANSES con los fondos de las AFJPs; quiere seguir por el mismo camino con los fondos previsionales de los estatales de la provincia de Buenos Aires (caja IPS) y cuenta con 15.700 millones de pesos en retenciones (Randazzo dijo: "Las retenciones no se van a tocar...es imposible"). El kirchnerismo tiene un plan: anunciar cientos de obras de corta ejecución (3 meses, mínimo) hasta marzo, para poder mostrar la concreción de una decena de ellas (nadie recordará cuántos se habían anunciado) en agosto-septiembre de este año. Kirchner sentó a José López en el trono de las obras públicas y juntos preparan el cóctel keynesiano. El marido de nuestra presidenta cree que el pueblo se va a "tragar" este cóctel acríticamente y de eso dependerá el resultado de las elecciones de octubre. Para este cóctel se necesitan fondos: ANSES y retenciones.
Las personas poderosas (políticas y adineradas) se pelean, como una gran familia, pero se quieren. Empresarios dedicados a la explotación del suelo y este gobierno nacional y popular sí que se llevan bien:
Los hermanos del gobernador de Salta, Urtubey, crearon hace unos pocos años una empresa de desmonte.
El intendente de Tartagal, Sergio Leavy, es propietario de uno de los aserraderos , más importantes del lugar.
La familia Mochón, de Salta, desmontó el año pasado 38.900 hectáreas y su "gestor" fue el conjuez de la Corte Suprema provincial Osvaldo Canisa.
Los Dos Ríos S.A. desmontó 1.670 hectáreas, firma que pertenece a Mario Gerala (aportante en la campaña de Cristina en 3 cuotas de 15.00 pesos) y Julio Loetayf (Ministro de Desarrollo económico de Salta).
Un informe de la ex-secretaria de ambiente, Romina Picolotti, anunciaba que durante la gobernación de Urtubey se desmontaron 136.000 hectáreas y que esta deforestación favoreció a la expansión de la frontera agrícola. Principalmente, para cultivar soja.
Con un fugaz repaso de los manuales de primaria, comprendo la función vital de las raíces de los árboles en la producción propia de alimento: absorber el agua y los nutrientes de la tierra. Sin árboles no hay raíces y sin raíces, cuando llueve, la tierra no tiene absorción. Por consecuencia, el agua camina, inunda, se vuelve barro, golpea, mata.
Ya es hora de que dejemos de llamarle "desastres naturales" ocasionados por la mano de un dios a las consecuencias negligentes de las actividades humanas. Ya es hora de que dejemos de enseñar a vivir efímeramente por el corto plazo, sin pensar en las consecuencias de de los resultados de éste en el oscuro y quebrantado largo plazo. Ya es hora de que los intereses de los pocos dejen de repercutir fatalmente en los muchos, en la tierra y en la conciencia colectiva que apunta a la resignación.
Franco Krí
Fuente de datos: Diario Crítica (edición impresa) del 15/2/09
La Ley de Bosques: La reglamentación avala la deforestación
"Habrá muchos Tartagales en Argentina"
El mediodía del viernes 13, CFK firmó el decreto reglamentario de la ley de bosques o Ley Bonasso, o Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Lo hizo con considerable demora (15 meses), para zafar de las denuncias que atribuían a la deforestación como la causa principal de la tragedia de Tartagal. La ironía es que la ley en cuestión no obstaculiza para nada el negocio del desmonte, y que la flamante reglamentación la hará aún más inocua.
La ley otorga un año, desde noviembre de 2007, a todas las provincias para dictar una ley de ordenamiento territorial de sus bosques nativos, diferenciando en el mapa con tres colores, las zonas donde se permitirá seguir desmontando (color verde), las áreas donde no se podrá tocar la vegetación (roja) y las áreas intermedias (amarillas). Pero sobran los dedos de una mano para contar que provincias lo han realizado y otro tema es cómo lo han hecho.
Salta es el ejemplo más claro: Urtubey y varios funcionarios han parido una Ley de ordenamiento que garantiza el incremento de los negocios sojeros, azucareros, petroleros y madereros, que quedan autorizados a seguir desmontando los terrenos y laderas de las cuencas altas, media y bajas de los principales ríos que surcan la provincia.
El resultado es sencillo de sacar: el no poder amortiguar el impacto de la gota de lluvia, ni posibilidad de infiltración en el suelo, ni retención en los fustes de los árboles, el agua de lluvia incrementará su velocidad aguas abajo y llegará a los cauces de los ríos con la velocidad suficiente para arrastrar todo lo que se le cruce (alud). Si los madereros furtivos no han sacado sus troncos, éstos irán aguas abajo arrancando todo lo que encuentren (puente ferroviario sobre el río Tartagal) o bien deteniéndose frente a otros obstáculos que formarán un dique que estimulará el desborde y las inundaciones, como acaba de ocurrir en los barrios costeros del río Tartagal.
Hecha la ley
Varias organizaciones ambientales y principalmente el Consejo Superior de la UNSa le han pedido al gobernador Urtubey que vete la ley de ordenamiento territorial (www.salta21.com -19/12/08).
La ley nacional prevé delimitar las zonas verdes en terrenos con hasta 5% de pendiente, los salteños llevaron este porcentaje a 15%, es decir que se podrá desmontar en terrenos con hasta 15% de pendiente. Desde ya los poblados que estén aguas abajo deben autoevaluar sin riesgo, si no quieren sufrir lo que seguro le seguirá pasando a Tartagal. La ley provincial también modificó las áreas de protección de riberas de los cursos del Bermejo, Pilcomayo, San Francisco y otros ríos.
Pero, quizá, lo más tétrico es que convalida los pedidos de desmonte efectuados con anterioridad a noviembre de 2007, cuando los amigos sojeros, cañeros, petroleros y madereros del ex gobernador Romero presentaron peticiones de desmonte por casi 500.000 ha, es decir triplicando las peticiones anuales de los años anteriores, que habían sido muy elevadas respecto de la media histórica. En lugar de obligarlos a que reforesten la totalidad de las áreas desmontadas, los autorizaron a seguir. Además, se prorrogaron por hasta tres años los desmontes ya iniciados.
Por eso, las palabras de la presidenta CFK, en su visita a Tartagal, de que "la verdadera tragedia acá es la pobreza estructural", es una crítica de humo. Su propio gobierno, así como el gobierno provincial y el municipal son responsables directos del desastre registrado en Tartagal.
El avance de la frontera agrícola, para convertir suelos en campos de cultivo de soja y, en menor medida, de caña de azúcar y al igual que las prospecciones petroleras, son los causantes de la deforestación. De la mano de la nueva Ley y su reciente reglamentación, seguirán los desmontes. El gobierno nacional y el provincial son quienes nos llevarán a la ruina. O lo que es lo mismo tierras boscosas habitadas convertidas en desiertos, poblados inundados o sepultados por el lodo.
Raúl Stevani (14/2)
Audiencia pública por Obra en Playa Ferroviaria Pacífico
Nuevamente para simular transparencia y obtener licencia social el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó a una audiencia pública, invocando el artículo 63 de la Constitución.
Durante las primeras tres horas de la Audiencia realizada el 20 de febrero asistimos a la propaganda de un proyecto de Edificio para el Mrio. de Ciencia y Tecnología que comprende una Superficie de 36.000 m2 cubiertos.
Los vecinos de las asociaciones Amigos del Lago, Vecinos de Plaza Italia y Lago Pacífico, nucleados en APEVU, venimos luchando durante varios años para que este predio de 12 has localizadas entre Santa Fe y Cabrera y de Godoy Cruz a J. B. Justo zonificado como UF (urbanización futura) se zonifique definitivamente como UP (urbanización parque).
La necesidad de conservar el espacio verde, por su condición de absorción de lluvias, es para no agravar los eventos de inundación del Arroyo Maldonado. También pensamos que el lugar podría soportar escuelas primarias o secundarias y sala de atención primaria de salud debido a que sus concurrentes pueden asistir a pie y así no se agrava la congestión de tránsito existente. No obstante esto y en forma inconsulta con la comunidad se realizó con fondos de préstamo BID un proyecto faraónico para una obra civil del Mrio. de Ciencia y Tecnología que comprende edificio de 11 pisos, hotel , restaurantes, centro de convenciones, estacionamientos, laboratorios y un misterioso Instituto de Investigaciones Max Plank. Este último fue ardientemente defendido por el Ministro Consejero de la Embajada Alemana.
Cabe agregar que durante la audiencia, en lugar de dar espacio a las intervenciones de los vecinos, durante más de tres horas expusieron proyectistas, ilustres académicos, todo tipo de decanos, ex-decanos de la UBA, y también del CONICET, los infaltables del consejo profesional de arquitectos y, por supuesto, altos funcionarios de la Ciudad y de la Nación... En fin los beneficiarios directos e indirectos que se pronunciaron a favor de las obras.
La intervención de Pedro Keselman de Vecinos de Plaza Italia comparó el proyecto del estadio para 15.000 personas que se intenta reflotar en el predio de La Rural, con este otro polo tecnológico de congestión de personas con vehículo que haría inviable el tránsito y la vida de los habitantes de la zona y de la ciudad. Todo esto se realiza por connivencia entre los gobiernos de Macri y de Kirchner.
Osvaldo Guerrica Echevarría hizo hincapié en la forma que se convocó esta audiencia, en pleno verano sin comunicar al barrio. También denunció la falta de un estudio serio de impacto ambiental y que el edificio ocuparía 65 % de la superficie del terreno específico contradiciendo incluso la normativa vigente que fija 35 %.
Fito Rossi, de Asociación Lago Pacífico, dejó en claro que el proyecto no es sustentable como tampoco lo es la faraónica obra en ejecución de "túneles aliviadores" de 5 km largo y 30 metros de profundidad que pasará por debajo de dicho predio que costará al país entre 300 y 600 millones de dólares de préstamo gestionado por el gobierno de Ibarra, ya denunciada por todos en la Audiencia Pública del 29 de Junio de 2004 y comentada en Prensa Obrera de Julio del mismo año.
Luego es esta intervención los vecinos nos retiramos en señal de repudio.
Alicia Rodriguez
CAMPO QUIJANO, SALTA
Movilización de los obreros de la minera Santa Rita
Los 180 obreros de esta empresa, que procesa los derivados del boro en Campo Quijano, han vivido el último año un intenso proceso de organización: se agruparon en el sindicato químico y eligieron una comisión interna.
Con estas herramientas enfrentan hoy un ajuste patronal que pretende imponer la suspensión de 15 días al mes sin compensación salarial alguna.
El ajuste va más lejos porque, en nombre de la crisis, han tratado de forzar retiros voluntarios y buscan el traslado de buena parte de la planta a Olacapato, en la cordillera. Allí ya se están produciendo los mismos productos, sólo que con obreros que cobran el convenio minero (un 30 ó 40% menor que el de químicos) y con otra razón social que han inventado hace poco tiempo ("Manufactura de los Andes").
La patronal ha pedido el procedimiento de crisis desde noviembre, los obreros han refutado uno a uno sus argumentos y denunciaron un vaciamiento de la empresa para imponer su ajuste antiobrero. Una carta de los obreros, distribuida masivamente al pueblo de Quijano, muestra las cifras récord de los ingresos patronales del último año. En enero, aún en medio de las negociaciones, la empresa despidió 17 trabajadores a los que tuvo que reincorporar por la firme postura de sus compañeros. Ahora pretende quebrar la resistencia de los obreros a aceptar las suspensiones por la vía del hambre: no pagó los salarios de enero.
El miércoles tuvo lugar la primera marcha, que conmovió a una localidad que no vivía una movilización de los obreros del borax desde hacía más de 15 años.
A la marcha llegaron desde la capital los estudiantes del Centro de Estudiantes de Humanidades, conquistado por la UJS y los independientes que conforman Todo un Palo. Traían carteles reivindicando la unidad obrero-estudiantil y una delegación de militantes del Partido Obrero con sus legisladores a la cabeza.
La otra planta que procesa boro en la localidad es de la compañía Río Tinto (segunda minera del mundo, que acaba de anunciar 14.000 despidos a nivel global). En ella existe un estado deliberativo, la empresa ha logrado por ahora ajustar por el lado de una de las contratistas, que mantiene suspendidos a 15 trabajadores desde hace 50 días.
Existe la firme voluntad de los obreros de Santa Rita de llegar hasta las últimas consecuencias para defender los puestos de trabajo y la integridad del salario. Está prevista para esta semana una asamblea popular y una nueva movilización.
Los obreros han firmado el proyecto de ley del PO que prohíbe las suspensiones y despidos, lo mismo que un amplio sector de vecinos de Quijano, todo un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.
Claudio Del Plá
LA CATASTROFE DE TARTAGAL
Además de corruptos, incapaces
"Necesitamos ayuda!" "¡Estamos muertos de hambre!""¡Nos quedamos sin nada, perdimos todo!"
Esos gritos, lanzados al paso de la caravana presidencial en Tartagal, hicieron que Cristina Fernández descubriera la "pobreza estructural" (La Nación, 12/2) ¡aunque el intendente Sergio Leavy y el vicegobernador Andrés Zottos le organizaron una recorrida que no incluía las zonas más pobres!
La Presidenta anunció un plan de reconstrucción de 500 viviendas -después el número se aumentó a 627- pero nada dijo de la paralización de las obras de canalización del río Tartagal por la falta de los fondos federales comprometidos. Y debe tenerse en cuenta que esa canalización apenas empezaría a constituir un principio de solución para una parte del problema, pero en modo alguno sería el plan integral, el plan de alcance que esa zona necesita contra este tipo de desastres.
Aun así, aun frente al anuncio de reconstrucción de unas cuantas viviendas destruidas mientras se deja el río tal como está, la gente desconfía: "Habrá que ver si hacen algo... ya son muchas las veces que han prometido cosas y después no tuvimos nada", dice un poblador (ídem anterior).
Atienden su juego
A la corrupción conocida se añade una incompetencia asombrosa. Después de cuatro aludes, el quinto encontró a los poderes estatales sin siquiera un plan de emergencia que permitiera al menos coordinar la ayuda. Una falsa alarma acerca de un supuesto nuevo alud provocó incluso una pelea entre el intendente y el vicegobernador en público, delante de las cámaras de televisión.
Esa Tartagal destruida permitió saber, por ejemplo, que el Sistema Federal de Emergencia (Sifem) ni siquiera se reúne. Ese organismo pasó a depender en 2004 del Ministerio del Interior, y Aníbal Fernández se lo llevó consigo cuando se constituyó el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Fernández, aunque según se supone tiene a su cargo el Sifem, no apareció por Tartagal ni se refirió al asunto, ocupado en debatir con los opositores la cuestión de la boleta electoral única.
Por su lado, los Cascos Blancos, ese invento menemista, mandaron a Salta tres funcionarios - sí, tres- aunque tienen un presupuesto de 9 millones de pesos.En definitiva, además de corruptos son inútiles.
Depredadores
Pocos desastres fueron más anunciados que el alud en Tartagal. Después del desastre de 2006, un informe de la Universidad Nacional de Salta (UNS), Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia, elaborado por los ingenieros Claudio Cabral y Gloria Plaza, advertía que una nueva catástrofe era inminente porque "la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada" (los desmontes), de modo que se ha multiplicado la erosión y sus efectos. "La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable", añadían los especialistas universitarios. La calamidad les dio la razón.Ahora, el Ejército busca explosivos empleados por Repsol-YPF para sus tareas de exploración petrolera. Esos explosivos han sido arrastrados por el lodo y pueden provocar desastres adicionales. Por lo demás, los expertos atribuyen a la actividad de las petroleras mucha más responsabilidad que a los sojeros en la generación de la catástrofe.
Además, aun sin aludes, "empresas de hidrocarburos, sojeras y madereras son denunciadas por arrasar monte nativo y expulsar de sus tierras a pobladores ancestrales" (Página/12, 15/2). Sistemáticamente, los campesinos sufren ahí desalojos violentos, expulsión hacia los márgenes de las ciudades y la destrucción del monte.
Alejandro Guerrero
La Ley de Bosques: La reglamentación avala la deforestación
"Habrá muchos 'tartagales' en Argentina"
El mediodía del viernes 13, CFK firmó el decreto reglamentario de la ley de bosques o Ley Bonasso, o Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Lo hizo con considerable demora (15 meses), para zafar de las denuncias que atribuían a la deforestación como la causa principal de la tragedia de Tartagal. La ironía es que la ley en cuestión no obstaculiza para nada el negocio del desmonte, y que la flamante reglamentación la hará aún más inocua.
La ley otorga un año, desde noviembre de 2007, a todas las provincias para dictar una ley de ordenamiento territorial de sus bosques nativos, diferenciando en el mapa con tres colores, las zonas donde se permitirá seguir desmontando (color verde), las áreas donde no se podrá tocar la vegetación (roja) y las áreas intermedias (amarillas). Pero sobran los dedos de una mano para contar que provincias lo han realizado y otro tema es cómo lo han hecho.
Salta es el ejemplo más claro: Urtubey y varios funcionarios han parido una Ley de ordenamiento que garantiza el incremento de los negocios sojeros, azucareros, petroleros y madereros, que quedan autorizados a seguir desmontando los terrenos y laderas de las cuencas altas, media y bajas de los principales ríos que surcan la provincia.
El resultado es sencillo de sacar: el no poder amortiguar el impacto de la gota de lluvia, ni posibilidad de infiltración en el suelo, ni retención en los fustes de los árboles, el agua de lluvia incrementará su velocidad aguas abajo y llegará a los cauces de los ríos con la velocidad suficiente para arrastrar todo lo que se le cruce (alud). Si los madereros furtivos no han sacado sus troncos, éstos irán aguas abajo arrancando todo lo que encuentren (puente ferroviario sobre el río Tartagal) o bien deteniéndose frente a otros obstáculos que formarán un dique que estimulará el desborde y las inundaciones, como acaba de ocurrir en los barrios costeros del río Tartagal.
Hecha la ley
Varias organizaciones ambientales y principalmente el Consejo Superior de la UNSa le han pedido al gobernador Urtubey que vete la ley de ordenamiento territorial (http://www.salta21.com/ -19/12/08).
La ley nacional prevé delimitar las zonas verdes en terrenos con hasta 5% de pendiente, los salteños llevaron este porcentaje a 15%, es decir que se podrá desmontar en terrenos con hasta 15% de pendiente. Desde ya los poblados que estén aguas abajo deben autoevaluar sin riesgo, si no quieren sufrir lo que seguro le seguirá pasando a Tartagal. La ley provincial también modificó las áreas de protección de riberas de los cursos del Bermejo, Pilcomayo, San Francisco y otros ríos.
Pero, quizá, lo más tétrico es que convalida los pedidos de desmonte efectuados con anterioridad a noviembre de 2007, cuando los amigos sojeros, cañeros, petroleros y madereros del ex gobernador Romero presentaron peticiones de desmonte por casi 500.000 ha, es decir triplicando las peticiones anuales de los años anteriores, que habían sido muy elevadas respecto de la media histórica. En lugar de obligarlos a que reforesten la totalidad de las áreas desmontadas, los autorizaron a seguir. Además, se prorrogaron por hasta tres años los desmontes ya iniciados.
Por eso, las palabras de la presidenta CFK, en su visita a Tartagal, de que "la verdadera tragedia acá es la pobreza estructural", es una crítica de humo. Su propio gobierno, así como el gobierno provincial y el municipal son responsables directos del desastre registrado en Tartagal.
El avance de la frontera agrícola, para convertir suelos en campos de cultivo de soja y, en menor medida, de caña de azúcar y al igual que las prospecciones petroleras, son los causantes de la deforestación. De la mano de la nueva Ley y su reciente reglamentación, seguirán los desmontes. El gobierno nacional y el provincial son quienes nos llevarán a la ruina. O lo que es lo mismo tierras boscosas habitadas convertidas en desiertos, poblados inundados o sepultados por el lodo.
Raúl Stevani (14/2)
"Habrá muchos 'tartagales' en Argentina"
El mediodía del viernes 13, CFK firmó el decreto reglamentario de la ley de bosques o Ley Bonasso, o Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Lo hizo con considerable demora (15 meses), para zafar de las denuncias que atribuían a la deforestación como la causa principal de la tragedia de Tartagal. La ironía es que la ley en cuestión no obstaculiza para nada el negocio del desmonte, y que la flamante reglamentación la hará aún más inocua.
La ley otorga un año, desde noviembre de 2007, a todas las provincias para dictar una ley de ordenamiento territorial de sus bosques nativos, diferenciando en el mapa con tres colores, las zonas donde se permitirá seguir desmontando (color verde), las áreas donde no se podrá tocar la vegetación (roja) y las áreas intermedias (amarillas). Pero sobran los dedos de una mano para contar que provincias lo han realizado y otro tema es cómo lo han hecho.
Salta es el ejemplo más claro: Urtubey y varios funcionarios han parido una Ley de ordenamiento que garantiza el incremento de los negocios sojeros, azucareros, petroleros y madereros, que quedan autorizados a seguir desmontando los terrenos y laderas de las cuencas altas, media y bajas de los principales ríos que surcan la provincia.
El resultado es sencillo de sacar: el no poder amortiguar el impacto de la gota de lluvia, ni posibilidad de infiltración en el suelo, ni retención en los fustes de los árboles, el agua de lluvia incrementará su velocidad aguas abajo y llegará a los cauces de los ríos con la velocidad suficiente para arrastrar todo lo que se le cruce (alud). Si los madereros furtivos no han sacado sus troncos, éstos irán aguas abajo arrancando todo lo que encuentren (puente ferroviario sobre el río Tartagal) o bien deteniéndose frente a otros obstáculos que formarán un dique que estimulará el desborde y las inundaciones, como acaba de ocurrir en los barrios costeros del río Tartagal.
Hecha la ley
Varias organizaciones ambientales y principalmente el Consejo Superior de la UNSa le han pedido al gobernador Urtubey que vete la ley de ordenamiento territorial (http://www.salta21.com/ -19/12/08).
La ley nacional prevé delimitar las zonas verdes en terrenos con hasta 5% de pendiente, los salteños llevaron este porcentaje a 15%, es decir que se podrá desmontar en terrenos con hasta 15% de pendiente. Desde ya los poblados que estén aguas abajo deben autoevaluar sin riesgo, si no quieren sufrir lo que seguro le seguirá pasando a Tartagal. La ley provincial también modificó las áreas de protección de riberas de los cursos del Bermejo, Pilcomayo, San Francisco y otros ríos.
Pero, quizá, lo más tétrico es que convalida los pedidos de desmonte efectuados con anterioridad a noviembre de 2007, cuando los amigos sojeros, cañeros, petroleros y madereros del ex gobernador Romero presentaron peticiones de desmonte por casi 500.000 ha, es decir triplicando las peticiones anuales de los años anteriores, que habían sido muy elevadas respecto de la media histórica. En lugar de obligarlos a que reforesten la totalidad de las áreas desmontadas, los autorizaron a seguir. Además, se prorrogaron por hasta tres años los desmontes ya iniciados.
Por eso, las palabras de la presidenta CFK, en su visita a Tartagal, de que "la verdadera tragedia acá es la pobreza estructural", es una crítica de humo. Su propio gobierno, así como el gobierno provincial y el municipal son responsables directos del desastre registrado en Tartagal.
El avance de la frontera agrícola, para convertir suelos en campos de cultivo de soja y, en menor medida, de caña de azúcar y al igual que las prospecciones petroleras, son los causantes de la deforestación. De la mano de la nueva Ley y su reciente reglamentación, seguirán los desmontes. El gobierno nacional y el provincial son quienes nos llevarán a la ruina. O lo que es lo mismo tierras boscosas habitadas convertidas en desiertos, poblados inundados o sepultados por el lodo.
Raúl Stevani (14/2)
CONTAMINACIÓN
LOS K, SCHIARETTIY JUEZ
Bueyes del mismo arado
El jueves 12 de febrero representantes de pueblos del interior y de la capital junto a diversas organizaciones se movilizaron por el centro de la ciudad bajo el lema: “Paren de Fumigar”. Denunciaron el uso de agro tóxicos, como Roundoup, endosulfan, 2.4D y otros, utilizados en el cultivo de soja. Los testimonios sobre enfermedades, muertes y trastornos no dejan lugar a duda sobre los efectos nocivos de las fumigaciones así como sobre la complicidad de funcionarios y gobiernos.
Desde su origen, la venta de Roundup partió de un fraude. Monsanto lo publicitó como "biodegradable" y "ambientalmente positivo" hasta que la Fiscalía General de NuevaYork lamultó por publicidad engañosa. En 1992, los directivos fueron condenados a cinco años de prisión y multados en 15,5 millones de dólares. Pero el herbicida se siguió vendiendo.
En 2002, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Roscoff (Francia), demostró que el glifosato actúa sobre una de las fases clave de la división celular, lo que podría provocar cáncer. Un año después, la Universidad de Caen (Francia) descubrió que el glifosato mata una gran proporción de células de la placenta, aun en concentraciones menores a las utilizadas en la agricultura, y que el Roundup es aún más tóxico que otros glifosatos.
En 1996 Menem permitió el uso de soja (RR) Resistentes al Roundup, y los Kirchner, aún sabiendo los peligros de los cultivos (RR) en 2004, ampliaron el poder deMonsanto dueño del 90%del mercado mundial de transgénicos, permitiéndole el cultivo de maíz (RR); en 2004 ante la amenaza de Monsanto de retirarse del mercado le creó un fondo de compensación tecnológica (subsidio) para agrandar las ya abultadas arcas de la multinacional.
No son éstos los únicos responsables implicados en este criminal negocio ya que no sólo el gobierno nacional ha sido quien ha fomentado el cultivo de soja transgénicas sino que también lo han propiciado las provincias y los municipios.
En Córdoba, Luis Juez tiene desde 2006 un estudio municipal que revela que en el barrio Ituzaingó Anexo, 26 de cada 30 personas tienen plaguicida en sangre. Sin embargo, siendo intendente, permitió que se violaran normas municipales para que la soja se plantara en las narices de los vecinos del barrio Ituzaingó. Sí, así de criminal.
¿Qué dijo o hizo, entonces, ante semejante atrocidad el ahora opositor Juez que se indigna por todo? Absolutamente nada.Y ahora Giacomino a través de una carta a los vecinos plantea que “se proponen conocer si el problema de la contaminación continúa, y cuáles son los riesgos para la población”, “que en el dispensario hay expertas en epidemiología y toxicología ambiental” y que “durante dos años (¡!) realizarán encuestas para sacar conclusiones” y que “a partir de marzo
ellos (¡!) determinarán cómo y a quiénes se les realizarán estudios”. No tienen autoridad para ello, ya han fracasado en resolver el problema.
Por su parte, el sojero Juan Schiaretti nunca hizo cumplir la ley deAgroquímicos de la provincia, la cual no sólo prohíbe la fumigación aérea a menos de 1.500metros de una zona urbana; además, la pena con cárcel.
Nada de esto es casual; tanto Luis Juez como Schiaretti se disputan el apoyo del sector agrario para las próximas elecciones.Mientras se pone en juego la vida de zonas enteras de la población,
todo el arco opositor, con los sojeros contaminadores a la cabeza, conspiran para devaluar el peso y volver a los planes del FMI.
En barrio ItuzaingóAnexo con el comienzo de la actividad en la escuela del barrio se volvieron a retomar las asambleas para organizar la lucha con movilizaciones, jornadas de concientización, radios abiertas donde quedó planteada la unidad con las asambleas del interior para seguir juntos esta lucha por:
• Relevamiento sanitario de la población afectada. Relevamiento ambiental.
• Asistencia sanitaria y psicológica a todos los damnificados.
• Confiscación de los bienes de los contaminadores para paliar los costos de remediación, resarcimiento y atención sanitaria.
• Por un hospital público en la zona.
• Resarcimiento económico de la población afectada.
• Fuera Monsanto. Cárcel a los responsables materiales y políticos de la contaminación.
Emanuel Berardo
BERAZATEGUI
La asamblea de vecinos impide que Edesur los envenene
El lunes 2 de febrero, Edesur se proponía, por tercera vez, comenzar el tendido de cables de alta tensión para instalar una subestación de 132 mil voltios en el barrio Rigolleau, en Berazategui. Los equipos de la empresa llegaron ese día con 50 gendarmes, otros tantos policías, un camión hidrante y una ambulancia. Con todo ese aparato se proponían reprimir al vecindario, masivamente contrario a una obra que atentará contra la salud de la población.
No pudieron. Por tercera vez debieron irse como habían llegado.
Los vecinos organizaron guardias de 24 horas y, ante su firmeza, los depredadores se retiraron porque las autoridades advirtieron que el avasallamiento requeriría un grado de represión, cuyo costo político no estaban en condiciones de pagar.
Edesur tiene una subestación de iguales características en el barrio Sobra, en Ezpeleta. Isabel, una vecina de Berazategui, explica: "En un radio de once manzanas alrededor de esa planta, los vecinos contabilizaron alrededor de cien fallecimientos a causa de cáncer y leucemia, y más de cien personas enfermas" (Página/12, 4/2).
Con esos antecedentes, los vecinos presentaron dos recursos de amparo -en 2005 y en 2006- ante el Juzgado Nº 2 de La Plata. El resultado fue el esperable: el juez Adolfo Ziulu falló, obviamente, en favor de la empresa y en contra de la salud del pueblo.
Además del fallo judicial, Edesur tiene el respaldo decidido del gobierno nacional y del municipal. El lunes 2, con gendarmes y policías, llegó al barrio Rigolleau el jefe del Departamento Ambiental del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), Osvaldo Postiglioni, quien intentó convencer al vecindario de que se dejara envenenar. Lo sacaron pitando.
A todo esto, "los vecinos seguían en asamblea en 21 y 145, con pancartas que reclamaban el traslado de la subestación fuera del casco urbano", mientras "enfrente de la reunión (de vecinos) ya se alistaban los policías bonaerenses. Más atrás, a metros de la entrada de camiones de la empresa Rigolleau, se reunían gendarmes con funcionarios municipales" (www.realidadweb.com.ar).
Entre esos funcionarios municipales estaban el director de Servicios Sanitarios, Darío Iesi, y el titular de Salud, Eduardo Podestá. Ambos se lavaron las manos en nombre del intendente, Juan Mussi. "Ya está todo dicho por la Justicia", contestaron en la Municipalidad (Página/12, 4/2).
Los vecinos, en cambio, piensan que nada está dicho salvo su decisión de permanecer en asamblea para impedir la instalación de una planta criminal: "Reiteramos nuestra convocatoria a todos los sectores de la comunidad a sumarse a esta lucha vecinal por la vida y por un medio ambiente sano, libre de contaminación, por nuestra salud, la de nuestros hijos y para las generaciones futuras", dicen en una solicitada (www.diario5dias.com.ar).
A. G
Tartagal arrasada: Un desastre anunciado
La catástrofe en Tartagal supera a todas las anteriores. No podía ser de otro modo porque la depredación ambiental ha producido efectos acumulativos que, sumados, provocaron este alud. La zona ostenta el record mundial de hectáreas desmontadas en los últimos años, en donde las picadas y la actividad sísmica de las petroleras hacen estragos en las laderas de los cerros, donde la deforestación legal e ilegal se realiza con la complicidad del poder político. Esta es la zona en donde los que gobiernan dicen que la catástrofe es un "fenómeno natural".
Las obras públicas que se realizan, de apuro y siempre después de los desastres, han sido apenas una excusa para negociados ya que se ha probado que fueron absolutamente inútiles para evitarlas. Así pasó con las obras en la Quebrada de Galarza, en donde año tras año se invirtieron millones en obras que rigurosamente fueron destruidas por el agua al verano siguiente. Esta es la suerte de la canalización del río Tartagal, con 40 millones invertidos.
Los funcionarios se embarran un poco los zapatos para tratar de eludir sus responsabilidades mientras formulan declaraciones para auto exculparse.
El vicegobernador Zottos ha dicho que él ya sabía que esto iba a ocurrir, como si fuera un miembro de la oposición...
El intendente Leavy se pregunta: "¿No habremos hecho algo mal que Dios se enoja con los tartagalenses?". Por poco no plantea que se debería exorcizar la ciudad con todos sus habitantes.
El gobernador Urtubey dice que el plan de obras necesario excede las posibilidades de la provincia. Sin embargo no ha presentado ni siquiera un plan integral que resuelva el problema en las cuencas altas de los ríos de la zona. Por supuesto no se ha planteado que se aplique una contribución extraordinaria de las compañías petroleras, que ya llevan un siglo extrayendo las riquezas del departamento sin dejar casi nada, para constituir el fondo necesario para financiar las obras.
Es decir que no tiene un plan... ni busca financiamiento.
Atender la emergencia y dar una salida de fondo
El Partido Obrero convoca a toda la población a extender la solidaridad para con los afectados.
En segundo lugar, reclama que el control de la asistencia esté en manos de asambleas de vecinos para evitar las arbitrariedades y el manejo político.
En tercer lugar, impulsamos la convocatoria a una asamblea popular para establecer un plan de reconstrucción que garantice la construcción de viviendas y la infraestructura, financiado por una tasa extraordinaria a las petroleras.
La única solución de fondo es establecer la nacionalización de los recursos del suelo y del subsuelo para poder realizar una planificación sustentable de la producción, industrializarla en la zona y dar salida de este modo a la desocupación masiva, la otra catástrofe social que asola al pueblo del norte de la provincia.
La solución para prevenir nuevas tragedias vendrá de la mano de los vecinos de Tartagal, no de los cómplices de los depredadores del medio ambiente: los sojeros, las compañías petroleras y madereras.
José "Pepe" Barraza y Pablo López (Tartagal)
“Fuera Botnia”: Movilización en Buenos Aires
La asamblea de Gualeguaychú denunció al gobierno
El jueves 29 de enero, una movilización en la que participaron varias organizaciones y que fuera encabezada por delegaciones de las Asambleas de Gualeguaychú, de Colón y de Concordia, marchó por Buenos Aires con las consignas "Todo el apoyo a la lucha de la asamblea de Gualeguaychú", " En defensa del medio ambiente, contra el saqueo y la contaminación" y "Fuera Botnia!!!"
Más de 500 personas, con banderas de las asambleas y de las organizaciones convocantes, nos movilizamos primero a Buquebús, para repartir volantes a quienes viajaran a Uruguay, y luego a la Embajada de Finlandia, donde se realizó un acto en el que se leyó un documento común (publicado en po.org.ar) y en el que hablaron representantes de las distintas organizaciones convocantes.
El documento común denuncia la ofensiva del gobierno de Kirchner contra la lucha de la Asamblea con la intención de levantar el corte. La ofensiva incluye desde supuestos informes que descaradamente aseguran que Botnia no contamina, una campaña sistemática de la prensa burguesa y permanentes "ofertas" de funcionarios a cambio del levantamiento del corte.La movilización se produjo en la misma semana de un hecho importante. El lunes previo (26/1) se sintieron fuertes olores provenientes de Botnia en la ciudad de Gualeguaychú (a 25 kilómetros de la pastera) y hubo numerosas denuncias de irritaciones en ojos y nariz, situación que provocó un cacerolazo de 3.500 personas (según los medios locales) en el centro de la ciudad esa misma noche. Al día siguiente, el gobernador Urribarri, desde Olivos, declaró que si bien todo indica que los olores vienen de Botnia, hay que dejar a los expertos trabajar, esperar que se expida la Haya e instó nuevamente a levantar el corte del puente internacional (Télam, 27/1).
Néstor Pitrola, orador en el acto por el Partido Obrero, señaló que la ofensiva se produce en momentos en los que el gobierno está dispuesto concretar la entrega de la lucha del pueblo de Gualeguaychú en la corte de la Haya porque ha negociado con Tabaré la presidencia de Unasur (un pacto de la industria de armamentos) para Néstor Kirchner a cambio del levantamiento del corte de la ruta 136. Pitrola señaló que con la crisis capitalista los monopolios agravarán la desinversión en el cuidado del medio ambiente del mismo modo que agravan la explotación de los trabajadores, a partir de lo cual llamó a unir la lucha ambiental nacional y a toda ella con la lucha de la clase obrera contra la depredación ambiental y laboral y a una campaña política en este sentido en Entre Ríos y en todo el país.
Los asambleístas vieron reforzada su lucha con esta movilización y piensan en un gran 26 de abril en el puente. Hasta allí planean desarrollar un plan de lucha que refuerce el movimiento para derrotar la ofensiva del gobierno para cancelar la causa de Gualeguaychú.
Fabiola Ferro
La asamblea de Gualeguaychú denunció al gobierno
El jueves 29 de enero, una movilización en la que participaron varias organizaciones y que fuera encabezada por delegaciones de las Asambleas de Gualeguaychú, de Colón y de Concordia, marchó por Buenos Aires con las consignas "Todo el apoyo a la lucha de la asamblea de Gualeguaychú", " En defensa del medio ambiente, contra el saqueo y la contaminación" y "Fuera Botnia!!!"
Más de 500 personas, con banderas de las asambleas y de las organizaciones convocantes, nos movilizamos primero a Buquebús, para repartir volantes a quienes viajaran a Uruguay, y luego a la Embajada de Finlandia, donde se realizó un acto en el que se leyó un documento común (publicado en po.org.ar) y en el que hablaron representantes de las distintas organizaciones convocantes.
El documento común denuncia la ofensiva del gobierno de Kirchner contra la lucha de la Asamblea con la intención de levantar el corte. La ofensiva incluye desde supuestos informes que descaradamente aseguran que Botnia no contamina, una campaña sistemática de la prensa burguesa y permanentes "ofertas" de funcionarios a cambio del levantamiento del corte.La movilización se produjo en la misma semana de un hecho importante. El lunes previo (26/1) se sintieron fuertes olores provenientes de Botnia en la ciudad de Gualeguaychú (a 25 kilómetros de la pastera) y hubo numerosas denuncias de irritaciones en ojos y nariz, situación que provocó un cacerolazo de 3.500 personas (según los medios locales) en el centro de la ciudad esa misma noche. Al día siguiente, el gobernador Urribarri, desde Olivos, declaró que si bien todo indica que los olores vienen de Botnia, hay que dejar a los expertos trabajar, esperar que se expida la Haya e instó nuevamente a levantar el corte del puente internacional (Télam, 27/1).
Néstor Pitrola, orador en el acto por el Partido Obrero, señaló que la ofensiva se produce en momentos en los que el gobierno está dispuesto concretar la entrega de la lucha del pueblo de Gualeguaychú en la corte de la Haya porque ha negociado con Tabaré la presidencia de Unasur (un pacto de la industria de armamentos) para Néstor Kirchner a cambio del levantamiento del corte de la ruta 136. Pitrola señaló que con la crisis capitalista los monopolios agravarán la desinversión en el cuidado del medio ambiente del mismo modo que agravan la explotación de los trabajadores, a partir de lo cual llamó a unir la lucha ambiental nacional y a toda ella con la lucha de la clase obrera contra la depredación ambiental y laboral y a una campaña política en este sentido en Entre Ríos y en todo el país.
Los asambleístas vieron reforzada su lucha con esta movilización y piensan en un gran 26 de abril en el puente. Hasta allí planean desarrollar un plan de lucha que refuerce el movimiento para derrotar la ofensiva del gobierno para cancelar la causa de Gualeguaychú.
Fabiola Ferro
BOTNIA Y EL INTI
El Ingeniero Martínez se desdice
En menos de una semana se puso en evidencia el operativo político que llevó a cabo Enrique Martínez, titular del Inti, con sus conclusiones antojadizas acerca de la supuesta no contaminación de la pastera Botnia. Cualquier lector del "informe preliminar" se daba cuenta de que era imposible inferir del mismo lo que Martínez aseveraba.
Dichas conclusiones, coincidentes con la ofensiva del gobierno contra el movimiento ambientalista de Gualeguaychú, produjeron gran revuelo tanto fuera como dentro del Inti. El escándalo llevó a que Martínez desmintiese, a los pocos días, que Botnia no contamina, dando diversas excusas -una más pueril que otra- queriendo explicar que no había dicho lo que sí había dicho.
Así, por ejemplo, en una de sus últimas declaraciones el ingeniero expresó en relación con los índices de dioxina: "Si los índices llegasen a duplicarse, entonces sí me preocuparía", dejando abierta la "posibilidad" de la contaminación tras negarla a principios de año (La Nación, 27/1).
Para colmo de males, en el medio del revuelo, se produjeron desde la pastera nuevas emanaciones nauseabundas durante varios días, registrándose cerca de 1.000 denuncias -según Lagaceta.com, 29/1-, con actas donde constan "irritación de ojos, nariz y garganta y náuseas" a causa de las inhalaciones de este lado del río Uruguay, las cuales técnicos especializados identificaron con las características y olor del ácido sulfhídrico. Si estas acciones no produjeron "ningún problema para la salud de las personas", como dijo Botnia, habría que aclarar qué es lo que se entiende por problemas para la salud. Estas reiteradas emanaciones refuerzan las expresiones de los entendidos en el sentido que los elementos más contaminantes (como las dioxinas) hay que buscarlas en el aire y no en las aguas del río.
En todo este proceso de mentiras y recules, Martínez llegó a promover una suerte de extorsión por la cual quien lo criticase estaría cuestionando la idoneidad y honestidad de los técnicos y profesionales del Instituto, aunque sin mayor éxito en lo que fue una clara maniobra dirigida a provocar confusión y divisiones.
Lo que comenzó como un operativo político, tergiversando los primerísimos datos de un informe técnico sobre las aguas del río Uruguay, terminó obligando al declarante a desdecirse en toda la línea como fruto de la reacción de los asambleístas de Gualeguaychú y de trabajadores del Instituto.
Está planteada la necesidad de una gran actividad en el Inti con la participación de los asambleístas y organizaciones de lucha y ambientalistas. Los trabajadores del Inti estamos del lado gran causa nacional contra las pasteras y todos los pulpos contaminadores, no del lado de Martínez y los cómplices-encubridores de la degradación ambiental.
Trabajadores del Inti
Proclama en contra de Botnia y de los gobiernos de Finlandia y Uruguay
Hoy, desde el Puente General San Martín, lugar emblemático de la lucha de Gualeguaychú y de los Pueblos de la cuenca del Río Uruguay, nos manifestamos otra vez contra Finlandia que exhibe atrevidamente ante nosotros la agresión de Botnia , empresa altamente contaminante. Una vez más le decimos en la cara que jamás le daremos licencia social para estar aquí.
Una vez más advertimos al gobierno de la República Oriental del Uruguay y a sus funcionarios y empresarios que la empresa Botnia pone en riesgo la paz social en esta región, y que los hacemos responsables de ello por permitirle que venga a saquear y a contaminar, con la excusa mentirosa de colaborar con el desarrollo económico de los ciudadanos de la zona. Sobran en nuestro país y en países vecinos las muestras de la desvergüenza con que empresas multinacionales se arrogan el derecho de rapiñar nuestros recursos naturales para sus intereses económicos, ofendiendo nuestra dignidad y dejando por doquier una alarmante contaminación.
Hoy estamos aquí también para reiterar una vez más a nuestro gobierno argentino que somos conscientes de que ha declarado CAUSA NACIONAL a nuestra lucha y que ha encarado acciones legales contra Botnia y contra el Gobierno Uruguayo. Pero al mismo tiempo queremos decirle a la Sra. Presidenta, que nos preocupa la actitud de funcionarios de su gobierno que han inducido a muchos ciudadanos a dudar de si Botnia contamina o no y han pretendido desenfocar la cuestión central de nuestra lucha con el pretexto de la defensa de derechos colectivos por encima del derecho humano a la vida
Sabemos lo que afirman serios estudios ,y serios científicos y la misma perversa empresa sobre los numerosos elementos tóxicos que diariamente arroja Botnia al río. Hemos sentido los olores, hemos visto los derrames y hemos sufrido en carne propia la contaminación.
Por ello el Pueblo de Gualeguaychú con los de la Cuenca del Río Uruguay y de numerosos lugares de argentina no admitimos dudas sobre la cuestión central de nuestra lucha y más que nunca solicitamos a la Sra. Presidenta que reclame al Gobierno Uruguayo la paralización de Botnia, que impida el tránsito por el Río Uruguay de embarcaciones con elementos tóxicos, que aplique el Código Aduanero y que impulse la Ley Nacional de la madera.
Exigimos coherencia y sinceridad en todos los niveles de gobierno, es una vergüenza y una traición a los pueblos que un día se declame el apoyo a la lucha de la Asamblea y otro día intenten menoscabarla utilizando cualquier método o recurso, incluyendo la mentira, el ocultamiento de información, el uso de nuestra causa como variable de negociaciones políticas o el debilitamiento de la estrategia jurídica nacional en la Corte de La Haya.
Por todo esto estamos aquí reunidos, ciudadanos de Gualeguaychú, de la cuenca del Río Uruguay y de otros lugares de Argentina para protestar juntos contra las agresiones mencionadas reiterando una vez más que estaremos en pié de lucha contra los gobiernos de Finlandia y de Uruguay hasta que Botnia se retire de esta región.
SI A LA VIDA - FUERA BOTNIA - NO A LAS PAPELERAS
SIN LICENCIA SOCIAL NO HAY PAZ SOCIAL
San José de Gualeguaychú, febrero 09 de 2009 – Pte. Int. Lib. Gral. San Martín.
ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL GUALEGUAYCHÚ
Todo el apoyo a la lucha de la asamblea de Gualeguaychú
Convocamos a concentrar en Av. Córdoba y 9 de Julio, a las 11.00, para manifestar nuestro apoyo a la lucha de Gualeguaychú.
Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales a sumarse a este documento y a la manifestación.
En defensa del medio ambiente, contra el saqueo y la contaminación
Fuera Botnia!!!
Hoy, 29 de enero de 2009, volvemos a marchar en Buenos Aires, como muchas otras veces hemos hecho, en apoyo a la lucha del pueblo de Gualeguaychú contra la contaminación de Botnia. Lo hacemos una vez más, pero con la particularidad de que se trata de un momento en el que el Gobierno Nacional, el Gobierno de Entre Ríos y los medios masivos de comunicación han lanzado una ofensiva contra la Asamblea de Gualeguaychú, contra el corte de la ruta 136 y contra la denuncia de la contaminación que genera Botnia sobre la cuenca del Río Uruguay. Ofensiva que también es acompañada por buena parte de la "oposición".
Así se publican semanalmente supuestos informes, como el del Presidente del INTI, Ing. Martínez, un obsecuente de turno que segura que Botnia no contamina. Los mismos trabajadores del INTI denunciaron el uso político que hizo Martínez de un estudio parcial y preliminar y se solidarizaron con la lucha de Gualeguaychú. Martínez no es más que un personero del Gobierno Nacional quien deja de lado el rigor científico para convertirse en un servil vocero de la política del Gobierno. Denunciamos esta maniobra y alertamos que el Gobierno parece querer convertir al INTI en otro INDEC. Como ha denunciado la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú " Funcionarios públicos, periodistas, el presidente del INTI, la ONG "Green Cross", intendentes vasallos de la costa del Río Uruguay, el gobernador, el embajador argentino en Uruguay, el embajador Sigal y una corte de serviles y adulones, desfilan por los medios pegándonos sin descanso ni medida, plagados de mentiras, errores e ignorancia, prestándose a la traición y el fraude."
Estamos acá para decir en primer lugar TODO EL APOYO A LA LUCHA DE LA ASAMBLEA DE GUALEGUAYCHÚ. Sabemos que este ataque del Gobierno Nacional y del Provincial, de las empresas de medios de comunicación, tiene motivos. Se intenta dar un golpe político al corazón del reclamo de la Asamblea de Gualeguaychú en los momentos previos a producirse el fallo de corte de La Haya. Es imposible pensar en algo favorable cuando el propio Gobierno que formula el reclamo amenaza con reprimir la protesta social en Gualeguaychú. El ataque no tiene nada de inocente y pone al descubierto la inmensa hipocresía del kirchnerismo, que antes de las elecciones decía que la causa de Gualeguaychú era una "causa nacional".
Parte de esta inmensa hipocresía del Gobierno Nacional es que, según los mismos medios que forman parte de la ofensiva contra la asamblea, el Gobierno habría negociado el levantamiento de los cortes a cambio de que Uruguay permita a Néstor Kirchner asumir la presidencia de la Unasur.
Los fimantes de este documento adherimos a la lucha por que se vaya Botnia así como al conjunto de los reclamos de la Asamblea de Gualeguaychú, exigiendo al Estado argentino que evite que se comercialicen desde Argentina a Botinia rollizos de madera así como que las empresas argentinas comercialicen con la planta y exigiendo al Estado uruguayo que notifique a Botnia para que se presente ante la Justicia Federal.
Así como Botnia, los pulpos contaminadores, que saquean recursos y explotan trabajadores, avanzan con el necesario aval de los Gobiernos Nacional, provinciales y municipales. Por eso el Gobierno acaba de vetar la ley de glaciares, se niega a aplicar la ley de bosques y ya ha demostrado que no tiene ninguna intención de sanear ni el Riachuelo, ni el Reconquista ni el Río de la Plata. Por eso las grandes empresas mineras, papeleras, químicas, curtiembres, las que favorecen el monocultivo -en detrimento de la soberanía alimentaria-, las que utilizan irresponsablemente agroquímicos, etc., avanzan en su destrucción del medio ambiente y en la explotación de los trabajadores. Numerosos pueblos y ciudades de la Argentina son potenciales Gualeguaychú que se podrían levantar en defensa del medio ambiente y de los trabajadores, para terminar con la contaminación de las pasteras uruguayas... y de las argentinas, y para terminar con toda la depredación laboral y ambiental a las que nos ha llevado el saqueo sin límites de los capitalistas.
Por eso decimos
TODO EL APOYO A LA LUCHA DE LA ASAMBLEA DE GUALEGUAYCHÚ
En defensa del medio ambiente, contra el saqueo y la contaminación
Fuera Botnia!!!
Primeras Firmas: Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú; ADUL Asociacion de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral; ADUNS Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur; AGD-UBA Asociación Gremial Docente de la UBA; Agrupación VIOLETA del SUTEBA Gral. Pueyrredon; Asambleas del Pueblo; Autoconvocado por Las Tunas; CONADU HISTORICA Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios; Coordinadora Vecinal de la Matanza; CUBA - MTR (C.O.D.); EOP (C.O.D.); Izquierda Socialista; MST Movimiento Socialista de los Trabajadores; ONGs SOCAN - SOS CABALLITO NORTE- Voluntariado Nacional Ambientalista; Partido Obrero; Polo Obrero; PR (ml); PTS Partido de los Trabajadores Socialistas; Tendencia Nacional Universitaria 29 de Mayo; Tribuna Ambiental
La “investigación” trucha del Inti
Botnia Toda la prensa, incluido el "boletín oficial" de la Rosada, Página/12, han dado generoso espacio a las declaraciones del presidente 'chavista' del Inti acerca de un supuesto informe del Instituto que concluiría que la pastera Botnia no contamina.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) se ha sumado así a la ofensiva del gran capital y del gobierno contra los asambleístas de Gualeguaychú y el movimiento de lucha que hace frente a la depredación ambiental y laboral.
Veamos una serie de detalles que surgen del propio informe.
Uno, el estudio sólo podría dar resultados a largo plazo, dado que los tóxicos tienen efectos acumulativos: tres mediciones en cuatro meses no son en absoluto relevantes.
Dos, dentro de los sedimentos se debía determinar -según el propio informe- los halogenuros extraíbles, para lo cual el Inti no cuenta aún con el equipamiento.
Tres, para la determinación de las dioxinas y furanos (la principal fuente de factores eventualmente contaminantes y poco biodegradables) las muestras fueron remitidas a un laboratorio en Canadá y, por supuesto, aún no están los resultados.
Según reproducen varios medios: "El objetivo del Inti era publicar los resultados cuando llegaran desde Estados Unidos los resultados de las mediciones del nivel de dioxina en el agua -"el presunto generador de cáncer" en seres humanos-, pero la nueva escalada de tensión con los asambleístas llevó a Martínez a adelantar las conclusiones del informe" (Ecomercosur, Quilmes presente, 15/1).
¿Es esta la razón por la que la firma de los profesionales del Instituto ha sido reemplazada por la del ingeniero Martínez?
"Habíamos previsto mantener un bajo perfil hasta completar la información -declaró Martínez-, pero dado cómo el problema ha explotado creemos que la dirigencia debe tener esta información técnica de base" (paralelo 32.com.ar, eldía.com.ar, radiolt41.com.ar, 15/1).
¿Qué es lo que "ha explotado"? La ofensiva sin precedentes contra la Asamblea de Gualeguaychú, para lo cual ahora se pretende hacer un uso inescrupuloso del Instituto. El ingeniero Martínez se habría prestado así a difundir conclusiones antojadizas de un estudio inconcluso. Salta a la vista el objetivo político más que el rigor científico.
¿Habrá sido el precio que el gobierno le hizo pagar a Martínez después de haber osado difundir su posición en contra del "veto Barrick Gold" de Cristina K a la conservación de los glaciares?
En su Plan Estratégico de diciembre de 2008, Martínez define que los primeros interlocutores del Inti son los ciudadanos. "Libres, informados, vinculados con otros ciudadanos, protegidos y estimulados por el Estado". Entonces, ¿por qué no se vinculó con los asambleístas y por qué actuó con sigilo, según denunciaron los protagonistas de la zona? ¿Por qué el ingeniero Martínez, que supuestamente no teme ningún debate, no aceptó ir a debatir con los ambientalistas?
El ingeniero Martínez hace gala siempre de que en cuestiones ambientales y de seguridad debe ejercerse un fuerte control y acción estatal. ¿Será que lo que pretende para la pastera Botnia vale para los trabajadores del Inti? Dos meses atrás, el Instituto fue parado por una virtual huelga general -que precipitó el regreso de Martínez de Venezuela- en repudio a la muerte de un trabajador en un transformador de media tensión. Hace menos de un mes se produjo un incendio en el sector de herrería, cuyo acondicionamiento en materia de seguridad fue reclamado reiteradamente por los trabajadores del área. Las acciones por la seguridad en el Instituto, como ocurre en general bajo el capitalismo en cualquier empresa, continúan siendo una puesta en escena.
El ingeniero Martínez no puede superar a la clase social parasitaria y reaccionaria que representa. Cuando las 'papas pelan', el gobierno 'nacional y popular' de nuestra burguesía, y especialmente sus agentes 'izquierdistas', cierran filas con el imperialismo.
Los trabajadores del Partido Obrero en el Inti llamamos a repudiar las declaraciones del ingeniero Martínez contra la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. El martes 20, una delegada de la Junta Interna de ATE del Instituto declaró, según La Nación (21/1), en una reunión en solidaridad con la Asamblea de Gualeguaychú, que "los trabajadores (del Inti) no queremos quedar pegados a la actitud de Martínez". Aunque la Junta Interna hasta el martes 20 no se había pronunciado públicamente en el propio Instituto, le tomamos la palabra: que la anunciada movilización de los asambleístas frente al Instituto, el 3 de febrero, sea un gran acto de solidaridad con la causa nacional contra las pasteras.
Elena Gómez
Botnia Toda la prensa, incluido el "boletín oficial" de la Rosada, Página/12, han dado generoso espacio a las declaraciones del presidente 'chavista' del Inti acerca de un supuesto informe del Instituto que concluiría que la pastera Botnia no contamina.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) se ha sumado así a la ofensiva del gran capital y del gobierno contra los asambleístas de Gualeguaychú y el movimiento de lucha que hace frente a la depredación ambiental y laboral.
Veamos una serie de detalles que surgen del propio informe.
Uno, el estudio sólo podría dar resultados a largo plazo, dado que los tóxicos tienen efectos acumulativos: tres mediciones en cuatro meses no son en absoluto relevantes.
Dos, dentro de los sedimentos se debía determinar -según el propio informe- los halogenuros extraíbles, para lo cual el Inti no cuenta aún con el equipamiento.
Tres, para la determinación de las dioxinas y furanos (la principal fuente de factores eventualmente contaminantes y poco biodegradables) las muestras fueron remitidas a un laboratorio en Canadá y, por supuesto, aún no están los resultados.
Según reproducen varios medios: "El objetivo del Inti era publicar los resultados cuando llegaran desde Estados Unidos los resultados de las mediciones del nivel de dioxina en el agua -"el presunto generador de cáncer" en seres humanos-, pero la nueva escalada de tensión con los asambleístas llevó a Martínez a adelantar las conclusiones del informe" (Ecomercosur, Quilmes presente, 15/1).
¿Es esta la razón por la que la firma de los profesionales del Instituto ha sido reemplazada por la del ingeniero Martínez?
"Habíamos previsto mantener un bajo perfil hasta completar la información -declaró Martínez-, pero dado cómo el problema ha explotado creemos que la dirigencia debe tener esta información técnica de base" (paralelo 32.com.ar, eldía.com.ar, radiolt41.com.ar, 15/1).
¿Qué es lo que "ha explotado"? La ofensiva sin precedentes contra la Asamblea de Gualeguaychú, para lo cual ahora se pretende hacer un uso inescrupuloso del Instituto. El ingeniero Martínez se habría prestado así a difundir conclusiones antojadizas de un estudio inconcluso. Salta a la vista el objetivo político más que el rigor científico.
¿Habrá sido el precio que el gobierno le hizo pagar a Martínez después de haber osado difundir su posición en contra del "veto Barrick Gold" de Cristina K a la conservación de los glaciares?
En su Plan Estratégico de diciembre de 2008, Martínez define que los primeros interlocutores del Inti son los ciudadanos. "Libres, informados, vinculados con otros ciudadanos, protegidos y estimulados por el Estado". Entonces, ¿por qué no se vinculó con los asambleístas y por qué actuó con sigilo, según denunciaron los protagonistas de la zona? ¿Por qué el ingeniero Martínez, que supuestamente no teme ningún debate, no aceptó ir a debatir con los ambientalistas?
El ingeniero Martínez hace gala siempre de que en cuestiones ambientales y de seguridad debe ejercerse un fuerte control y acción estatal. ¿Será que lo que pretende para la pastera Botnia vale para los trabajadores del Inti? Dos meses atrás, el Instituto fue parado por una virtual huelga general -que precipitó el regreso de Martínez de Venezuela- en repudio a la muerte de un trabajador en un transformador de media tensión. Hace menos de un mes se produjo un incendio en el sector de herrería, cuyo acondicionamiento en materia de seguridad fue reclamado reiteradamente por los trabajadores del área. Las acciones por la seguridad en el Instituto, como ocurre en general bajo el capitalismo en cualquier empresa, continúan siendo una puesta en escena.
El ingeniero Martínez no puede superar a la clase social parasitaria y reaccionaria que representa. Cuando las 'papas pelan', el gobierno 'nacional y popular' de nuestra burguesía, y especialmente sus agentes 'izquierdistas', cierran filas con el imperialismo.
Los trabajadores del Partido Obrero en el Inti llamamos a repudiar las declaraciones del ingeniero Martínez contra la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. El martes 20, una delegada de la Junta Interna de ATE del Instituto declaró, según La Nación (21/1), en una reunión en solidaridad con la Asamblea de Gualeguaychú, que "los trabajadores (del Inti) no queremos quedar pegados a la actitud de Martínez". Aunque la Junta Interna hasta el martes 20 no se había pronunciado públicamente en el propio Instituto, le tomamos la palabra: que la anunciada movilización de los asambleístas frente al Instituto, el 3 de febrero, sea un gran acto de solidaridad con la causa nacional contra las pasteras.
Elena Gómez
Petróleo: La contaminación "invisible"
La explotación petrolera capitalista produce, además de la contaminación más visible (derrames en superficie y/o en napas de agua subterránea), una contaminación "invisible" pero no menos letal y de largo alcance: la radioactiva.
Este es un tema que las empresas prefieren mantener oculto pero que, de tanto en tanto, aflora por "accidentes" que toman estado público. Eso ocurrió el martes pasado en Rincón de los Sauces, cuando un operario en un pozo se puso en contacto con una pastilla radioactiva que se utiliza en las tareas de perforación.
La noticia (publicada en el Río Negro del 15/1) fue minimizada por las autoridades sanitarias provinciales y por el secretario general del sindicato. Pero el tema no debería reducirse a una noticia "médica", sino al conocimiento que toda la sociedad debe tener sobre el uso de sustancias radioactivas en zonas de explotación petrolera y su incidencia en los suelos y en acuíferos que luego consumen animales y personas (ver PO Nº 756, 30/5/02).
El uso de sustancias radioactivas como trazadores es bastante común en esta industria. A lo que debe agregarse el uranio, torio y otras sustancias radioactivas, que naturalmente se encuentran en la profundidad, pero que son arrastradas a la superficie por los lodos de perforación, donde se concentran. Al respecto en un informe sobre "Medición de Radioactividad Natural, Monitoreo Expeditivo Area Neuquina", los realizadores del estudio afirman "... que se ha medido en áreas cercanas niveles de radiación cercanos a 2,5 miliroetgen/hora a 10 cm....".
Respecto al área monitoreada, el estudio encontró que "los contenidos de uranio total en agua superan los establecidos por la Ley 24.051..." y que "...la actividad medida en las muestras de agua también indican valores superiores a las concentraciones naturales....".
El tope establecido por la Ley 24.051 para el uranio total es de 10 mgr/litro en agua dulce, y los valores encontrados en el área petrolera en cuestión fué de "entre 100 y 200 mgr/litro". ¡Veinte veces más!
Lo mismo dice respecto a otra sustancia radioactiva, como el torio.
El estudio recomienda que "teniendo en cuenta la problemática instalada en el área respecto del agua potable y a la detección de uranio total por encima de los límites vista en este informe..., resultará que de tomar estado público, las empresas debieran ser las primeras en estar preocupadas en el control en el ámbito de trabajo".
En una provincia como Neuquén, donde los dos tercios de su superficie son áreas en exploración o explotación, con zonas donde los pozos se ubican a escasos metros unos de otros, y todo esto incluso en zonas pobladas, dentro de los radios urbanos y mezclados con zonas de producción frutihortícola, la población está siendo sometida a consecuencias insospechadas (y no medidas por la Salud Pública).
Norberto E. Calducci
La explotación petrolera capitalista produce, además de la contaminación más visible (derrames en superficie y/o en napas de agua subterránea), una contaminación "invisible" pero no menos letal y de largo alcance: la radioactiva.
Este es un tema que las empresas prefieren mantener oculto pero que, de tanto en tanto, aflora por "accidentes" que toman estado público. Eso ocurrió el martes pasado en Rincón de los Sauces, cuando un operario en un pozo se puso en contacto con una pastilla radioactiva que se utiliza en las tareas de perforación.
La noticia (publicada en el Río Negro del 15/1) fue minimizada por las autoridades sanitarias provinciales y por el secretario general del sindicato. Pero el tema no debería reducirse a una noticia "médica", sino al conocimiento que toda la sociedad debe tener sobre el uso de sustancias radioactivas en zonas de explotación petrolera y su incidencia en los suelos y en acuíferos que luego consumen animales y personas (ver PO Nº 756, 30/5/02).
El uso de sustancias radioactivas como trazadores es bastante común en esta industria. A lo que debe agregarse el uranio, torio y otras sustancias radioactivas, que naturalmente se encuentran en la profundidad, pero que son arrastradas a la superficie por los lodos de perforación, donde se concentran. Al respecto en un informe sobre "Medición de Radioactividad Natural, Monitoreo Expeditivo Area Neuquina", los realizadores del estudio afirman "... que se ha medido en áreas cercanas niveles de radiación cercanos a 2,5 miliroetgen/hora a 10 cm....".
Respecto al área monitoreada, el estudio encontró que "los contenidos de uranio total en agua superan los establecidos por la Ley 24.051..." y que "...la actividad medida en las muestras de agua también indican valores superiores a las concentraciones naturales....".
El tope establecido por la Ley 24.051 para el uranio total es de 10 mgr/litro en agua dulce, y los valores encontrados en el área petrolera en cuestión fué de "entre 100 y 200 mgr/litro". ¡Veinte veces más!
Lo mismo dice respecto a otra sustancia radioactiva, como el torio.
El estudio recomienda que "teniendo en cuenta la problemática instalada en el área respecto del agua potable y a la detección de uranio total por encima de los límites vista en este informe..., resultará que de tomar estado público, las empresas debieran ser las primeras en estar preocupadas en el control en el ámbito de trabajo".
En una provincia como Neuquén, donde los dos tercios de su superficie son áreas en exploración o explotación, con zonas donde los pozos se ubican a escasos metros unos de otros, y todo esto incluso en zonas pobladas, dentro de los radios urbanos y mezclados con zonas de producción frutihortícola, la población está siendo sometida a consecuencias insospechadas (y no medidas por la Salud Pública).
Norberto E. Calducci
En Colón, corte de ruta y asamblea
A pesar de las amenazas del Gobierno
Desde el viernes 16 a las 18 hasta el sábado 17 a las 20 horas, las asambleas ambientales de Gualeguaychú y Colón llevaron adelante una protesta en el puente internacional que une Colón (Entre Ríos) con Paysandú (Uruguay). La acción consistió en cortes parciales e intermitentes del paso de Argentina a Uruguay, en volanteadas a todos los autos que se acercaban y en un acampe a la vera de la ruta denunciando la contaminación de Botnia y la complicidad de los gobiernos de Uruguay, Argentina y la provincia de Entre Ríos con el pulpo capitalista contaminador.
Las amenazas de represión de los gobiernos nacional y provincial (de hecho, enviaron un fuerte contingente de Gendarmería), la campaña en los medios de comunicación y las presiones desde Grecia (sic) del gobernador Urribarri no pudieron con los asambleístas ni con las delegaciones que se acercaron a acompañarlos. El sábado, a las 20 horas, una asamblea evaluó que se habían cumplido los objetivos de la acción (corte, volanteo, publicidad de los reclamos) y decidió levantar el acampe. La política de desgaste que el gobierno impulsa contra la Asamblea de Gualeguaychú en particular tiene varios motivos. Por un lado, la negociación de Kirchner con Tabaré por la presidencia de Unasur: Tabaré retiraría el veto a Kirchner si hace levantar el corte del puente Gualeguaychú-Fray Bentos. Por el otro, defender su política minera (veto a la Ley de glaciares). La Asamblea de Gualeguaychú es la que logró, hace dos años, poner en pie un movimiento nacional ambiental contra los pulpos contaminadores. Golpear y derrotar a Gualeguaychú significa, para el kirchnerismo, infringir una derrota al movimiento nacional ambiental y atomizardo.Una delegación de compañeras y compañeros del Partido Obrero y de Tribuna Ambiental acampamos las 48 horas en el corte con los asambleístas. Estamos empeñados en construir una corriente política obrero-ambiental que, con un programa discutido de cara al pueblo de Entre Ríos y de todo el país, ponga en pie una alternativa para terminar con la contaminación no sólo de Botnia, sino también de las mineras y de cada uno de los pulpos capitalistas que llevan adelante la depredación laboral y ambiental con el necesario aval de los actuales y anteriores gobiernos nacionales y provinciales.
Fabiola Ferro
A pesar de las amenazas del Gobierno
Desde el viernes 16 a las 18 hasta el sábado 17 a las 20 horas, las asambleas ambientales de Gualeguaychú y Colón llevaron adelante una protesta en el puente internacional que une Colón (Entre Ríos) con Paysandú (Uruguay). La acción consistió en cortes parciales e intermitentes del paso de Argentina a Uruguay, en volanteadas a todos los autos que se acercaban y en un acampe a la vera de la ruta denunciando la contaminación de Botnia y la complicidad de los gobiernos de Uruguay, Argentina y la provincia de Entre Ríos con el pulpo capitalista contaminador.
Las amenazas de represión de los gobiernos nacional y provincial (de hecho, enviaron un fuerte contingente de Gendarmería), la campaña en los medios de comunicación y las presiones desde Grecia (sic) del gobernador Urribarri no pudieron con los asambleístas ni con las delegaciones que se acercaron a acompañarlos. El sábado, a las 20 horas, una asamblea evaluó que se habían cumplido los objetivos de la acción (corte, volanteo, publicidad de los reclamos) y decidió levantar el acampe. La política de desgaste que el gobierno impulsa contra la Asamblea de Gualeguaychú en particular tiene varios motivos. Por un lado, la negociación de Kirchner con Tabaré por la presidencia de Unasur: Tabaré retiraría el veto a Kirchner si hace levantar el corte del puente Gualeguaychú-Fray Bentos. Por el otro, defender su política minera (veto a la Ley de glaciares). La Asamblea de Gualeguaychú es la que logró, hace dos años, poner en pie un movimiento nacional ambiental contra los pulpos contaminadores. Golpear y derrotar a Gualeguaychú significa, para el kirchnerismo, infringir una derrota al movimiento nacional ambiental y atomizardo.Una delegación de compañeras y compañeros del Partido Obrero y de Tribuna Ambiental acampamos las 48 horas en el corte con los asambleístas. Estamos empeñados en construir una corriente política obrero-ambiental que, con un programa discutido de cara al pueblo de Entre Ríos y de todo el país, ponga en pie una alternativa para terminar con la contaminación no sólo de Botnia, sino también de las mineras y de cada uno de los pulpos capitalistas que llevan adelante la depredación laboral y ambiental con el necesario aval de los actuales y anteriores gobiernos nacionales y provinciales.
Fabiola Ferro
Riquísimos yacimientos de gas en las costas de Gaza
Las razones de una masacre
La Franja de Gaza es un campo de concentración donde se hacina una población condenada a una miseria infinita. Antes de que comenzara la ofensiva, el 98% de los comercios e industrias de la Franja habían cerrado, por falta de insumos o de clientes.
Sin embargo, pese a la miseria reinante -consecuencia del bloqueo israelí sostenido por Egipto- Gaza es potencialmente rica. Hace una década, British Gas descubrió un riquísimo yacimiento de gas en las afueras de las costas de Gaza, que podría tener hasta 1,2 trillones de metros cúbicos de gas, valuados (a los precios de la época) en 4.000 millones de dólares. Según el británico Foreign Office, el yacimiento es el activo palestino más valioso" (Information Clearing House, 7/1).
Israel (que controla el espacio marítimo de Gaza) y la Autoridad Palestina (propietaria del yacimiento) entraron en tratativas con British Gas para la explotación del yacimiento. El gas extraído del yacimiento marítimo sería destinado exclusivamente al consumo israelí sin pasar por Gaza, ya que se construiría un gasoducto submarino que desembocaría directamente en la ciudad israelí de Ashkelon; abastecería hasta el 10% de las necesidades energéticas de Israel, a la mitad del precio del gas que ahora importa desde Egipto.
La Autoridad Palestina recibiría el 10% de los beneficios; el resto se lo repartirían israelíes, británicos y norteamericanos. El contrato leonino establecido por la Autoridad Palestina con Israel y British Gas deja en claro la ilusión de la dirección de Al Fatah de que la promoción de negocios comunes con los enemigos del pueblo palestino abrirán la vía para el establecimiento de un Estado palestino. Recientemente, Salam Fayyad, primer ministro de la Autoridad Palestina, afirmó que "el desarrollo económico (...) mediante las inversiones privadas (...) es crítico para el éxito de nuestro proyecto de construcción estatal".
Hamas rechazó el trato calificándolo de "robo": "No es razonable que el propietario del gas, Palestina, reciba sólo el 10%", declaró un funcionario del primer ministro Haniya. El mismo funcionario agregó que "el gobierno no tiene problemas en cooperar con la empresa británica pero sólo luego de modificar algunos puntos del contrato" (Jerusalem Post, 5/7/07).
Luego de que Hamas derrotara el intento de Fatah de desplazarla de Gaza, Israel desechó comprar el gas palestino para no favorecer a Hamas. British Gas continuó operando el yacimiento (paralelamente a los yacimientos que se encuentran en el mar territorial egipcio). Habiendo rechazado el gas palestino, Israel dependía enteramente de sus propios yacimientos (a punto de agotarse) y de las importaciones egipcias. Entonces llegó la guerra contra Gaza.
Con fecha 20 de enero, después de la declaración unilateral de "cese del fuego", el Financial Times informa que la compañía norteamericana Noble Energy ha descubierto un enorme yacimiento gasífero en las aguas costeras del norte de Israel. El yacimiento permitiría al Estado sionista abastecerse por muchos años. El londinense FT se lamenta porque la British Gas se perdió el negocio y ahora deberá venderle el gas palestino a Egipto, "un prospecto mucho menos lucrativo".
Antes a Israel; ahora a Egipto. El gas palestino sigue sin llegar a Gaza. El pueblo palestino seguirá en la miseria.
Las razones de una masacre
La Franja de Gaza es un campo de concentración donde se hacina una población condenada a una miseria infinita. Antes de que comenzara la ofensiva, el 98% de los comercios e industrias de la Franja habían cerrado, por falta de insumos o de clientes.
Sin embargo, pese a la miseria reinante -consecuencia del bloqueo israelí sostenido por Egipto- Gaza es potencialmente rica. Hace una década, British Gas descubrió un riquísimo yacimiento de gas en las afueras de las costas de Gaza, que podría tener hasta 1,2 trillones de metros cúbicos de gas, valuados (a los precios de la época) en 4.000 millones de dólares. Según el británico Foreign Office, el yacimiento es el activo palestino más valioso" (Information Clearing House, 7/1).
Israel (que controla el espacio marítimo de Gaza) y la Autoridad Palestina (propietaria del yacimiento) entraron en tratativas con British Gas para la explotación del yacimiento. El gas extraído del yacimiento marítimo sería destinado exclusivamente al consumo israelí sin pasar por Gaza, ya que se construiría un gasoducto submarino que desembocaría directamente en la ciudad israelí de Ashkelon; abastecería hasta el 10% de las necesidades energéticas de Israel, a la mitad del precio del gas que ahora importa desde Egipto.
La Autoridad Palestina recibiría el 10% de los beneficios; el resto se lo repartirían israelíes, británicos y norteamericanos. El contrato leonino establecido por la Autoridad Palestina con Israel y British Gas deja en claro la ilusión de la dirección de Al Fatah de que la promoción de negocios comunes con los enemigos del pueblo palestino abrirán la vía para el establecimiento de un Estado palestino. Recientemente, Salam Fayyad, primer ministro de la Autoridad Palestina, afirmó que "el desarrollo económico (...) mediante las inversiones privadas (...) es crítico para el éxito de nuestro proyecto de construcción estatal".
Hamas rechazó el trato calificándolo de "robo": "No es razonable que el propietario del gas, Palestina, reciba sólo el 10%", declaró un funcionario del primer ministro Haniya. El mismo funcionario agregó que "el gobierno no tiene problemas en cooperar con la empresa británica pero sólo luego de modificar algunos puntos del contrato" (Jerusalem Post, 5/7/07).
Luego de que Hamas derrotara el intento de Fatah de desplazarla de Gaza, Israel desechó comprar el gas palestino para no favorecer a Hamas. British Gas continuó operando el yacimiento (paralelamente a los yacimientos que se encuentran en el mar territorial egipcio). Habiendo rechazado el gas palestino, Israel dependía enteramente de sus propios yacimientos (a punto de agotarse) y de las importaciones egipcias. Entonces llegó la guerra contra Gaza.
Con fecha 20 de enero, después de la declaración unilateral de "cese del fuego", el Financial Times informa que la compañía norteamericana Noble Energy ha descubierto un enorme yacimiento gasífero en las aguas costeras del norte de Israel. El yacimiento permitiría al Estado sionista abastecerse por muchos años. El londinense FT se lamenta porque la British Gas se perdió el negocio y ahora deberá venderle el gas palestino a Egipto, "un prospecto mucho menos lucrativo".
Antes a Israel; ahora a Egipto. El gas palestino sigue sin llegar a Gaza. El pueblo palestino seguirá en la miseria.
Comunicado de Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú
En los últimos tiempos se ha desatado un aluvión de críticas y castigos hacia la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú. Con el pretexto de objetar la protesta social sobre la Ruta 136 en realidad se busca demoler al movimiento social ambiental más importante de la Argentina y se ataca al eje central de nuestra lucha. No se ha reparado en medios ni en palabras, desde el cambio de posiciones de quienes antes aplaudían y hoy parecen acérrimos enemigos hasta el uso de métodos deleznables.
Han lastimado la estrategia jurídica argentina en la Corte de La Haya y han violado el deber de confidencialidad impuesto por dicho tribunal. Se han incumplido los deberes de funcionario público y no han dudado en ser funcionales a los intereses del gobierno uruguayo y de la papelera contaminante Botnia.
Ahora, no satisfechos con el daño que han causado, lisa y llanamente atacan a la comunidad de Gualeguaychú. Primero, vinieron por el corte; luego, por la Asamblea, y ahora, vienen por todos nosotros. Uno de los máximos responsables de este estropicio es el gobernador provincial Sergio Urribarri, quien no duda en usar la mentira y la falsedad para atacar y atacarnos, envilecido por el rencor contra Gualeguaychú.
Funcionarios públicos, periodistas, el presidente del INTI, la ONG "Green Cross", intendentes vasallos de la costa del Río Uruguay, el gobernador, el embajador argentino en Uruguay, el embajador Sigal y una corte de serviles y adulones, desfilan por los medios pegándonos sin descanso ni medida, plagados de mentiras, errores e ignorancia, prestándose a la traición y el fraude. Creen que estamos débiles y que la caída es inminente. Cuánto se equivocan.
Ayer, cantábamos "Que lo sepa el mundo, Aire limpio, Agua limpia, No a las Papeleras".
Hoy, decimos: Arroyo Verde no se toca. Arroyo Verde no se negocia. Arroyo Verde no se entrega. No bajamos los brazos, no retrocedemos. Seguimos adelante, con la misma fe de siempre, denunciando la contaminación que provoca Botnia, y la violación del Tratado del Río Uruguay por parte del estado uruguayo y ratificando, una vez más, que no les damos Licencia Social.
Que lo sepa el mundo: nuestra causa es noble, nuestra lucha es legítima. SI A LA VIDA, NO A LAS PAPELERAS, BOTNIA SI CONTAMINA. FUERA BOTNIA DE LA CUENCA DEL RIO URUGUAY.
(Comunicado votado por asamblea realizada el 22 de enero en Club Sirio Libanés)
Ofensiva contra la asamblea de Gualeguaychú
El gobierno muestra sus cartas
El gobierno entrerriano y el gobierno nacional preparan un zarpazo contra las asambleas ambientales opuestas a la planta contaminadora de Botnia. Destacados dirigentes del kirchnnerismo, como Massa y Scioli, se han largado contra el corte de ruta de Gualeguaychú y contra la posibilidad de la realización de otros cortes en Colón y Concordia. Hasta el inefable D'Elía ha salido "con los tapones de punta" contra los cortes de ruta.
La ofensiva del gobierno nacional no es sólo una amenaza represiva; es además un golpe político al corazón del reclamo de la Asamblea de Gualeguaychú en los momentos previos a producirse el fallo de corte de La Haya. Es imposible pensar en algo favorable cuando el propio gobierno que formula el reclamo está reprimiendo o amenaza con reprimir a la vanguardia del reclamo ambiental. El ataque no tiene nada de inocente y pone al descubierto la inmensa hipocresía del kirchnerismo, que antes de las elecciones decía que la causa de Gualeguaychú era una "causa nacional".
Parte de esta inmensa hipocresía del gobierno nacional es que según Clarín (13/1), el gobierno habría negociado la represión y el levantamiento de los cortes a cambio de que Uruguay permita a Néstor Kirchner asumir la presidencia de la Unasur.
Estamos en contra de la Unasur (que es un pacto de la industria de armamentos), y por supuesto también de la presidencia de Kirchner en la Unasur. Rechazamos tajantemente este engendro de coalición de claros tintes armamentistas, montado por el capital brasileño y por el acuerdo Lula-Bush.
Nos solidarizamos, como siempre lo hicimos, con los reclamos y las luchas de las asambleas. La ofensiva de los gobiernos provincial y nacional invita a sacar todas las conclusiones de los reclamos ambientales. Estos deben transformarse en una corriente política provincial que levante la defensa del medio ambiente y la de sus trabajadores.
Es la hora de elaborar un programa discutido de cara a todo el pueblo de Entre Ríos y del país para terminar con la contaminación de las pasteras uruguayas... y de las argentinas, contra la brutal contaminación de los transgénicos, para terminar con la depredación de las minas y toda la depredación obrera-ambiental a las que nos ha llevado el saqueo sin límites de los capitalistas.
Juan Ferro
LA O.3
En la Costanera nadie cumple con la ley
El Aeroparque Metropolitano debió mudarse en 2005 para que en su lugar se habilite un parque público. Lejos de ello, hoy la empresa AA 2000 amplía la aeroestación y cercena espacios verdes, con dinero del Estado.Osvaldo Guerrica Echevarría. Presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo
Los terrenos hoy ocupados por el Aeroparque Jorge Newbery no siempre tuvieron ese destino; en un tiempo ni siquiera existían, eran agua. En 1923 se iniciaron las obras de relleno que dieron lugar a la Costanera Norte. Continuaron durante aproximadamente una década con la realización del terraplén sobre el que se construiría la Avenida Costanera Rafael Obligado, entre las actuales calles La Pampa y Salguero. Quedó configurada así una gran laguna entre el nuevo terraplén costanero y el existente, que correspondía al Ferrocarril Central Córdoba (después General Belgrano). Esa zona fue en 1942 la primera reserva ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Carlos Thays II, quien también mandó plantar las tipas que hoy se mutilan con fervor. En 1946 quedó inaugurado el Aeroparque Jorge Newbery sobre un sector de ese relleno, el denominado Bosque Autóctono (entre La Pampa y avenida Sarmiento), que junto con el sector denominado Bosque Alegre (entre Sarmiento y Salguero), conformaban el gigantesco Parque de La Raza. El otro sector del Bosque Autóctono estaba ocupada por una pileta de natación pública con edificios anexos.
En la década de 1960 las piletas se convirtieron en playa de estacionamiento, y a la avenida Sarmiento se la desplazó formando la extraña curva que se observa hoy. Así se logró alargar la pista sacrificando la mitad de la superficie del Bosque Alegre. Llegada la era de las privatizaciones, el decreto 163/98 firmado por el presidente Menem, adjudicando las licitaciones aeroportuarias, fijó la obligatoriedad de que, transcurridos siete años, la empresa adjudicataria, Aeropuertos Argentina 2000 (AA 2000) debía abandonar el predio y construir otro aeropuerto en el GBA o ampliar el existente (Ezeiza). Es así que en 2005 el Aeroparque debió mudarse; para ello, quedó previsto en el Código de Planeamiento Urbano aprobado en 2000 que, al desocuparse, el predio pasaría a ser parque público (UP).
Pero en marzo de 2004, la empresa AA 2000 presentó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un proyecto de ampliación del Aeroparque para suplir su obsolecencia. El plan incluía, prolongar las cabeceras norte y sur para extender las zonas de seguridad, ampliar la distancia entre la pista y la calle de carreteo en base a nuevos rellenos costeros, y construir túneles vehiculares y la mano faltante de la AU Illia hacia la General Paz, desplazando las vías del ex Ferrocarril Belgrano. El Estado Nacional y el de la Ciudad correrían con los gastos mayores, incluyendo la absorción de la deuda de AA2000 (una empresa off shore con sede en Montevideo), que, en concepto de inversiones no realizadas y falta de pago de canon, ascendía a 800 millones de dólares.
Esta propuesta debió ser tratada en varios ámbitos y con todos los involucrados: con la población, principal afectada por el alto impacto ambiental negativo que tiene sobre el área más densamente poblada de la ciudad; en el Congreso Nacional, porque las tierras del Aeroparque y las destinadas a ampliar su cabecera norte son del Estado Nacional; en la Legislatura porteña, porque implicaba la reconfiguració n de un área importante de la Ciudad. De hecho, la Plaza Bosque Alegre, destinada a ampliar la cabecera sur, debía ser (y lo fue) destruida.
Lejos de suceder algo de lo que hubiera correspondido, el 23 de agosto de 2004 el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad firmaron un Convenio "a efectos de mantener el emplazamiento actual del Aeroparque Jorge Newbery". Además, la Ciudad se comprometió a desarrollar las obras de adaptación urbana al proyecto de ampliación e incumplió la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental.En agosto de 2005, el GCBA cumplió con el rito de celebrar una inocua Audiencia Pública para tratar el tema: un impasible Roberto Feletti, responsable de las obras por la Ciudad, escuchó durante varias horas a más de cien representantes de diversas organizaciones (entre ellos el que suscribe), oponerse al proyecto por diversas razones. Paralelamente, también se escucharon algunas voces contrarias a la iniciativa en marcha: algunas ONGs (ver Clarín ARQ del 19/4/04), algunos diputados de la Ciudad y el Consejo de Planeamiento Estratégico. Para los partidos políticos mayoritarios, el tema pasaba -y sigue pasando- desapercibido. Lo cierto es que AA2000 está realizando su proyecto con ayuda de los gobiernos Nacional y de la Ciudad. Logró que ambos se hagan cargo de los gastos y la condonación de su deuda y evitó invertir en otro aeropuerto. ¿Quién paga los platos rotos?
Osvaldfo Guerrica Echevarría, integrante de Tribuna Ambiental para Clarín Arquitectura - 13 de enero de 2009
En la Costanera nadie cumple con la ley
El Aeroparque Metropolitano debió mudarse en 2005 para que en su lugar se habilite un parque público. Lejos de ello, hoy la empresa AA 2000 amplía la aeroestación y cercena espacios verdes, con dinero del Estado.Osvaldo Guerrica Echevarría. Presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo
Los terrenos hoy ocupados por el Aeroparque Jorge Newbery no siempre tuvieron ese destino; en un tiempo ni siquiera existían, eran agua. En 1923 se iniciaron las obras de relleno que dieron lugar a la Costanera Norte. Continuaron durante aproximadamente una década con la realización del terraplén sobre el que se construiría la Avenida Costanera Rafael Obligado, entre las actuales calles La Pampa y Salguero. Quedó configurada así una gran laguna entre el nuevo terraplén costanero y el existente, que correspondía al Ferrocarril Central Córdoba (después General Belgrano). Esa zona fue en 1942 la primera reserva ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Carlos Thays II, quien también mandó plantar las tipas que hoy se mutilan con fervor. En 1946 quedó inaugurado el Aeroparque Jorge Newbery sobre un sector de ese relleno, el denominado Bosque Autóctono (entre La Pampa y avenida Sarmiento), que junto con el sector denominado Bosque Alegre (entre Sarmiento y Salguero), conformaban el gigantesco Parque de La Raza. El otro sector del Bosque Autóctono estaba ocupada por una pileta de natación pública con edificios anexos.
En la década de 1960 las piletas se convirtieron en playa de estacionamiento, y a la avenida Sarmiento se la desplazó formando la extraña curva que se observa hoy. Así se logró alargar la pista sacrificando la mitad de la superficie del Bosque Alegre. Llegada la era de las privatizaciones, el decreto 163/98 firmado por el presidente Menem, adjudicando las licitaciones aeroportuarias, fijó la obligatoriedad de que, transcurridos siete años, la empresa adjudicataria, Aeropuertos Argentina 2000 (AA 2000) debía abandonar el predio y construir otro aeropuerto en el GBA o ampliar el existente (Ezeiza). Es así que en 2005 el Aeroparque debió mudarse; para ello, quedó previsto en el Código de Planeamiento Urbano aprobado en 2000 que, al desocuparse, el predio pasaría a ser parque público (UP).
Pero en marzo de 2004, la empresa AA 2000 presentó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un proyecto de ampliación del Aeroparque para suplir su obsolecencia. El plan incluía, prolongar las cabeceras norte y sur para extender las zonas de seguridad, ampliar la distancia entre la pista y la calle de carreteo en base a nuevos rellenos costeros, y construir túneles vehiculares y la mano faltante de la AU Illia hacia la General Paz, desplazando las vías del ex Ferrocarril Belgrano. El Estado Nacional y el de la Ciudad correrían con los gastos mayores, incluyendo la absorción de la deuda de AA2000 (una empresa off shore con sede en Montevideo), que, en concepto de inversiones no realizadas y falta de pago de canon, ascendía a 800 millones de dólares.
Esta propuesta debió ser tratada en varios ámbitos y con todos los involucrados: con la población, principal afectada por el alto impacto ambiental negativo que tiene sobre el área más densamente poblada de la ciudad; en el Congreso Nacional, porque las tierras del Aeroparque y las destinadas a ampliar su cabecera norte son del Estado Nacional; en la Legislatura porteña, porque implicaba la reconfiguració n de un área importante de la Ciudad. De hecho, la Plaza Bosque Alegre, destinada a ampliar la cabecera sur, debía ser (y lo fue) destruida.
Lejos de suceder algo de lo que hubiera correspondido, el 23 de agosto de 2004 el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad firmaron un Convenio "a efectos de mantener el emplazamiento actual del Aeroparque Jorge Newbery". Además, la Ciudad se comprometió a desarrollar las obras de adaptación urbana al proyecto de ampliación e incumplió la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental.En agosto de 2005, el GCBA cumplió con el rito de celebrar una inocua Audiencia Pública para tratar el tema: un impasible Roberto Feletti, responsable de las obras por la Ciudad, escuchó durante varias horas a más de cien representantes de diversas organizaciones (entre ellos el que suscribe), oponerse al proyecto por diversas razones. Paralelamente, también se escucharon algunas voces contrarias a la iniciativa en marcha: algunas ONGs (ver Clarín ARQ del 19/4/04), algunos diputados de la Ciudad y el Consejo de Planeamiento Estratégico. Para los partidos políticos mayoritarios, el tema pasaba -y sigue pasando- desapercibido. Lo cierto es que AA2000 está realizando su proyecto con ayuda de los gobiernos Nacional y de la Ciudad. Logró que ambos se hagan cargo de los gastos y la condonación de su deuda y evitó invertir en otro aeropuerto. ¿Quién paga los platos rotos?
Osvaldfo Guerrica Echevarría, integrante de Tribuna Ambiental para Clarín Arquitectura - 13 de enero de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
MARCHA DEL 12 A LAS 12: JORNADA NACIONAL DE LUCHA AMBIENTAL CONTRA EL SAQUEO Y LA DEPREDACIÓN CAPITALISTA