El GRR deja sin explicar por qué se destruye la "cultura agraria y campesina" y, de esta manera, induce la confusión entre causas y consecuencias, promoviendo una táctica que, lejos de superar la realidad actual del capitalismo en crisis, la conserva. La "cultura agraria y campesina" está desapareciendo porque las condiciones materiales que daban sustento a esa forma de vida han sido revolucionadas por el avance capitalista. La expropiación del trabajador directo y su sustitución por el obrero colectivo moderno al mando del capital es una ley inexorable del desarrollo capitalista. Hay que reconocer -como señalara Trotsky- que el proceso de proletarización en el capitalismo tardío adquiere más formas a las pensadas por los autores del manifiesto. El desarrollo de la industria y la desocupación crónica provocan el paso de la pequeñoburguesía agraria y rural no ya sólo a la condición de proletarios inmediatamente explotados por el capital, sino a la de población obrera aparentemente sobrante, fenómeno que se expande conforme la crisis mundial progresa, lo que es ocultado por la estadística burguesa.

Decimos aparentemente porque, en realidad, las grandes masas obreras que hoy sobran no lo hacen en "abstracto", sino que sobran para el régimen organizado por el capital y son una expresión del desarrollo de la crisis en nuestras filas. Estas no sobrarían al interior de un régimen comandado por los trabajadores, en donde el pleno empleo de la capacidad humana de trabajo sea aplicado para el progreso de la colectividad y no para la acumulación de ganancias privadas, cada vez más difíciles de obtener. Visto desde nuestros intereses históricos, lo único que sobra es el capital.

Las luchas recientes del movimiento de desocupados le han arrancado a la burguesía numerosos planes sociales que actúan paliando la necesidad más vital: comida, vestimenta, techo. En vez de promover la lucha por la transformación de estos planes en seguros de desempleo equivalentes a la canasta familiar, en vez de apuntalar la lucha de los sin techos por la vivienda obrera digna, en vez de señalar decididamente al régimen responsable de la barbarie que vemos a diario, el GRR propone que las masas expropiadas vuelvan al campo para que vivan en "quizás ¼ de hectárea o acaso más" en donde tener unos animales, un horno de barro "y ser libres en nuestras decisiones"; pero, por sobre todo, que ¡no necesiten planes sociales! En fin, el GRR propone que las masas se autoexploten en una diminuta parcela de tierra como forma de enfrentar la crisis del capital. Extraña forma de buscar la libertad... Para los revolucionarios, la libertad sólo existe en la acción política guiada por la necesidad histórica. En nuestro caso, la necesidad de superar el régimen caduco del capital, transformando la crisis histórica que sacude hoy el mundo en una crisis revolucionaria que lleve al poder a la única clase capaz de acabar con la barbarie: el proletariado.

Miguel Ramírez

Los jóvenes cosecheros salen a la lucha

Los jóvenes trabajadores del Ingenio La Esperanza se han puesto en pie de lucha después de tantos tire y afloje con la patronal y el gobierno. Su condición en la producción azucarera es precaria, ya que los métodos de trabajo son de antaño y con total desprotección de los trabajadores. Bajo el engaño de la mano de obra contratada año a año en tiempos de zafra, el Ingenio La Esperanza, arrendado por Roggio, explota a cientos de jóvenes tercerizados, en la mayoría de los casos por un contratista. El acuerdo se da a través del surco patrón y una determinada cantidad de toneladas de caña cortadas, de la cual a los cosecheros se le pagaun porcentaje; en este caso, a los jóvenes se les está paga cinco días de los 30, por un monto de 800 pesos, a sabiendas de las ganancias que da el azúcar en este período, sumado a la producción de alcohol de caña en cantidad. Los jóvenes cosecheros decidieron poner fin a esta situación, y en los primeros días del inicio de zafra solicitaron al sindicato soluciones concretas.

El sindicato, lejos de protegerlos, sostiene el lucro de Roggio y la ventaja de los capataces a cargo de los obreros cuarta. Cuando se trata de resolver los conflictos, el gobierno suele mandar al diputado Rivarola, audaz y maniobrero, que busca junto a la burocracia sindical ahogar las luchas, lo que no ha funcionado en esta ocasión. La joven camada de cosecheros. El pasado jueves cortaron la ruta 34, a siete días de los violentos desalojos en Libertador. Su lucha no fue cubierta por los medios locales, que estaban ocupados graficando las tomas de casas y tierras de los punteros de la red de organizaciones nucleadas en la Tupac; la única cobertura la posibilitó una delegación del PO pasado el mediodía.

El modelo productivo K se manifiesta en la Jujuy de la agroindustria negrera y el acaparamiento latifundista.

Si Roggio dice que no tiene puestos de trabajo para los trabajadores, entonces que reduzca la jornada laboral a 6 horas, para ingresar a planta a todos los cuartas. Roggio debe presentar un plan de industrialización que integre toda la mano de obra, ya que la tecnificación (para mayor rentabilidad) que desplaza a los trabajadores violenta el acuerdo comprometido por la empresa, "de mantener la planta de personal y mejorar su condición laboral, con la extensión de cultivo y reindustrialización". Son momentos de fuertes ganancias y desarrollo productivo, subsidiado por el Estado, del negocio millonario del alcohol de caña para biodiesel, por este motivo, la patronal refuerza la participación de los trabajadores en su producción.

Por lo tanto, la exigencia de los jóvenes cuarta es más que genuina: pase a planta permanente, aumento de salario igual al costo de la canasta familiar, fin del régimen de trabajo tercerizado y en negro.

Mario Leguiza

Hace algunas semanas, la provincia de Río Negro llegó a las páginas del renombrado Financial Times, con la noticia de un convenio firmado por una empresa agroindustrial china con el gobierno de Saiz, para impulsar un proyecto que tiene por objetivo desarrollar sistemas de irrigación que permitan utilizar para la producción de soja tierras actualmente improductivas. Se trata, en realidad, de un acuerdo firmado en octubre del año pasado entre el gobernador y el grupo Beidahuang, la principal empresa alimenticia china, y que contaría con un préstamo inicial del BID por 300 mil dólares para financiar estudios del impacto ambiental y social del proyecto. El acuerdo se inscribe en un cuadro de alza de los precios mundiales de los alimentos y cuando se observa un persistente aumento en las importaciones chinas de maíz y porotos de soja para abastecer el consumo de la población: según el propio Financial Times, "China invirtió fuertemente en tres acuerdos energéticos el año pasado que han convertido a la Argentina en uno de sus más importantes puntos de apoyo en Latinoamérica, donde busca asegurarse energía, minerales y ahora alimentos para su economía en expansión" (30/6). Argentina vende actualmente a China el 90% de sus exportaciones de soja: uno de los impulsores del proyecto dijo que las provincias de Tucumán y Buenos Aires están dispuestas a establecer convenios similares con Beidahuang.

El proyecto ya ha sido objeto de denuncias de distintas organizaciones ambientales de la provincia, que ponen de relieve que el escueto texto de los convenios firmados no impone a los inversores obligaciones ni pautas del uso del suelo, el agua, la energía y los recursos de la provincia. Según el diario Río Negro (23/7) "la anunciada inversión implicaría ceder en forma concentrada el control de la producción y la exportación a una empresa, por un término estimado de cien años, en una superficie que rondaría las 300.000 hectáreas de valles irrigables, lo que equivale a seis veces el Alto Valle del Río Negro". En diciembre de 2010, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue señaló que de los convenios firmados por Saiz surgen "incertidumbres sobre el futuro uso de los recursos naturales y el modelo de desarrollo agropecuario para la provincia de Río Negro y las consecuencias que pueden tener sobre los aspectos socio-económicos y ambientales". Está en curso un recurso de amparo presentado ante la Justicia provincial para que el Poder Ejecutivo se abstenga de cualquier avance en la implementación de los convenios.

En efecto, los convenios "ofrecen tierras disponibles sin explotación", "ponen a disposición toda la información para relevar la inversión necesaria", todos los anteproyectos ya existentes y "todos los técnicos de la autoridad de aguas"; además de prometer "la mejor política de inversión, brindando garantías mediante la creación de leyes". El gobierno se compromete también a "brindar sin cargo alguno tres mil hectáreas de tierra para la realización de un campo experimental de cultivos de alto rendimiento" y facilitar "sin cargo alguno parte de la zona portuaria del puerto de San Antonio Este"; el convenio establece que "la concesión para el uso será por 50 años y se renovará automáticamente una vez cumplido el plazo" (Río Negro, 23/7).

La implementación de los convenios firmados, en cualquier caso, parece estar sujeta a las vicisitudes de la crisis mundial. Los convenios se firmaron en octubre de 2010, pero no hay decreto ni proyecto de ley que amplíe el alcance. El expediente administrativo sobre el tema sólo tiene veinte páginas, de las cuales buena parte son la traducción del convenio del chino mandarín. "El 28 de diciembre de 2010, [el ministro] Accatino relativizaba bastante el alcance de los convenios, a los que dio carácter 'preliminar', indicando que 'enmarcan la voluntad de evaluar la factibilidad de poner en producción intensiva valles de climas templados de los ríos Negro y Colorado'". Según el diario Río Negro, "esa notoria indefinición de un asunto que promete ser tan importante, pero del cual tan poco se conoce, unido a un antecedente próximo, lleva a temer que la supuesta voluntad de Saiz de fomentar esta inversión no sea más que un gran bluff" (ídem).

Martín López

En estas nuevas elecciones vienen por la revancha: impulsar el Proyecto San Jorge y la explotación de la megaminería contaminante.

No al Proyecto San Jorge

Para funcionar, el Proyecto San Jorge necesita hacer estallar entre 8 a 18 toneladas de explosivos por día, además de consumir un promedio de 141 litros de agua por segundo, 80.000 litros de combustible, 532 kilogramos de isobutil xantato de sodio (un material prohibido por la ley 7722) y un gasto energético de 208.851.225 kwh/a.

Esto significa una depredación ambiental fenomenal, que implicaría, entre otras cosas, hacer volar el cerro San Jorge, secar el arroyo Del Tigre y contaminar el aire por la emisión de material particulado y gases de combustión (por explosiones y proceso de extracción, molienda y transporte de minerales). La empresa canadiense Coro Mining sólo pagaría el 3% del valor de mina del mineral, aproximadamente 3 millones de pesos anuales; las empresas tienen la posibilidad de deducir el 100% del monto invertido.

Los empresarios y políticos pro-mineros prometen la creación de alrededor de tres mil puestos de trabajo en torno de la mina y un supuesto plan de desarrollo agrícola.

Reivindicaciones

• Reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias en trabajos insalubres.

• Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar -5.000 pesos.

• Jubilación del 82% móvil.

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, tercerizados o contratados, bajo el mejor convenio firmado por rama, según su actividad.

• Un plan de viviendas elaborado y controlado por un congreso de delegados electos de trabajadores de la construcción y afines, y asambleas populares de inquilinos y hacinados. Para que tengan viviendas todos los que la necesitan sin depender de los Schoklender o las cooperativas truchas de los punteros del Estado.

• Derogación de la ley impositiva de tasa cero para los grandes capitalistas de la provincia. Impuesto progresivo a las grandes fortunas.

• Triplicación del presupuesto de salud y educación.

• Estatización bajo control obrero de la explotación petrolera de la provincia, hoy está en manos de los Vila-Manzano y otros amigos del gobierno.

Corresponsal

La situación en la zona es calamitosa: ciudades destruidas como si hubieran sido bombardeadas, edificios reducidos a cimientos, barcos en los tejados, coches desplazados, pueblos costeros arrasados. 30.000 es la suma de muertos y desaparecidos; 90.000 personas fueron evacuadas por tiempo indeterminado. A principios de julio, asociaciones de residentes del área adyacente pidieron evacuar a todos los niños de la zona, tras denunciar la existencia de niveles de radioactividad hasta cuatro veces sobre el límite permitido. Según el grupo, esos niveles superan a los que indujeron a las autoridades rusas a evacuar a la población tras el desastre de Chernobyl en 1986.

Según Wolfang Weiss, jefe del comité científico de Naciones Unidas que dirige el estudio sobre el impacto del estallido de la central nuclear, "la liberación de radioactividad en Chernobyl se había acabado prácticamente a los diez días; en Fukushima llevamos cuatro meses y estaremos felices si se acaba al final del año, porque puede durar más. Puede ser peor que Chernobyl, todavía no lo sabemos. Chernobyl era un reactor. Aquí tenemos cuatro y un almacén de residuos, el inventario de lo que hay es mucho peor...los reactores son muy inestables; nadie puede saber si habrá otra liberación grave de partículas mañana".

El propio Kan, abriendo un paraguas que ya está agujereado, acaba de declarar el último fin de semana (8/7) que reparar las consecuencias del estallido de Fukushima puede extenderse por... décadas. El problema es que los efectos de someter a amplios grupos de personas durante mucho tiempo a dosis inclusive bajas de radiación son desconocidos. No hay precedentes para evaluar las consecuencias de una acumulación crónica de yodo radioactivo en las tiroides y de cesio en los huesos. La petición de emergencia para evacuar a los niños de Fukushima incluyó la denuncia de que las autoridades se han centrado en medir la radioactividad en el medio ambiente y no en el interior de las personas, donde ha podido llegar por la inhalación e ingestión de isótopos en polvo, comidas o bebidas.

Al gobierno ya no le cree nadie porque ha mentido sistemáticamente sobre el alcance del desastre. Recién en junio un informe oficial admitió que en las primeras horas se fundieron los núcleos de tres de los cuatro reactores y que posiblemente se rompieron las vasijas en los que el combustible está confinado. Esto implica que el combustible está en forma de magma fundido fuera de la vasija, una situación más grave que la peor prevista por los expertos el día de las explosiones de hidrógeno en la central.

Días atrás el municipio de Genkai, en el suroeste de Japón, rechazó los planteos de la administración central y decidió postergar la reactivación de su propia planta nuclear, la primera en ponerse en marcha luego del parate en masa que siguió al tsunami. Con esto ha quedado en veremos la reactivación de los otros 34 reactores detenidos en Japón (60% del total). El diario Yomiuri, el de mayor tirada en el país, alertó en un editorial: "si no hace nada, los 54 reactores nucleares del país serán cerrados en menos de un año por inspecciones (obligatorias por ley) u otras razones y el 30 por ciento del suministro energético se perderá". Los apagones pueden transformarse de excepción en regla y el parate económico extenderse por falta de suministro. Las grande compañías japonesas anunciaron que 2011 será un año negro en sus cuentas (El País, 12/6). El "modelo" japonés se ha transformado en el paradigma de la catástrofe capitalista mundial.

Pablo Rieznik

En la cuidad, la economía depende solamente del turismo que históricamente ha beneficiado a los pulpos hoteleros y transportistas, donde los trabajadores temporarios pasan seis meses al año sobreexplotados, trabajando de lunes a lunes a destajo por un salario que no les permitirá pasar los meses de "baja" durante los cuales estarán desocupados.

Frente al desastre natural, el Estado municipal, coherente con su carácter capitalista, ha salido a rescatar a empresarios de toda índole, pero nada está garantizando que la gran población desocupada trabaje esta temporada, sin contar la gran cantidad de cuentapropistas, artesanos, costureras y tejedoras que trabajan miles de horas sin ningún tipo de cobertura social, un ejemplo sureño de la explotación laboral.

Los empresarios locales lograron que se los exima de impuestos, se les otorgue Repro y se le habiliten líneas de préstamo a bajísimo interés; pero nada les impide el recorte de horas de trabajo o las suspensiones a los trabajadores.

El plan de "recuperación social" del Saiz y Cascon consiste en precarizar aún más las condiciones de vida de las barriadas barilochenses, nada se habla de puestos genuinos de trabajo, la provincia se endeudará con 50 millones de pesos del BID, los cuales serán utilizados en planes de 400 pesos, cuando la canasta familiar en Bariloche supera ¡los 6.500 pesos!, chapas y leña, los cuales, en el marco de las campañas políticas se terminan siendo entregadas, según criterio y conveniencia de punteros oficialistas.

El rol de las burocracias sindicales está siendo miserable, no se movilizaron ni una sola vez en defensa de los puestos de trabajo caídos, como tampoco contra las suspensiones y despidos que están ocurriendo, sino todo lo contrario, UTHGRA, AEC, UTA y Soyem firmaron la paz social con los empresarios y el gobierno. En este caso, tanto CGT y CTA se dan la mano al gobierno radical orgánico para estafar a los trabajadores.

Ni los gobiernos patronales ni sus burocracias sindicales tienen nada que ofrecer a los trabajadores ya que continúan subsidiando la pobreza a modo de contención social sin resolver verdaderamente los problemas de los laburantes, así que mientras paleamos ceniza saquemos nuestras conclusiones...

Juli (PO-Bariloche

Crónica de un vaciamiento anunciado

Cuando en septiembre del año pasado CFK promulgó la Ley de Glaciares denunciamos que se trataba de una estafa a los reclamos ambientalistas, porque el gobierno, agente de los pulpos mineros, tenía a su cargo su implementación. Como complemento, la justicia es funcional a esta desnaturalización de la ley.

Justicia

Apenas promulgada, los gobernadores kirchneristas promineros -como Gioja en San Juan- se apresuraron a reclamar la inconstitucionalidad de la ley. También lo reclamaron la Barrick y la burocracia de la Aoma. El juez federal de esa provincia rápidamente dictó una medida cautelar que suspende la vigencia de la ley en esa provincia. Barrick no explota solamente el yacimiento de Veladero, en las altas cumbres sanjuaninas, en medio de las zonas de glaciares, sino que está construyendo el megayacimiento binacional de Pascua Lama en la frontera con Chile, que supuestamente debiera proteger la ley. La construcción avanza a todo trapo y la Barrick (como en su momento Botnia en Gualeguaychú) se maneja con la política de los hechos consumados.

Inventario y reglamentación

El artículo 15 de la ley establecía que el gobierno debía implementar en 180 días un inventario de los glaciares y zonas periglaciares a preservar. Por las condiciones climáticas, la época más propicia es la primavera y el verano. Pero el gobierno nacional los dejó pasar y recién reglamentó la ley en marzo de este año. Así la pateó un año. Pero además, dejó sin reglamentar el artículo 15. Adicionalmente, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, detalló que "los primeros datos sobre los glaciares y zonas periglaciares los tendremos en un año y en cinco años completaremos la información" (Télam, 2/3). El jefe de Gabinete completó: "en un año tendremos algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares" (Página/12, 2/3).

El inventario, según la ley, debía realizarlo el Ianiglia (Instituto de Nivología, dependiente del Conicet). Pero tres meses después de "reglamentada" la ley, Aníbal Fernández y Mussi "le entregan 3.400.000 pesos presupuestados para el primer año de ejecución del Inventario del Glaciares, a la Fundación Innova-T" (Secretaría de Medio ambiente, 10/6). Esta fundación, si bien fue promovida por el Conicet (en 1993), hoy es una ONG independiente que ha sido denunciada por haber trabajado para la Barrick. Además, con esos fondos no le alcanza ni para empezar.

Corte Suprema

Paralelamente, el 7 del mes pasado, la Corte Suprema decidió aceptar la "competencia originaria" en las demandas que la provincia de San Juan, Barrick y Aoma había entablado por la inconstitucionalidad de la ley. Coincidentemente, esta intervención fue elogiada tanto desde ciertas posturas ambientalistas como desde los agentes de los pulpos mineros.

En un artículo de opinión en Clarín (23/6), los referentes ambientalistas Svampa y Viale consideran que el hecho de que "la Corte tome cartas en el asunto es una buena noticia". Por su parte, Daniel Tomas, diputado sanjuanino del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara declaró: "Es buena noticia que la Corte se ocupe del diferendo de la ley de glaciares" (Diario de Cuyo, 12/6). Más contundente fue el título de El diario de Cuyo, del 9 de junio, que apuntó en otra dirección: "El gobierno de Gioja está 'satisfecho'".

Gioja sabe de lo que habla, los otros, no: es que la Corte no le otorgó a su intervención efecto suspensivo, es decir que mientras "estudia" el caso, las medidas cautelares del juzgado sanjuanino continúan vigentes. Además, reconoció como "querellantes" a la provincia y a la Barrick, pero no a las organizaciones ambientalistas.

Como es sabido que la Corte maneja sus tiempos; no quiere interferir en la campaña electoral -y tampoco querrá crear un 'conflicto de poderes' después del 10 de diciembre, cuando asumirá un gobierno que seguirá protegiendo los negocios mineros (sea oficialista u opositor).

Volvemos al lugar común: "hecha la ley, hecha la trampa".

Miguel Gómez

"Las elecciones y el medio ambiente"

Qué hace la Fuba en cuanto a la problemática ambiental

Marcelo Ramal, Candidato a legislador del Frente de Izquierda, docente FCEUDA y Unqui

Edgardo Decaminada, Docente del Area de Producción FCV

Rodolfo Golluscio, Decano de la Facultad de Agronomía - UBA

Modera: Laura Casal, dirigente de la Fuba y consejera superior de la UBA por la mayoría estudiantil

Viernes 24, 15:30 hs - Aula 10 CUR - Paternal

Isabel, vocera de la Asamblea Autoconvocados por la Vida

-Esta es una marcha más de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados de Rigolleau, que hace seis años venimos pidiendo el traslado de la subestación a una zona no poblada, por los efectos contaminantes del electromagnetismo. Esta lucha ha sido pacífica y las respuestas de las autoridades nacionales, como provinciales y municipales -más allá de no querer atendernos- ha sido la represión. Fuimos reprimidos en 2005 y mayo de 2006, volvimos a ser reprimidos el mayo de 2011 con varios heridos. Además, hemos sido filmados, somos perseguidos a nuestras casas y fotografiados por los servicios de seguridad, por el municipio y por el propio Edesur, en un acto de total falta de respeto a la Constitución Nacional. Hemos sido sitiados por efectivos de la fuerza de seguridad de la provincia, la policía de Berazategui y también han estado presentes la Infantería y la Gendarmería, colaborando con este procedimiento policial para que una multinacional como Edesur ponga la subestación contaminante en el corazón de la ciudad, la cual está rodeada por 25 colegios y en una zona totalmente urbanizada. Entonces, lo que pedimos es que se traslade la subestación fuera del casco urbano y que saquen la policía de Berazategui. Basta de represión, de persecución, que se desprocese a la vecina detenida y que, de alguna manera, las autoridades se hagan responsables de este conflicto.

-¿Se pronunció el Concejo de Berazategui?

-A favor de la subestación, como se han pronunciado la UIB, comercios, empresarios y, lamentablemente, se han sumado algunos colegios y sociedades de fomentos que han respondido a la presión política del municipio, porque reciben subsidios de ellos.

-El gobierno nacional y provincial, ¿se pronuncian ante el conflicto?

-Sí, a favor de la subestación. Primero, porque es una obra nacional aprobada por el Enre; segundo, porque el impacto de política ambiental se ha dado apto, cuando allí la obra no tiene ningún tipo de control, pasa justo sobre un gasoducto principal de la calle 21; y, además, el municipio de Juan José Mussi, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue el que aprobó esta obra y no nos ha querido atender, al igual que Juan Patricio Mussi (h), ni tampoco el gobierno de la provincia. Hoy, estamos peticionando al gobierno nacional.

-¿Cómo sigue esta lucha?

-En estos momentos, Edesur sigue trabajando en el barrio con toda la intención de poner en marcha la subestación; por supuesto, con el resguardo de las fuerzas de seguridad que trabajan para la empresa. Ellos mismos han reconocido ser pagos por Edesur.
El martes 17 de mayo, nuevamente estaremos en asamblea y allí decidiremos entre todos los pasos a seguir.

Corresponsal

Durante este mes hemos asistido a una ola de grandes manifestaciones ecologistas y de comunidades afectadas. Esto ocurre en Europa, en particular respecto de la energía nuclear y también, por supuesto, en Japón.

En este ultimo país, hubo grandes marchas que acaban de lograr el cierre de la central nuclear de Hamaoka, que se enorgullecía de estar en la peor zona sísmica del mundo, sobre la confluencia de tres placas tectónicas. Pero Fukushima -ya cerrada definitivamente, pero todavía emitiendo radiactividad- lo cambió todo y el primer ministro, Naoto Kan, pidió a la eléctrica Chubu que pare los tres reactores de Hamaoka.

La decisión es un duro golpe para la industria atómica, pues Tokio había hecho de la promoción de la energía nuclear una de sus apuestas para relanzar la economía. Ahora será muy complicado para empresas como Hitachi o Toshiba vender sus reactores. Pero esto no solamente afecta al parque eléctrico, sino también a toda la industria automotriz y electrónica mundial. Japón tiene un tercio de los reactores nucleares fuera de servicio, con la consecuencia de restricciones severas de suministro urbano e industrial.

Chile y Uruguay

El sábado 21, en Chile, 60.000 personas se pronunciaron contra un plan de mega-represas en la región patagónica. La semana anterior hubo 50.000 personas en la calle que se oponían también a la construcción de Hidroaysén.

El 12 de mayo, la marcha y el acto mismo estuvieron fuertemente escoltados por carabineros de Fuerzas Especiales, incontables carros lanzaaguas y lanzagases lacrimógenos que, antes de que terminaran los discursos y comenzara la presentación de los artistas invitados, se entregaron a la represión contra los jóvenes manifestantes, oficialmente hubo al menos treinta estudiantes detenidos.

"A pesar de esta acción represiva, miles lograron el objetivo de llegar frente a La Moneda, donde luego de un rato fueron nuevamente dispersadas por la brutalidad policial, con un helicóptero como medida de amedrentamiento por sobre la zona, iluminando desde el aire. Tal como el '73". Así lo expresa el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que pide la renuncia del ministro Rodrigo Hinzpeter.

En Valparaíso, y en otras ciudades y regiones del país se efectuaron actos similares a los de Santiago.

En Uruguay, el gobierno del Frente Amplio no sólo convalida Botnia-UPM y quiere avanzar con Ence en Colonia, sino que ahora está promoviendo la minería a cielo abierto. El megaproyecto Aratiri va a explotar un mineral que ya ha desvastado el Congo, el coltán.

El 13 de mayo se realizó una importante marcha convocada por una coordinación que incluyó productores ganaderos afectados por la minera Aratiri, de los departamentos de Treinta y Tres, Florida, Durazno y Lavalleja, de vecinos y visitantes de las costas de Rocha, incluyendo Punta del Diablo, La Esmeralda, Cabo Polonio, La Paloma, diversas organizaciones del movimiento ambiental, sindicalistas, organizaciones de la enseñanza y estudiantes, movimientos por la tierra y la conservación de los recursos naturales. La marcha, que incluyó cien jinetes a caballo y unas 2.500 personas, recorrió la Avenida General Flores, finalizando con un acto enfrente al Palacio Legislativo.

Entre las consignas figuraba: No queremos un puerto de aguas profundas en La Esmeralda.

Cabe esperar que estas manifestaciones tengan una expresión política vinculada con los intereses de los trabajadores en su conjunto. Dado que estos emprendimientos afectan el suelo, el agua, a los productores agropecuarios y a un gran sector de trabajadores agroindustriales que quedan sin trabajo por el desarrollo de estos emprendimientos. Además queda comprometida la soberanía alimentaria.

Alicia Rodríguez

El Sí que el último domingo obtuvo el referendo diseñado por Gioja, para otorgarse un tercer período de gobierno consecutivo, fue elevado a la categoría de abrumador, esto antes de que se supiera que había ido a votar el 62% del padrón -la menor concurrencia a las urnas desde los cacerolazos de 2001-2002. En este escenario, el Sí (66% de los sufragios) solo alcanzó el apoyo del 40% del electorado.

La re-reelección de la Barrick

La enmienda que habilita a Gioja a presentarse para un tercer período de gobierno, nace aupada por los grupos mineros. La explotación minera en San Juan está provocando una enorme depredación ambiental y laboral. En momentos en que la onza registra valores internacionales históricos, el negocio se ha convertido en un enorme ducto por donde se drenan las riquezas de la nación. Recordemos que desde las épocas de Kirchner-Lavagna existe un paquete de leyes que habilita a las empresas mineras a liquidar el 80% de las ganancias fuera del país. Recientemente, el propio Gioja impulsó una ley en la legislatura sanjuanina, que impide al Tribunal de Cuentas objetar el cálculo de regalías efectuado por las propias compañías sin ningún tipo de control por parte del Estado.

En este cuadro, los grupos mineros necesitaron de esta enmienda constitucional para asegurarse la continuidad del plantel gerencial de sus negocios que encabeza el propio Gioja. Pese a las enormes ganancias generadas por la actividad minera, San Juan no ha dejado de ser una provincia sumida en la miseria, donde la precarización laboral supera ampliamente la media del país.

El cambalache del No

La oposición a la re-reelección mostró un variopinto político que iba desde viudas del giojismo -el propio senador Cesar Gioja, hermano del gobernador, hizo campaña por el No-, pasando por el progresismo, el duhaldismo, la izquierda y la CTA. Un sector de los oposicionistas fue a disputarle a Gioja el rol de lobbistas de las empresas mineras; es el caso del senador-hermano del gobernador. Este Gioja se acordó tarde de que la Barrick no tributaba lo necesario, ya que él mismo fue durante los últimos años presidente de la Comisión de Minería del Senado de la Nación. La opción del "no" no despertó un interés entre las masas, que nunca fueron convocadas con un programa propio; la ausencia de un programa que levantase las reivindicaciones de las masas oprimidas de San Juan, le restó sustancia.

La endeblez del triunfo del Sí fue advertida por el oficialismo nacional y sorprendió a todos aquellos que se guían por las encuestas previas.

Manuel D'Alessandro

Trabajo sí, contaminación no

No decimos ninguna novedad cuando afirmamos que el Riachuelo que rodea la Ciudad de Buenos Aires es uno de los cursos de agua más contaminados del mundo.

Desde hace más de 50 años, los capitalistas que tienen sus fábricas a la vera del río vuelcan sobre el agua sus desechos industriales y cloacales.

Según la Corte Suprema de Justicia y todas las organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales en el lecho del Riachuelo y en sus costas hay altísimos niveles de residuos tóxicos (asbesto).

Según un estudio hecho por Greenpeace, citado por Página/12 (17/4), la cuenca del Riachuelo contiene esta sustancia (asbesto), la cual según la Organización Mundial de la Salud es altamente cancerígena y se cobra, en el mundo por año, unas 100.000 vidas humanas por enfermedades como el cáncer de pulmón, pleura, etc.

A lo largo de su lecho y arrastrados por la bajante, hay además cromo, plomo, cadmio, mercurio y arsénico.

Según el presidente de la Academia Argentina de las Ciencias del Ambiente, Raúl Estrada Oyuela, "el lento flujo (del río) aumenta la acumulación de contaminantes en su lecho" (Clarín.com, 6/4).

Por otro lado, las altas y bajas de la cota del río depositan en sus costas todos estos contaminantes.

El contacto o la exposición a estos elementos puede producir, entre otras, estas enfermedades: diarreas, dolor de estómago y vómitos severos; fractura de huesos; fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad; daño al sistema nervioso central; daño al sistema inmune; desórdenes psicológicos; posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer.

Sobre la ribera de esta cloaca al aire libre, trabajan todos los días decenas de compañeros del programa Argentina Trabaja que (tal como lo muestra la foto tomada el lunes 25 de abril en Lanús) realizan sus tareas sin ninguna protección.

Tampoco la tienen quienes trabajamos sobre arroyos y a la vera de campos, rutas y pastizales.

Ante los reclamos de varias cuadrillas por elementos de trabajo, la respuesta es siempre la misma: "no hay presupuesto".

El gobierno "nacional y popular" se jacta del crecimiento récord y de que las arcas están llenas.

Para el pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas no faltan fondos.

Sobran los recursos, entonces ¿por qué trabajamos en estas condiciones? El problema es que la precarización laboral es parte fundamental del "modelo" productivo de Cristina, la que igual que las tercerizaciones (recordar la lucha de los ferroviarios) es requerida por los patrones para sostener su tasa de ganancia.

A 64 días de la declaración de los derechos del trabajador del primer gobierno peronista (Nº 4, derecho a las condiciones dignas de trabajo; Nº 5, derecho a la preservación de la salud), el kirchnerismo es el abanderado del trabajo precario y de la violación de los convenios y derechos.

De esto tampoco habla la llamada oposición.

Ni el PJ de Duhalde ni la UCR, ni Sabbattella (que tienen concejales en el conurbano) han presentado un miserable pedido de informes sobre este ataque a la salud de los trabajadores, ni la CGT ni la CTA consideraron hacer, este 1º de Mayo, un reclamo por los 150 mil trabajadores precarizados, fuera de convenio, en negro y contaminados que conformamos el AT.

Organicemos los reclamos

Como quedó demostrado en las recientes luchas de los ferroviarios tercerizados, es posible cambiar nuestras condiciones de trabajo si nos organizamos y luchamos por lo nuestro.

Los trabajadores del AT tenemos que organizarnos porque de eso depende no sólo nuestro miserable ingreso (1.200 pesos ¡congelados desde 2009!), sino nuestra propia vida y la de nuestras familias.

Sin baños, sin vestuarios, sin ropa adecuada para cada tarea, llevamos la contaminación a nuestras casas y a nuestras familias en nuestras zapatillas y en nuestra ropa.

La tarea urgente es elegir delegados y levantar un pliego de reclamos, conformar comisiones de salud y seguridad laboral.
Horario reducido a 6 horas para tareas insalubres y peligrosas.

Cursos de capacitación en seguridad laboral e higiene, capacitación en tareas de riesgo y salario de convenio acorde a la tarea.
Baños y vestuarios para los y las trabajadoras del programa.

Entrega de los elementos de seguridad correspondientes para cada caso, guantes de seguridad anticortes, cascos, borceguíes, trajes descartables para tareas peligrosas, máscaras antigases tóxicos y lo que cada comisión de salud y seguridad laboral proponga.
Pero el problema no termina aquí, ya que muchos de nosotros vivimos a la vera de esta inmundicia llamada Riachuelo -algo que compartimos con más de 5 millones de argentinos que vivimos, respiramos y tomamos agua de pozos contaminados por napas que bordean este curso de veneno y contaminación.

Tenemos que reclamar en asambleas junto a nuestros vecinos un estudio epidemiológico, atención médica y sanitaria para todos los vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo, su limpieza definitiva y el control obrero de las fábricas para terminar con la contaminación y el envenenamiento de vecinos y trabajadores.

• Basta de precarización laboral, que, además de eliminar conquistas y abaratar salarios, mata.

• Pase a planta, convenio y salario mínimo igual a la canasta familiar.

Chiquito

Un grupo de cuatro comuneros mapuches que se encuentran detenidos en Angol, a 575 kilómetros al sur de Santiago de Chile, a quienes les fue aplicada la nefasta Ley Antiterrorista del pinochetismo, ya cumplieron 45 días de huelga de hambre en protesta contra la condena de 25 años que recibieron.

Los comuneros ya habían participado de una huelga de hambre el año pasado, junto con un grupo más extenso de presos mapuches que exigían la derogación de la ley. La protesta finalizó con el acuerdo de que no sería aplicada la Ley Antiterrorista contra los comuneros. Sin embargo, la Justicia sí se basó para su fallo en la investigación realizada bajo los términos de la ley, que contempla una serie de atribuciones excepcionales a lafiscalía como la utilización de "testigos secretos" (!), mientras que la defensa denuncia que existieron torturas a los detenidos, que jamás fueron investigadas. De aquí salió la supuesta confesión de uno de los comuneros. El año pasado, producto de la enorme movilización que se produjo en solidaridad con la huelga de hambre, fueron liberados 14 presos mapuches que se encontraban detenidos desde hacía dos años sin causa alguna. Un verdadero Guantánamo.

La salud de los detenidos es extremadamente frágil. A los 14 kilos en promedio que han bajado, se suman las secuelas de la prolongada medida del año pasado que los debilitó severamente. La persecución sistemática contra las comunidades mapuches por parte del gobierno chileno refleja una verdadera "política de Estado".

¡Libertad a todos los presos mapuches!

¡Abajo la Ley Antiterrorista!

Los "secretos" de Fukushima (II)

La catástrofe de Fukushima comenzó para sus trabajadores antes del estallido, cuyas consecuencias siguen sin poder estimarse porque la fuga radioactiva no se contiene y sus efectos sobre los seres humanos y el medio ambiente son acumulativos. Como se acumulan en las últimas semanas las denuncias sobre el carácter criminal de la gestión capitalista de la industria nuclear a nivel planetario, jaqueada por la crisis mundial.

Las condiciones de trabajo en Fukushima eran y son simplemente "terribles", según acaba de calificarlas el corresponsal del New York Times en un informe reciente (9/4). Y no es sólo Fukushima: en toda la industria nuclear japonesa revista una "subclase de jornaleros que trabajan por un sueldo más bajo, tienen menos seguridad laboral y reciben menos prestaciones", consagrados a una labor en la cual arriesgan su vida. Medio centenar de ex empleados de Fukushima han tenido que retirarse en los últimos años luego de haber desarrollado diversos tipos de cáncer. Los expertos en salud señalan que son muchos más los trabajadores que experimentan problemas de salud como resultado de su trabajo, cosa que con frecuencia es difícil demostrar. La precarización laboral en esta industria de punta del "primer mundo" es peor que "tercermundista": de aproximadamente 83.000 trabajadores en las 18 plantas de energía nuclear comercial en Japón, el 88 por ciento estaba sujeto a contratos temporales anuales, según un informe del año pasado. En Fukushima, el 89 por ciento de los más de 10.000 empleados eran subcontratados. ¡El paraíso de la "tercerización", otra que Ugofe!

La superexplotación capitalista de los "miles de jornaleros temporales no capacitados (sic)" que durante años se han hecho cargo del trabajo peligroso en las plantas nucleares, "no sólo ha puesto en peligro la salud de estos trabajadores sino que ha socavado la seguridad en los 55 reactores nucleares de Japón" (ídem). Y no es novedad: en setiembre de 1999, en la planta de enriquecimiento de Tokaimura, tres operarios sin preparación hicieron que comenzara la reacción en cadena en una planta de enriquecimiento de uranio, algo impensable, según registra otro informe del diario español El País. Cuando voceros del régimen japonés nos decían que a diferencia de Chernobil, donde el desastre se debió a un "error humano" por impericia en el manejo de la usina, en Japón nada de esto podía suceder, estaban entonces macaneando a sabiendas.

Pero hay mucho más macaneo porque, además de todo el mal diseño de la planta de Fukushima, es la que contenía el potencial explosivo que detonó el terremoto. Un experto en ingeniería nuclear, Yoichi Kikuchi, acaba de denunciar que numerosas plantas nucleares de Japón están funcionando en condiciones de seguridad inaceptables en "un juego peligroso para eludir controles de las agencias oficiales e incrementar sus beneficios" (www. nakedcapitalism. com). Desde la década del '80 del siglo pasado existen denuncias en los Estados Unidos sobre los defectos de construcción en los sistemas de seguridad en Fukushima. Esto incluye barbaridades como la construcción de los tanques de combustible que refrigeran el núcleo de la planta a nivel del mar, en el país que ha hecho conocer al planeta el fenómeno de los "tsunami". Fue el colapso del sistema de refrigeración precisamente el punto de partida de la tragedia actual.

La falta de mantenimiento (¡para ahorrar costos!) y el envejecimiento de las construcciones se han convertido en una amenaza generalizada. En los informes de especialistas en Internet y en numerosos blogs se multiplican las denuncias sobre la complicidad con esta situación de los organismos de control de la industria nuclear yanqui, estrechamente vinculada a la japonesa: la estadounidense General Electric está asociada a Tepco, la propietaria privada de Fukushima.

La crisis capitalista ha metido su propia cola en este asunto porque ha acentuado la competencia entre los diversos capitales asociados a este negocio. Por eso los representantes de la Unión Europea salieron antes que nadie a denunciar el "apocalipsis" japonés. La francesa Areva es la mayor empresa de ingeniería nuclear del mundo y ha salido a tallar contra sus competidoras. En Estados Unidos, en cambio, la obsolescencia de numerosas usinas está jaqueando el negocio de un sector que tiene el planeta entero como terreno de pelea para sus igualmente enormes inversiones.

La gestión capitalista, la super-explotación del trabajo, la competencia feroz en un cuadro de quebranto industrial generalizado han transformado a la delicada industria atómica y su energía limpia (en relación con la derivada de los combustibles no renovables) en una mugre explosiva para la humanidad.

Pablo Rieznik

El domingo 10 de abril, como parte del plan de lucha de la Asamblea Ambiental de Luján, se realizó un acto de repudio contra la criminalización de la lucha en defensa del medio ambiente. Los procesamientos afectan a seis vecinos (dos de los cuales son compañeros del PO) por el corte de ruta, en febrero de 2010, en rechazo al otorgamiento del certificado de aptitud ambiental (por parte de la OPDS bonaerense) a la contaminadora Curtarsa. Más de un centenar de vecinos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales se congregaron en la Plaza Colón, frente al municipio.

Allí se leyeron numerosas adhesiones de personalidades y organizaciones de todo el país, saludando y apoyando la lucha de la Asamblea de Luján. Hicieron uso de la palabra tres integrantes de la asamblea (Santiago Deschustter, Dino Viotto y Laura Olivares), la Alucec, el Centro de Veteranos de Malvinas, el Hogar Ruca Hueney, el titular del Suteba Luján, Sergio Correa y, por el Partido Obrero, Gastón Fernández.

En la intervención del PO se destacó -en las narices del municipio- la lucha del Polo Obrero la semana pasada por trabajo y vivienda -cuya respuesta por parte de la intendenta Rosso fue sólo la provocación de la Policía Bonaerense- y se ligó estas reivindicaciones con la situación ambiental del distrito, cuyo foco de contaminación no es sólo Curtarsa, sino también el basural, las cloacas, etc. Se reafirmó así que Rosso es una garante de los intereses inmobiliarios y los contaminadores locales. Se señaló, a su vez, que esta criminalización no se da en un contexto aislado; se citó el ejemplo de la lucha de los activistas de Greenpeace junto a los pobladores en las cercanías de la mina Veladero en San Juan, regenteado por la Barrick Gold con la anuencia del gobierno nacional de Cristina y el provincial de Gioja. Luego se mencionó la critica situación de los trabajadores de Curtarsa: son 400 los obreros que están suspendidos desde hace tiempo y la patronal, con la complicidad de la burocracia del cuero y los Estados provincial y municipal, no da respuesta. Se remarcó que está más vigente que nunca el principio de unidad obrero-vecinal para terminar de una vez con el saqueo ambiental y laboral.

El acto es un paso más en la lucha contra los procesamientos. El 4 de mayo, en Mercedes, citan a nuestros dos compañeros juntos. Seguramente realizaremos una campaña con pronunciamientos, acciones y en los medios de comunicación para armar una gran jornada ese día.

Más que nunca: ¡retiro inmediato de las causas judiciales a los seis vecinos luchadores por el medio ambiente!

¡Unidad obrero-ambiental!

Gastón F.

El retroceso de Japón fue acentuado por la suba del yen y las dificultades para exportar. Pero también la calidad de sus productos está en declive. Se revela en los reclamos sin precedentes a Toyota por vehículos con fallas y defectos. El presidente de la empresa tuvo que dar explicaciones en el Congreso de Estados Unidos. Hasta mayo de 2010, esas fallas produjeron 89 muertes. El gobierno de Estados Unidos la penalizó con la mayor multa a una empresa, por 16,4 millones de dólares, que la empresa no apeló.

Obsolescencia nuclear

En diciembre de 2008, la Agencia Internacional de Energía Atómica (Iaea) decía que "las reglas de seguridad están desactualizadas", lo que produciría "serios problemas para las estaciones nucleares de energía" ante un fuerte terremoto. La planta de Fukushima está diseñada para "soportar terremotos de magnitud 7.0", según revelaciones de cables de WikiLeaks; el terremoto del 11 de marzo fue de magnitud 9.0.

La planta accidentada, fabricada y operada por Tepco comenzó a operar en marzo de 1971 con tecnología del '50 y debía salir de funcionamiento en febrero de 2011, semanas antes del accidente, según las autoridades japonesas (http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_I_Nuclear_Power_Plant ).

El "gobierno japonés se opuso al cierre de otras plantas nucleares en el oeste de Japón" que presentaban riesgo ante terremotos. En la Agencia de Seguridad Nuclear Japonesa (JNISA), "creían que los reactores eran suficientemente seguros y los análisis de seguridad eran apropiadamente conducidos" (Daily Telegraph, 15/3).

The Guardian hace referencia a un incidente de Kushiwazaki, un reactor en el noroeste de Japón, donde, un terremoto de escala 6.8, el 16 de julio de 2007, produjo un incendio de dos horas y permitió contaminación radiactiva de agua filtrada de la planta. Los ministros japoneses ignoraron advertencias sobre los reactores nucleares", dice en el titular (12/3).

Revisión total

Japón tiene 54 reactores nucleares -más de la décima parte del total mundial- establecidos en una zona geológicamente inestable y con alta densidad de población. "Obviamente -dice un experto-, Japón tendrá que repensar todo" (Daily Telegraph, 19/3).

Al gobierno y los expertos japoneses les cabe toda la responsabilidad de lo sucedido, no ha sido un "accidente", ha sido negligencia criminal. Ya se han detectado "trazos de radiación de la planta de Japón dañada (en Estados Unidos) desde California hasta Massachusetts, llevada a través del Pacífico, por ríos o el viento. Funcionarios dicen que no hay riesgo para la salud pública". También se han detectado "trazas de radiación en Canadá, Corea del Sur, China y Alemania" (Wall Street Journal, 29/3).

"La canciller Angela Merkel ha dicho que cerrará siete de las 17 plantas nucleares". El argumento es su obsolescencia, ya que son anteriores a 1980. Y ha dejado un alerta sobre la vetustez de todo el parque nuclear mundial (Daily Telegraph, 19/3).

Es uno de los sectores, a nivel mundial, donde no hay inversiones suficientes para renovar las plantas. El número de reactores en construcción es inferior a los que ingresan a la vejez. Están en construcción 65 reactores, 27 de los cuales están en China, cuyo gobierno dice que paralizó todos los proyectos. La agencia atómica del Reino Unido ha dicho que hay que esperar a las nuevas reglas que emergerán luego de la catástrofe de Yukushima (Daily Telegraph, 23/3).

Los reactores en actividad que tienen más de 30 años, son 154 y representan el 35% del total; y con 25 años hay funcionando 304 (69% del total) y no hay proyectos para renovarlos (www.world-nuclear.org).

Un cable de la CNN titula: "La mitad de los reactores de Estados Unidos tienen más de 30 años". En Estados Unidos, el 20% de la electricidad se genera en plantas nucleares".
Hay 440 reactores nucleares operando en 30 países, con una capacidad combinada de 376 GWe. En 2009 proveyeron 15% de la electricidad mundial (www.world-nuclear.org).

Por casa

Un editorial del New York Times dice que: "El tipo de reactor usado en la planta de Fukushima -hecho por General Electric, conocido como Mark 1, un reactor de agua en ebullición- es largamente conocido por su débil sistema de contención" (¡!). Esto explica por qué la contaminación radiactiva alcanzó niveles tan altos y se extendió a miles de kilómetros de Fukushima. El comentario recomienda revisar las plantas nucleares en California, construidas en una "zona sísmica", la falla de San Andrés.

El presidente de Francia, cuyo país es provisto en un 75% por energía nuclear, anunció que "todas las plantas nucleares tendrán una revisión", aunque será "voluntaria".

Radiación y petróleo

Hace un año, British Petroleum y Deepwater Horizont, Halliburton y Transocean produjeron en el Golfo de México el mayor derrame de petróleo de la historia; fue un acto de negligencia para bajar costos. Anadarko acusó a BP de "groseramente negligente"; se usaron malos materiales en la perforación. Halliburton proveyó cemento de baja calidad para sellar el pozo y el gobierno no tenía capacidad ni tecnología para controlar la extracción, dice The Economist en "Marea negra y abogados manchados" (2/11/10).

Tepco, la empresa propietaria de la planta de Fukushima- está quebrada. No tiene fondos para hacer frente al desastre ecológico y humanitario que ha provocado. Luego de distribuir dividendos por producir "energía barata", ahora el gobierno de Japón le dará fondos para enfrentar la tragedia.

Las nuevas plantas en proyecto, su rediseño ante el accidente de Fukushima, con nuevas normas de seguridad estarán en el debate. Los inversores privados se alejaran de todos los proyectos luego de este accidente y los gobiernos deberán cargar con el financiamiento de los proyectos en curso. El uso de "energías alternativas" tendrá un nuevo impulso. Un experto comenta que: "La mayoría de las plantas nucleares en países desarrollados, incluido Japón, fue construida hace 30-40 años y están cerca del fin de su vida útil". Los verdes tendrán quiénes financien sus proyectos (Financial Times, 27/3).

Japón se respaldó en la producción de energía (recordemos que estamos hablando de la tercera economía mundial) en plantas obsoletas administradas por Tepco, hoy técnicamente quebrada, cuando otras alternativas de producción de energía están al alcance de la mano. La energía geotérmica y eólica. Las acciones de Tepco cayeron a un cuarto de su precio antes del "accidente". Japón, sin embargo, está situado en un colchón de lava volcánica, el "Círculo de fuego", que tiene 108 volcanes en actividad que pueden proveer energía para calefacción de los hogares, para descongelar las carreteras, etc. Y con menos contaminación.

Pero antes de que se produzca un cambio, la demanda de petróleo producirá nuevas tensiones en el "mercado del crudo", mientras las revoluciones árabes reducen la oferta. La demanda en el corto plazo puede incrementarse y producir subas en sus precios, de un ingrediente inflacionario en la economía mundial.

"Efecto monetario" de la reconstrucción de Japón

Luego del terremoto, la moneda japonesa -el yen- se valorizó, pero mucho menos que cuando el terremoto de Kobe (1995). En aquella subió 25% en pocas semanas, la repatriación de fondos para la reconstrucción y el desarme de posiciones apalancadas llamadas "carry trade", que consisten en endeudarse en yenes y poner el dinero a tasas mayores en el extranjero, el desarme de estas posiciones pueden generar "caídas" como el viernes (1º/4) en su cotización. El G7 esperó el mismo fenómeno de "Kobe" y puso a actuar "toda su artillería", pero no fue necesario el yen; luego de un "fortalecimiento" inicial, se "devaluó" frente al dólar y ahora cotiza a menor valor que el momento del terremoto-tsunami.

¿Un cambio de tendencia?, analistas dicen que con una deuda de 250% del producto bruto, la moneda japonesa puede comenzar una declinación. Si esto sucede, un nuevo ingrediente se colará en la "guerra monetaria", coches japoneses, memorias de computadoras, productos electrónicos de bajo costo pueden inundar el mercado mundial. Y al interior de Japón, las importaciones para la reconstrucción y la mayor dependencia de combustibles fósiles agregarán inflación.

Nicolás Roveri

Ni sismo ni tsunami, la barbarie capitalista

Luego de casi tres semanas del sismo que sacudió a Japón -que dejó 10 mil muertos y 17 mil desaparecidos oficiales-, la amenaza de una catástrofe nuclear tiende a agravarse, según reconoció Yukiya Amano, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). La situación en la planta nuclear de Fukushima es de suma gravedad, en contraste con las informaciones difundidas por el gobierno y la empresa que opera la central, la Tokio Electric Power Co (Tepco), quienes minimizan, constantemente, la gravedad de los hechos. Algunos expertos denuncian que incluso puede haber una "fisura" en el núcleo de uno de los reactores, dado que se ha detectado Cesio 137, un elemento radioactivo cuya vida media es de 30 años, el cual sólo puede provenir de ese lugar (Clarín, 14/3). Al menos cuatro reactores están fuera de control, con daños graves en su estructura e, incluso, en su núcleo.

Mientras el gobierno destaca que han logrado reanudar parcialmente la electricidad en algunos sectores de la planta (con energía externa), en los últimos días ha salido a la luz una denuncia de enorme gravedad, que indica que los operarios que intentan enfriar los reactores no son empleados calificados, sino obreros subcontratados por Tepco, pertenecientes a empresas fantasma. Muchos de ellos ya han salido heridos considerablemente y uno perdió la vida. Sin embargo, dada la falta de información por parte de las autoridades, existe la sospecha de que el número de víctimas fatales entre los trabajadores podría ser mayor, así como de que el daño sufrido por la exposición a la radiactividad tendría consecuencias inmediatas sobre ellos. El nivel de improvisación en las tareas de rescate por parte del gobierno agrava la crisis, dado que utilizan agua de mar sin ningún control, lo cual luego facilita la extensión de la contaminación.

Por otro lado, las fugas -que se repiten sin ningún registro real- han producido elevados niveles de radiactividad en varias regiones. En los alrededores de Fukushima, los niveles han superado largamente los 500 microsiervets (unidad de medida de la radiactividad), considerada la dosis máxima de radiaciones inocua para la salud. En las cercanías de la central se llegó a detectar picos de radiactividad de 1.200 microsiervets. Para las personas expuestas a esa dosis, se espera en 30 días una mortalidad de 10%. También fue detectada una alta radiactividad en el mar. En el agua, a 330 metros de la planta nuclear, la radiactividad supera 1.250 veces el nivel permitido (La Nación, 17/3). Esto profundiza el riesgo de contaminación alimentaria (que ya fue registrada en varios productos, como leche y verduras cercanos a la central), además de comprometer severamente al conjunto de la industria pesquera japonesa. Por si fuera poco, en los últimos días se encontraron uranio y plutonio en varios puntos de los alrededores de la central nuclear. Estos hallazgos demuestran que estamos ante un desastre potencialmente mayor que el ocurrido en Chernobyl, el cual registra emisiones radiactivas hasta el día de hoy.

En oposición a las versiones periodísticas que circulan sobre el inquebrantable orden en la vida social nipona a pesar de la catástrofe y la crisis nuclear, las restricciones en la circulación de alimentos, los cortes temporales en la provisión de electricidad a las ciudades y la paralización de ramas productivas enteras de la economía (como la misma industria nuclear) ponen a Japón al borde del colapso y de la completa desorganización social.

La corporación nuclear

La impresionante tarea de encubrimiento que con tanto esmero llevan adelante el gobierno nipón y la Tepco sobre toda esta situación está ligada a lo que el diario Le Monde (25/3) definió como "el lobby nuclear", integrado por la Federación de Empresas Eléctricas (FEPC), la Agencia de Seguridad Industrial y Nuclear (Nisa), los grupos que construyeron las centrales (Toshiba, Hitachi, etc.) y los grupos que las operan, con Tepco a la cabeza, dado que había sido recientemente beneficiada con la extensión por diez años de su licencia para operar los reactores de Fukushima, además de la construcción de un nuevo reactor en el norte del país -ahora paralizada por el escándalo en marcha. Este conglomerado de pulpos energéticos ocupa un lugar neurálgico en la economía japonesa, al punto que la crisis que atraviesan puso a la tercera economía del planeta virtualmente en el abismo. Por este motivo, su historia está profundamente ligada al ocultamiento de accidentes y negligencias de todo tipo, partiendo de la construcción de reactores en regiones absolutamente inadecuadas para ello. La acción de los pulpos energéticos está estrechamente vinculada a la anarquía del modo de producción capitalista, que también incluye una sobreproducción de mercancías que consumen energía excesivamente -como la industria automotriz, emblema de la industria nipona. Por lo tanto, la única crítica realista que se puede desarrollar frente a la crisis nuclear es que sólo con una reorganización social sobre nuevas bases puede plantearse un desarrollo sustentable para la humanidad, sobre la base de una planificación de sus recursos y sus necesidades.

Diego Mendoza

No al Vial Costero, fuera la policía de Scioli y García

El miércoles 16, el país vio por los medios de comunicación cómo los vecinos eran reprimidos y desalojados por defender el espacio público en las costas del río de Vicente López. El gobierno de Scioli junto con el intendente kirchnerista Enrique García han puesto a disposición de los mega-negociados inmobiliarios todas las herramientas del Estado, beneficiando a un puñado de grupos económicos que usurpan el espacio público para embolsarse ganancias millonarias.

El avance en el proyecto inmobiliario recae sobre las espaldas de los vecinos y trabajadores del distrito. En 2008, García obtuvo un récord: fue el intendente que más aumentó el ABL; en algunos casos, los aumentos llegaron hasta un 400%. Luego, en 2009, volvió a la carga con un 20% más. En 2010 redujo los salarios de los docentes municipales e inició un proceso de vaciamiento de la Maternidad Santa Rosa y el geriátrico municipal. En ese mismo momento, García presentaba un presupuesto municipal que explicitaba el ajuste en la salud y la educación pública, y destinaba el 60% del presupuesto a las obras de infraestructura para garantizar el negociado inmobiliario. Este presupuesto fue votado también por el PRO, socio político de García.

El gobierno nacional ha otorgado 40 millones de pesos para la realización del Vial Costero, costo que representa sólo una parte del emprendimiento; los trabajadores de Vicente López pagamos de nuestros bolsillos las cloacas, el tendido eléctrico y el resto de las obras, pagando impuestos confiscatorios y soportando la precarización de la salud y la educación.

A fuerza de represión, el negociado inmobiliario que incluye la construcción del Vial Costero pretende abrirse camino. Es hora de sumar las fuerzas del conjunto de los vecinos y trabajadores para impedir la construcción del Vial Costero y recuperar el espacio para los vecinos. Para lograrlo, tenemos que impulsar un fuerte movimiento que imponga las necesidades populares frente al avance voraz de los negociados capitalistas.

Anulación inmediata de los aumentos en los impuestos. Presupuesto para la salud y la educación. Concreción inmediata del plan de viviendas populares y créditos accesibles para todos los inquilinos. No al Vial Costero. Fuera los meganegociados inmobiliarios.

El gobierno de Japón se ha visto forzado a admitir que el nivel de radiactividad ha aumentado en Tokio, a 250 kilómetros de la zona de la catástrofe, y es 20 veces mayor a lo normal.

Para los burócratas de la Unión Europea, a cargo de la energía nuclear, la cosa es peor: los reactores nucleares afectados por el tsunami de hace una semana se encuentran ya fuera de control.

El hidrógeno se ha separado del agua que se usa para proveer una refrigeración precaria de los reactores, lo que crea una cadena de explosiones imparables. Esas explosiones liberan a la atmósfera gases y partículas altamente radiactivas.

¿Cómo hemos llegado a esto?

Los reactores afectados fueron instalados en una zona sísmica y su tiempo de uso ha vencido hace tiempo.

Las razones para estos despropósitos son las de siempre: reducir costos ante el crecimiento de los precios de las energías alternativas, para mantener y aumentar los beneficios capitalistas.

Se ha alegado que la energía atómica es 'limpia', sin considerar su peligro potencial.

Esto ocurre luego del gigantesco derrame de petróleo de la British Petroleum en el Golfo de México, como consecuencia de la aplicación de métodos inseguros en la explotación en aguas profundas.

El 'modelo' de explotación capitalista de la naturaleza está socialmente agotado y se ha convertido en una amenaza directa para la humanidad.

El desastre de Chernobyl, en Ucrania, anunció, en los '80, el fin del régimen stalinista; el desastre de Japón descubre al máximo la irracionalidad del capitalismo -junto a las guerras, los campos de concentración y los genocidios.

La ley del beneficio privado y la correspondiente sobreexplotación de la fuerza humana de trabajo y del medio ambiente es la responsable de la miseria social y del saqueo natural.

El capitalismo ha desenvuelto su irracionalidad al máximo, sacrificando los intereses colectivos para impulsar el derroche privado, que cada vez más se convierte en desempleo masivo y privación de los bienes más elementales.

Mientras se desenvuelve esta tragedia, la preocupación de los gobiernos transita por otro lado: esconder la verdad a los pueblos y minimizar los alcances del gigantesco siniestro, o aprovechar la distracción hacia otros hechos para apurar la represión a la revolución árabe en Libia, Bahrein o Arabia Saudita.

Para que la humanidad pueda dominar la naturaleza en beneficio recíproco tiene que dominar sus propias relaciones sociales, abolir los antagonismos de la explotación del hombre por el hombre, para imponer una humanidad naturalizada sobre la deshumanidad socializada.

La consigna de la revolución socialista mundial está más vigente que nunca.

SOCIALISMO O BARBARIE

El Código Penal a los contaminadores, no a los luchadores ambientales y vecinos

El Juzgado Federal de Mercedes a cargo de Héctor Echave decidió procesar a cuatro vecinos a raíz de un corte en la ruta 5, altura Jáuregui, resuelto por la asamblea ambiental en febrero de 2010, en reclamo del cese de la contaminadora Curtarsa y la garantía de la fuente laboral de los obreros. Esa manifestación fue una de las tantas movilizaciones contra la curtiembre, de la que han participado decenas de organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales, de derechos humanos, etc., incluida la nuestra.

La acción judicial pretende criminalizar a quienes luchamos consecuentemente en defensa y por el derecho a un medio ambiente sano y contra las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los trabajadores.

Este intento de limitar la protesta no aparece como un rayo en cielo sereno, ya que, hace dos semanas, en una manifestación contra el saqueo minero en Veladero (provincia de San Juan) se llevaron detenida a una activista de Greenpeace (luego liberada como consecuencia de la enorme presión popular). Es en esta provincia donde la población se enfrenta a la Barrick Gold, multinacional que cuenta con el amparo del gobierno nacional de Cristina Kirchner y el provincial de José Luis Gioja.

En Luján, la cuestión ambiental es una prioridad en la agenda de sus trabajadores y vecinos. Donde, además de Curtarsa, afloran los zanjones con desperdicios de varias industrias, que inhalan constantemente los vecinos de las barriadas más pobres que, por caso, se llevara hace unos dos meses la vida de Johana, una compañera de la juventud del Polo Obrero que padecía asma, cuyo cuadro se agravó por las condiciones en las que habitaba. O el eterno basural del barrio San Pedro: la promesa de la intendenta Rosso de cerrarlo ante una cámara de CQC, aún sigue planteada. Y ni hablar de la situación de los efluentes cloacales, con miles de idas y vueltas en donde vertirlos y con denuncia de vecinos de vuelcos clandestinos. Rosso, en todo este tiempo, ha hecho pura demagogia, pero nada ha resuelto, lo que la convierte en títere y cómplice de los contaminadores.

En un comunicado reciente, la asamblea ambiental señaló que el juez Echave "es el mismo que cajonea las denuncias contra la curtiembre", lo que nos da una pauta de qué intereses sociales defiende "su señoría". Otro gran cómplice es la OPDS (agencia ambiental bonaerense), que es un organismo que más que velar por la protección del medio ambiente es un garante de los envenenadores, con el gobernador Scioli a la cabeza.

Cómo seguimos

La asamblea ambiental convocó a una conferencia de prensa el jueves 10, en el Club Flandria de Jáuregui, para dar cuenta de la situación y de las fechas (citan por separado) de las declaraciones indagatorias, y convocó a una asamblea para el lunes 14 en el quincho de la Universidad de Luján, para definir un plan de acción. Al momento de escribir estas líneas, nos enteramos que han sido citados dos compañeros de nuestro partido. Lo que amplía esta cacería de brujas de la Justicia hacia quienes luchan. Que, por otro lado, muestra un empecinamiento desesperado para criminalizar la lucha contra los contaminadores.

Porque rechazamos la judicialización de la protesta y porque no queremos más muertos, asesinados como consecuencia de la contaminación planteamos:

• Inmediato retiro de todos los cargos que imputa la Justicia a los cuatro luchadores ambientalistas.

• Unidad de vecinos y trabajadores contra el saqueo ambiental y laboral.

• Comisiones de obreros y vecinos de control de las condiciones de seguridad e higiene de las industrias. Que el costo de reconversión lo paguen las patronales.

• Comisiones de vecinos en los barrios para reorganizar un plan integral de obras (cloacas, residuos, asfalto, agua potable, etc.) con salario y convenio.

Gastón Fernández (Luján, 12/3)