La Legislatura porteña aprobó, por unanimidad, una ley que crea un fondo de 20 millones de pesos para indemnizar a los vecinos afectados por el derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232. De acuerdo con proyecto, se entregan entre 100 y 150 mil dólares (dependiendo de la cantidad de metros cuadrados) por cada propiedad, más un subsidio de entre 50 y 70 mil pesos por las pertenencias perdidas y seis meses de subsidio para el pago de alquileres. A cambio, los inquilinos renuncian a hacerle juicio al Estado y el Gobierno de la Ciudad se queda con la demanda contra la constructora del edificio lindero.

El derrumbe de la calle Mitre, que dejó como saldo una víctima fatal (apareció bajo los escombros el hombre de 74 años que se encontraba desaparecido), puso en evidencia el peligro que suponen para la seguridad de los trabajadores y habitantes de la ciudad los negociados de la construcción y la especulación inmobiliaria, a partir de centenares de obras que no respetan las normas de seguridad en materia de excavación y submuración. En el caso puntual del derrumbe del edificio de la calle Mitre, la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño estaba al tanto de las anomalías en el edificio lindero, sobre el que pesaba una denuncia del 5 de agosto por "ruidos molestos y temblores producto de la excavación" (ver PO Nº 1.202).

En los días posteriores al derrumbe de la calle Mitre, se incrementaron notablemente las denuncias sobre obras peligrosas. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) canceló quince de ellas y divulgó un informe según el cual "829 están afectadas por un alto estándar de gravedad y unas cincuenta -en su gran mayoría excavaciones o demoliciones- se encuentran en estado de riesgo" (BAE, 16/11).

La SRT le exige al gobierno macrista que se sume a una mesa cuatripartita, integrada también por la Cámara de la Construcción y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Pero es poner al zorro a cuidar las uvas. La única salida es que el desarrollo de la construcción se halle orientado por las necesidades sociales (y no por el apetito del capital financiero) y que haya comités de control electos de trabajadores y organizaciones barriales sobre las obras.

Gustavo Montenegro

Por la nacionalización sin indemnización del petróleo y el gas bajo control de los trabajadores

La empresa YPF-Repsol presentó un proyecto de dragado de 6,5 kilómetros para extender los 45 pies de calado hasta el viejo muelle de Cuatreros, en General Cerri. El objetivo es construir una boca fija de descarga para los buques que traen gas licuado importado del Caribe, por un lado, y la construcción de dos islas con el material del refulado, por otro. Esto perimtiría ampliar las tierras para la radicación de nuevas industrias, provocando un feroz ataque al medio ambiente con la vaga promesa de crear empleo. Dada la experiencia de los bahienses con el Polo Petroquímico, los vecinos, organizaciones ambientales y científicos han salido a oponerse abiertamente al proyecto que hoy fogonea el kirchnerista gobierno municipal de Breitenstein. El Partido Obrero llama a manifestar masivamente la oposición al dragado y a intervenir en la audiencia pública del próximo miércoles 16, junto al Suteba y demás organizaciones populares.

Las causas

"El vaciamiento de las reservas de petróleo y gas, como resultado de la desinversión que se les consintió a los pulpos petroleros, acumuló en los últimos años una exorbitante factura de importaciones de gas natural y combustibles. Los proveedores de esos hidrocarburos son las mismas petroleras internacionales que en el país llevaron adelante la 'huelga de inversiones'. Con los recursos del presupuesto, el gobierno les paga el gas importado a precios internacionales. El desbarranque de los subsidios, por lo tanto, ha sacado a la superficie el final del llamado 'modelo productivo'" (PO Nº 1.202).

Repsol remite las utilidades que obtiene en nuestro país a su casa matriz (cuestión que, muy tardíamente, el gobierno de Cristina, ha pretendido frenar), lo que provocó una desinversión que ha agotado las reservas de gas que había para los próximos 23 años. Ahora pretende montar un negociado "justificado" en las consecuencias que provocó este saqueo.

Hipócritas

La juventud trabajadora de la localidad se emplea masivamente en forma tercerizada y precarizada -cooperativa trucha- en el frigorífico exportador de Villa Olga. En este negociado no sólo están la patronal, el Ministerio de Trabajo y la burocracia sindical, sino -fundamentalmente- el gobierno municipal. Para justificar el dragado, dicen que están preocupados por el trabajo y prometen ¡60 puestos laborales!

Un negociado de 200 millones de dólares

Eso es lo que se gastará en hacer los 6,5 kilómetros de dragado hasta el puerto de Cuatreros. La mitad lo pagaremos entre todos, a través de la empresa estatal Enarsa, para garantizar un negociado de la petrolera internacional.

Destrucción del medio ambiente

El dragado significa destruir uno de los pocos humedales que tenemos en el país, poniendo en riesgo de extinción a especies únicas que merecen ser preservadas. Investigadores de la UTN y de la UNS rechazan con fundamento científico el proyecto. Es necesario unir la lucha ambiental con la lucha social para reorganizar la sociedad sobre otras bases.

Marchemos masivamente el miércoles a la audiencia para manifestar la oposición popular a la depredación ambiental, al saqueo de los recursos energéticos y a la precarización laboral criminal. Que sea el primer paso de un plan de lucha sostenido por el No al dragado en Cerri.

• Por una asamblea que, con poder de veto, establezca las normas y vigile su aplicación para preservar el medio ambiente, la salud popular y evitar el fraude laboral, responsable de los accidentes. Elección de comisiones obreras y vecinales de seguridad e higiene ambiental en toda empresa, fábrica, taller, escuela y barrio.


• No al dragado.


• No a la depredación ambiental y laboral.


• Que la crisis energética la paguen los que la generaron.


• Nacionalización, sin indemnización de las empresas energéticas para garantizar la provisión. Control obrero para evitar los negociados y los tarifazos.

Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los trabajadores

Muy lejos no estaba la añorada vieja que tantas historias me contó... pero en el análisis de aquel le faltó un factor...

Dan como resultado un incremento moderado en la media anual. Sin embargo, la especulación inmobiliaria y la falta de planificación urbana, sumados a una política de desinversión en infraestructura, dieron un efecto contrario... o más que contrario, peor.
En las sierras chicas el promedio de lluvias anuales aumentó en los últimos 30 años, pero ante el desmonte inconmensurable del bosque nativo, la importación de especies exóticas (siempre verde y pinos en su mayoría), dieron al suelo la imposibilidad de retener el agua... el origen de dichos desmontes se dio justamente en la especulación inmobiliaria que ante los valores de los terrenos en Córdoba capital y la falta de planificación urbana libraron las tierras de bosques nativos a merced de los buitres amigos de lo fiscal.

En la zona norte y noreste de Córdoba el crecimiento poblacional ha sido exponencial. En lugares donde había montes hoy hay countries, barrios cerrados y terrenos valuados en más de 30.000 dólares. Este fenómeno no se dio sólo por necesidad de ir al norte, sino por la falta de viviendas en la gran ciudad, por la falta de trabajo digno y por sobre todo un déficit habitacional que ni a la municipalidad ni a la provincia les interesó diagramar, pues claramente el negocio lo habían hecho con los Suez, los Roggio, Bugliotti y compañía.

Ayer fue tema de todos los diarios la falta de agua en Salsipuedes, pero llegaron las lluvias y será indudablemente el tema las inundaciones de la zona norte de la ciudad de Córdoba, Argüello, Alta Córdoba y otros. Hasta los countries de la zona se inundarán como todos los años, demostrando que el problema no es falta de agua sino falta de bosques, falta de un programa que frene la especulación inmobiliaria y los desmontes.

Lo mismo que pasa en las sierras chicas pasa en toda Córdoba.

Pero para revertir esta situación hace falta un Estado presente y no aliado a los especuladores ni a los productores agropecuarios del cordón verde, sino un verdadero control conducido por organizaciones populares y vecinos que autoricen uno a uno los emprendimientos inmobiliarios y los desmontes, conscientes que a esta provincia no le falta agua sino un programa de conservación y resistencia a la especulación inmobiliaria.

Víctor S.

El 3 de octubre, dos mil manifestantes rechazaron el acuerdo entre el gobierno del kirchnerista Luis Beder Herrera y la empresa canadiense Osisko Minning, que pretende explotar el cordón montañoso Famatina. Desde 2004 se realizan medidas de protesta, tanto en Famatina como en Chilecito, en contra del denominado Proyecto Famatina. Motiva esta lucha el conocimiento de que la explotación minera va a liberar, mediante explosiones de los cerros, minerales tóxicos (arsénico, cadmio, plomo y otros) que afectarán la salud de los pobladores y el ecosistema de la región, pues las sierras regulan el clima y la provisión de agua de la provincia.

Hay metales pesados que quedan en la atmósfera en forma de partículas. Otros permanecen en diques residuales, contaminando el agua aun después de cerrada la mina. Las partículas suspendidas en el aire entran en el organismo por vía respiratoria; los metales pesados, que quedan en el agua de provisión de bebida, ingresan por el aparato digestivo. El impacto no sólo es local sino también regional, dado que los ríos que nacen en los cordones montañosos andinos proveen de agua al 70% de la superficie del país. Los pobladores realizan cortes de ruta y pintan murales alusivos a la depredación minera en Famatina. Con estas medidas de lucha lograron en un principio frenar las obras, pero la empresa comenzó luego a realizar secretamente un camino por el departamento Vinchina, pretendiendo continuar con la explotación minera, tanto de oro como de uranio.

Manifestantes en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja

Beder Herrera dice ahora que la minería no tiene restricciones en la provincia, cuando él mismo hizo aprobar tres leyes en ese sentido en 2007, con el objeto de quedar bien con las asambleas y ganarle las elecciones al anterior gobernador Maza. La marcha fue organizada por las asambleas ciudadanas de La Rioja, Chilecito, Famatina y otras localidades de la provincia. Los manifestantes sostuvieron que "el pueblo no les dio carta blanca para que contaminen las aguas y destruyan el territorio", en alusión al 68 por ciento de los votos que alcanzó Herrera el 29 de mayo cuando logró su reelección.

De esta situación sólo se puede concluir que, en medio de fuertes ganancias dadas por el alto precio de la materia prima, la patronal rechaza la efectivización de los trabajadores que cosechan en zafra 7.000 hectáreas de caña, machete en mano. El sindicato se encuentra en la picota, como producto de su responsabilidad por la agresión y del desconocimiento a la organización gremial de los cuarta -que genera división entre las bases, cuando los reclamos deberían unificarse para una mejora en las condiciones laborales de todos. Muchos trabajadores son extorsionados a actuar como desalojadores para obtener recategorizaciones, según comentan sus propios compañeros de fábrica.

Los voceros del gobierno provincial (Dirección Provincial de Trabajo) inducen al trabajo en negro en forma de cooperativas. Esa fue la última propuesta realizada al cuerpo de delegados de los cuarta, con la clara intención de desmovilizarlos. El PJ y la UCR declararon su apoyo incondicional, así como la posibilidad de otorgar más beneficios a través de subsidios y exenciones impositivas a los empresarios que vacían la provincia.

La vida útil de Ingenio la Esperanza está en manos de buitres; el futuro de la agroindustria ramaleña es incierto y propenso al desguace. La organización y lucha independiente de los trabajadores por el pase a planta de 400 jóvenes es inseparable del reagrupamiento por comisiones internas y asambleas de base para superar a la patronal, sus políticos del bipartidismo y los burócratas.

Mario Leguiza

En el cordón de las Sierras Chicas, en Punilla y en otros lugares de la provincia la crisis hídrica llegó a su punto más crítico. Los diques están en niveles récord de bajante. En localidades como Salsipuedes, La Granja y otros, los ríos se secaron. Los cortes y restricciones al consumo de la población llegaron al máximo posible. Si bien en los últimos años la provincia y los municipios desarrollaron algunas obras que apuntaban a mitigar los efectos de la crisis hídrica, esta sigue avanzando. ¿Por qué? Porque en los últimos seis años asistimos a una explosión de la especulación inmobiliaria.

Las lomas, los bosques nativos y campos de la provincia se transformaron en nuevos loteos, barrios privados, countries o complejos de cabañas. Como ejemplo: sólo en Mendiolaza, el cuarenta por ciento (40%) de la población vive en countries. Localidades como Río Ceballos y Unquillo abastecían de agua a sus pobladores desde el dique La Quebrada, que históricamente tuvo capacidad para aproximadamente 11 mil conexiones. Y en los últimos años se otorgó factibilidad de agua a más de 5 mil nuevos lotes. La factibilidad de agua es la clave para vender los lotes. Ningún municipio las ha negado. Actualmente, se desarrolla una lucha en la ciudad de Mendiolaza, porque el municipio pretende otorgar el permiso para la construcción del emprendimiento El Torreón, un loteo con centro comercial y cancha de golf con 18 hoyos, un total de 280 hectáreas. Sólo para la mantenimiento de la cancha se calcula que se necesitarán 700 mil metros cúbicos de agua por año, el equivalente al suministro para una población de 15 mil habitantes. Hace unos días, uno de los responsables de la situación, el empresario Bugliotti, anunció que obtendría la financiación por parte de la Nación para la construcción de un acueducto para las Sierras Chicas.

El hecho de que haya sido el especulador inmobiliario el que hizo el anuncio de la supuesta nueva obra pública, da cuenta de hacia dónde se dirige el beneficio: Bugliotti construye un megaemprendimiento en la ciudad de Salsipuedes. Los intendentes de la zona y el gobierno provincial no abren la boca al respecto. La crisis hídrica se profundiza. Sin embargo, los gobiernos siguen tirando de la cuerda en beneficio de un puñado de capitalistas. Ya el año pasados el PJ, la UCR y Juez votaron en la Legislatura la mal llamada "ley de bosques" cuyo nombre real debería ser ley de desmonte, y lo hicieron por cuenta y orden de los pulpos sojeros. El acueducto anunciado por Bugliotti tomaría agua del río Carnero, de Colonia Caroya. Esta noticia abrió una puja de intereses entre los capitales inmobiliarios y los sojeros.

El intendente de Colonia Caroya ya planteó su oposición, dado que esto privaría a los sojeros de la explotación de 4 mil hectáreas. Este hecho debe ser tenido en cuenta por las asambleas de vecinos que comenzaron a surgir por toda la región en defensa del agua y el ambiente, para levantar un programa de independencia frente a los intereses de los pulpos sojeros e inmobiliarios. Sobre la base de esta caracterización, desde la izquierda proponemos el siguiente programa de salida: -Preservación y recuperación de los bosques con las especies nativas verdaderas fábricas de agua. -Derogación de la ley de desmonte y aprobación del proyecto consensuado en la comisión de ecología de la Legislatura cordobesa. -Suspensión de factibilidad a cualquier nuevo loteo. -Poner fin al acaparamiento privado del suelo para la especulación, declarándolo de utilidad pública. -Impuesto progresivo al capital inmobiliario y sojero, destinado a solucionar integralmente la crisis hídrica. -Sistema de provisión de agua unificado, estatal y bajo control de usuarios y trabajadores.

Adrián Flores

La crisis energética que tiene nuestro país da para todo, incluso para anuncios de características electorales. La inauguración de la planta de Atucha II no es otra cosa que estrategia de campaña ya que la entrega de electricidad a los consumidores no se producirá sino en 2013 (Urgente, 28/9). Hay que recordar que la construcción de estas plantas ya lleva treinta años. Los anuncios de Cristina K no pueden disimular los casi 50.000 millones de dólares de subsidios energéticos que lleva en lo que va del año. Asimismo se anuncio la instalación de una planta nuclear en Formosa dentro del programa Carem, que impulsa la instalación de centrales de 25 MW que alcanzan para ciudades de no más de 100 mil habitantes. Es lo que denominan Carem 25, y que recién ahora se empiezan a estudiar la posibilidad de realizar algunas modificaciones en el reactor, para poder alcanzar potencias de hasta 330 MW (http://www.cnea.gov.ar).

La Presidenta quiere darle elementos de campaña a Gildo Insfrán, responsable de las represiones y asesinato de los aborígenes Qom. Estos anuncios se dieron en el marco de la denominada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Sin embargo, a raíz del desastre de Fukuyima en Japón ya se conocieron comunicados en rechazo a esta posibilidad. Así lo hizo el grupo de legisladores del Parlasur, órgano deliberativo del Mercosur, cuyos miembros "apuntaron que la construcción de una planta nuclear en la ciudad argentina de Formosa, Argentina, ante una posible catástrofe natural y su extrema sensibilidad a fallas humanas, constituirá una grave amenaza a la salud de la gente y al ecosistema circundante por los riesgos que implica una fuente energética de estas características" (http://www.ultimahora.com). Claro está que esto desarrollará una tendencia a la oposición de la instalación de la planta basada en esta posibilidad catastrofista. Precisamente porque la forma en que es utilizada la naturaleza, el modo de explotación de la misma no puede ser analizada al margen de la crisis económica mundial. Un régimen agotado termina usando los beneficios de la explotación de la naturaleza, sin importarle que ello entrañe peligros para la humanidad.

El dominio de la humanidad sobre la naturaleza sólo es posible en un régimen de nuevas bases, donde las masas decidan, en función de sus necesidades, la mejor forma de explotar la naturaleza, proteger el medio ambiente y por lo tanto a la propia humanidad. Es decir, en este caso, un plan político energético decidido por los trabajadores.

Pepe Barraza

En defensa de los sojeros y de Monsanto

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, dijo que, utilizado correctamente, el glifosato "es un producto que puede convivir perfectamente con el uso racional y la protección de la salud". Respecto de las manifestaciones en contra de este agroquímico, dijo que "surgen siempre denuncias de que hay más casos de cáncer, pero si vamos a las estadísticas eso no está". Binner pidió "desmitificar" acerca de la toxicidad del glifosato.

En diálogo con LT8, el gobernador santafesino se refirió a la resolución de la Justicia de San Jorge, que ratificó el fallo que limita las fumigaciones, que deberán hacerse a 800 metros del casco urbano -en el caso de las terrestres- y a 1.500 en el caso de las aéreas.

"Convengamos que el glifosato no es un producto nuevo, que lleva muchos años, hay una gran experiencia a nivel internacional, pero eso no quiere decir que no lo estudiemos nosotros, ni lo que no lo hagamos por las normas que plantea la ley provincial", apuntó el gobernador.

"Hay que ver claramente cuál es el beneficio y el perjuicio que provoca (el glifosato)", concluyó el gobernador (declaraciones a LT8 y La Región).

Dime quién aporta a tu campaña y te diré qué intereses defenderás.

A todos los compañeros que luchan consecuentemente en defensa del medioambiente, este 23 de octubre votemos al Frente de Izquierda. Metamos un bloque de izquierda, para que nuestro reclamo se escuche en el Congreso.

Carlos Blanco

Este miércoles 28 de septiembre, la Presidenta visitó la central Atucha 2 con el objetivo de "inaugurarla", según se ha cansado de repetir el ministro De Vido. Esto supondría el fin de una obra que ya lleva casi dos años de atraso y un gasto que, en la estimación más benevolente, triplicó las estimaciones iníciales (700 vs. 2.200 millones de dólares), del cual se forraron los bolsillos empresas amigas (Electroingeniería) y supuestamente no tan amigas (Techint) ¿Tenemos una tercera central nuclear operativa entonces? Ni cerca.

Una mentira grande y una chica

Que Atucha 2 sea inaugurada para su uso comercial es una farsa gigante. Es que basta con ver la obra para darse cuenta de que le falta mucho. Si bien la obra civil y el tendido de caños están avanzados, falta mucho en tendido de cables y colocación de instrumentación. Ni hablar de la obligatoria etapa de pruebas y puesta en marcha.

Un poco menos obscena es la mentira difundida por Nucleoeléctrica Argentina SA (la empresa estatal a cargo de la obra), según la cual lo que estuvo inaugurando la Presidenta fue la etapa de puesta en marcha -es decir la etapa en la cual se llevan adelante pruebas sobre los distintos sistemas de la planta para garantizar el correcto funcionamiento y se comienza a "encender" la planta de cara a la producción. Pero esto es también falso.

Es que debido al retraso del montaje, la empresa ha comenzado algunas pruebas en sistemas y componentes aislados, con instalaciones provisorias, muchas veces precarias, para poder ir adelantando parte de las pruebas. Pero esto dista de ser una "puesta en marcha", que como etapa debería contar con un grado de avance del montaje tal que permita probar los sistemas y grandes componentes con sus instalaciones definitivas. Incluso este esquema de trabajo, donde se montan sistemas a la par de que se los prueba, ya ha dado como resultado de un par de accidentes.

¿Por qué tanto circo?

El circo que se montó fue fantástico, el camino que recorrió la comitiva oficial está pintado y prolijo como para arrancar, pero basta con abrir una puerta equivocada para dar con la realidad de una planta en obra. Es que el gobierno nacional y la empresa quieren mostrar avances en una obra que se atrasa y consume cada vez más presupuesto.

Poner un hito de fin de obra y principio de puesta en marcha también le serviría al gobierno (y a Nucleoeléctrica) para dejar de pagar los "plus por obra", los que representan una parte importante del salario de varios compañeros. Como se ve, no es sólo una cuestión de marketing.

Todo esto cobra una perspectiva preocupante dado que se trata de una planta nuclear, con un diseño del '70 (que es necesario actualizar, por lo menos). Parece claro que en pos de una "patria contratista", donde empresas nacionales e internacionales hagan ganancias, no se ha reparado en hacer chanchadas -incluso tratándose de una planta nuclear.

Corresponsal

Vía libre a los agrotóxicos en Santa Fe

Un proyecto de ley con media sanción de Diputados en la provincia de Santa Fe contra el uso criminal de los agrotóxicos fue dejado caer deliberadamente en una acción concertada por el Frente Amplio Progresista (FAP) y el justicialismo.

El proyecto modifica 15 artículos de la vieja ley de fitosanitarios (1995) para establecer, en el caso del glifosato -el agrotóxico que preserva la soja transgénica-, la prohibición de aplicación aérea dentro de los mil metros del límite de la planta urbana y terrestre -lo que incluye escuelas rurales, áreas naturales, complejos recreativos y caseríos.

Es una modificación que, de todos modos, roza lo inocuo, si se considera "el escaso número de inspectores, la falta de voluntad política y la desidia que en general ha caracterizado la dirección provincial de Sanidad Vegetal, organismo de control de la aplicación de la ley, han generado una situación de anomia, donde la cada vez mayor cantidad de denuncias no son atendidas" (reclamo de las organizaciones ambientales al gobernador Binner, 6/4/09). Sus límites explican que haya sido aprobado en Diputados (con la abstención del justicialismo -que atacó el proyecto por izquierda: "Busca maquillar el problema que ocasionan los agroquímicos ante las denuncias", El Litoral, 2/7/10).

Luego de la crisis, el PS volvió a presentar el proyecto en el Senado -la cámara más adversa- ratificando que el órgano de aplicación será el Ministerio de Producción, iniciando de nuevo la bicicleta parlamentaria.

Los "chacareros"

Aún así, el proyecto de ley produjo una rebelión patronal. El vicepresidente primero de la Federación Agraria, Omar Barchetta, denunció en una jornada de debate que "la modificación de la ley no es razonable" y que no considera la situación de "los pequeños y medianos productores más débiles". Con el apoyo de las cámaras patronales de Aplicadores Aéreos y Terrestres, Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, de Semilleros Multiplicadores e incluso de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, llamó a formar una "comisión de seguimiento" y que el control de los fitosanitarios corresponda a "todos los involucrados en el manejo" (Rosario/12, 23/7/10). Omar Barchetta es parte de la lista de diputados nacionales del Frente "Progresista". Para las organizaciones rurales que acompañaron la iniciativa de la FAA, los nuevos límites de fumigación dejarían más de 100 mil hectáreas improductivas en la provincia.

¿Cuántas?

Llevado por las denuncias sistemáticas sobre las consecuencias del uso del glifosato y otros agrotóxicos sobre la población, el juez Tristán Martínez dispuso en su área de dominio -San Jorge-, después de varias movilizaciones, la prohibición de fumigaciones aéreas y terrestres a 800 y 1.500 metros, respectivamente. Varias organizaciones ambientalistas reclamaron desde ese momento que, al margen del proceso parlamentario, el gobernador disponga por decreto y en forma provisoria, la aplicación de ese fallo en toda la provincia. El gobernador "socialista" se llamó a silencio.

"Mientras los casos de malformaciones, abortos espontáneos, leucemias y otras enfermedades terminales se multiplican y el Estado observa sólo cómo se engrosan las arcas públicas con el Fondo Sojero, sin realizar los correspondientes estudios epidemiológicos" (Declaración del Centro de Protección a la Naturaleza, El Litoral, 26/8/10). El gobernador "socialista", que ha hecho de la salud "universal" (no gratuita) una de sus banderas, tampoco ha dispuesto el control médico de la población sometida a las fumigaciones.

¿Cuántas son las víctimas? Incontables, como surge de un estudio de la Universidad de Córdoba, según el cual un 30% de los trabajadores rurales tiene una exposición alta y un 60% no tiene los elementos de protección más elementales (Ambito, 4/7). En todo caso, el gobierno "socialista" tiene un consuelo. El glifosato tiene autorización del Senasa -que depende del gobierno nacional- y lo considera el más inocuo de los agroquímicos.

Christian Rath

A más de un mes del estallido provincial que dejara en el medio cuatro muertes, la crisis de vivienda está lejos de resolverse.

El plan "un lote para el que lo necesite" ya lleva 60 mil inscriptos en la provincia. Más de 10 mil familias siguen tomando terrenos, a pesar de que en algunas tomas no se relevó a todos. En Perico, con 2.500 familias ocupando tierras, ya hay 10 mil inscriptas en los censos. Se han desatado enfrentamientos a tiros entre los arrendatarios y las familias ocupantes, por ganar un pedazo más de tierra. Para los planes de viviendas hay 18 mil inscriptos. Pero las 1.600 viviendas construidas fueron ocupadas en su totalidad y en lista de espera de inscripción hay otros 15 mil. El Instituto de Vivienda provincial sólo ofrece la construcción de 1.800 casas, a sortearse entre un total de casi 30 mil familias.

El plan de lotes fue aprobado por decreto del gobernador Barrionuevo, ofreciendo tierras fiscales en el Pongo y Chalcán ante el fracaso legislativo de un proyecto que dispusiera nuevas expropiaciones de tierras. Pero este fracaso no puede remediarse con el plan "un lote para cada familia" del PJ-Fellner. Se trata de un plan improvisado, que no detalla cuáles serían las tierras fiscales para el loteo en poder del Estado, ni el presupuesto que incluiría preparar las condiciones para ese loteo, como los servicios de luz, agua, cloaca, apertura de calles. Ni hablar de viviendas populares a construir posteriormente.

Los más recientes asentamientos -que cunden la provincia con las nuevas tomas- se sostienen con la autodeterminación y sacrificio de las miles de familias que soportan los ataques mafiosos de punteros del PJ por las noches, la amenaza gubernamental de ser excluidos del loteo como castigo por las ocupaciones y el hacinamiento. Tanto Barrionuevo-Fellner como Milagro Sala vienen fracasando en el intento de desalojar a los sin techo. Ahora ofrecen otro señuelo a las familias: la conformación de cooperativas para obras elementales y su traslado a otras tierras, muy lejos de los centros urbanos. Pero las maniobras del PJ y la UCR chocan con los más de 3 mil ocupantes de San Salvador, que en una decena de tomas férreamente organizadas, con delegados independientes en algunos casos, han deschavado las maniobras oficiales. Están en el orden del día la coordinación y la unidad de todas las tomas de tierras y viviendas con los métodos democráticos asamblearios, para imponerle al gobierno un plan de salida verdadero que contemple las necesidades de todos los asentados e inscriptos: a) censo integral de todos las familias sin techo, b) expropiación de las tierras necesarias, junto a los centros urbanos, d) investigación de todas las cesiones de tierras a los monopolios agroindustriales, d) plan de vivienda popular controlado por representantes de los trabajadores y los sin techo, en base a un impuesto extraordinario al gran capital radicado en la provincia.

Gabriela Arroyo

El GRR deja sin explicar por qué se destruye la "cultura agraria y campesina" y, de esta manera, induce la confusión entre causas y consecuencias, promoviendo una táctica que, lejos de superar la realidad actual del capitalismo en crisis, la conserva. La "cultura agraria y campesina" está desapareciendo porque las condiciones materiales que daban sustento a esa forma de vida han sido revolucionadas por el avance capitalista. La expropiación del trabajador directo y su sustitución por el obrero colectivo moderno al mando del capital es una ley inexorable del desarrollo capitalista. Hay que reconocer -como señalara Trotsky- que el proceso de proletarización en el capitalismo tardío adquiere más formas a las pensadas por los autores del manifiesto. El desarrollo de la industria y la desocupación crónica provocan el paso de la pequeñoburguesía agraria y rural no ya sólo a la condición de proletarios inmediatamente explotados por el capital, sino a la de población obrera aparentemente sobrante, fenómeno que se expande conforme la crisis mundial progresa, lo que es ocultado por la estadística burguesa.

Decimos aparentemente porque, en realidad, las grandes masas obreras que hoy sobran no lo hacen en "abstracto", sino que sobran para el régimen organizado por el capital y son una expresión del desarrollo de la crisis en nuestras filas. Estas no sobrarían al interior de un régimen comandado por los trabajadores, en donde el pleno empleo de la capacidad humana de trabajo sea aplicado para el progreso de la colectividad y no para la acumulación de ganancias privadas, cada vez más difíciles de obtener. Visto desde nuestros intereses históricos, lo único que sobra es el capital.

Las luchas recientes del movimiento de desocupados le han arrancado a la burguesía numerosos planes sociales que actúan paliando la necesidad más vital: comida, vestimenta, techo. En vez de promover la lucha por la transformación de estos planes en seguros de desempleo equivalentes a la canasta familiar, en vez de apuntalar la lucha de los sin techos por la vivienda obrera digna, en vez de señalar decididamente al régimen responsable de la barbarie que vemos a diario, el GRR propone que las masas expropiadas vuelvan al campo para que vivan en "quizás ¼ de hectárea o acaso más" en donde tener unos animales, un horno de barro "y ser libres en nuestras decisiones"; pero, por sobre todo, que ¡no necesiten planes sociales! En fin, el GRR propone que las masas se autoexploten en una diminuta parcela de tierra como forma de enfrentar la crisis del capital. Extraña forma de buscar la libertad... Para los revolucionarios, la libertad sólo existe en la acción política guiada por la necesidad histórica. En nuestro caso, la necesidad de superar el régimen caduco del capital, transformando la crisis histórica que sacude hoy el mundo en una crisis revolucionaria que lleve al poder a la única clase capaz de acabar con la barbarie: el proletariado.

Miguel Ramírez

Los jóvenes cosecheros salen a la lucha

Los jóvenes trabajadores del Ingenio La Esperanza se han puesto en pie de lucha después de tantos tire y afloje con la patronal y el gobierno. Su condición en la producción azucarera es precaria, ya que los métodos de trabajo son de antaño y con total desprotección de los trabajadores. Bajo el engaño de la mano de obra contratada año a año en tiempos de zafra, el Ingenio La Esperanza, arrendado por Roggio, explota a cientos de jóvenes tercerizados, en la mayoría de los casos por un contratista. El acuerdo se da a través del surco patrón y una determinada cantidad de toneladas de caña cortadas, de la cual a los cosecheros se le pagaun porcentaje; en este caso, a los jóvenes se les está paga cinco días de los 30, por un monto de 800 pesos, a sabiendas de las ganancias que da el azúcar en este período, sumado a la producción de alcohol de caña en cantidad. Los jóvenes cosecheros decidieron poner fin a esta situación, y en los primeros días del inicio de zafra solicitaron al sindicato soluciones concretas.

El sindicato, lejos de protegerlos, sostiene el lucro de Roggio y la ventaja de los capataces a cargo de los obreros cuarta. Cuando se trata de resolver los conflictos, el gobierno suele mandar al diputado Rivarola, audaz y maniobrero, que busca junto a la burocracia sindical ahogar las luchas, lo que no ha funcionado en esta ocasión. La joven camada de cosecheros. El pasado jueves cortaron la ruta 34, a siete días de los violentos desalojos en Libertador. Su lucha no fue cubierta por los medios locales, que estaban ocupados graficando las tomas de casas y tierras de los punteros de la red de organizaciones nucleadas en la Tupac; la única cobertura la posibilitó una delegación del PO pasado el mediodía.

El modelo productivo K se manifiesta en la Jujuy de la agroindustria negrera y el acaparamiento latifundista.

Si Roggio dice que no tiene puestos de trabajo para los trabajadores, entonces que reduzca la jornada laboral a 6 horas, para ingresar a planta a todos los cuartas. Roggio debe presentar un plan de industrialización que integre toda la mano de obra, ya que la tecnificación (para mayor rentabilidad) que desplaza a los trabajadores violenta el acuerdo comprometido por la empresa, "de mantener la planta de personal y mejorar su condición laboral, con la extensión de cultivo y reindustrialización". Son momentos de fuertes ganancias y desarrollo productivo, subsidiado por el Estado, del negocio millonario del alcohol de caña para biodiesel, por este motivo, la patronal refuerza la participación de los trabajadores en su producción.

Por lo tanto, la exigencia de los jóvenes cuarta es más que genuina: pase a planta permanente, aumento de salario igual al costo de la canasta familiar, fin del régimen de trabajo tercerizado y en negro.

Mario Leguiza

Hace algunas semanas, la provincia de Río Negro llegó a las páginas del renombrado Financial Times, con la noticia de un convenio firmado por una empresa agroindustrial china con el gobierno de Saiz, para impulsar un proyecto que tiene por objetivo desarrollar sistemas de irrigación que permitan utilizar para la producción de soja tierras actualmente improductivas. Se trata, en realidad, de un acuerdo firmado en octubre del año pasado entre el gobernador y el grupo Beidahuang, la principal empresa alimenticia china, y que contaría con un préstamo inicial del BID por 300 mil dólares para financiar estudios del impacto ambiental y social del proyecto. El acuerdo se inscribe en un cuadro de alza de los precios mundiales de los alimentos y cuando se observa un persistente aumento en las importaciones chinas de maíz y porotos de soja para abastecer el consumo de la población: según el propio Financial Times, "China invirtió fuertemente en tres acuerdos energéticos el año pasado que han convertido a la Argentina en uno de sus más importantes puntos de apoyo en Latinoamérica, donde busca asegurarse energía, minerales y ahora alimentos para su economía en expansión" (30/6). Argentina vende actualmente a China el 90% de sus exportaciones de soja: uno de los impulsores del proyecto dijo que las provincias de Tucumán y Buenos Aires están dispuestas a establecer convenios similares con Beidahuang.

El proyecto ya ha sido objeto de denuncias de distintas organizaciones ambientales de la provincia, que ponen de relieve que el escueto texto de los convenios firmados no impone a los inversores obligaciones ni pautas del uso del suelo, el agua, la energía y los recursos de la provincia. Según el diario Río Negro (23/7) "la anunciada inversión implicaría ceder en forma concentrada el control de la producción y la exportación a una empresa, por un término estimado de cien años, en una superficie que rondaría las 300.000 hectáreas de valles irrigables, lo que equivale a seis veces el Alto Valle del Río Negro". En diciembre de 2010, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue señaló que de los convenios firmados por Saiz surgen "incertidumbres sobre el futuro uso de los recursos naturales y el modelo de desarrollo agropecuario para la provincia de Río Negro y las consecuencias que pueden tener sobre los aspectos socio-económicos y ambientales". Está en curso un recurso de amparo presentado ante la Justicia provincial para que el Poder Ejecutivo se abstenga de cualquier avance en la implementación de los convenios.

En efecto, los convenios "ofrecen tierras disponibles sin explotación", "ponen a disposición toda la información para relevar la inversión necesaria", todos los anteproyectos ya existentes y "todos los técnicos de la autoridad de aguas"; además de prometer "la mejor política de inversión, brindando garantías mediante la creación de leyes". El gobierno se compromete también a "brindar sin cargo alguno tres mil hectáreas de tierra para la realización de un campo experimental de cultivos de alto rendimiento" y facilitar "sin cargo alguno parte de la zona portuaria del puerto de San Antonio Este"; el convenio establece que "la concesión para el uso será por 50 años y se renovará automáticamente una vez cumplido el plazo" (Río Negro, 23/7).

La implementación de los convenios firmados, en cualquier caso, parece estar sujeta a las vicisitudes de la crisis mundial. Los convenios se firmaron en octubre de 2010, pero no hay decreto ni proyecto de ley que amplíe el alcance. El expediente administrativo sobre el tema sólo tiene veinte páginas, de las cuales buena parte son la traducción del convenio del chino mandarín. "El 28 de diciembre de 2010, [el ministro] Accatino relativizaba bastante el alcance de los convenios, a los que dio carácter 'preliminar', indicando que 'enmarcan la voluntad de evaluar la factibilidad de poner en producción intensiva valles de climas templados de los ríos Negro y Colorado'". Según el diario Río Negro, "esa notoria indefinición de un asunto que promete ser tan importante, pero del cual tan poco se conoce, unido a un antecedente próximo, lleva a temer que la supuesta voluntad de Saiz de fomentar esta inversión no sea más que un gran bluff" (ídem).

Martín López

En estas nuevas elecciones vienen por la revancha: impulsar el Proyecto San Jorge y la explotación de la megaminería contaminante.

No al Proyecto San Jorge

Para funcionar, el Proyecto San Jorge necesita hacer estallar entre 8 a 18 toneladas de explosivos por día, además de consumir un promedio de 141 litros de agua por segundo, 80.000 litros de combustible, 532 kilogramos de isobutil xantato de sodio (un material prohibido por la ley 7722) y un gasto energético de 208.851.225 kwh/a.

Esto significa una depredación ambiental fenomenal, que implicaría, entre otras cosas, hacer volar el cerro San Jorge, secar el arroyo Del Tigre y contaminar el aire por la emisión de material particulado y gases de combustión (por explosiones y proceso de extracción, molienda y transporte de minerales). La empresa canadiense Coro Mining sólo pagaría el 3% del valor de mina del mineral, aproximadamente 3 millones de pesos anuales; las empresas tienen la posibilidad de deducir el 100% del monto invertido.

Los empresarios y políticos pro-mineros prometen la creación de alrededor de tres mil puestos de trabajo en torno de la mina y un supuesto plan de desarrollo agrícola.

Reivindicaciones

• Reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias en trabajos insalubres.

• Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar -5.000 pesos.

• Jubilación del 82% móvil.

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, tercerizados o contratados, bajo el mejor convenio firmado por rama, según su actividad.

• Un plan de viviendas elaborado y controlado por un congreso de delegados electos de trabajadores de la construcción y afines, y asambleas populares de inquilinos y hacinados. Para que tengan viviendas todos los que la necesitan sin depender de los Schoklender o las cooperativas truchas de los punteros del Estado.

• Derogación de la ley impositiva de tasa cero para los grandes capitalistas de la provincia. Impuesto progresivo a las grandes fortunas.

• Triplicación del presupuesto de salud y educación.

• Estatización bajo control obrero de la explotación petrolera de la provincia, hoy está en manos de los Vila-Manzano y otros amigos del gobierno.

Corresponsal

La situación en la zona es calamitosa: ciudades destruidas como si hubieran sido bombardeadas, edificios reducidos a cimientos, barcos en los tejados, coches desplazados, pueblos costeros arrasados. 30.000 es la suma de muertos y desaparecidos; 90.000 personas fueron evacuadas por tiempo indeterminado. A principios de julio, asociaciones de residentes del área adyacente pidieron evacuar a todos los niños de la zona, tras denunciar la existencia de niveles de radioactividad hasta cuatro veces sobre el límite permitido. Según el grupo, esos niveles superan a los que indujeron a las autoridades rusas a evacuar a la población tras el desastre de Chernobyl en 1986.

Según Wolfang Weiss, jefe del comité científico de Naciones Unidas que dirige el estudio sobre el impacto del estallido de la central nuclear, "la liberación de radioactividad en Chernobyl se había acabado prácticamente a los diez días; en Fukushima llevamos cuatro meses y estaremos felices si se acaba al final del año, porque puede durar más. Puede ser peor que Chernobyl, todavía no lo sabemos. Chernobyl era un reactor. Aquí tenemos cuatro y un almacén de residuos, el inventario de lo que hay es mucho peor...los reactores son muy inestables; nadie puede saber si habrá otra liberación grave de partículas mañana".

El propio Kan, abriendo un paraguas que ya está agujereado, acaba de declarar el último fin de semana (8/7) que reparar las consecuencias del estallido de Fukushima puede extenderse por... décadas. El problema es que los efectos de someter a amplios grupos de personas durante mucho tiempo a dosis inclusive bajas de radiación son desconocidos. No hay precedentes para evaluar las consecuencias de una acumulación crónica de yodo radioactivo en las tiroides y de cesio en los huesos. La petición de emergencia para evacuar a los niños de Fukushima incluyó la denuncia de que las autoridades se han centrado en medir la radioactividad en el medio ambiente y no en el interior de las personas, donde ha podido llegar por la inhalación e ingestión de isótopos en polvo, comidas o bebidas.

Al gobierno ya no le cree nadie porque ha mentido sistemáticamente sobre el alcance del desastre. Recién en junio un informe oficial admitió que en las primeras horas se fundieron los núcleos de tres de los cuatro reactores y que posiblemente se rompieron las vasijas en los que el combustible está confinado. Esto implica que el combustible está en forma de magma fundido fuera de la vasija, una situación más grave que la peor prevista por los expertos el día de las explosiones de hidrógeno en la central.

Días atrás el municipio de Genkai, en el suroeste de Japón, rechazó los planteos de la administración central y decidió postergar la reactivación de su propia planta nuclear, la primera en ponerse en marcha luego del parate en masa que siguió al tsunami. Con esto ha quedado en veremos la reactivación de los otros 34 reactores detenidos en Japón (60% del total). El diario Yomiuri, el de mayor tirada en el país, alertó en un editorial: "si no hace nada, los 54 reactores nucleares del país serán cerrados en menos de un año por inspecciones (obligatorias por ley) u otras razones y el 30 por ciento del suministro energético se perderá". Los apagones pueden transformarse de excepción en regla y el parate económico extenderse por falta de suministro. Las grande compañías japonesas anunciaron que 2011 será un año negro en sus cuentas (El País, 12/6). El "modelo" japonés se ha transformado en el paradigma de la catástrofe capitalista mundial.

Pablo Rieznik

En la cuidad, la economía depende solamente del turismo que históricamente ha beneficiado a los pulpos hoteleros y transportistas, donde los trabajadores temporarios pasan seis meses al año sobreexplotados, trabajando de lunes a lunes a destajo por un salario que no les permitirá pasar los meses de "baja" durante los cuales estarán desocupados.

Frente al desastre natural, el Estado municipal, coherente con su carácter capitalista, ha salido a rescatar a empresarios de toda índole, pero nada está garantizando que la gran población desocupada trabaje esta temporada, sin contar la gran cantidad de cuentapropistas, artesanos, costureras y tejedoras que trabajan miles de horas sin ningún tipo de cobertura social, un ejemplo sureño de la explotación laboral.

Los empresarios locales lograron que se los exima de impuestos, se les otorgue Repro y se le habiliten líneas de préstamo a bajísimo interés; pero nada les impide el recorte de horas de trabajo o las suspensiones a los trabajadores.

El plan de "recuperación social" del Saiz y Cascon consiste en precarizar aún más las condiciones de vida de las barriadas barilochenses, nada se habla de puestos genuinos de trabajo, la provincia se endeudará con 50 millones de pesos del BID, los cuales serán utilizados en planes de 400 pesos, cuando la canasta familiar en Bariloche supera ¡los 6.500 pesos!, chapas y leña, los cuales, en el marco de las campañas políticas se terminan siendo entregadas, según criterio y conveniencia de punteros oficialistas.

El rol de las burocracias sindicales está siendo miserable, no se movilizaron ni una sola vez en defensa de los puestos de trabajo caídos, como tampoco contra las suspensiones y despidos que están ocurriendo, sino todo lo contrario, UTHGRA, AEC, UTA y Soyem firmaron la paz social con los empresarios y el gobierno. En este caso, tanto CGT y CTA se dan la mano al gobierno radical orgánico para estafar a los trabajadores.

Ni los gobiernos patronales ni sus burocracias sindicales tienen nada que ofrecer a los trabajadores ya que continúan subsidiando la pobreza a modo de contención social sin resolver verdaderamente los problemas de los laburantes, así que mientras paleamos ceniza saquemos nuestras conclusiones...

Juli (PO-Bariloche

Crónica de un vaciamiento anunciado

Cuando en septiembre del año pasado CFK promulgó la Ley de Glaciares denunciamos que se trataba de una estafa a los reclamos ambientalistas, porque el gobierno, agente de los pulpos mineros, tenía a su cargo su implementación. Como complemento, la justicia es funcional a esta desnaturalización de la ley.

Justicia

Apenas promulgada, los gobernadores kirchneristas promineros -como Gioja en San Juan- se apresuraron a reclamar la inconstitucionalidad de la ley. También lo reclamaron la Barrick y la burocracia de la Aoma. El juez federal de esa provincia rápidamente dictó una medida cautelar que suspende la vigencia de la ley en esa provincia. Barrick no explota solamente el yacimiento de Veladero, en las altas cumbres sanjuaninas, en medio de las zonas de glaciares, sino que está construyendo el megayacimiento binacional de Pascua Lama en la frontera con Chile, que supuestamente debiera proteger la ley. La construcción avanza a todo trapo y la Barrick (como en su momento Botnia en Gualeguaychú) se maneja con la política de los hechos consumados.

Inventario y reglamentación

El artículo 15 de la ley establecía que el gobierno debía implementar en 180 días un inventario de los glaciares y zonas periglaciares a preservar. Por las condiciones climáticas, la época más propicia es la primavera y el verano. Pero el gobierno nacional los dejó pasar y recién reglamentó la ley en marzo de este año. Así la pateó un año. Pero además, dejó sin reglamentar el artículo 15. Adicionalmente, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, detalló que "los primeros datos sobre los glaciares y zonas periglaciares los tendremos en un año y en cinco años completaremos la información" (Télam, 2/3). El jefe de Gabinete completó: "en un año tendremos algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares" (Página/12, 2/3).

El inventario, según la ley, debía realizarlo el Ianiglia (Instituto de Nivología, dependiente del Conicet). Pero tres meses después de "reglamentada" la ley, Aníbal Fernández y Mussi "le entregan 3.400.000 pesos presupuestados para el primer año de ejecución del Inventario del Glaciares, a la Fundación Innova-T" (Secretaría de Medio ambiente, 10/6). Esta fundación, si bien fue promovida por el Conicet (en 1993), hoy es una ONG independiente que ha sido denunciada por haber trabajado para la Barrick. Además, con esos fondos no le alcanza ni para empezar.

Corte Suprema

Paralelamente, el 7 del mes pasado, la Corte Suprema decidió aceptar la "competencia originaria" en las demandas que la provincia de San Juan, Barrick y Aoma había entablado por la inconstitucionalidad de la ley. Coincidentemente, esta intervención fue elogiada tanto desde ciertas posturas ambientalistas como desde los agentes de los pulpos mineros.

En un artículo de opinión en Clarín (23/6), los referentes ambientalistas Svampa y Viale consideran que el hecho de que "la Corte tome cartas en el asunto es una buena noticia". Por su parte, Daniel Tomas, diputado sanjuanino del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara declaró: "Es buena noticia que la Corte se ocupe del diferendo de la ley de glaciares" (Diario de Cuyo, 12/6). Más contundente fue el título de El diario de Cuyo, del 9 de junio, que apuntó en otra dirección: "El gobierno de Gioja está 'satisfecho'".

Gioja sabe de lo que habla, los otros, no: es que la Corte no le otorgó a su intervención efecto suspensivo, es decir que mientras "estudia" el caso, las medidas cautelares del juzgado sanjuanino continúan vigentes. Además, reconoció como "querellantes" a la provincia y a la Barrick, pero no a las organizaciones ambientalistas.

Como es sabido que la Corte maneja sus tiempos; no quiere interferir en la campaña electoral -y tampoco querrá crear un 'conflicto de poderes' después del 10 de diciembre, cuando asumirá un gobierno que seguirá protegiendo los negocios mineros (sea oficialista u opositor).

Volvemos al lugar común: "hecha la ley, hecha la trampa".

Miguel Gómez

"Las elecciones y el medio ambiente"

Qué hace la Fuba en cuanto a la problemática ambiental

Marcelo Ramal, Candidato a legislador del Frente de Izquierda, docente FCEUDA y Unqui

Edgardo Decaminada, Docente del Area de Producción FCV

Rodolfo Golluscio, Decano de la Facultad de Agronomía - UBA

Modera: Laura Casal, dirigente de la Fuba y consejera superior de la UBA por la mayoría estudiantil

Viernes 24, 15:30 hs - Aula 10 CUR - Paternal

Isabel, vocera de la Asamblea Autoconvocados por la Vida

-Esta es una marcha más de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados de Rigolleau, que hace seis años venimos pidiendo el traslado de la subestación a una zona no poblada, por los efectos contaminantes del electromagnetismo. Esta lucha ha sido pacífica y las respuestas de las autoridades nacionales, como provinciales y municipales -más allá de no querer atendernos- ha sido la represión. Fuimos reprimidos en 2005 y mayo de 2006, volvimos a ser reprimidos el mayo de 2011 con varios heridos. Además, hemos sido filmados, somos perseguidos a nuestras casas y fotografiados por los servicios de seguridad, por el municipio y por el propio Edesur, en un acto de total falta de respeto a la Constitución Nacional. Hemos sido sitiados por efectivos de la fuerza de seguridad de la provincia, la policía de Berazategui y también han estado presentes la Infantería y la Gendarmería, colaborando con este procedimiento policial para que una multinacional como Edesur ponga la subestación contaminante en el corazón de la ciudad, la cual está rodeada por 25 colegios y en una zona totalmente urbanizada. Entonces, lo que pedimos es que se traslade la subestación fuera del casco urbano y que saquen la policía de Berazategui. Basta de represión, de persecución, que se desprocese a la vecina detenida y que, de alguna manera, las autoridades se hagan responsables de este conflicto.

-¿Se pronunció el Concejo de Berazategui?

-A favor de la subestación, como se han pronunciado la UIB, comercios, empresarios y, lamentablemente, se han sumado algunos colegios y sociedades de fomentos que han respondido a la presión política del municipio, porque reciben subsidios de ellos.

-El gobierno nacional y provincial, ¿se pronuncian ante el conflicto?

-Sí, a favor de la subestación. Primero, porque es una obra nacional aprobada por el Enre; segundo, porque el impacto de política ambiental se ha dado apto, cuando allí la obra no tiene ningún tipo de control, pasa justo sobre un gasoducto principal de la calle 21; y, además, el municipio de Juan José Mussi, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue el que aprobó esta obra y no nos ha querido atender, al igual que Juan Patricio Mussi (h), ni tampoco el gobierno de la provincia. Hoy, estamos peticionando al gobierno nacional.

-¿Cómo sigue esta lucha?

-En estos momentos, Edesur sigue trabajando en el barrio con toda la intención de poner en marcha la subestación; por supuesto, con el resguardo de las fuerzas de seguridad que trabajan para la empresa. Ellos mismos han reconocido ser pagos por Edesur.
El martes 17 de mayo, nuevamente estaremos en asamblea y allí decidiremos entre todos los pasos a seguir.

Corresponsal