Hace algunas semanas, la provincia de Río Negro llegó a las páginas del renombrado Financial Times, con la noticia de un convenio firmado por una empresa agroindustrial china con el gobierno de Saiz, para impulsar un proyecto que tiene por objetivo desarrollar sistemas de irrigación que permitan utilizar para la producción de soja tierras actualmente improductivas. Se trata, en realidad, de un acuerdo firmado en octubre del año pasado entre el gobernador y el grupo Beidahuang, la principal empresa alimenticia china, y que contaría con un préstamo inicial del BID por 300 mil dólares para financiar estudios del impacto ambiental y social del proyecto. El acuerdo se inscribe en un cuadro de alza de los precios mundiales de los alimentos y cuando se observa un persistente aumento en las importaciones chinas de maíz y porotos de soja para abastecer el consumo de la población: según el propio Financial Times, "China invirtió fuertemente en tres acuerdos energéticos el año pasado que han convertido a la Argentina en uno de sus más importantes puntos de apoyo en Latinoamérica, donde busca asegurarse energía, minerales y ahora alimentos para su economía en expansión" (30/6). Argentina vende actualmente a China el 90% de sus exportaciones de soja: uno de los impulsores del proyecto dijo que las provincias de Tucumán y Buenos Aires están dispuestas a establecer convenios similares con Beidahuang.

El proyecto ya ha sido objeto de denuncias de distintas organizaciones ambientales de la provincia, que ponen de relieve que el escueto texto de los convenios firmados no impone a los inversores obligaciones ni pautas del uso del suelo, el agua, la energía y los recursos de la provincia. Según el diario Río Negro (23/7) "la anunciada inversión implicaría ceder en forma concentrada el control de la producción y la exportación a una empresa, por un término estimado de cien años, en una superficie que rondaría las 300.000 hectáreas de valles irrigables, lo que equivale a seis veces el Alto Valle del Río Negro". En diciembre de 2010, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue señaló que de los convenios firmados por Saiz surgen "incertidumbres sobre el futuro uso de los recursos naturales y el modelo de desarrollo agropecuario para la provincia de Río Negro y las consecuencias que pueden tener sobre los aspectos socio-económicos y ambientales". Está en curso un recurso de amparo presentado ante la Justicia provincial para que el Poder Ejecutivo se abstenga de cualquier avance en la implementación de los convenios.

En efecto, los convenios "ofrecen tierras disponibles sin explotación", "ponen a disposición toda la información para relevar la inversión necesaria", todos los anteproyectos ya existentes y "todos los técnicos de la autoridad de aguas"; además de prometer "la mejor política de inversión, brindando garantías mediante la creación de leyes". El gobierno se compromete también a "brindar sin cargo alguno tres mil hectáreas de tierra para la realización de un campo experimental de cultivos de alto rendimiento" y facilitar "sin cargo alguno parte de la zona portuaria del puerto de San Antonio Este"; el convenio establece que "la concesión para el uso será por 50 años y se renovará automáticamente una vez cumplido el plazo" (Río Negro, 23/7).

La implementación de los convenios firmados, en cualquier caso, parece estar sujeta a las vicisitudes de la crisis mundial. Los convenios se firmaron en octubre de 2010, pero no hay decreto ni proyecto de ley que amplíe el alcance. El expediente administrativo sobre el tema sólo tiene veinte páginas, de las cuales buena parte son la traducción del convenio del chino mandarín. "El 28 de diciembre de 2010, [el ministro] Accatino relativizaba bastante el alcance de los convenios, a los que dio carácter 'preliminar', indicando que 'enmarcan la voluntad de evaluar la factibilidad de poner en producción intensiva valles de climas templados de los ríos Negro y Colorado'". Según el diario Río Negro, "esa notoria indefinición de un asunto que promete ser tan importante, pero del cual tan poco se conoce, unido a un antecedente próximo, lleva a temer que la supuesta voluntad de Saiz de fomentar esta inversión no sea más que un gran bluff" (ídem).

Martín López

En estas nuevas elecciones vienen por la revancha: impulsar el Proyecto San Jorge y la explotación de la megaminería contaminante.

No al Proyecto San Jorge

Para funcionar, el Proyecto San Jorge necesita hacer estallar entre 8 a 18 toneladas de explosivos por día, además de consumir un promedio de 141 litros de agua por segundo, 80.000 litros de combustible, 532 kilogramos de isobutil xantato de sodio (un material prohibido por la ley 7722) y un gasto energético de 208.851.225 kwh/a.

Esto significa una depredación ambiental fenomenal, que implicaría, entre otras cosas, hacer volar el cerro San Jorge, secar el arroyo Del Tigre y contaminar el aire por la emisión de material particulado y gases de combustión (por explosiones y proceso de extracción, molienda y transporte de minerales). La empresa canadiense Coro Mining sólo pagaría el 3% del valor de mina del mineral, aproximadamente 3 millones de pesos anuales; las empresas tienen la posibilidad de deducir el 100% del monto invertido.

Los empresarios y políticos pro-mineros prometen la creación de alrededor de tres mil puestos de trabajo en torno de la mina y un supuesto plan de desarrollo agrícola.

Reivindicaciones

• Reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias en trabajos insalubres.

• Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar -5.000 pesos.

• Jubilación del 82% móvil.

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, tercerizados o contratados, bajo el mejor convenio firmado por rama, según su actividad.

• Un plan de viviendas elaborado y controlado por un congreso de delegados electos de trabajadores de la construcción y afines, y asambleas populares de inquilinos y hacinados. Para que tengan viviendas todos los que la necesitan sin depender de los Schoklender o las cooperativas truchas de los punteros del Estado.

• Derogación de la ley impositiva de tasa cero para los grandes capitalistas de la provincia. Impuesto progresivo a las grandes fortunas.

• Triplicación del presupuesto de salud y educación.

• Estatización bajo control obrero de la explotación petrolera de la provincia, hoy está en manos de los Vila-Manzano y otros amigos del gobierno.

Corresponsal

La situación en la zona es calamitosa: ciudades destruidas como si hubieran sido bombardeadas, edificios reducidos a cimientos, barcos en los tejados, coches desplazados, pueblos costeros arrasados. 30.000 es la suma de muertos y desaparecidos; 90.000 personas fueron evacuadas por tiempo indeterminado. A principios de julio, asociaciones de residentes del área adyacente pidieron evacuar a todos los niños de la zona, tras denunciar la existencia de niveles de radioactividad hasta cuatro veces sobre el límite permitido. Según el grupo, esos niveles superan a los que indujeron a las autoridades rusas a evacuar a la población tras el desastre de Chernobyl en 1986.

Según Wolfang Weiss, jefe del comité científico de Naciones Unidas que dirige el estudio sobre el impacto del estallido de la central nuclear, "la liberación de radioactividad en Chernobyl se había acabado prácticamente a los diez días; en Fukushima llevamos cuatro meses y estaremos felices si se acaba al final del año, porque puede durar más. Puede ser peor que Chernobyl, todavía no lo sabemos. Chernobyl era un reactor. Aquí tenemos cuatro y un almacén de residuos, el inventario de lo que hay es mucho peor...los reactores son muy inestables; nadie puede saber si habrá otra liberación grave de partículas mañana".

El propio Kan, abriendo un paraguas que ya está agujereado, acaba de declarar el último fin de semana (8/7) que reparar las consecuencias del estallido de Fukushima puede extenderse por... décadas. El problema es que los efectos de someter a amplios grupos de personas durante mucho tiempo a dosis inclusive bajas de radiación son desconocidos. No hay precedentes para evaluar las consecuencias de una acumulación crónica de yodo radioactivo en las tiroides y de cesio en los huesos. La petición de emergencia para evacuar a los niños de Fukushima incluyó la denuncia de que las autoridades se han centrado en medir la radioactividad en el medio ambiente y no en el interior de las personas, donde ha podido llegar por la inhalación e ingestión de isótopos en polvo, comidas o bebidas.

Al gobierno ya no le cree nadie porque ha mentido sistemáticamente sobre el alcance del desastre. Recién en junio un informe oficial admitió que en las primeras horas se fundieron los núcleos de tres de los cuatro reactores y que posiblemente se rompieron las vasijas en los que el combustible está confinado. Esto implica que el combustible está en forma de magma fundido fuera de la vasija, una situación más grave que la peor prevista por los expertos el día de las explosiones de hidrógeno en la central.

Días atrás el municipio de Genkai, en el suroeste de Japón, rechazó los planteos de la administración central y decidió postergar la reactivación de su propia planta nuclear, la primera en ponerse en marcha luego del parate en masa que siguió al tsunami. Con esto ha quedado en veremos la reactivación de los otros 34 reactores detenidos en Japón (60% del total). El diario Yomiuri, el de mayor tirada en el país, alertó en un editorial: "si no hace nada, los 54 reactores nucleares del país serán cerrados en menos de un año por inspecciones (obligatorias por ley) u otras razones y el 30 por ciento del suministro energético se perderá". Los apagones pueden transformarse de excepción en regla y el parate económico extenderse por falta de suministro. Las grande compañías japonesas anunciaron que 2011 será un año negro en sus cuentas (El País, 12/6). El "modelo" japonés se ha transformado en el paradigma de la catástrofe capitalista mundial.

Pablo Rieznik

En la cuidad, la economía depende solamente del turismo que históricamente ha beneficiado a los pulpos hoteleros y transportistas, donde los trabajadores temporarios pasan seis meses al año sobreexplotados, trabajando de lunes a lunes a destajo por un salario que no les permitirá pasar los meses de "baja" durante los cuales estarán desocupados.

Frente al desastre natural, el Estado municipal, coherente con su carácter capitalista, ha salido a rescatar a empresarios de toda índole, pero nada está garantizando que la gran población desocupada trabaje esta temporada, sin contar la gran cantidad de cuentapropistas, artesanos, costureras y tejedoras que trabajan miles de horas sin ningún tipo de cobertura social, un ejemplo sureño de la explotación laboral.

Los empresarios locales lograron que se los exima de impuestos, se les otorgue Repro y se le habiliten líneas de préstamo a bajísimo interés; pero nada les impide el recorte de horas de trabajo o las suspensiones a los trabajadores.

El plan de "recuperación social" del Saiz y Cascon consiste en precarizar aún más las condiciones de vida de las barriadas barilochenses, nada se habla de puestos genuinos de trabajo, la provincia se endeudará con 50 millones de pesos del BID, los cuales serán utilizados en planes de 400 pesos, cuando la canasta familiar en Bariloche supera ¡los 6.500 pesos!, chapas y leña, los cuales, en el marco de las campañas políticas se terminan siendo entregadas, según criterio y conveniencia de punteros oficialistas.

El rol de las burocracias sindicales está siendo miserable, no se movilizaron ni una sola vez en defensa de los puestos de trabajo caídos, como tampoco contra las suspensiones y despidos que están ocurriendo, sino todo lo contrario, UTHGRA, AEC, UTA y Soyem firmaron la paz social con los empresarios y el gobierno. En este caso, tanto CGT y CTA se dan la mano al gobierno radical orgánico para estafar a los trabajadores.

Ni los gobiernos patronales ni sus burocracias sindicales tienen nada que ofrecer a los trabajadores ya que continúan subsidiando la pobreza a modo de contención social sin resolver verdaderamente los problemas de los laburantes, así que mientras paleamos ceniza saquemos nuestras conclusiones...

Juli (PO-Bariloche

Crónica de un vaciamiento anunciado

Cuando en septiembre del año pasado CFK promulgó la Ley de Glaciares denunciamos que se trataba de una estafa a los reclamos ambientalistas, porque el gobierno, agente de los pulpos mineros, tenía a su cargo su implementación. Como complemento, la justicia es funcional a esta desnaturalización de la ley.

Justicia

Apenas promulgada, los gobernadores kirchneristas promineros -como Gioja en San Juan- se apresuraron a reclamar la inconstitucionalidad de la ley. También lo reclamaron la Barrick y la burocracia de la Aoma. El juez federal de esa provincia rápidamente dictó una medida cautelar que suspende la vigencia de la ley en esa provincia. Barrick no explota solamente el yacimiento de Veladero, en las altas cumbres sanjuaninas, en medio de las zonas de glaciares, sino que está construyendo el megayacimiento binacional de Pascua Lama en la frontera con Chile, que supuestamente debiera proteger la ley. La construcción avanza a todo trapo y la Barrick (como en su momento Botnia en Gualeguaychú) se maneja con la política de los hechos consumados.

Inventario y reglamentación

El artículo 15 de la ley establecía que el gobierno debía implementar en 180 días un inventario de los glaciares y zonas periglaciares a preservar. Por las condiciones climáticas, la época más propicia es la primavera y el verano. Pero el gobierno nacional los dejó pasar y recién reglamentó la ley en marzo de este año. Así la pateó un año. Pero además, dejó sin reglamentar el artículo 15. Adicionalmente, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, detalló que "los primeros datos sobre los glaciares y zonas periglaciares los tendremos en un año y en cinco años completaremos la información" (Télam, 2/3). El jefe de Gabinete completó: "en un año tendremos algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares" (Página/12, 2/3).

El inventario, según la ley, debía realizarlo el Ianiglia (Instituto de Nivología, dependiente del Conicet). Pero tres meses después de "reglamentada" la ley, Aníbal Fernández y Mussi "le entregan 3.400.000 pesos presupuestados para el primer año de ejecución del Inventario del Glaciares, a la Fundación Innova-T" (Secretaría de Medio ambiente, 10/6). Esta fundación, si bien fue promovida por el Conicet (en 1993), hoy es una ONG independiente que ha sido denunciada por haber trabajado para la Barrick. Además, con esos fondos no le alcanza ni para empezar.

Corte Suprema

Paralelamente, el 7 del mes pasado, la Corte Suprema decidió aceptar la "competencia originaria" en las demandas que la provincia de San Juan, Barrick y Aoma había entablado por la inconstitucionalidad de la ley. Coincidentemente, esta intervención fue elogiada tanto desde ciertas posturas ambientalistas como desde los agentes de los pulpos mineros.

En un artículo de opinión en Clarín (23/6), los referentes ambientalistas Svampa y Viale consideran que el hecho de que "la Corte tome cartas en el asunto es una buena noticia". Por su parte, Daniel Tomas, diputado sanjuanino del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara declaró: "Es buena noticia que la Corte se ocupe del diferendo de la ley de glaciares" (Diario de Cuyo, 12/6). Más contundente fue el título de El diario de Cuyo, del 9 de junio, que apuntó en otra dirección: "El gobierno de Gioja está 'satisfecho'".

Gioja sabe de lo que habla, los otros, no: es que la Corte no le otorgó a su intervención efecto suspensivo, es decir que mientras "estudia" el caso, las medidas cautelares del juzgado sanjuanino continúan vigentes. Además, reconoció como "querellantes" a la provincia y a la Barrick, pero no a las organizaciones ambientalistas.

Como es sabido que la Corte maneja sus tiempos; no quiere interferir en la campaña electoral -y tampoco querrá crear un 'conflicto de poderes' después del 10 de diciembre, cuando asumirá un gobierno que seguirá protegiendo los negocios mineros (sea oficialista u opositor).

Volvemos al lugar común: "hecha la ley, hecha la trampa".

Miguel Gómez