La decisión de las autoridades de la UBA de aceptar fondos de la minera La Alumbrera generó una masiva indignación. Como parte de la campaña “No a los fondos de la mina contaminante”, el 26 de agosto, la Fuba, la Conadu Histórica, AGD-UBA, centros de estudiantes, trabajadores no docentes, investigadores y estudiantes, junto con agrupaciones ambientalistas, se movilizaron al Rectorado de la UBA para exigir que la UBA no acepte un centavo de La Alumbrera. Esta empresa explota en Catamarca la mina a cielo abierto más grande del país, con catastróficas consecuencias contaminantes que llegan a Tucumán y Santiago del Estero. Los convocantes presentarán un proyecto de resolución que rechace los fondos para que sea debatido y puesto a votación en el Consejo Superior.
La declaración común explica que los fondos deben repudiarse no sólo en defensa de un sistema estatal único de financiamiento de la educación superior sino, porque “la universidad pública con sus investigadores y su producción de conocimiento deben estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista”. Lo contrario significa que la universidad se constituya “en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con los graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios.”
La ley 14.771 estipula que las universidades públicas reciban fondos provenientes de las utilidades mineras. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) los aceptó, con la complicidad del conjunto de las autoridades universitarias. El miércoles pasado, la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA sumó su aprobación, con el rechazo de una sola consejera, Mariela Solesio.
Por esta vía, las corporaciones mineras pretenden poner la investigación académica al servicio de sus intereses. En la Universidad Nacional de Tucumán, un informe de un grupo de especialistas-investigadores ha llegado a la infame conclusión de que La Alumbrera no contamina cuando, por dar sólo un argumento, en la región han crecido un 600% los casos de cáncer. Comienzan también a proliferar convenios bilaterales entre distintas unidades académicas y gobiernos provinciales, municipales e incluso directamente con las mineras, que favorecen su infraestructura y desmienten los perjuicios contra el medio ambiente y la población.
Esta semana, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta rechazó los fondos provenientes de La Alumbrera y repudió públicamente “los daños sociales, ambientales, económicos y políticos que ocasiona”. Se suma al repudio ya votado por el Consejo Directivo de las facultades de Psicología y de Ciencias Sociales de la UBA, Humanidades de Córdoba, la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel.
Las camarillas quieren convertir la Universidad en cómplice y servidora del lucro capitalista y la depredación ambiental. En defensa de una universidad pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de los capitales privados, todos el 26 a la puerta del Rectorado.

Tucumán:

La crisis en la UNT

Acaba de estallar la crisis más importante en la UNT de los últimos años. El rector Cerizola decidió, en una suerte de golpe de Estado, desplazar al secretario general de la universidad, Hugo Saab. Como fruto de esa decisión, renunció la mitad del gabinete del Rectorado. La crisis tiene que ver con los alineamientos frente a la elección del rector, que se va a producir en el primer cuatrimestre del año que viene. En apariencia se trataría de la clásica lucha de camarillas. Cerizola representa un ala pro-alperovichista. La vicerrectora, que le disputa el cargo, representa a la UCR, encabezada por el recientemente electo senador nacional, Cano –por lo tanto a la oposición sojera en la provincia.
Dominar la universidad es una pieza clave porque tiene que ver con el destino de Canal 10, de la UTN.
Algunos sectores del centroizquierda y los denominados “progres” han planteado la necesidad de cerrar filas con el sector desplazado, porque sería más democrático. Durante los últimos años han co-gobernado con una misma política.
Ambas camarillas son cómplices del negociado de los grandes grupos mineros, pues eso significa el aval de la UNT en el YMAD (Yacimientos Aguas del Dionisio) para que continúen con el saqueo de recursos naturales, como ocurre con la explotación de Bajo La Alumbrera y próximamente con Agua Rica, con toda su secuela de contaminación de los aires, los suelos y las aguas a cambio de miserables regalías.
Ambas camarillas han confluido en todos los ataques a las conquistas docentes, desconociendo las paritarias o desconociendo, como ocurre con el caso de Marta Ponce, la estabilidad laboral (a pesar de que es delegada gremial).
Esta crisis ha provocado la división de la Franja Morada en varias facultades y es un proceso que recién comienza.

Blas Rivadeneira

NO A LOS FONDOS DE BAJO LA ALUMBRERA EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Convocan: AGD-UBA, FUBA y otras organizaciones (ver firmas abajo del comunicado)
No a los fondos de la mina contaminante
Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del EsteroEl Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz. Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios. Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc.La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana. Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas-investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras. Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.
Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.
Desde este espacio convocamos a todos los docentes, investigadores, trabajadores no docentes, estudiantes, organizaciones sociales, de DDHH, organizaciones ambientalistas, y a toda la comunidad educativa a participar de una concentración y una radio abierta sobre el Rectorado de la UBA el próximo miércoles a las 8 hs en Viamonte 430 a movilizarnos para exigir que las autoridades rechacen los fondos de las Minas contaminantes.Buenos Aires, lunes 24 de septiembre de 2009Firman y adhieren:
Organizaciones gremiales y comisiones internas

FUBA, AGD-UBA, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Centro de estudiantes de Filosofía y Letras, Centro de Estudiantes de Cs. Exactas y Naturales, Centro de Estudiantes de Psicología, Centro de Estudiantes de Veterinaria.
Consejeros

Margarita o Campo, Minoría de Graduados de la Facultad de Ciencias Exactas

Ileana Cellotto, Minoría de graduados de la Facultad de Psicología

Mariela Solesio, Consejera Superior por la minoría del claustro estudiantil

Alejandro Lipcovich, Consejero Directivo por la mayoría del claustro estudiantil

Martín Pérgola Consejero mayoría estudiantil FCEyN

Federico Holik Consejero minoría graduados FCEyN y miembro de AGD-UBA

Docentes / Investigadores

Becarios Conicet , Ubacyt y Foncyt de la UBA

Pablo Bergel, Sociólogo

Alicia Rodríguez, docente UNGS y miembro de Tribuna Ambiental

Organizaciones estudiantiles

UJS-Partido Obrero

Corriente Julio A. Mella

La Mala Educación

La Mariátegui

En Clave Roja-PTS

Socialismo Libertario

Frente Universitario Proyecto Sur

Viejo Topo-Poder Estudiantil

Viejo Topo-Colectivo Universitario

JXI – Coalición Cívica

En Acción- Exactas

Rebelión (El Andamio, Los Necios y El Estallido).

Organizaciones ambientales y de DDHH

Viviana Puccio , Tribuna Ambiental

Jorge Steimbach, Tribuna Ambiental

Matías Neglia, Tribuna Ambiental

CARTA DE PROFESORES DE LA UBA AL RECTOR

Hay muchas razones por las cuales una sociedad responsable, libre y pensante, debería negarse a la producción de la minería a cielo abierto que tanto rememora al coloniaje con su despojo de territorios y cuerpos. Son razones como la contaminación, el despilfarro de recursos limitados como el agua, la energía eléctrica, el escaso valor de uso de estos metales que, básicamente, se utilizan como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social críticos.
No obstante, el sistema universitario y científico podría jugar un papel aún más significativo porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego.
Lamentablemente no ocurre con la minería y es de público conocimiento que muchas instituciones universitarias están trabajando al servicio de las corporaciones, en este caso, las grandes mineras. No es un secreto, estas relaciones se exponen como grandes logros en materia de convenios, colaboraciones, extensiones.
Pero las corporaciones mineras han logrado un paso más, comprometiendo con sus dineros al conjunto del sistema universitario. Son dineros que corresponden a los beneficios que recibe YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con Alumbrera Limited. Este año son 36,8 millones de pesos que por ley Nº 14771 deben ser repartidos entre Universidades Nacionales. En 2008 ya se habían aceptado 50 millones. Es dinero que proviene de una empresa y de un gerente que la Cámara Federal de Tucumán Nº II dispuso sus procesamientos por violación del Art. 55 de la Ley 24.051; porque la contaminación es un delito federal y la universidad argentina debiera saberlo. No hay ley que obligue a aceptar financiaciones de organismos acusados penalmente.
Es muy significativo que cuando muchas investigaciones que generan conocimiento independiente avanzan conectando distintas disciplinas científicas, distintas facultades e incluso distintas universidades, una de las empresas mineras más cuestionada y procesada por el fiscal Dr. Gustavo Gómez, decida repartir dinero a todo el sistema universitario. Y es muy lamentable que la Universidad de Buenos Aires lo haya aceptado y que aún el Consejo Superior no lo haya discutido.
Los abajo firmante solicitan al señor rector Rubén Hallú rechazar ese dinero y abrir un debate sobre las financiaciones de este tipo, en todas las instancias de nuestra universidad.
Profesores de la UBA generamos y firmamos este documento que haremos llegar al Sr. Rector Rubén Hallú. Si desea sumarse mande su adhesión a: muchasredes09@gmail.com