Este miércoles 28 de septiembre, la Presidenta visitó la central Atucha 2 con el objetivo de "inaugurarla", según se ha cansado de repetir el ministro De Vido. Esto supondría el fin de una obra que ya lleva casi dos años de atraso y un gasto que, en la estimación más benevolente, triplicó las estimaciones iníciales (700 vs. 2.200 millones de dólares), del cual se forraron los bolsillos empresas amigas (Electroingeniería) y supuestamente no tan amigas (Techint) ¿Tenemos una tercera central nuclear operativa entonces? Ni cerca.

Una mentira grande y una chica

Que Atucha 2 sea inaugurada para su uso comercial es una farsa gigante. Es que basta con ver la obra para darse cuenta de que le falta mucho. Si bien la obra civil y el tendido de caños están avanzados, falta mucho en tendido de cables y colocación de instrumentación. Ni hablar de la obligatoria etapa de pruebas y puesta en marcha.

Un poco menos obscena es la mentira difundida por Nucleoeléctrica Argentina SA (la empresa estatal a cargo de la obra), según la cual lo que estuvo inaugurando la Presidenta fue la etapa de puesta en marcha -es decir la etapa en la cual se llevan adelante pruebas sobre los distintos sistemas de la planta para garantizar el correcto funcionamiento y se comienza a "encender" la planta de cara a la producción. Pero esto es también falso.

Es que debido al retraso del montaje, la empresa ha comenzado algunas pruebas en sistemas y componentes aislados, con instalaciones provisorias, muchas veces precarias, para poder ir adelantando parte de las pruebas. Pero esto dista de ser una "puesta en marcha", que como etapa debería contar con un grado de avance del montaje tal que permita probar los sistemas y grandes componentes con sus instalaciones definitivas. Incluso este esquema de trabajo, donde se montan sistemas a la par de que se los prueba, ya ha dado como resultado de un par de accidentes.

¿Por qué tanto circo?

El circo que se montó fue fantástico, el camino que recorrió la comitiva oficial está pintado y prolijo como para arrancar, pero basta con abrir una puerta equivocada para dar con la realidad de una planta en obra. Es que el gobierno nacional y la empresa quieren mostrar avances en una obra que se atrasa y consume cada vez más presupuesto.

Poner un hito de fin de obra y principio de puesta en marcha también le serviría al gobierno (y a Nucleoeléctrica) para dejar de pagar los "plus por obra", los que representan una parte importante del salario de varios compañeros. Como se ve, no es sólo una cuestión de marketing.

Todo esto cobra una perspectiva preocupante dado que se trata de una planta nuclear, con un diseño del '70 (que es necesario actualizar, por lo menos). Parece claro que en pos de una "patria contratista", donde empresas nacionales e internacionales hagan ganancias, no se ha reparado en hacer chanchadas -incluso tratándose de una planta nuclear.

Corresponsal

Vía libre a los agrotóxicos en Santa Fe

Un proyecto de ley con media sanción de Diputados en la provincia de Santa Fe contra el uso criminal de los agrotóxicos fue dejado caer deliberadamente en una acción concertada por el Frente Amplio Progresista (FAP) y el justicialismo.

El proyecto modifica 15 artículos de la vieja ley de fitosanitarios (1995) para establecer, en el caso del glifosato -el agrotóxico que preserva la soja transgénica-, la prohibición de aplicación aérea dentro de los mil metros del límite de la planta urbana y terrestre -lo que incluye escuelas rurales, áreas naturales, complejos recreativos y caseríos.

Es una modificación que, de todos modos, roza lo inocuo, si se considera "el escaso número de inspectores, la falta de voluntad política y la desidia que en general ha caracterizado la dirección provincial de Sanidad Vegetal, organismo de control de la aplicación de la ley, han generado una situación de anomia, donde la cada vez mayor cantidad de denuncias no son atendidas" (reclamo de las organizaciones ambientales al gobernador Binner, 6/4/09). Sus límites explican que haya sido aprobado en Diputados (con la abstención del justicialismo -que atacó el proyecto por izquierda: "Busca maquillar el problema que ocasionan los agroquímicos ante las denuncias", El Litoral, 2/7/10).

Luego de la crisis, el PS volvió a presentar el proyecto en el Senado -la cámara más adversa- ratificando que el órgano de aplicación será el Ministerio de Producción, iniciando de nuevo la bicicleta parlamentaria.

Los "chacareros"

Aún así, el proyecto de ley produjo una rebelión patronal. El vicepresidente primero de la Federación Agraria, Omar Barchetta, denunció en una jornada de debate que "la modificación de la ley no es razonable" y que no considera la situación de "los pequeños y medianos productores más débiles". Con el apoyo de las cámaras patronales de Aplicadores Aéreos y Terrestres, Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, de Semilleros Multiplicadores e incluso de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, llamó a formar una "comisión de seguimiento" y que el control de los fitosanitarios corresponda a "todos los involucrados en el manejo" (Rosario/12, 23/7/10). Omar Barchetta es parte de la lista de diputados nacionales del Frente "Progresista". Para las organizaciones rurales que acompañaron la iniciativa de la FAA, los nuevos límites de fumigación dejarían más de 100 mil hectáreas improductivas en la provincia.

¿Cuántas?

Llevado por las denuncias sistemáticas sobre las consecuencias del uso del glifosato y otros agrotóxicos sobre la población, el juez Tristán Martínez dispuso en su área de dominio -San Jorge-, después de varias movilizaciones, la prohibición de fumigaciones aéreas y terrestres a 800 y 1.500 metros, respectivamente. Varias organizaciones ambientalistas reclamaron desde ese momento que, al margen del proceso parlamentario, el gobernador disponga por decreto y en forma provisoria, la aplicación de ese fallo en toda la provincia. El gobernador "socialista" se llamó a silencio.

"Mientras los casos de malformaciones, abortos espontáneos, leucemias y otras enfermedades terminales se multiplican y el Estado observa sólo cómo se engrosan las arcas públicas con el Fondo Sojero, sin realizar los correspondientes estudios epidemiológicos" (Declaración del Centro de Protección a la Naturaleza, El Litoral, 26/8/10). El gobernador "socialista", que ha hecho de la salud "universal" (no gratuita) una de sus banderas, tampoco ha dispuesto el control médico de la población sometida a las fumigaciones.

¿Cuántas son las víctimas? Incontables, como surge de un estudio de la Universidad de Córdoba, según el cual un 30% de los trabajadores rurales tiene una exposición alta y un 60% no tiene los elementos de protección más elementales (Ambito, 4/7). En todo caso, el gobierno "socialista" tiene un consuelo. El glifosato tiene autorización del Senasa -que depende del gobierno nacional- y lo considera el más inocuo de los agroquímicos.

Christian Rath

A más de un mes del estallido provincial que dejara en el medio cuatro muertes, la crisis de vivienda está lejos de resolverse.

El plan "un lote para el que lo necesite" ya lleva 60 mil inscriptos en la provincia. Más de 10 mil familias siguen tomando terrenos, a pesar de que en algunas tomas no se relevó a todos. En Perico, con 2.500 familias ocupando tierras, ya hay 10 mil inscriptas en los censos. Se han desatado enfrentamientos a tiros entre los arrendatarios y las familias ocupantes, por ganar un pedazo más de tierra. Para los planes de viviendas hay 18 mil inscriptos. Pero las 1.600 viviendas construidas fueron ocupadas en su totalidad y en lista de espera de inscripción hay otros 15 mil. El Instituto de Vivienda provincial sólo ofrece la construcción de 1.800 casas, a sortearse entre un total de casi 30 mil familias.

El plan de lotes fue aprobado por decreto del gobernador Barrionuevo, ofreciendo tierras fiscales en el Pongo y Chalcán ante el fracaso legislativo de un proyecto que dispusiera nuevas expropiaciones de tierras. Pero este fracaso no puede remediarse con el plan "un lote para cada familia" del PJ-Fellner. Se trata de un plan improvisado, que no detalla cuáles serían las tierras fiscales para el loteo en poder del Estado, ni el presupuesto que incluiría preparar las condiciones para ese loteo, como los servicios de luz, agua, cloaca, apertura de calles. Ni hablar de viviendas populares a construir posteriormente.

Los más recientes asentamientos -que cunden la provincia con las nuevas tomas- se sostienen con la autodeterminación y sacrificio de las miles de familias que soportan los ataques mafiosos de punteros del PJ por las noches, la amenaza gubernamental de ser excluidos del loteo como castigo por las ocupaciones y el hacinamiento. Tanto Barrionuevo-Fellner como Milagro Sala vienen fracasando en el intento de desalojar a los sin techo. Ahora ofrecen otro señuelo a las familias: la conformación de cooperativas para obras elementales y su traslado a otras tierras, muy lejos de los centros urbanos. Pero las maniobras del PJ y la UCR chocan con los más de 3 mil ocupantes de San Salvador, que en una decena de tomas férreamente organizadas, con delegados independientes en algunos casos, han deschavado las maniobras oficiales. Están en el orden del día la coordinación y la unidad de todas las tomas de tierras y viviendas con los métodos democráticos asamblearios, para imponerle al gobierno un plan de salida verdadero que contemple las necesidades de todos los asentados e inscriptos: a) censo integral de todos las familias sin techo, b) expropiación de las tierras necesarias, junto a los centros urbanos, d) investigación de todas las cesiones de tierras a los monopolios agroindustriales, d) plan de vivienda popular controlado por representantes de los trabajadores y los sin techo, en base a un impuesto extraordinario al gran capital radicado en la provincia.

Gabriela Arroyo