Rechazan a la minería a cielo abierto
En junio, la empresa canadiense Uranio del Sur SA inició un expediente para comenzar tareas de cateo en casi diez mil hectáreas en el departamento de Tilcara, en vistas a la explotación de uranio.
En agosto, más de 3.000 personas marcharon desde Juella hasta Tilcara para exigir que se prohíba la instalación de la mina. La guardia de la jueza de Minas agredió a los manifestantes.
Las organizaciones de la provincia exige la prohibición de la minería a cielo abierto. El poder político defiende a los contaminadores. La jueza Durruty declaró que "en Jujuy la minería que se practica es totalmente ecológica". La propaganda oficial presenta a Jujuy como "capital nacional de la minería".
Los vecinos de Abra Pampa anunciaron que una pueblada tomaría pacíficamente los organismos oficiales, como inicio de otras medidas de protesta si no eran escuchados. La contaminación de plomo de la empresa Metal Huasi causó la muerte de varios bebés prematuros; son 234 los niños contaminados con plomo en su sangre, el 81% de la población infantil.
El yacimiento de uranio en El Amarillo (entre Juella y la quebrada de Yacoraite) podría provocar en Tilcara la misma contaminación con plomo que en Abra Pampa.
A partir del rechazo de explotaciones de uranio en la Quebrada de Humahuaca, encabezado por comunidades originarias y vecinos de la región, la Legislatura provincial analizó proyectos para limitar, e incluso prohibir la minería a cielo abierto en toda la provincia. Tilcara hizo punta con una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de explotaciones en todo el departamento. Pero el gobernador Walter Barrionuevo aprobó un importante plan minero para todo Jujuy.
Los proyectos mineros que se instalaron en la provincia, dejaron zonas contaminadas y comunidades empobrecidas debido a las escasas posibilidades de desarrollo agrícola ganadero. Cuando estos emprendimientos cerraron en los ‘90, dejaron a miles de trabajadores sin empleo, con graves enfermedades y muchos no recibieron indemnización.
Viviana Puccio
En junio, la empresa canadiense Uranio del Sur SA inició un expediente para comenzar tareas de cateo en casi diez mil hectáreas en el departamento de Tilcara, en vistas a la explotación de uranio.
En agosto, más de 3.000 personas marcharon desde Juella hasta Tilcara para exigir que se prohíba la instalación de la mina. La guardia de la jueza de Minas agredió a los manifestantes.
Las organizaciones de la provincia exige la prohibición de la minería a cielo abierto. El poder político defiende a los contaminadores. La jueza Durruty declaró que "en Jujuy la minería que se practica es totalmente ecológica". La propaganda oficial presenta a Jujuy como "capital nacional de la minería".
Los vecinos de Abra Pampa anunciaron que una pueblada tomaría pacíficamente los organismos oficiales, como inicio de otras medidas de protesta si no eran escuchados. La contaminación de plomo de la empresa Metal Huasi causó la muerte de varios bebés prematuros; son 234 los niños contaminados con plomo en su sangre, el 81% de la población infantil.
El yacimiento de uranio en El Amarillo (entre Juella y la quebrada de Yacoraite) podría provocar en Tilcara la misma contaminación con plomo que en Abra Pampa.
A partir del rechazo de explotaciones de uranio en la Quebrada de Humahuaca, encabezado por comunidades originarias y vecinos de la región, la Legislatura provincial analizó proyectos para limitar, e incluso prohibir la minería a cielo abierto en toda la provincia. Tilcara hizo punta con una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de explotaciones en todo el departamento. Pero el gobernador Walter Barrionuevo aprobó un importante plan minero para todo Jujuy.
Los proyectos mineros que se instalaron en la provincia, dejaron zonas contaminadas y comunidades empobrecidas debido a las escasas posibilidades de desarrollo agrícola ganadero. Cuando estos emprendimientos cerraron en los ‘90, dejaron a miles de trabajadores sin empleo, con graves enfermedades y muchos no recibieron indemnización.
Viviana Puccio
Villa 31: Un compromiso precario
A raíz del corte protagonizado por los vecinos de la Villa 31, estalló una particular pelea entre los gobiernos de Macri y de Kirchner. Polemizan sobre la propiedad de los terrenos donde está asentada la villa, que pertenecen al Estado nacional y que el gobierno macrista reclama para sí. Pero ninguno de los dos gobiernos quiere la urbanización integral de la villa.
Disputan la "jurisdicción" para llevar adelante una misma política: la erradicación y la entrega de sus tierras al capital financiero.
Un fallo judicial determinó que las construcciones en altura de la villa "no cumplen con el Código de Edificación", algo que, de hecho, no ocurre con ninguna de las construcciones villeras. El gobierno de Macri usa el fallo para iniciar demoliciones. Por lo pronto, implantó un verdadero ghetto en la villa, prohibiendo el ingreso y la circulación de materiales para construcción.
El gobierno nacional dice no tener responsabilidad sobre la 31, puesto que "sólo" es propietario de sus tierras. Pero se trata de una atribución suficiente para llevar adelante la transformación de la villa en un barrio. En cambio, una legisladora kirchnerista acaba de pronunciarse por "una urbanización para la villa que, por supuesto, no será para todos". Se trata del viejo proyecto de Ibarra, que contendrá, a lo sumo, al 10% de las familias actuales. No es una urbanización, sino una maniobra para dividir a la villa y transformar a una parte de los vecinos en arietes de un desalojo masivo. Pero profesionales y técnicos de la Facultad de Arquitectura han elaborado un proyecto que alberga, con espacios públicos y servicios, a todos los habitantes actuales de la 31 y de la 31 bis. No hay ninguna "inviabilidad" para la transformación de la villa en un barrio; sólo se trata de quebrar a los intereses del capital financiero.
Tres días después de los cortes en la autopista, el gobierno recibió a algunas organizaciones de la villa. El compromiso al que arribó con ellas es precario: pretende que los movimientos villeros colaboren en frenar nuevas radicaciones de vecinos. Es decir que los derechistas reiteran una política de división y cooptación. Pero no han ofrecido nada en materia de urbanización: sólo promesas difusas en materia de la provisión de algunos servicios.
Apoyamos el reclamo y la lucha de los vecinos, del que participamos a través de nuestros compañeros del Polo y el PO de la Villa 31. Reclamamos la inmediata asistencia a los reclamos edilicios, de agua y de luz; que se lleve adelante la urbanización integral bajo el control de delegados electos para hacer de la villa un barrio integrado al tejido urbano de la Ciudad.
Marcelo Ramal
A raíz del corte protagonizado por los vecinos de la Villa 31, estalló una particular pelea entre los gobiernos de Macri y de Kirchner. Polemizan sobre la propiedad de los terrenos donde está asentada la villa, que pertenecen al Estado nacional y que el gobierno macrista reclama para sí. Pero ninguno de los dos gobiernos quiere la urbanización integral de la villa.
Disputan la "jurisdicción" para llevar adelante una misma política: la erradicación y la entrega de sus tierras al capital financiero.
Un fallo judicial determinó que las construcciones en altura de la villa "no cumplen con el Código de Edificación", algo que, de hecho, no ocurre con ninguna de las construcciones villeras. El gobierno de Macri usa el fallo para iniciar demoliciones. Por lo pronto, implantó un verdadero ghetto en la villa, prohibiendo el ingreso y la circulación de materiales para construcción.
El gobierno nacional dice no tener responsabilidad sobre la 31, puesto que "sólo" es propietario de sus tierras. Pero se trata de una atribución suficiente para llevar adelante la transformación de la villa en un barrio. En cambio, una legisladora kirchnerista acaba de pronunciarse por "una urbanización para la villa que, por supuesto, no será para todos". Se trata del viejo proyecto de Ibarra, que contendrá, a lo sumo, al 10% de las familias actuales. No es una urbanización, sino una maniobra para dividir a la villa y transformar a una parte de los vecinos en arietes de un desalojo masivo. Pero profesionales y técnicos de la Facultad de Arquitectura han elaborado un proyecto que alberga, con espacios públicos y servicios, a todos los habitantes actuales de la 31 y de la 31 bis. No hay ninguna "inviabilidad" para la transformación de la villa en un barrio; sólo se trata de quebrar a los intereses del capital financiero.
Tres días después de los cortes en la autopista, el gobierno recibió a algunas organizaciones de la villa. El compromiso al que arribó con ellas es precario: pretende que los movimientos villeros colaboren en frenar nuevas radicaciones de vecinos. Es decir que los derechistas reiteran una política de división y cooptación. Pero no han ofrecido nada en materia de urbanización: sólo promesas difusas en materia de la provisión de algunos servicios.
Apoyamos el reclamo y la lucha de los vecinos, del que participamos a través de nuestros compañeros del Polo y el PO de la Villa 31. Reclamamos la inmediata asistencia a los reclamos edilicios, de agua y de luz; que se lleve adelante la urbanización integral bajo el control de delegados electos para hacer de la villa un barrio integrado al tejido urbano de la Ciudad.
Marcelo Ramal
Escrache a "Argentina Oro 2008"
Más de 300 organizaciones, entre ellas asambleas socio-ambientales de todo el país articuladas en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), impulsaron una semana de protesta contra la minería contaminante con diversas actividades. Se instaló una carpa en Congreso el 3 de noviembre, donde ayunaron toda la semana militantes de todo el país. Se denunciaron los efectos sociales, económicos y ambientales de la industria minera extractiva con folletos, volantes, audios, charlas y libros.
El miércoles 5, los asambleístas, organizaciones políticas y sociales realizaron el escrache en las puertas del Hotel Emperador, donde se realizaba el seminario internacional "Argentina Oro 2008". Denunciamos las consecuencias de los emprendimientos megamineros, el saqueo provocado por las multinacionales y la contaminación que nos dejan en el suelo, aire y agua con todo el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. En el seminario participaban empresas internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales.
La protesta apuntó a "visibilizar" las diferentes luchas contra la megaminería que vienen siendo silenciadas en un contexto de crecientes políticas represivas, como la Ley Nacional Antiterrorista o el Código Contravencional de San Juan. También a denunciar que las empresas no pagan impuestos a los combustibles ni sellos ni tasas para la importación. En los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Las mineras no pagan impuestos a las Ganancias ni Ingresos Brutos, no pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias y gozan de ‘estabilidad fiscal' por treinta años. Las empresas no tienen retención a las exportaciones. A este paquete de saqueo de las finanzas públicas, las empresas mineras lo llaman, eufemísticamente, "régimen minero confiable".
El ayuno y el campamento se levantaron después de una gran asamblea donde se hizo un balance de las actividades realizadas. Quedó la satisfacción de haber reunido a tantas asambleas para coordinar acciones en todo el país.
Desde el Partido Obrero continuamos la lucha por la nacionalización de los recursos naturales estratégicos y del comercio exterior, bajo el control de los trabajadores.
Viviana Puccio
Más de 300 organizaciones, entre ellas asambleas socio-ambientales de todo el país articuladas en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), impulsaron una semana de protesta contra la minería contaminante con diversas actividades. Se instaló una carpa en Congreso el 3 de noviembre, donde ayunaron toda la semana militantes de todo el país. Se denunciaron los efectos sociales, económicos y ambientales de la industria minera extractiva con folletos, volantes, audios, charlas y libros.
El miércoles 5, los asambleístas, organizaciones políticas y sociales realizaron el escrache en las puertas del Hotel Emperador, donde se realizaba el seminario internacional "Argentina Oro 2008". Denunciamos las consecuencias de los emprendimientos megamineros, el saqueo provocado por las multinacionales y la contaminación que nos dejan en el suelo, aire y agua con todo el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. En el seminario participaban empresas internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales.
La protesta apuntó a "visibilizar" las diferentes luchas contra la megaminería que vienen siendo silenciadas en un contexto de crecientes políticas represivas, como la Ley Nacional Antiterrorista o el Código Contravencional de San Juan. También a denunciar que las empresas no pagan impuestos a los combustibles ni sellos ni tasas para la importación. En los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Las mineras no pagan impuestos a las Ganancias ni Ingresos Brutos, no pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias y gozan de ‘estabilidad fiscal' por treinta años. Las empresas no tienen retención a las exportaciones. A este paquete de saqueo de las finanzas públicas, las empresas mineras lo llaman, eufemísticamente, "régimen minero confiable".
El ayuno y el campamento se levantaron después de una gran asamblea donde se hizo un balance de las actividades realizadas. Quedó la satisfacción de haber reunido a tantas asambleas para coordinar acciones en todo el país.
Desde el Partido Obrero continuamos la lucha por la nacionalización de los recursos naturales estratégicos y del comercio exterior, bajo el control de los trabajadores.
Viviana Puccio
Vetan la ley de protección de los glaciares
Crimen ecológico
Hace unos días, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de protección de los glaciares. La totalidad de los senadores presentes votó afirmativamente, con la única excepción del sanjuanino Gioja, que se retiró del recinto no bien se enteró de qué se trataba.
Los glaciares son proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. De ellos dependerá nuestra subsistencia en un futuro no muy lejano.
Por medio del decreto 1837/2008, del 11 de noviembre, el Poder Ejecutivo "observa" que:
1) No es conveniente tener un inventario de glaciares porque la zona de emplazamiento es próxima a Chile;
2) El artículo 6 impedía la construcción, explotación minera o petrolífera. La Secretaría de Minería que "considera que los presupuestos mínimos de calidad ambiental no pueden limitarse a la prohibición de actividades".
3) La actividad está controlada por las provincias, cosa que sabemos no es cierto. Las provincias no tienen la capacidad (ni la voluntad) de controlar a los pulpos mineros.
4) No es conveniente que, para cumplir con el artículo 15, las empresas ya emplazadas tengan que someterse a una auditoría en el plazo de 180 días, a riesgo de tener que cesar su actividad o trasladarse.
5) Los gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su "preocupación" por las inversiones que se llevan a cabo en sus provincias.
En definitiva, el Ejecutivo gobierna para la actividad minera a cielo abierto. ¿Qué ‘sociedad' une a nuestros gobernantes con los extractores de metales, que no pagan retenciones a las exportaciones, sobreexplotan los acuíferos y contaminan el suelo?
La Comisión de Recursos Naturales de Diputados rechazó el veto y reclamó que la cuestión sea tratada en la Cámara. Para que la ley sea aprobada, serán necesarios los dos tercios de los votos, tanto en Diputados como en Senadores. Si se lograran esas mayorías, CFK no podría vetarla; estaría obligada a promulgarla.
Alicia Rodríguez
Crimen ecológico
Hace unos días, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de protección de los glaciares. La totalidad de los senadores presentes votó afirmativamente, con la única excepción del sanjuanino Gioja, que se retiró del recinto no bien se enteró de qué se trataba.
Los glaciares son proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. De ellos dependerá nuestra subsistencia en un futuro no muy lejano.
Por medio del decreto 1837/2008, del 11 de noviembre, el Poder Ejecutivo "observa" que:
1) No es conveniente tener un inventario de glaciares porque la zona de emplazamiento es próxima a Chile;
2) El artículo 6 impedía la construcción, explotación minera o petrolífera. La Secretaría de Minería que "considera que los presupuestos mínimos de calidad ambiental no pueden limitarse a la prohibición de actividades".
3) La actividad está controlada por las provincias, cosa que sabemos no es cierto. Las provincias no tienen la capacidad (ni la voluntad) de controlar a los pulpos mineros.
4) No es conveniente que, para cumplir con el artículo 15, las empresas ya emplazadas tengan que someterse a una auditoría en el plazo de 180 días, a riesgo de tener que cesar su actividad o trasladarse.
5) Los gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su "preocupación" por las inversiones que se llevan a cabo en sus provincias.
En definitiva, el Ejecutivo gobierna para la actividad minera a cielo abierto. ¿Qué ‘sociedad' une a nuestros gobernantes con los extractores de metales, que no pagan retenciones a las exportaciones, sobreexplotan los acuíferos y contaminan el suelo?
La Comisión de Recursos Naturales de Diputados rechazó el veto y reclamó que la cuestión sea tratada en la Cámara. Para que la ley sea aprobada, serán necesarios los dos tercios de los votos, tanto en Diputados como en Senadores. Si se lograran esas mayorías, CFK no podría vetarla; estaría obligada a promulgarla.
Alicia Rodríguez
Córdoba
La basura, un negocio podrido
El negocio de la recolección de residuos en la ciudad de Córdoba ha entrado en una nueva etapa de crisis. El contrato de concesión se encuentra actualmente en manos de la empresa Cliba (grupo Roggio) y está a punto de vencer la enésima prórroga. Roggio embolsa el 10% del presupuesto municipal por este servicio.
El municipio había llamado a una licitación internacional con pliegos armados a la medida de Cliba, pero dividiendo el negocio en dos empresas; la otra que se presentó es Covelia, vinculada con Pablo Moyano. Con un presupuesto oficial de 192 millones de pesos, las empresas cotizaron una cifra cercana a los 300 millones, lo que obligó al gobierno a declarar la licitación desierta.
Ante el vencimiento de la prórroga del contrato y la licitación desierta, Roggio amenazó con abandonar el servicio y despedir a más de mil trabajadores. Los compañeros declararon el paro por tiempo indeterminado e instalaron un "aguante" frente al palacio municipal, acompañados por los camiones recolectores de Cliba.
Mientras la basura se amontonaba en las esquinas de Córdoba, el reclamo de los Roggio era el pago de una deuda usuraria de 80 millones de pesos y el cumplimiento en término del canon mensual.
El intendente Giacomino respondió con el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de creación de una empresa municipal de recolección.
Después de tres días de conflicto, el contrato de Cliba tuvo una nueva prórroga. Los trabajadores mantienen su continuidad laboral y Roggio cobrará su deuda (con financiamiento de la nación) y el canon en término.
Una empresa municipal trucha
La creación de la empresa municipal estaba muy lejos de constituir una estatización del servicio; era, más bien, la cobertura de un acuerdo con Cliba. La empresa municipal se haría cargo de la recolección en la zona norte de la ciudad y del enterramiento sanitario, mientras Cliba lo haría en la zona sur y en el centro de la ciudad. Roggio se quedará con el 60% del servicio que hoy presta, pero por la misma plata. Para la prestación del servicio por parte de la empresa municipal, el Grupo Roggio aportará parte de su infraestructura.
Giacomino fue incapaz de enfrentar el chantaje de Roggio, que podría haberse resuelto con la municipalización integral del servicio, la confiscación de toda la infraestructura de Cliba para poner inmediatamente en funcionamiento el servicio, bajo el control de los trabajadores, garantizando de esta manera la totalidad de los puestos de trabajo.
Roggio y el kirchnerismo pusieron a los trabajadores y vecinos en riesgo laboral y ambiental. En medio de una crisis mundial sin precedentes, la única salida puede provenir de los trabajadores y su programa.
Manuel D'Alessandro
La basura, un negocio podrido
El negocio de la recolección de residuos en la ciudad de Córdoba ha entrado en una nueva etapa de crisis. El contrato de concesión se encuentra actualmente en manos de la empresa Cliba (grupo Roggio) y está a punto de vencer la enésima prórroga. Roggio embolsa el 10% del presupuesto municipal por este servicio.
El municipio había llamado a una licitación internacional con pliegos armados a la medida de Cliba, pero dividiendo el negocio en dos empresas; la otra que se presentó es Covelia, vinculada con Pablo Moyano. Con un presupuesto oficial de 192 millones de pesos, las empresas cotizaron una cifra cercana a los 300 millones, lo que obligó al gobierno a declarar la licitación desierta.
Ante el vencimiento de la prórroga del contrato y la licitación desierta, Roggio amenazó con abandonar el servicio y despedir a más de mil trabajadores. Los compañeros declararon el paro por tiempo indeterminado e instalaron un "aguante" frente al palacio municipal, acompañados por los camiones recolectores de Cliba.
Mientras la basura se amontonaba en las esquinas de Córdoba, el reclamo de los Roggio era el pago de una deuda usuraria de 80 millones de pesos y el cumplimiento en término del canon mensual.
El intendente Giacomino respondió con el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de creación de una empresa municipal de recolección.
Después de tres días de conflicto, el contrato de Cliba tuvo una nueva prórroga. Los trabajadores mantienen su continuidad laboral y Roggio cobrará su deuda (con financiamiento de la nación) y el canon en término.
Una empresa municipal trucha
La creación de la empresa municipal estaba muy lejos de constituir una estatización del servicio; era, más bien, la cobertura de un acuerdo con Cliba. La empresa municipal se haría cargo de la recolección en la zona norte de la ciudad y del enterramiento sanitario, mientras Cliba lo haría en la zona sur y en el centro de la ciudad. Roggio se quedará con el 60% del servicio que hoy presta, pero por la misma plata. Para la prestación del servicio por parte de la empresa municipal, el Grupo Roggio aportará parte de su infraestructura.
Giacomino fue incapaz de enfrentar el chantaje de Roggio, que podría haberse resuelto con la municipalización integral del servicio, la confiscación de toda la infraestructura de Cliba para poner inmediatamente en funcionamiento el servicio, bajo el control de los trabajadores, garantizando de esta manera la totalidad de los puestos de trabajo.
Roggio y el kirchnerismo pusieron a los trabajadores y vecinos en riesgo laboral y ambiental. En medio de una crisis mundial sin precedentes, la única salida puede provenir de los trabajadores y su programa.
Manuel D'Alessandro
Tinogasta
Caza de brujas contra luchadores ambientalistas
Tinogasta es uno de los centros de la lucha ambiental en Catamarca. El 5 de abril pasado, un camión de gran porte que transportaba bolas de acero utilizadas en el proceso que se denomina chancado (fase de la molienda de rocas minerales) hacia la Mina Alumbrera, empezó a incendiarse. Aunque sólo se quemaron dos gomas traseras y se recalentaron sus ejes, la fiscalía de Tinogasta ordenó allanar la casa de cinco militantes por el "No a la mina" y de un poblador del Barrio La Paz, donde viven jornaleros y gran cantidad desocupados, que protestan porque los camiones del pulpo han rajado al medio (literalmente) sus humildes viviendas.
Mientras se llevaban adelante los allanamientos, tres camiones que estaban detenidos por los vecinos lograron vencer el cerco vecinal que los tenía detenidos. La justicia local está actuando de manera más decidida a favor de las mineras, que han empezado con una campaña de desprestigio contra las organizaciones ambientalistas que se está convirtiendo en caza de brujas, criminalizando los reclamos ambientales.
El PO llama a realizar acciones solidarias en toda la provincia.
Enrique Traverso
Caza de brujas contra luchadores ambientalistas
Tinogasta es uno de los centros de la lucha ambiental en Catamarca. El 5 de abril pasado, un camión de gran porte que transportaba bolas de acero utilizadas en el proceso que se denomina chancado (fase de la molienda de rocas minerales) hacia la Mina Alumbrera, empezó a incendiarse. Aunque sólo se quemaron dos gomas traseras y se recalentaron sus ejes, la fiscalía de Tinogasta ordenó allanar la casa de cinco militantes por el "No a la mina" y de un poblador del Barrio La Paz, donde viven jornaleros y gran cantidad desocupados, que protestan porque los camiones del pulpo han rajado al medio (literalmente) sus humildes viviendas.
Mientras se llevaban adelante los allanamientos, tres camiones que estaban detenidos por los vecinos lograron vencer el cerco vecinal que los tenía detenidos. La justicia local está actuando de manera más decidida a favor de las mineras, que han empezado con una campaña de desprestigio contra las organizaciones ambientalistas que se está convirtiendo en caza de brujas, criminalizando los reclamos ambientales.
El PO llama a realizar acciones solidarias en toda la provincia.
Enrique Traverso
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MARCHA DEL 12 A LAS 12: JORNADA NACIONAL DE LUCHA AMBIENTAL CONTRA EL SAQUEO Y LA DEPREDACIÓN CAPITALISTA