La Corte suspende los desmontes en Salta
Urtubey acusa recibo
Ante el pedido de comunidades originarias, la Corte Suprema decidió ordenar la suspensión de los desmontes en los departamentos salteños de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. Asimismo, ordenó que se realice un estudio de impacto ambiental para ver qué efecto tienen la totalidad de los desmontes o los que tendría la habilitación de más desmontes.
El 1º de abril, en el discurso inaugural de sesiones ordinarias de la Legislatura salteña, Urtubey acusó recibo. Reivindicó su ley de ordenamiento territorial hecha a la medida de los sojeros. El fiscal salteño presentó un escrito pidiendo se revea la medida en defensa de la "autonomía" provincial.
La medida no deja de ser una conquista para las comunidades originarias y les da un tiempo importante para avanzar en su lucha por las tierras. Lo mismo vale para los campesinos criollos.
Sin embargo, puede ser una traba si las comunidades abandonan la lucha con expectativas de que esta suspensión sea permanente, o que dé garantías de no ser desalojados por los terratenientes. Es importante señalar esto ya que hay una tendencia a orientar la lucha sólo por la vía legal. En este cuadro está la Universidad Nacional de Salta, que pidió la nulidad de la ley de ordenamiento territorial. El ministro de Ambiente y la Secretaría de Políticas Ambientales son de la universidad, como varios funcionarios del gobierno. Por eso las denuncias de la UNSa no buscan polemizar con el gobierno, tal cual lo dijo su rectora al presentar un estudio que anunciaba en 2006 la posibilidad de un alud en Tartagal.
La medida de la Corte tiene otro límite importante: no incluye al departamento de Anta, que es uno de los más afectados y donde la concentración de tierras y privatización de lotes fiscales hace punta. Es probable que las propias comunidades no hayan incluido este departamento en su reclamo, ya que la presencia de comunidades originarias en el lugar es escasa.
También debemos señalar que es muy probable que el fallo sólo se limite a las autorizaciones de desmontes con fines agropecuarios y no incluya a la explotación petrolera, que es claramente la responsable del alud de Tartagal.
El tiempo que brinda la suspensión de los desmontes debe servir para reforzar la lucha de las comunidades originarias, los campesinos criollos, pequeños productores, organizaciones ambientalistas y también del pueblo de Orán y San Martín. Porque la lucha no es sólo por los desmontes, sino también por el derecho a la tierra contra los terratenientes y el Estado y, en el caso de Orán, contra el monocultivo del azúcar que quiere imponer Tabacal, destruyendo miles de hectáreas plantadas con cítricos y hortalizas. Este hecho provocará un impacto brutal, ya que dejará a miles de trabajadores en la calle.
Aprovechemos este tiempo para impulsar la convocatoria de un congreso de indígena, campesino y obrero, que discuta de manera común un programa y una acción práctica de lucha.
Pablo López
Urtubey acusa recibo
Ante el pedido de comunidades originarias, la Corte Suprema decidió ordenar la suspensión de los desmontes en los departamentos salteños de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. Asimismo, ordenó que se realice un estudio de impacto ambiental para ver qué efecto tienen la totalidad de los desmontes o los que tendría la habilitación de más desmontes.
El 1º de abril, en el discurso inaugural de sesiones ordinarias de la Legislatura salteña, Urtubey acusó recibo. Reivindicó su ley de ordenamiento territorial hecha a la medida de los sojeros. El fiscal salteño presentó un escrito pidiendo se revea la medida en defensa de la "autonomía" provincial.
La medida no deja de ser una conquista para las comunidades originarias y les da un tiempo importante para avanzar en su lucha por las tierras. Lo mismo vale para los campesinos criollos.
Sin embargo, puede ser una traba si las comunidades abandonan la lucha con expectativas de que esta suspensión sea permanente, o que dé garantías de no ser desalojados por los terratenientes. Es importante señalar esto ya que hay una tendencia a orientar la lucha sólo por la vía legal. En este cuadro está la Universidad Nacional de Salta, que pidió la nulidad de la ley de ordenamiento territorial. El ministro de Ambiente y la Secretaría de Políticas Ambientales son de la universidad, como varios funcionarios del gobierno. Por eso las denuncias de la UNSa no buscan polemizar con el gobierno, tal cual lo dijo su rectora al presentar un estudio que anunciaba en 2006 la posibilidad de un alud en Tartagal.
La medida de la Corte tiene otro límite importante: no incluye al departamento de Anta, que es uno de los más afectados y donde la concentración de tierras y privatización de lotes fiscales hace punta. Es probable que las propias comunidades no hayan incluido este departamento en su reclamo, ya que la presencia de comunidades originarias en el lugar es escasa.
También debemos señalar que es muy probable que el fallo sólo se limite a las autorizaciones de desmontes con fines agropecuarios y no incluya a la explotación petrolera, que es claramente la responsable del alud de Tartagal.
El tiempo que brinda la suspensión de los desmontes debe servir para reforzar la lucha de las comunidades originarias, los campesinos criollos, pequeños productores, organizaciones ambientalistas y también del pueblo de Orán y San Martín. Porque la lucha no es sólo por los desmontes, sino también por el derecho a la tierra contra los terratenientes y el Estado y, en el caso de Orán, contra el monocultivo del azúcar que quiere imponer Tabacal, destruyendo miles de hectáreas plantadas con cítricos y hortalizas. Este hecho provocará un impacto brutal, ya que dejará a miles de trabajadores en la calle.
Aprovechemos este tiempo para impulsar la convocatoria de un congreso de indígena, campesino y obrero, que discuta de manera común un programa y una acción práctica de lucha.
Pablo López
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