La Legislatura porteña aprobó, por unanimidad, una ley que crea un fondo de 20 millones de pesos para indemnizar a los vecinos afectados por el derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232. De acuerdo con proyecto, se entregan entre 100 y 150 mil dólares (dependiendo de la cantidad de metros cuadrados) por cada propiedad, más un subsidio de entre 50 y 70 mil pesos por las pertenencias perdidas y seis meses de subsidio para el pago de alquileres. A cambio, los inquilinos renuncian a hacerle juicio al Estado y el Gobierno de la Ciudad se queda con la demanda contra la constructora del edificio lindero.

El derrumbe de la calle Mitre, que dejó como saldo una víctima fatal (apareció bajo los escombros el hombre de 74 años que se encontraba desaparecido), puso en evidencia el peligro que suponen para la seguridad de los trabajadores y habitantes de la ciudad los negociados de la construcción y la especulación inmobiliaria, a partir de centenares de obras que no respetan las normas de seguridad en materia de excavación y submuración. En el caso puntual del derrumbe del edificio de la calle Mitre, la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño estaba al tanto de las anomalías en el edificio lindero, sobre el que pesaba una denuncia del 5 de agosto por "ruidos molestos y temblores producto de la excavación" (ver PO Nº 1.202).

En los días posteriores al derrumbe de la calle Mitre, se incrementaron notablemente las denuncias sobre obras peligrosas. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) canceló quince de ellas y divulgó un informe según el cual "829 están afectadas por un alto estándar de gravedad y unas cincuenta -en su gran mayoría excavaciones o demoliciones- se encuentran en estado de riesgo" (BAE, 16/11).

La SRT le exige al gobierno macrista que se sume a una mesa cuatripartita, integrada también por la Cámara de la Construcción y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Pero es poner al zorro a cuidar las uvas. La única salida es que el desarrollo de la construcción se halle orientado por las necesidades sociales (y no por el apetito del capital financiero) y que haya comités de control electos de trabajadores y organizaciones barriales sobre las obras.

Gustavo Montenegro

Por la nacionalización sin indemnización del petróleo y el gas bajo control de los trabajadores

La empresa YPF-Repsol presentó un proyecto de dragado de 6,5 kilómetros para extender los 45 pies de calado hasta el viejo muelle de Cuatreros, en General Cerri. El objetivo es construir una boca fija de descarga para los buques que traen gas licuado importado del Caribe, por un lado, y la construcción de dos islas con el material del refulado, por otro. Esto perimtiría ampliar las tierras para la radicación de nuevas industrias, provocando un feroz ataque al medio ambiente con la vaga promesa de crear empleo. Dada la experiencia de los bahienses con el Polo Petroquímico, los vecinos, organizaciones ambientales y científicos han salido a oponerse abiertamente al proyecto que hoy fogonea el kirchnerista gobierno municipal de Breitenstein. El Partido Obrero llama a manifestar masivamente la oposición al dragado y a intervenir en la audiencia pública del próximo miércoles 16, junto al Suteba y demás organizaciones populares.

Las causas

"El vaciamiento de las reservas de petróleo y gas, como resultado de la desinversión que se les consintió a los pulpos petroleros, acumuló en los últimos años una exorbitante factura de importaciones de gas natural y combustibles. Los proveedores de esos hidrocarburos son las mismas petroleras internacionales que en el país llevaron adelante la 'huelga de inversiones'. Con los recursos del presupuesto, el gobierno les paga el gas importado a precios internacionales. El desbarranque de los subsidios, por lo tanto, ha sacado a la superficie el final del llamado 'modelo productivo'" (PO Nº 1.202).

Repsol remite las utilidades que obtiene en nuestro país a su casa matriz (cuestión que, muy tardíamente, el gobierno de Cristina, ha pretendido frenar), lo que provocó una desinversión que ha agotado las reservas de gas que había para los próximos 23 años. Ahora pretende montar un negociado "justificado" en las consecuencias que provocó este saqueo.

Hipócritas

La juventud trabajadora de la localidad se emplea masivamente en forma tercerizada y precarizada -cooperativa trucha- en el frigorífico exportador de Villa Olga. En este negociado no sólo están la patronal, el Ministerio de Trabajo y la burocracia sindical, sino -fundamentalmente- el gobierno municipal. Para justificar el dragado, dicen que están preocupados por el trabajo y prometen ¡60 puestos laborales!

Un negociado de 200 millones de dólares

Eso es lo que se gastará en hacer los 6,5 kilómetros de dragado hasta el puerto de Cuatreros. La mitad lo pagaremos entre todos, a través de la empresa estatal Enarsa, para garantizar un negociado de la petrolera internacional.

Destrucción del medio ambiente

El dragado significa destruir uno de los pocos humedales que tenemos en el país, poniendo en riesgo de extinción a especies únicas que merecen ser preservadas. Investigadores de la UTN y de la UNS rechazan con fundamento científico el proyecto. Es necesario unir la lucha ambiental con la lucha social para reorganizar la sociedad sobre otras bases.

Marchemos masivamente el miércoles a la audiencia para manifestar la oposición popular a la depredación ambiental, al saqueo de los recursos energéticos y a la precarización laboral criminal. Que sea el primer paso de un plan de lucha sostenido por el No al dragado en Cerri.

• Por una asamblea que, con poder de veto, establezca las normas y vigile su aplicación para preservar el medio ambiente, la salud popular y evitar el fraude laboral, responsable de los accidentes. Elección de comisiones obreras y vecinales de seguridad e higiene ambiental en toda empresa, fábrica, taller, escuela y barrio.


• No al dragado.


• No a la depredación ambiental y laboral.


• Que la crisis energética la paguen los que la generaron.


• Nacionalización, sin indemnización de las empresas energéticas para garantizar la provisión. Control obrero para evitar los negociados y los tarifazos.

Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los trabajadores

Muy lejos no estaba la añorada vieja que tantas historias me contó... pero en el análisis de aquel le faltó un factor...

Dan como resultado un incremento moderado en la media anual. Sin embargo, la especulación inmobiliaria y la falta de planificación urbana, sumados a una política de desinversión en infraestructura, dieron un efecto contrario... o más que contrario, peor.
En las sierras chicas el promedio de lluvias anuales aumentó en los últimos 30 años, pero ante el desmonte inconmensurable del bosque nativo, la importación de especies exóticas (siempre verde y pinos en su mayoría), dieron al suelo la imposibilidad de retener el agua... el origen de dichos desmontes se dio justamente en la especulación inmobiliaria que ante los valores de los terrenos en Córdoba capital y la falta de planificación urbana libraron las tierras de bosques nativos a merced de los buitres amigos de lo fiscal.

En la zona norte y noreste de Córdoba el crecimiento poblacional ha sido exponencial. En lugares donde había montes hoy hay countries, barrios cerrados y terrenos valuados en más de 30.000 dólares. Este fenómeno no se dio sólo por necesidad de ir al norte, sino por la falta de viviendas en la gran ciudad, por la falta de trabajo digno y por sobre todo un déficit habitacional que ni a la municipalidad ni a la provincia les interesó diagramar, pues claramente el negocio lo habían hecho con los Suez, los Roggio, Bugliotti y compañía.

Ayer fue tema de todos los diarios la falta de agua en Salsipuedes, pero llegaron las lluvias y será indudablemente el tema las inundaciones de la zona norte de la ciudad de Córdoba, Argüello, Alta Córdoba y otros. Hasta los countries de la zona se inundarán como todos los años, demostrando que el problema no es falta de agua sino falta de bosques, falta de un programa que frene la especulación inmobiliaria y los desmontes.

Lo mismo que pasa en las sierras chicas pasa en toda Córdoba.

Pero para revertir esta situación hace falta un Estado presente y no aliado a los especuladores ni a los productores agropecuarios del cordón verde, sino un verdadero control conducido por organizaciones populares y vecinos que autoricen uno a uno los emprendimientos inmobiliarios y los desmontes, conscientes que a esta provincia no le falta agua sino un programa de conservación y resistencia a la especulación inmobiliaria.

Víctor S.