La Legislatura porteña aprobó, por unanimidad, una ley que crea un fondo de 20 millones de pesos para indemnizar a los vecinos afectados por el derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232. De acuerdo con proyecto, se entregan entre 100 y 150 mil dólares (dependiendo de la cantidad de metros cuadrados) por cada propiedad, más un subsidio de entre 50 y 70 mil pesos por las pertenencias perdidas y seis meses de subsidio para el pago de alquileres. A cambio, los inquilinos renuncian a hacerle juicio al Estado y el Gobierno de la Ciudad se queda con la demanda contra la constructora del edificio lindero.

El derrumbe de la calle Mitre, que dejó como saldo una víctima fatal (apareció bajo los escombros el hombre de 74 años que se encontraba desaparecido), puso en evidencia el peligro que suponen para la seguridad de los trabajadores y habitantes de la ciudad los negociados de la construcción y la especulación inmobiliaria, a partir de centenares de obras que no respetan las normas de seguridad en materia de excavación y submuración. En el caso puntual del derrumbe del edificio de la calle Mitre, la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño estaba al tanto de las anomalías en el edificio lindero, sobre el que pesaba una denuncia del 5 de agosto por "ruidos molestos y temblores producto de la excavación" (ver PO Nº 1.202).

En los días posteriores al derrumbe de la calle Mitre, se incrementaron notablemente las denuncias sobre obras peligrosas. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) canceló quince de ellas y divulgó un informe según el cual "829 están afectadas por un alto estándar de gravedad y unas cincuenta -en su gran mayoría excavaciones o demoliciones- se encuentran en estado de riesgo" (BAE, 16/11).

La SRT le exige al gobierno macrista que se sume a una mesa cuatripartita, integrada también por la Cámara de la Construcción y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Pero es poner al zorro a cuidar las uvas. La única salida es que el desarrollo de la construcción se halle orientado por las necesidades sociales (y no por el apetito del capital financiero) y que haya comités de control electos de trabajadores y organizaciones barriales sobre las obras.

Gustavo Montenegro