COMUNICADO DE PRENSA
¡No a los desalojos! / ¡No a la concentración de la propiedad de la tierra!
"No es sólo un empresario, no es sólo una jueza, no es sólo un político, ...no es tan sólo la justicia cómplice del capital, ni sólo el poder político...".
¡Es el modelo!
¡¡¡Modelo concentrador, el de la impunidad, el de la democracia de las empresas y el capital!!!
Hoy hay que resistir una muestra más de abuso del Poder, de que dentro de este modelo son pocos los privilegiados, y que las mayorías han pasado a ser invisibles.
Hoy junto a la familia Larenas, y saber que si pasan, vendrán por más.
No sólo existe la obligación de acompañar, sino que hoy más que nunca debe prevalecer el compromiso de pasar a la ofensiva; de demostrar a los representantes de la política bananera y de los jugosos negocios multinacionales, que, movilizados y organizados podemos comprobar que habrá maneras diferentes de decisión sobre nuestro futuro, sin apelar a la Justicia cómplice ni confiando en un voto cada cuatro años.
Hoy junto a la familia Larenas, y mañana organizando las tierras de El Cohiue, el acceso a las costas, las cooperativas de productores y trabajadores, el derecho de acceso a la vivienda; y contra los Lewis, los Benetton, los Das Neves, los Traverso, los Vargas y toda su prole.
Y seguro pondrán a funcionar los resortes de la represión policial e institucional, poniendo a disposición todo el aparato del Estado en función de los intereses privados. Dispondrán efectivos, recursos, lugares de detención y traslado, con el visto bueno de la Justicia de Chubut.
Hoy no podemos estar ausentes. Es obligación resistir el desalojo.
¡Todos con la familia Larenas! ¡¡¡Todos a defender el derecho a vivir!!!
Esquel, Chubut, 17 de diciembre de 2008
Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era.
Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó, porque yo tampoco lo era.
Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó.
Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó.
Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.
Bertold Brecht
Mesa Regional Noroeste de Chubut - Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
¡No a los desalojos! / ¡No a la concentración de la propiedad de la tierra!
"No es sólo un empresario, no es sólo una jueza, no es sólo un político, ...no es tan sólo la justicia cómplice del capital, ni sólo el poder político...".
¡Es el modelo!
¡¡¡Modelo concentrador, el de la impunidad, el de la democracia de las empresas y el capital!!!
Hoy hay que resistir una muestra más de abuso del Poder, de que dentro de este modelo son pocos los privilegiados, y que las mayorías han pasado a ser invisibles.
Hoy junto a la familia Larenas, y saber que si pasan, vendrán por más.
No sólo existe la obligación de acompañar, sino que hoy más que nunca debe prevalecer el compromiso de pasar a la ofensiva; de demostrar a los representantes de la política bananera y de los jugosos negocios multinacionales, que, movilizados y organizados podemos comprobar que habrá maneras diferentes de decisión sobre nuestro futuro, sin apelar a la Justicia cómplice ni confiando en un voto cada cuatro años.
Hoy junto a la familia Larenas, y mañana organizando las tierras de El Cohiue, el acceso a las costas, las cooperativas de productores y trabajadores, el derecho de acceso a la vivienda; y contra los Lewis, los Benetton, los Das Neves, los Traverso, los Vargas y toda su prole.
Y seguro pondrán a funcionar los resortes de la represión policial e institucional, poniendo a disposición todo el aparato del Estado en función de los intereses privados. Dispondrán efectivos, recursos, lugares de detención y traslado, con el visto bueno de la Justicia de Chubut.
Hoy no podemos estar ausentes. Es obligación resistir el desalojo.
¡Todos con la familia Larenas! ¡¡¡Todos a defender el derecho a vivir!!!
Esquel, Chubut, 17 de diciembre de 2008
Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era.
Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó, porque yo tampoco lo era.
Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó.
Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó.
Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.
Bertold Brecht
Mesa Regional Noroeste de Chubut - Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
CHUBUT
No al desalojo
No a la destrucción de las culturas campesinas y pueblos originarios
El día jueves 4 de diciembre, la Jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel dictó una orden de desalojo contra Inés Larenas, antigua pobladora de El Pedregoso (paraje ubicado a 10 km al sur de la ciudad de El Hoyo, Chubut). Frente a tan arbitraria e injusta decisión, los vecinos, las comunidades de pueblos originarios de la zona y organizaciones sociales, nos solidarizamos y resistimos con la familia Larenas y llamamos a todos a unirnos contra este posible desalojo.
Recordemos que la cordillera Larenas es, además de rica en recursos forestales y potencial turístico, objeto de interés minero. Con Korn como "propietario", el desembarco de las mineras solo espera que Das Neves levante la medida de zonificación minera que vence el año próximo, y que sacó de manera apresurada en 2006 ante la movilización popular y frente a su re postulación como Gobernador en las elecciones de 2007. Por otra parte, no es un dato menor que el hijo de Enrique Korn, Pablo Korn, sea el actual Ministro Coordinador de Gabinete, con lo cual sus conexiones con el poder político y económico son claras. No olvidemos que en junio de este año, en la Embajada de Canadá y ante empresarios mineros, Das Neves aseguró que iba a convencer a los pobladores de las bondades de la minería, que se iba a revertir el proceso de Esquel del "NO a la mina" y que se iba a asegurar a las empresas su desarrollo. Con Korn en la cordillera Larenas, este círculo (no precisamente "virtuoso"), se cierra de manera descarada.
El intento de desalojo contra Inés Larenas no es un hecho aislado, es tan solo uno de la larga lista de casos que evidencian los avances impunes del poder para expulsar a los campesinos de las tierras en las que han vivido siempre. Hay otros casos como el de las familias Quilodrán, Merino y Matus, también en el Pedregoso, la Comunidad Mapuche Vuelta del Río, la Comunidad Santa Rosa de Leleque, las Comunidades Cayún y Motoco Cárdenas de Lago Puelo, por citar sólo algunos ejemplos en los cuales viejos pobladores y comunidades de pueblos originarios, ven amenazado su derecho al reconocimiento de la tierra en la que habitan y construyen su cultura comunitaria y campesina.
De todas estas historias, la que tiene como víctima a la familia Larenas es una de las que más evidencian las interconexiones corruptas entre el poder económico y el poder político, los manejos turbios de funcionarios provinciales y municipales en connivencia con mafias jurídicas en todos los estratos.
Son cinco generaciones de vida campesina que el poder de estas mafias está intentando eliminar. Cinco generaciones que habitan esta tierra desarrollando su cultura y haciendo de la tierra su forma de ejercer la subsistencia y la autonomía.
Un poco de historia
Durante la década de 1970, con el aval del gobierno provincial, la Maderera Noroeste S.A. (Manosa), operó en 34 mil hectáreas, en la zona de El Hoyo y Epuyén. Arrasó con innumerables hectáreas de bosque nativo para plantar pinos exóticos en su lugar. Todo, por supuesto, sin el consentimiento de los pobladores, cuando no ejerciendo coerción directa sobre ellos, bajo amenaza de quitarles sus tierras si no accedían a la forestación.
Entre las tierras afectadas por este desastre ecológico se encontraban las de la familia Larenas, que habita en ese lugar desde 1941.
El abogado Enrique Alejandro Korn, quien ahora pretende arrebatar 1200 hectáreas y desalojar a los Larenas, había sido asesor de la empresa forestal en aquellos años, y al cierre de ésta empezó a diseñar un plan para que las tierras queden en su poder.
Hábilmente, y con la anuencia de funcionarios judiciales y de gobierno, Korn transformó los derechos del vuelo (recurso forestal existente en la tierra) en su ahora pretendido reclamo de las tierras en las que están esos pinos y las familias que viven allí desde hace más de medio siglo.
Las parcelas ocupadas por los Larenas fueron entregadas a Korn, que nunca vivió en El Pedregoso, en concepto de pago de honorarios profesionales, a partir del juicio que tuvo lugar entre la empresa Manosa y la provincia de Chubut. Así Korn adquirió los derechos de vuelo de una amplia zona, entre las que están los lotes ocupados por las familias Larenas y Quilodrán. A partir de ahí, Korn comienza a gestionar el título de las mismas argumentando ocupación veinteñal. Para esto, contó con la complicidad del entonces director de Tierras de El Hoyo, "Chito" Cárdenas, que certificó la pretendida ocupación. Dicha certificación fue totalmente amañada y falsa, certificando una circunstancia totalmente ajena a la verdadera realidad de aquel momento: Inés Larenas vivía en ese lugar, y no Enrique Alejandro Korn. Algunos años después, en 1999, Cárdenas asumió la intendencia del El Hoyo, y es durante su gestión que en el año 2003 Korn, , logra la aprobación de las mensuras y el título de propiedad de las mismas. Sin embargo el de Korn no es un caso aislado, durante las gestiones de Santiago "Chito" Cárdenas, tantos otros empresarios y poderosos se hicieron de tierras de manera irregular cuando no fraudulenta.
Actualmente, Cárdenas es diputado provincial por el Provech. Korn manifestó su interés por estas tierras para desarrollar emprendimientos hidroeléctricos en el arroyo El Pedregoso, presentando los estudios realizados a su pedido, por la empresa canadiense Oboe Engineering Ltd. Más tarde, en el 2005, Korn a través de Tomás Cané, apoderado legal, y actual integrante del departamento ejecutivo de la localidad de Lago Puelo, inicia acciones legales contra Inés Larenas por usurpación con violencia de "su" propiedad, afectando el sector cordillerano en el que se encuentra la vivienda de Inés.
El día 4 de julio se conoció el fallo de la jueza Estefanía. La sentencia ordenó seis meses de prisión en suspenso, el pago de los honorarios del abogado Colabelli por la suma de seis mil pesos, y la "restitución" de las tierras a Korn, previo desalojo compulsivo y lanzamiento de todos los bienes y personas que se encontrasen en el lugar El abogado de Korn fue José Colabelli, aquel juez de Esquel destituido (a través de un juicio que tuvo por abogado defensor al mismísimo doctor Korn) por ser el responsable del violento desalojo que sufrió la familia Fermín de la Comunidad Mapuche Vuelta del Río, ignorando las instrucciones de la Fiscalía y el Código Procesal.
Desconociendo tan absurdo e injusto fallo, Inés Larenas permaneció en el lugar donde nació y vivió toda su vida; por lo que este jueves 4 de diciembre, la Jueza firmó la orden de hacer efectivo el desalojo, que debería producirse dentro de los próximos cinco días hábiles.
La sentencia de Inés no está firme, la misma fue apelada ante el Superior Tribunal del Chubut, a la vez que se pidió una medida de no innovar hasta tanto la sentencia esté firme. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut no se expidió ante el pedido de la Defensa de "no innovar" y dejó que se vencieran los plazos para expedirse en tal sentido.
Es de destacar que esta decisión de hacer efectivo el desalojo marca dos irregularidades. Por un lado desconoce lo establecido por la Constitución y la suscripción a Pactos Internacionales (como el de los Derechos económicos, sociales y culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que impiden los desalojos forzosos hasta que la última autoridad competente, se expida al respecto. Por otra parte, se libra la orden aunque la sentencia esté apelada y falte aún una decisión superior a ella al respecto. Estando la sentencia apelada ante el Superior Tribunal, la Jueza perdió ya jurisdicción para seguir expidiéndose al respecto. Vemos en esta irregularidad una clara intencionalidad por continuar avasallando e intimidando a los pobladores.
Se repite así la historia de Colabelli, desalojando brutalmente a la Comunidad de Vuelta del Río.
Esta claro: no quieren gente libre que viva con la tierra y haga crecer esa libertad. Quieren clientes, esclavos, consumidores. Quieren alimentar con carne humana el triste poder que ya detentan.
Van avanzando. Ahora es Inés Larenas, luego serán los Quilodrán, los Merino, los Leiva, los Matus de El Pedregoso, y después todos aquellos que se interpongan en el camino de esta "maquina de progreso". Todo esto no se puede contar en hectáreas, porque supera el entendimiento de cualquier persona. Todo esto se mide en dolor y sobre todo en rabia. Porque a la gente no se la mueve como fichas de ajedrez. Y porque el bosque no crece en otro lado. Por eso los vecinos decimos:
No a los desalojos campesinos. Fuera Korn y todos sus cómplices legales y políticos. Basta de destrucción de las culturas campesinas y de la tierra en la que crecen. Paraje el Pedregoso, Localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, Argentina
Vecinos de la Comarca Andina, Organizaciones y Comunidades del Pueblo Mapuche y Organizaciones de la Sociedad Civil.
No al desalojo
No a la destrucción de las culturas campesinas y pueblos originarios
El día jueves 4 de diciembre, la Jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel dictó una orden de desalojo contra Inés Larenas, antigua pobladora de El Pedregoso (paraje ubicado a 10 km al sur de la ciudad de El Hoyo, Chubut). Frente a tan arbitraria e injusta decisión, los vecinos, las comunidades de pueblos originarios de la zona y organizaciones sociales, nos solidarizamos y resistimos con la familia Larenas y llamamos a todos a unirnos contra este posible desalojo.
Recordemos que la cordillera Larenas es, además de rica en recursos forestales y potencial turístico, objeto de interés minero. Con Korn como "propietario", el desembarco de las mineras solo espera que Das Neves levante la medida de zonificación minera que vence el año próximo, y que sacó de manera apresurada en 2006 ante la movilización popular y frente a su re postulación como Gobernador en las elecciones de 2007. Por otra parte, no es un dato menor que el hijo de Enrique Korn, Pablo Korn, sea el actual Ministro Coordinador de Gabinete, con lo cual sus conexiones con el poder político y económico son claras. No olvidemos que en junio de este año, en la Embajada de Canadá y ante empresarios mineros, Das Neves aseguró que iba a convencer a los pobladores de las bondades de la minería, que se iba a revertir el proceso de Esquel del "NO a la mina" y que se iba a asegurar a las empresas su desarrollo. Con Korn en la cordillera Larenas, este círculo (no precisamente "virtuoso"), se cierra de manera descarada.
El intento de desalojo contra Inés Larenas no es un hecho aislado, es tan solo uno de la larga lista de casos que evidencian los avances impunes del poder para expulsar a los campesinos de las tierras en las que han vivido siempre. Hay otros casos como el de las familias Quilodrán, Merino y Matus, también en el Pedregoso, la Comunidad Mapuche Vuelta del Río, la Comunidad Santa Rosa de Leleque, las Comunidades Cayún y Motoco Cárdenas de Lago Puelo, por citar sólo algunos ejemplos en los cuales viejos pobladores y comunidades de pueblos originarios, ven amenazado su derecho al reconocimiento de la tierra en la que habitan y construyen su cultura comunitaria y campesina.
De todas estas historias, la que tiene como víctima a la familia Larenas es una de las que más evidencian las interconexiones corruptas entre el poder económico y el poder político, los manejos turbios de funcionarios provinciales y municipales en connivencia con mafias jurídicas en todos los estratos.
Son cinco generaciones de vida campesina que el poder de estas mafias está intentando eliminar. Cinco generaciones que habitan esta tierra desarrollando su cultura y haciendo de la tierra su forma de ejercer la subsistencia y la autonomía.
Un poco de historia
Durante la década de 1970, con el aval del gobierno provincial, la Maderera Noroeste S.A. (Manosa), operó en 34 mil hectáreas, en la zona de El Hoyo y Epuyén. Arrasó con innumerables hectáreas de bosque nativo para plantar pinos exóticos en su lugar. Todo, por supuesto, sin el consentimiento de los pobladores, cuando no ejerciendo coerción directa sobre ellos, bajo amenaza de quitarles sus tierras si no accedían a la forestación.
Entre las tierras afectadas por este desastre ecológico se encontraban las de la familia Larenas, que habita en ese lugar desde 1941.
El abogado Enrique Alejandro Korn, quien ahora pretende arrebatar 1200 hectáreas y desalojar a los Larenas, había sido asesor de la empresa forestal en aquellos años, y al cierre de ésta empezó a diseñar un plan para que las tierras queden en su poder.
Hábilmente, y con la anuencia de funcionarios judiciales y de gobierno, Korn transformó los derechos del vuelo (recurso forestal existente en la tierra) en su ahora pretendido reclamo de las tierras en las que están esos pinos y las familias que viven allí desde hace más de medio siglo.
Las parcelas ocupadas por los Larenas fueron entregadas a Korn, que nunca vivió en El Pedregoso, en concepto de pago de honorarios profesionales, a partir del juicio que tuvo lugar entre la empresa Manosa y la provincia de Chubut. Así Korn adquirió los derechos de vuelo de una amplia zona, entre las que están los lotes ocupados por las familias Larenas y Quilodrán. A partir de ahí, Korn comienza a gestionar el título de las mismas argumentando ocupación veinteñal. Para esto, contó con la complicidad del entonces director de Tierras de El Hoyo, "Chito" Cárdenas, que certificó la pretendida ocupación. Dicha certificación fue totalmente amañada y falsa, certificando una circunstancia totalmente ajena a la verdadera realidad de aquel momento: Inés Larenas vivía en ese lugar, y no Enrique Alejandro Korn. Algunos años después, en 1999, Cárdenas asumió la intendencia del El Hoyo, y es durante su gestión que en el año 2003 Korn, , logra la aprobación de las mensuras y el título de propiedad de las mismas. Sin embargo el de Korn no es un caso aislado, durante las gestiones de Santiago "Chito" Cárdenas, tantos otros empresarios y poderosos se hicieron de tierras de manera irregular cuando no fraudulenta.
Actualmente, Cárdenas es diputado provincial por el Provech. Korn manifestó su interés por estas tierras para desarrollar emprendimientos hidroeléctricos en el arroyo El Pedregoso, presentando los estudios realizados a su pedido, por la empresa canadiense Oboe Engineering Ltd. Más tarde, en el 2005, Korn a través de Tomás Cané, apoderado legal, y actual integrante del departamento ejecutivo de la localidad de Lago Puelo, inicia acciones legales contra Inés Larenas por usurpación con violencia de "su" propiedad, afectando el sector cordillerano en el que se encuentra la vivienda de Inés.
El día 4 de julio se conoció el fallo de la jueza Estefanía. La sentencia ordenó seis meses de prisión en suspenso, el pago de los honorarios del abogado Colabelli por la suma de seis mil pesos, y la "restitución" de las tierras a Korn, previo desalojo compulsivo y lanzamiento de todos los bienes y personas que se encontrasen en el lugar El abogado de Korn fue José Colabelli, aquel juez de Esquel destituido (a través de un juicio que tuvo por abogado defensor al mismísimo doctor Korn) por ser el responsable del violento desalojo que sufrió la familia Fermín de la Comunidad Mapuche Vuelta del Río, ignorando las instrucciones de la Fiscalía y el Código Procesal.
Desconociendo tan absurdo e injusto fallo, Inés Larenas permaneció en el lugar donde nació y vivió toda su vida; por lo que este jueves 4 de diciembre, la Jueza firmó la orden de hacer efectivo el desalojo, que debería producirse dentro de los próximos cinco días hábiles.
La sentencia de Inés no está firme, la misma fue apelada ante el Superior Tribunal del Chubut, a la vez que se pidió una medida de no innovar hasta tanto la sentencia esté firme. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut no se expidió ante el pedido de la Defensa de "no innovar" y dejó que se vencieran los plazos para expedirse en tal sentido.
Es de destacar que esta decisión de hacer efectivo el desalojo marca dos irregularidades. Por un lado desconoce lo establecido por la Constitución y la suscripción a Pactos Internacionales (como el de los Derechos económicos, sociales y culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que impiden los desalojos forzosos hasta que la última autoridad competente, se expida al respecto. Por otra parte, se libra la orden aunque la sentencia esté apelada y falte aún una decisión superior a ella al respecto. Estando la sentencia apelada ante el Superior Tribunal, la Jueza perdió ya jurisdicción para seguir expidiéndose al respecto. Vemos en esta irregularidad una clara intencionalidad por continuar avasallando e intimidando a los pobladores.
Se repite así la historia de Colabelli, desalojando brutalmente a la Comunidad de Vuelta del Río.
Esta claro: no quieren gente libre que viva con la tierra y haga crecer esa libertad. Quieren clientes, esclavos, consumidores. Quieren alimentar con carne humana el triste poder que ya detentan.
Van avanzando. Ahora es Inés Larenas, luego serán los Quilodrán, los Merino, los Leiva, los Matus de El Pedregoso, y después todos aquellos que se interpongan en el camino de esta "maquina de progreso". Todo esto no se puede contar en hectáreas, porque supera el entendimiento de cualquier persona. Todo esto se mide en dolor y sobre todo en rabia. Porque a la gente no se la mueve como fichas de ajedrez. Y porque el bosque no crece en otro lado. Por eso los vecinos decimos:
No a los desalojos campesinos. Fuera Korn y todos sus cómplices legales y políticos. Basta de destrucción de las culturas campesinas y de la tierra en la que crecen. Paraje el Pedregoso, Localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, Argentina
Vecinos de la Comarca Andina, Organizaciones y Comunidades del Pueblo Mapuche y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Las mesas-debate en el Pic-nic
Sindicatos, medio ambiente, la mujer
Las mesas redondas que se desarrollaron fueron uno de los puntos fuertes del Pic-nic.
El movimiento sindical frente a la crisis
Por esta mesa pasaron las luchas de los obreros gráficos de Indugraf, de Atilra Rosario, del gremio de la pintura, de los docentes y estatales, y de los metalúrgicos de Ecotermo, las cuales tuvieron su lugar en el debate.
Los panelistas y las intervenciones del público analizaron el proceso político que atraviesa al movimiento obrero.
Pitrola defendió la realización de un congreso obrero para elaborar un plan económico de los trabajadores y llamó a organizar el 20 de diciembre.
Un compañero de La Serenísima puso el acento en la derrota de una serie de luchas no menores (Casino, Pirelli, Firestone...). Del debate se concluyó que el desarrollo presente de luchas contra los despidos y suspensiones son una evidencia de que la clase obrera va a enfrentar la ofensiva capitalista que viene con la crisis mundial.
La mesa sobre la cuestión ambiental
Fueron panelistas destacados luchadores. Participaron Horacio Pastor, de la Unión de Asambleas por la sanidad de los ríos de la cuenca del Río Negro; Viviana Puccio, de la Universidad de San Martín; Alicia Rodríguez, delegada de la Junta Interna de ATE de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación e integrante de la organización "Queremos Buenos Aires"; Marcelo Ramal, dirigente del PO, y Roberto, de La Plata, de una asamblea en lucha por el cierre del Ceamse de Punta Lara. Actuó como coordinador Jorge Steimbach, de la minoría del CES de Suteba de Tres de Febrero e integrante de la Asamblea Coordinadora Patagónica.
Entre el público asistente hubo planteos en torno de la designación por parte de Obama de un científico experto en energías alternativas y ganador del Premio Nobel. Los panelistas destacaron que las "energías alternativas" favorecen a determinados lobbys capitalistas (y contaminadores) contra otros.
La conclusión del debate fue que es necesario unir la lucha ambiental con la lucha social, dado que la lucha ambiental forma parte de la pelea general por la reorganización del régimen social. Hubo una convocatoria al plenario donde fundaremos la agrupación Tribuna Ambiental, el lunes 22 en la Facultad de Sociales.
La mesa del Plenario de Trabajadoras
El Plenario de Trabajadoras organizó una mesa debate sobre "Violencia contra la mujer: ¿Cómo se organizan las mujeres para darle una salida?". Fue coordinada por Mariela Solesio, vicepresidenta de la Fuba; tuvo como panelistas a Olga Cristóbal, del Plenario de Trabajadoras, y Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro.
Frente a más de 80 compañeros y compañeras, tanto Fabiana como Olga expusieron las cifras alarmantes de esta situación.
En la ronda de debate, se discutió el carácter contradictorio de la legislación sobre el aborto, el accionar de la burocracia sindical y la cohesión del movimiento de mujeres. Fabiana destacó que las diferencias que pudiesen existir en el seno del movimiento de mujeres no pueden ser la excusa para no desarrollar una lucha unificada e independiente del Estado.
Hubo una emotiva intervención de José Maldonado, padre de "el Boli".
Sindicatos, medio ambiente, la mujer
Las mesas redondas que se desarrollaron fueron uno de los puntos fuertes del Pic-nic.
El movimiento sindical frente a la crisis
Por esta mesa pasaron las luchas de los obreros gráficos de Indugraf, de Atilra Rosario, del gremio de la pintura, de los docentes y estatales, y de los metalúrgicos de Ecotermo, las cuales tuvieron su lugar en el debate.
Los panelistas y las intervenciones del público analizaron el proceso político que atraviesa al movimiento obrero.
Pitrola defendió la realización de un congreso obrero para elaborar un plan económico de los trabajadores y llamó a organizar el 20 de diciembre.
Un compañero de La Serenísima puso el acento en la derrota de una serie de luchas no menores (Casino, Pirelli, Firestone...). Del debate se concluyó que el desarrollo presente de luchas contra los despidos y suspensiones son una evidencia de que la clase obrera va a enfrentar la ofensiva capitalista que viene con la crisis mundial.
La mesa sobre la cuestión ambiental
Fueron panelistas destacados luchadores. Participaron Horacio Pastor, de la Unión de Asambleas por la sanidad de los ríos de la cuenca del Río Negro; Viviana Puccio, de la Universidad de San Martín; Alicia Rodríguez, delegada de la Junta Interna de ATE de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación e integrante de la organización "Queremos Buenos Aires"; Marcelo Ramal, dirigente del PO, y Roberto, de La Plata, de una asamblea en lucha por el cierre del Ceamse de Punta Lara. Actuó como coordinador Jorge Steimbach, de la minoría del CES de Suteba de Tres de Febrero e integrante de la Asamblea Coordinadora Patagónica.
Entre el público asistente hubo planteos en torno de la designación por parte de Obama de un científico experto en energías alternativas y ganador del Premio Nobel. Los panelistas destacaron que las "energías alternativas" favorecen a determinados lobbys capitalistas (y contaminadores) contra otros.
La conclusión del debate fue que es necesario unir la lucha ambiental con la lucha social, dado que la lucha ambiental forma parte de la pelea general por la reorganización del régimen social. Hubo una convocatoria al plenario donde fundaremos la agrupación Tribuna Ambiental, el lunes 22 en la Facultad de Sociales.
La mesa del Plenario de Trabajadoras
El Plenario de Trabajadoras organizó una mesa debate sobre "Violencia contra la mujer: ¿Cómo se organizan las mujeres para darle una salida?". Fue coordinada por Mariela Solesio, vicepresidenta de la Fuba; tuvo como panelistas a Olga Cristóbal, del Plenario de Trabajadoras, y Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro.
Frente a más de 80 compañeros y compañeras, tanto Fabiana como Olga expusieron las cifras alarmantes de esta situación.
En la ronda de debate, se discutió el carácter contradictorio de la legislación sobre el aborto, el accionar de la burocracia sindical y la cohesión del movimiento de mujeres. Fabiana destacó que las diferencias que pudiesen existir en el seno del movimiento de mujeres no pueden ser la excusa para no desarrollar una lucha unificada e independiente del Estado.
Hubo una emotiva intervención de José Maldonado, padre de "el Boli".
NEUQUÉN
No a la mina a cielo abierto
Reclaman las Asambleas de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida
En el marco de la reunión en Neuquén Capital de la "Unión de Asambleas por la sanidad de la cuenca del Nahuel Huapi y ríos Limay, Neuquén y Negro", fundada en Plottier hace unos meses, entrevistamos a Adriana Carlini y María Rosa Destéfanis, militantes de Avacam (Asambleas de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida). La asamblea está luchando contra la explotación de una mina de cobre a cielo abierto y la instalación de una planta de ácido sulfúrico en el paraje.
- Están haciendo una denuncia sobre la instalación de una mina a cielo abierto en uno de los lugares cordilleranos más puros y naturales de la provincia de Neuquén. ¿Pueden detallarlo?
- María Rosa: Campana Mahuida es un paraje del interior provincial. Es una zona de crianceros, donde se cultiva un poco de fruta fina y donde todos los arroyos cordilleranos desembocan en el río Agrio y, a través de este, en el Neuquén. Los residuos de la minera y las aguas contaminadas, terminan en la cuenca que acá defendemos.
Dentro de las tierras de la comunidad mapuche Mellao-Morales, una empresa de capitales chinos con sede en California (ligada a la que explota Sierra Grande en Río Negro), ha adquirido a precio vil los derechos de explotación de una mina de cobre a cielo abierto. Esto implica la desparición de un cerro (se estima una molienda de 120.000 toneladas por día) y la instalación de una fábrica de ácido sulfúrico con una producción de 60 toneladas diarias, lo cual transformará esa comarca campesina en un infierno.
Adriana: La empresa adquirió los derechos a la provincia de Neuquén y a su empresa estatal de minería Cormine. Todo por una regalía del 1,5%, que encima se calcula luego de la deducción de los impuestos (incluídos los provinciales). Es casi gratis. El gobierno del MPN le entregó la mina sin licitación, entre gallos y medianoche.
La empresa aprovecha la falta de trabajo en la vecina localidad de Loncopué (7.000 habitantes) para prometer puestos y ganar la adhesión de la población. El intendente apoya a la empresa. La comunidad mapuche, dentro de cuyo territorio está la mina, se opone, con el apoyo de otras comunidades mapuches del norte y centro neuquino.
- ¿Cómo sigue la lucha?
- María Rosa: Estamos en una campaña de denuncia de este atropello. Hoy vinimos a buscar apoyo a esta asamblea. El tema ha salido a los grandes medios regionales, con lo cual se rompe el cerco informativo. Para nosotros es muy grave porque, además de la contaminación, la mina altera toda la realidad social y cultural del paraje Campana Mahuida y de Loncopue. Hay otras maneras de crear puestos de trabajo.
- Adriana: Se ha resuelto una próxima actividad en Loncopué. Hay que concientizar mucho y no bajar los brazos.
Corresponsal
No a la mina a cielo abierto
Reclaman las Asambleas de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida
En el marco de la reunión en Neuquén Capital de la "Unión de Asambleas por la sanidad de la cuenca del Nahuel Huapi y ríos Limay, Neuquén y Negro", fundada en Plottier hace unos meses, entrevistamos a Adriana Carlini y María Rosa Destéfanis, militantes de Avacam (Asambleas de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida). La asamblea está luchando contra la explotación de una mina de cobre a cielo abierto y la instalación de una planta de ácido sulfúrico en el paraje.
- Están haciendo una denuncia sobre la instalación de una mina a cielo abierto en uno de los lugares cordilleranos más puros y naturales de la provincia de Neuquén. ¿Pueden detallarlo?
- María Rosa: Campana Mahuida es un paraje del interior provincial. Es una zona de crianceros, donde se cultiva un poco de fruta fina y donde todos los arroyos cordilleranos desembocan en el río Agrio y, a través de este, en el Neuquén. Los residuos de la minera y las aguas contaminadas, terminan en la cuenca que acá defendemos.
Dentro de las tierras de la comunidad mapuche Mellao-Morales, una empresa de capitales chinos con sede en California (ligada a la que explota Sierra Grande en Río Negro), ha adquirido a precio vil los derechos de explotación de una mina de cobre a cielo abierto. Esto implica la desparición de un cerro (se estima una molienda de 120.000 toneladas por día) y la instalación de una fábrica de ácido sulfúrico con una producción de 60 toneladas diarias, lo cual transformará esa comarca campesina en un infierno.
Adriana: La empresa adquirió los derechos a la provincia de Neuquén y a su empresa estatal de minería Cormine. Todo por una regalía del 1,5%, que encima se calcula luego de la deducción de los impuestos (incluídos los provinciales). Es casi gratis. El gobierno del MPN le entregó la mina sin licitación, entre gallos y medianoche.
La empresa aprovecha la falta de trabajo en la vecina localidad de Loncopué (7.000 habitantes) para prometer puestos y ganar la adhesión de la población. El intendente apoya a la empresa. La comunidad mapuche, dentro de cuyo territorio está la mina, se opone, con el apoyo de otras comunidades mapuches del norte y centro neuquino.
- ¿Cómo sigue la lucha?
- María Rosa: Estamos en una campaña de denuncia de este atropello. Hoy vinimos a buscar apoyo a esta asamblea. El tema ha salido a los grandes medios regionales, con lo cual se rompe el cerco informativo. Para nosotros es muy grave porque, además de la contaminación, la mina altera toda la realidad social y cultural del paraje Campana Mahuida y de Loncopue. Hay otras maneras de crear puestos de trabajo.
- Adriana: Se ha resuelto una próxima actividad en Loncopué. Hay que concientizar mucho y no bajar los brazos.
Corresponsal
Mesa redonda: "La crisis ambiental"
Pic-nic 2008 - 16 horas
* Javier Rodríguez Pardo (Movimiento Antinuclear del Chubut -MACH-, Sistemas Ecológicos Patagónicos -Sepa-, miembro de Renace -Red Nacional de Acción Ecologista-).
* Guillermo Gallo Mendoza (especialista en política agraria, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Bidegain).
* Horacio Pastor (Partido Obrero de Río Negro, integrante de la Asamblea por la Sanidad de la Cuenca Nahuel Huapi, Limay, Neuquén y Negro).
* Alicia Rodríguez (Partido Obrero, delegada Junta Interna de ATE de la Secretaría de Ambiente de la Nación, integrante de Queremos Buenos Aires).
* Marcelo Ramal (Partido Obrero de la Ciudad de Buenos Aires).
Coordinan:
Viviana Puccio y Jorge Steimbach (Partido Obrero de Tres de Febrero, minoría del CES de Suteba de San Martín y Tres de Febrero, integrantes de la Asamblea Coordinadora Patagónica).
Pic-nic 2008 - 16 horas
* Javier Rodríguez Pardo (Movimiento Antinuclear del Chubut -MACH-, Sistemas Ecológicos Patagónicos -Sepa-, miembro de Renace -Red Nacional de Acción Ecologista-).
* Guillermo Gallo Mendoza (especialista en política agraria, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Bidegain).
* Horacio Pastor (Partido Obrero de Río Negro, integrante de la Asamblea por la Sanidad de la Cuenca Nahuel Huapi, Limay, Neuquén y Negro).
* Alicia Rodríguez (Partido Obrero, delegada Junta Interna de ATE de la Secretaría de Ambiente de la Nación, integrante de Queremos Buenos Aires).
* Marcelo Ramal (Partido Obrero de la Ciudad de Buenos Aires).
Coordinan:
Viviana Puccio y Jorge Steimbach (Partido Obrero de Tres de Febrero, minoría del CES de Suteba de San Martín y Tres de Febrero, integrantes de la Asamblea Coordinadora Patagónica).
¿Quién gobierna?
La ley de Protección de Glaciares fue votada por unanimidad el 22 de Octubre pasado y fue vetada en su totalidad por un decreto presidencial que deja a las masas de hielo de todo el territorio (reservorios de agua dulce, oro, cobre,etc) sin un marco jurídico que las preserve.
La ley vetada permitía la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, donde debían individualizarse todos los glaciares y geoformas periglaciales, verdaderas reservas hídricas y toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo, prohibía que en los glaciares y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura y la exploración y explotación minera o petrolífera, es decir, principalmente la actividad minera.
En este caso, la multinacional Barrick Gold junto a otras compañías multinacionales de minería interesadas en la explotación de riquezas (oro, por ejemplo) en zonas que requieren el desplazamiento o directamente la destrucción de glaciares, los gobernadores mineros (entre ellos Gioja), demostraron que tienen más poder que el parlamento, por eso a este veto se lo conoce como el veto de la Barrick Gold.
La norma le ataba las manos a la compañía Barrick Gold, decidida a volar y trasladar los glaciares que tapan el yacimiento aurífero que explota en San Juan: el negocio minero más grande de Sudamérica (2.400 millones de euros).
La mayor presión sobre Cristina, además de la de Barrick Gold fue la del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que impulsa en su provincia los mayores emprendimientos mineros, como Veladero-Pascua Lama (Barrick Gold) que se desarrolla y extiende sobre varios glaciares. Gioja cuenta además con la abnegada colaboración de un delfín dentro de la secretaría de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
Si la campaña presidencial de la candidata oficialista la pagan mineras, petroleras y otras firmas a cargo del saqueo en Argentina, ¿alguien podía esperar otra salida?
Viviana Puccio
La ley de Protección de Glaciares fue votada por unanimidad el 22 de Octubre pasado y fue vetada en su totalidad por un decreto presidencial que deja a las masas de hielo de todo el territorio (reservorios de agua dulce, oro, cobre,etc) sin un marco jurídico que las preserve.
La ley vetada permitía la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, donde debían individualizarse todos los glaciares y geoformas periglaciales, verdaderas reservas hídricas y toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo, prohibía que en los glaciares y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura y la exploración y explotación minera o petrolífera, es decir, principalmente la actividad minera.
En este caso, la multinacional Barrick Gold junto a otras compañías multinacionales de minería interesadas en la explotación de riquezas (oro, por ejemplo) en zonas que requieren el desplazamiento o directamente la destrucción de glaciares, los gobernadores mineros (entre ellos Gioja), demostraron que tienen más poder que el parlamento, por eso a este veto se lo conoce como el veto de la Barrick Gold.
La norma le ataba las manos a la compañía Barrick Gold, decidida a volar y trasladar los glaciares que tapan el yacimiento aurífero que explota en San Juan: el negocio minero más grande de Sudamérica (2.400 millones de euros).
La mayor presión sobre Cristina, además de la de Barrick Gold fue la del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que impulsa en su provincia los mayores emprendimientos mineros, como Veladero-Pascua Lama (Barrick Gold) que se desarrolla y extiende sobre varios glaciares. Gioja cuenta además con la abnegada colaboración de un delfín dentro de la secretaría de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
Si la campaña presidencial de la candidata oficialista la pagan mineras, petroleras y otras firmas a cargo del saqueo en Argentina, ¿alguien podía esperar otra salida?
Viviana Puccio
AVELLANEDA
Abajo el negociado de Techint
Se realizó la audiencia pública sobre el "Proyecto de Refuncionalización de la Ribera Sur de Avellaneda y Quilmes: Nueva Costa del Plata". Nombre pomposo del negociado Techint-Cacho Alvarez-Barba Gutiérrez. Presentaron el proyecto el intendente Alvarez, el defensor del pueblo Sebastián Vinagre (PRO, incondicional aliado del PJ local), y el director general de Techint, Héctor Masoero. El PO estuvo presente, junto a más de 30 asociaciones civiles y ambientalistas, y fijó su posición a pesar del intento de la patota del gobierno de impedir nuestra agitación. Hubo repudio generalizado de los vecinos.
El proyecto se pretende desarrollar sobre tierras expropiadas al estado nacional, entregadas fraudulentamente al grupo multinacional por la última dictadura militar y contaminadas por éste (Ceamse), arrasando la selva marginal que funciona como pulmón del distrito. La ley original (1978) ordenaba pagar a la empresa con tierras rellenadas por basura, pero hoy van más lejos e intentan entregar tierras firmes.
El proyecto incluye viviendas de lujo, hoteles, clubes de golf, de tenis, amarraderos, restaurantes, etc. Una inversión total de 1.500 millones de dólares de la cual Techint sólo paga 50. Alvarez pretende construir "un émulo de Puerto Madero" a expensas del esfuerzo de los trabajadores. Esto derivará en la expulsión de los trabajadores de las zonas aledañas. Con el Plan Federal de Viviendas fracasado, y el ProMeBa (obras de espacios públicos, financiado por el BID) abortado, este proyecto sólo agrega combustible al problema.
¿Para quién gobierna Cacho Alvarez?
Alvarez gobierna desde hace veinte años para los contaminadores y explotadores. El puerto de Dock Sud es una zona liberada sin control alguno, ideal para todo tipo de tráfico (hace un par de años se encontró un container con basura toxica exportada de Europa). Exolgan viene usurpando terrenos al distrito en el Anglo, Inflamable, etc, y el tráfico constante de los camiones destruye las casas del barrio. Para los próximos dos años, Scioli y Cacho planean invertir 100 millones de dólares... pero no para los vecinos sino en infraestructura portuaria. Otro beneficiado es Shell, con el penoso mérito de haber convertido a Avellaneda en la ciudad más contaminada de América Latina. Ahora se suma Techint. La lista es larga.
Mientras tanto las barriadas obreras y los trabajadores del municipio están condenados a salarios miserables, pésimas condiciones de trabajo, contaminación, salud y educación con serios problemas de funcionamiento y de infraestructura, falta de viviendas, etc. Cacho no resolvió un solo problema de los vecinos pese a que ya lleva cuatro mandatos. Está claro para los trabajadores de Avellaneda que la salida no pasa por el gobierno "nac & pop" Necesitamos una alternativa propia de cara a la crisis.
A este plan oponemos uno que responda a los intereses de los trabajadores: Aumento inmediato de salarios para los trabajadores municipales, triplicación del presupuesto de salud bajo control de los profesionales y vecinos, equipamiento y personal para salitas y hospitales públicos, comisiones de seguridad e higiene con poder de veto integradas por trabajadores y vecinos, plan de obras públicas para urbanizar los barrios, bolsa de trabajo bajo control de los vecinos y organizaciones sociales para combatir la desocupación, plan de viviendas populares.
Sebastián Rodríguez y Mariano Ferreyra
Abajo el negociado de Techint
Se realizó la audiencia pública sobre el "Proyecto de Refuncionalización de la Ribera Sur de Avellaneda y Quilmes: Nueva Costa del Plata". Nombre pomposo del negociado Techint-Cacho Alvarez-Barba Gutiérrez. Presentaron el proyecto el intendente Alvarez, el defensor del pueblo Sebastián Vinagre (PRO, incondicional aliado del PJ local), y el director general de Techint, Héctor Masoero. El PO estuvo presente, junto a más de 30 asociaciones civiles y ambientalistas, y fijó su posición a pesar del intento de la patota del gobierno de impedir nuestra agitación. Hubo repudio generalizado de los vecinos.
El proyecto se pretende desarrollar sobre tierras expropiadas al estado nacional, entregadas fraudulentamente al grupo multinacional por la última dictadura militar y contaminadas por éste (Ceamse), arrasando la selva marginal que funciona como pulmón del distrito. La ley original (1978) ordenaba pagar a la empresa con tierras rellenadas por basura, pero hoy van más lejos e intentan entregar tierras firmes.
El proyecto incluye viviendas de lujo, hoteles, clubes de golf, de tenis, amarraderos, restaurantes, etc. Una inversión total de 1.500 millones de dólares de la cual Techint sólo paga 50. Alvarez pretende construir "un émulo de Puerto Madero" a expensas del esfuerzo de los trabajadores. Esto derivará en la expulsión de los trabajadores de las zonas aledañas. Con el Plan Federal de Viviendas fracasado, y el ProMeBa (obras de espacios públicos, financiado por el BID) abortado, este proyecto sólo agrega combustible al problema.
¿Para quién gobierna Cacho Alvarez?
Alvarez gobierna desde hace veinte años para los contaminadores y explotadores. El puerto de Dock Sud es una zona liberada sin control alguno, ideal para todo tipo de tráfico (hace un par de años se encontró un container con basura toxica exportada de Europa). Exolgan viene usurpando terrenos al distrito en el Anglo, Inflamable, etc, y el tráfico constante de los camiones destruye las casas del barrio. Para los próximos dos años, Scioli y Cacho planean invertir 100 millones de dólares... pero no para los vecinos sino en infraestructura portuaria. Otro beneficiado es Shell, con el penoso mérito de haber convertido a Avellaneda en la ciudad más contaminada de América Latina. Ahora se suma Techint. La lista es larga.
Mientras tanto las barriadas obreras y los trabajadores del municipio están condenados a salarios miserables, pésimas condiciones de trabajo, contaminación, salud y educación con serios problemas de funcionamiento y de infraestructura, falta de viviendas, etc. Cacho no resolvió un solo problema de los vecinos pese a que ya lleva cuatro mandatos. Está claro para los trabajadores de Avellaneda que la salida no pasa por el gobierno "nac & pop" Necesitamos una alternativa propia de cara a la crisis.
A este plan oponemos uno que responda a los intereses de los trabajadores: Aumento inmediato de salarios para los trabajadores municipales, triplicación del presupuesto de salud bajo control de los profesionales y vecinos, equipamiento y personal para salitas y hospitales públicos, comisiones de seguridad e higiene con poder de veto integradas por trabajadores y vecinos, plan de obras públicas para urbanizar los barrios, bolsa de trabajo bajo control de los vecinos y organizaciones sociales para combatir la desocupación, plan de viviendas populares.
Sebastián Rodríguez y Mariano Ferreyra
Rechazan a la minería a cielo abierto
En junio, la empresa canadiense Uranio del Sur SA inició un expediente para comenzar tareas de cateo en casi diez mil hectáreas en el departamento de Tilcara, en vistas a la explotación de uranio.
En agosto, más de 3.000 personas marcharon desde Juella hasta Tilcara para exigir que se prohíba la instalación de la mina. La guardia de la jueza de Minas agredió a los manifestantes.
Las organizaciones de la provincia exige la prohibición de la minería a cielo abierto. El poder político defiende a los contaminadores. La jueza Durruty declaró que "en Jujuy la minería que se practica es totalmente ecológica". La propaganda oficial presenta a Jujuy como "capital nacional de la minería".
Los vecinos de Abra Pampa anunciaron que una pueblada tomaría pacíficamente los organismos oficiales, como inicio de otras medidas de protesta si no eran escuchados. La contaminación de plomo de la empresa Metal Huasi causó la muerte de varios bebés prematuros; son 234 los niños contaminados con plomo en su sangre, el 81% de la población infantil.
El yacimiento de uranio en El Amarillo (entre Juella y la quebrada de Yacoraite) podría provocar en Tilcara la misma contaminación con plomo que en Abra Pampa.
A partir del rechazo de explotaciones de uranio en la Quebrada de Humahuaca, encabezado por comunidades originarias y vecinos de la región, la Legislatura provincial analizó proyectos para limitar, e incluso prohibir la minería a cielo abierto en toda la provincia. Tilcara hizo punta con una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de explotaciones en todo el departamento. Pero el gobernador Walter Barrionuevo aprobó un importante plan minero para todo Jujuy.
Los proyectos mineros que se instalaron en la provincia, dejaron zonas contaminadas y comunidades empobrecidas debido a las escasas posibilidades de desarrollo agrícola ganadero. Cuando estos emprendimientos cerraron en los ‘90, dejaron a miles de trabajadores sin empleo, con graves enfermedades y muchos no recibieron indemnización.
Viviana Puccio
En junio, la empresa canadiense Uranio del Sur SA inició un expediente para comenzar tareas de cateo en casi diez mil hectáreas en el departamento de Tilcara, en vistas a la explotación de uranio.
En agosto, más de 3.000 personas marcharon desde Juella hasta Tilcara para exigir que se prohíba la instalación de la mina. La guardia de la jueza de Minas agredió a los manifestantes.
Las organizaciones de la provincia exige la prohibición de la minería a cielo abierto. El poder político defiende a los contaminadores. La jueza Durruty declaró que "en Jujuy la minería que se practica es totalmente ecológica". La propaganda oficial presenta a Jujuy como "capital nacional de la minería".
Los vecinos de Abra Pampa anunciaron que una pueblada tomaría pacíficamente los organismos oficiales, como inicio de otras medidas de protesta si no eran escuchados. La contaminación de plomo de la empresa Metal Huasi causó la muerte de varios bebés prematuros; son 234 los niños contaminados con plomo en su sangre, el 81% de la población infantil.
El yacimiento de uranio en El Amarillo (entre Juella y la quebrada de Yacoraite) podría provocar en Tilcara la misma contaminación con plomo que en Abra Pampa.
A partir del rechazo de explotaciones de uranio en la Quebrada de Humahuaca, encabezado por comunidades originarias y vecinos de la región, la Legislatura provincial analizó proyectos para limitar, e incluso prohibir la minería a cielo abierto en toda la provincia. Tilcara hizo punta con una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de explotaciones en todo el departamento. Pero el gobernador Walter Barrionuevo aprobó un importante plan minero para todo Jujuy.
Los proyectos mineros que se instalaron en la provincia, dejaron zonas contaminadas y comunidades empobrecidas debido a las escasas posibilidades de desarrollo agrícola ganadero. Cuando estos emprendimientos cerraron en los ‘90, dejaron a miles de trabajadores sin empleo, con graves enfermedades y muchos no recibieron indemnización.
Viviana Puccio
Villa 31: Un compromiso precario
A raíz del corte protagonizado por los vecinos de la Villa 31, estalló una particular pelea entre los gobiernos de Macri y de Kirchner. Polemizan sobre la propiedad de los terrenos donde está asentada la villa, que pertenecen al Estado nacional y que el gobierno macrista reclama para sí. Pero ninguno de los dos gobiernos quiere la urbanización integral de la villa.
Disputan la "jurisdicción" para llevar adelante una misma política: la erradicación y la entrega de sus tierras al capital financiero.
Un fallo judicial determinó que las construcciones en altura de la villa "no cumplen con el Código de Edificación", algo que, de hecho, no ocurre con ninguna de las construcciones villeras. El gobierno de Macri usa el fallo para iniciar demoliciones. Por lo pronto, implantó un verdadero ghetto en la villa, prohibiendo el ingreso y la circulación de materiales para construcción.
El gobierno nacional dice no tener responsabilidad sobre la 31, puesto que "sólo" es propietario de sus tierras. Pero se trata de una atribución suficiente para llevar adelante la transformación de la villa en un barrio. En cambio, una legisladora kirchnerista acaba de pronunciarse por "una urbanización para la villa que, por supuesto, no será para todos". Se trata del viejo proyecto de Ibarra, que contendrá, a lo sumo, al 10% de las familias actuales. No es una urbanización, sino una maniobra para dividir a la villa y transformar a una parte de los vecinos en arietes de un desalojo masivo. Pero profesionales y técnicos de la Facultad de Arquitectura han elaborado un proyecto que alberga, con espacios públicos y servicios, a todos los habitantes actuales de la 31 y de la 31 bis. No hay ninguna "inviabilidad" para la transformación de la villa en un barrio; sólo se trata de quebrar a los intereses del capital financiero.
Tres días después de los cortes en la autopista, el gobierno recibió a algunas organizaciones de la villa. El compromiso al que arribó con ellas es precario: pretende que los movimientos villeros colaboren en frenar nuevas radicaciones de vecinos. Es decir que los derechistas reiteran una política de división y cooptación. Pero no han ofrecido nada en materia de urbanización: sólo promesas difusas en materia de la provisión de algunos servicios.
Apoyamos el reclamo y la lucha de los vecinos, del que participamos a través de nuestros compañeros del Polo y el PO de la Villa 31. Reclamamos la inmediata asistencia a los reclamos edilicios, de agua y de luz; que se lleve adelante la urbanización integral bajo el control de delegados electos para hacer de la villa un barrio integrado al tejido urbano de la Ciudad.
Marcelo Ramal
A raíz del corte protagonizado por los vecinos de la Villa 31, estalló una particular pelea entre los gobiernos de Macri y de Kirchner. Polemizan sobre la propiedad de los terrenos donde está asentada la villa, que pertenecen al Estado nacional y que el gobierno macrista reclama para sí. Pero ninguno de los dos gobiernos quiere la urbanización integral de la villa.
Disputan la "jurisdicción" para llevar adelante una misma política: la erradicación y la entrega de sus tierras al capital financiero.
Un fallo judicial determinó que las construcciones en altura de la villa "no cumplen con el Código de Edificación", algo que, de hecho, no ocurre con ninguna de las construcciones villeras. El gobierno de Macri usa el fallo para iniciar demoliciones. Por lo pronto, implantó un verdadero ghetto en la villa, prohibiendo el ingreso y la circulación de materiales para construcción.
El gobierno nacional dice no tener responsabilidad sobre la 31, puesto que "sólo" es propietario de sus tierras. Pero se trata de una atribución suficiente para llevar adelante la transformación de la villa en un barrio. En cambio, una legisladora kirchnerista acaba de pronunciarse por "una urbanización para la villa que, por supuesto, no será para todos". Se trata del viejo proyecto de Ibarra, que contendrá, a lo sumo, al 10% de las familias actuales. No es una urbanización, sino una maniobra para dividir a la villa y transformar a una parte de los vecinos en arietes de un desalojo masivo. Pero profesionales y técnicos de la Facultad de Arquitectura han elaborado un proyecto que alberga, con espacios públicos y servicios, a todos los habitantes actuales de la 31 y de la 31 bis. No hay ninguna "inviabilidad" para la transformación de la villa en un barrio; sólo se trata de quebrar a los intereses del capital financiero.
Tres días después de los cortes en la autopista, el gobierno recibió a algunas organizaciones de la villa. El compromiso al que arribó con ellas es precario: pretende que los movimientos villeros colaboren en frenar nuevas radicaciones de vecinos. Es decir que los derechistas reiteran una política de división y cooptación. Pero no han ofrecido nada en materia de urbanización: sólo promesas difusas en materia de la provisión de algunos servicios.
Apoyamos el reclamo y la lucha de los vecinos, del que participamos a través de nuestros compañeros del Polo y el PO de la Villa 31. Reclamamos la inmediata asistencia a los reclamos edilicios, de agua y de luz; que se lleve adelante la urbanización integral bajo el control de delegados electos para hacer de la villa un barrio integrado al tejido urbano de la Ciudad.
Marcelo Ramal
Escrache a "Argentina Oro 2008"
Más de 300 organizaciones, entre ellas asambleas socio-ambientales de todo el país articuladas en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), impulsaron una semana de protesta contra la minería contaminante con diversas actividades. Se instaló una carpa en Congreso el 3 de noviembre, donde ayunaron toda la semana militantes de todo el país. Se denunciaron los efectos sociales, económicos y ambientales de la industria minera extractiva con folletos, volantes, audios, charlas y libros.
El miércoles 5, los asambleístas, organizaciones políticas y sociales realizaron el escrache en las puertas del Hotel Emperador, donde se realizaba el seminario internacional "Argentina Oro 2008". Denunciamos las consecuencias de los emprendimientos megamineros, el saqueo provocado por las multinacionales y la contaminación que nos dejan en el suelo, aire y agua con todo el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. En el seminario participaban empresas internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales.
La protesta apuntó a "visibilizar" las diferentes luchas contra la megaminería que vienen siendo silenciadas en un contexto de crecientes políticas represivas, como la Ley Nacional Antiterrorista o el Código Contravencional de San Juan. También a denunciar que las empresas no pagan impuestos a los combustibles ni sellos ni tasas para la importación. En los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Las mineras no pagan impuestos a las Ganancias ni Ingresos Brutos, no pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias y gozan de ‘estabilidad fiscal' por treinta años. Las empresas no tienen retención a las exportaciones. A este paquete de saqueo de las finanzas públicas, las empresas mineras lo llaman, eufemísticamente, "régimen minero confiable".
El ayuno y el campamento se levantaron después de una gran asamblea donde se hizo un balance de las actividades realizadas. Quedó la satisfacción de haber reunido a tantas asambleas para coordinar acciones en todo el país.
Desde el Partido Obrero continuamos la lucha por la nacionalización de los recursos naturales estratégicos y del comercio exterior, bajo el control de los trabajadores.
Viviana Puccio
Más de 300 organizaciones, entre ellas asambleas socio-ambientales de todo el país articuladas en la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), impulsaron una semana de protesta contra la minería contaminante con diversas actividades. Se instaló una carpa en Congreso el 3 de noviembre, donde ayunaron toda la semana militantes de todo el país. Se denunciaron los efectos sociales, económicos y ambientales de la industria minera extractiva con folletos, volantes, audios, charlas y libros.
El miércoles 5, los asambleístas, organizaciones políticas y sociales realizaron el escrache en las puertas del Hotel Emperador, donde se realizaba el seminario internacional "Argentina Oro 2008". Denunciamos las consecuencias de los emprendimientos megamineros, el saqueo provocado por las multinacionales y la contaminación que nos dejan en el suelo, aire y agua con todo el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. En el seminario participaban empresas internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales.
La protesta apuntó a "visibilizar" las diferentes luchas contra la megaminería que vienen siendo silenciadas en un contexto de crecientes políticas represivas, como la Ley Nacional Antiterrorista o el Código Contravencional de San Juan. También a denunciar que las empresas no pagan impuestos a los combustibles ni sellos ni tasas para la importación. En los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Las mineras no pagan impuestos a las Ganancias ni Ingresos Brutos, no pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias y gozan de ‘estabilidad fiscal' por treinta años. Las empresas no tienen retención a las exportaciones. A este paquete de saqueo de las finanzas públicas, las empresas mineras lo llaman, eufemísticamente, "régimen minero confiable".
El ayuno y el campamento se levantaron después de una gran asamblea donde se hizo un balance de las actividades realizadas. Quedó la satisfacción de haber reunido a tantas asambleas para coordinar acciones en todo el país.
Desde el Partido Obrero continuamos la lucha por la nacionalización de los recursos naturales estratégicos y del comercio exterior, bajo el control de los trabajadores.
Viviana Puccio
Vetan la ley de protección de los glaciares
Crimen ecológico
Hace unos días, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de protección de los glaciares. La totalidad de los senadores presentes votó afirmativamente, con la única excepción del sanjuanino Gioja, que se retiró del recinto no bien se enteró de qué se trataba.
Los glaciares son proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. De ellos dependerá nuestra subsistencia en un futuro no muy lejano.
Por medio del decreto 1837/2008, del 11 de noviembre, el Poder Ejecutivo "observa" que:
1) No es conveniente tener un inventario de glaciares porque la zona de emplazamiento es próxima a Chile;
2) El artículo 6 impedía la construcción, explotación minera o petrolífera. La Secretaría de Minería que "considera que los presupuestos mínimos de calidad ambiental no pueden limitarse a la prohibición de actividades".
3) La actividad está controlada por las provincias, cosa que sabemos no es cierto. Las provincias no tienen la capacidad (ni la voluntad) de controlar a los pulpos mineros.
4) No es conveniente que, para cumplir con el artículo 15, las empresas ya emplazadas tengan que someterse a una auditoría en el plazo de 180 días, a riesgo de tener que cesar su actividad o trasladarse.
5) Los gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su "preocupación" por las inversiones que se llevan a cabo en sus provincias.
En definitiva, el Ejecutivo gobierna para la actividad minera a cielo abierto. ¿Qué ‘sociedad' une a nuestros gobernantes con los extractores de metales, que no pagan retenciones a las exportaciones, sobreexplotan los acuíferos y contaminan el suelo?
La Comisión de Recursos Naturales de Diputados rechazó el veto y reclamó que la cuestión sea tratada en la Cámara. Para que la ley sea aprobada, serán necesarios los dos tercios de los votos, tanto en Diputados como en Senadores. Si se lograran esas mayorías, CFK no podría vetarla; estaría obligada a promulgarla.
Alicia Rodríguez
Crimen ecológico
Hace unos días, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de protección de los glaciares. La totalidad de los senadores presentes votó afirmativamente, con la única excepción del sanjuanino Gioja, que se retiró del recinto no bien se enteró de qué se trataba.
Los glaciares son proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas. De ellos dependerá nuestra subsistencia en un futuro no muy lejano.
Por medio del decreto 1837/2008, del 11 de noviembre, el Poder Ejecutivo "observa" que:
1) No es conveniente tener un inventario de glaciares porque la zona de emplazamiento es próxima a Chile;
2) El artículo 6 impedía la construcción, explotación minera o petrolífera. La Secretaría de Minería que "considera que los presupuestos mínimos de calidad ambiental no pueden limitarse a la prohibición de actividades".
3) La actividad está controlada por las provincias, cosa que sabemos no es cierto. Las provincias no tienen la capacidad (ni la voluntad) de controlar a los pulpos mineros.
4) No es conveniente que, para cumplir con el artículo 15, las empresas ya emplazadas tengan que someterse a una auditoría en el plazo de 180 días, a riesgo de tener que cesar su actividad o trasladarse.
5) Los gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su "preocupación" por las inversiones que se llevan a cabo en sus provincias.
En definitiva, el Ejecutivo gobierna para la actividad minera a cielo abierto. ¿Qué ‘sociedad' une a nuestros gobernantes con los extractores de metales, que no pagan retenciones a las exportaciones, sobreexplotan los acuíferos y contaminan el suelo?
La Comisión de Recursos Naturales de Diputados rechazó el veto y reclamó que la cuestión sea tratada en la Cámara. Para que la ley sea aprobada, serán necesarios los dos tercios de los votos, tanto en Diputados como en Senadores. Si se lograran esas mayorías, CFK no podría vetarla; estaría obligada a promulgarla.
Alicia Rodríguez
Córdoba
La basura, un negocio podrido
El negocio de la recolección de residuos en la ciudad de Córdoba ha entrado en una nueva etapa de crisis. El contrato de concesión se encuentra actualmente en manos de la empresa Cliba (grupo Roggio) y está a punto de vencer la enésima prórroga. Roggio embolsa el 10% del presupuesto municipal por este servicio.
El municipio había llamado a una licitación internacional con pliegos armados a la medida de Cliba, pero dividiendo el negocio en dos empresas; la otra que se presentó es Covelia, vinculada con Pablo Moyano. Con un presupuesto oficial de 192 millones de pesos, las empresas cotizaron una cifra cercana a los 300 millones, lo que obligó al gobierno a declarar la licitación desierta.
Ante el vencimiento de la prórroga del contrato y la licitación desierta, Roggio amenazó con abandonar el servicio y despedir a más de mil trabajadores. Los compañeros declararon el paro por tiempo indeterminado e instalaron un "aguante" frente al palacio municipal, acompañados por los camiones recolectores de Cliba.
Mientras la basura se amontonaba en las esquinas de Córdoba, el reclamo de los Roggio era el pago de una deuda usuraria de 80 millones de pesos y el cumplimiento en término del canon mensual.
El intendente Giacomino respondió con el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de creación de una empresa municipal de recolección.
Después de tres días de conflicto, el contrato de Cliba tuvo una nueva prórroga. Los trabajadores mantienen su continuidad laboral y Roggio cobrará su deuda (con financiamiento de la nación) y el canon en término.
Una empresa municipal trucha
La creación de la empresa municipal estaba muy lejos de constituir una estatización del servicio; era, más bien, la cobertura de un acuerdo con Cliba. La empresa municipal se haría cargo de la recolección en la zona norte de la ciudad y del enterramiento sanitario, mientras Cliba lo haría en la zona sur y en el centro de la ciudad. Roggio se quedará con el 60% del servicio que hoy presta, pero por la misma plata. Para la prestación del servicio por parte de la empresa municipal, el Grupo Roggio aportará parte de su infraestructura.
Giacomino fue incapaz de enfrentar el chantaje de Roggio, que podría haberse resuelto con la municipalización integral del servicio, la confiscación de toda la infraestructura de Cliba para poner inmediatamente en funcionamiento el servicio, bajo el control de los trabajadores, garantizando de esta manera la totalidad de los puestos de trabajo.
Roggio y el kirchnerismo pusieron a los trabajadores y vecinos en riesgo laboral y ambiental. En medio de una crisis mundial sin precedentes, la única salida puede provenir de los trabajadores y su programa.
Manuel D'Alessandro
La basura, un negocio podrido
El negocio de la recolección de residuos en la ciudad de Córdoba ha entrado en una nueva etapa de crisis. El contrato de concesión se encuentra actualmente en manos de la empresa Cliba (grupo Roggio) y está a punto de vencer la enésima prórroga. Roggio embolsa el 10% del presupuesto municipal por este servicio.
El municipio había llamado a una licitación internacional con pliegos armados a la medida de Cliba, pero dividiendo el negocio en dos empresas; la otra que se presentó es Covelia, vinculada con Pablo Moyano. Con un presupuesto oficial de 192 millones de pesos, las empresas cotizaron una cifra cercana a los 300 millones, lo que obligó al gobierno a declarar la licitación desierta.
Ante el vencimiento de la prórroga del contrato y la licitación desierta, Roggio amenazó con abandonar el servicio y despedir a más de mil trabajadores. Los compañeros declararon el paro por tiempo indeterminado e instalaron un "aguante" frente al palacio municipal, acompañados por los camiones recolectores de Cliba.
Mientras la basura se amontonaba en las esquinas de Córdoba, el reclamo de los Roggio era el pago de una deuda usuraria de 80 millones de pesos y el cumplimiento en término del canon mensual.
El intendente Giacomino respondió con el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de creación de una empresa municipal de recolección.
Después de tres días de conflicto, el contrato de Cliba tuvo una nueva prórroga. Los trabajadores mantienen su continuidad laboral y Roggio cobrará su deuda (con financiamiento de la nación) y el canon en término.
Una empresa municipal trucha
La creación de la empresa municipal estaba muy lejos de constituir una estatización del servicio; era, más bien, la cobertura de un acuerdo con Cliba. La empresa municipal se haría cargo de la recolección en la zona norte de la ciudad y del enterramiento sanitario, mientras Cliba lo haría en la zona sur y en el centro de la ciudad. Roggio se quedará con el 60% del servicio que hoy presta, pero por la misma plata. Para la prestación del servicio por parte de la empresa municipal, el Grupo Roggio aportará parte de su infraestructura.
Giacomino fue incapaz de enfrentar el chantaje de Roggio, que podría haberse resuelto con la municipalización integral del servicio, la confiscación de toda la infraestructura de Cliba para poner inmediatamente en funcionamiento el servicio, bajo el control de los trabajadores, garantizando de esta manera la totalidad de los puestos de trabajo.
Roggio y el kirchnerismo pusieron a los trabajadores y vecinos en riesgo laboral y ambiental. En medio de una crisis mundial sin precedentes, la única salida puede provenir de los trabajadores y su programa.
Manuel D'Alessandro
Tinogasta
Caza de brujas contra luchadores ambientalistas
Tinogasta es uno de los centros de la lucha ambiental en Catamarca. El 5 de abril pasado, un camión de gran porte que transportaba bolas de acero utilizadas en el proceso que se denomina chancado (fase de la molienda de rocas minerales) hacia la Mina Alumbrera, empezó a incendiarse. Aunque sólo se quemaron dos gomas traseras y se recalentaron sus ejes, la fiscalía de Tinogasta ordenó allanar la casa de cinco militantes por el "No a la mina" y de un poblador del Barrio La Paz, donde viven jornaleros y gran cantidad desocupados, que protestan porque los camiones del pulpo han rajado al medio (literalmente) sus humildes viviendas.
Mientras se llevaban adelante los allanamientos, tres camiones que estaban detenidos por los vecinos lograron vencer el cerco vecinal que los tenía detenidos. La justicia local está actuando de manera más decidida a favor de las mineras, que han empezado con una campaña de desprestigio contra las organizaciones ambientalistas que se está convirtiendo en caza de brujas, criminalizando los reclamos ambientales.
El PO llama a realizar acciones solidarias en toda la provincia.
Enrique Traverso
Caza de brujas contra luchadores ambientalistas
Tinogasta es uno de los centros de la lucha ambiental en Catamarca. El 5 de abril pasado, un camión de gran porte que transportaba bolas de acero utilizadas en el proceso que se denomina chancado (fase de la molienda de rocas minerales) hacia la Mina Alumbrera, empezó a incendiarse. Aunque sólo se quemaron dos gomas traseras y se recalentaron sus ejes, la fiscalía de Tinogasta ordenó allanar la casa de cinco militantes por el "No a la mina" y de un poblador del Barrio La Paz, donde viven jornaleros y gran cantidad desocupados, que protestan porque los camiones del pulpo han rajado al medio (literalmente) sus humildes viviendas.
Mientras se llevaban adelante los allanamientos, tres camiones que estaban detenidos por los vecinos lograron vencer el cerco vecinal que los tenía detenidos. La justicia local está actuando de manera más decidida a favor de las mineras, que han empezado con una campaña de desprestigio contra las organizaciones ambientalistas que se está convirtiendo en caza de brujas, criminalizando los reclamos ambientales.
El PO llama a realizar acciones solidarias en toda la provincia.
Enrique Traverso
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MARCHA DEL 12 A LAS 12: JORNADA NACIONAL DE LUCHA AMBIENTAL CONTRA EL SAQUEO Y LA DEPREDACIÓN CAPITALISTA