CHILE

La lucha por la tierra


El asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, en la región de la Araucanía, ha sacudido a Chile. Se suma a las de Matías Catrileo y Alex Lemus, todos en la cuenta del gobierno “socialista” de Bachelet y la Concertación. El 13 de septiembre, una movilización mapuche ocupó por algunas horas el fundo San Sebastián, en reclamo por las “tierras ancestrales”, en el mismo lugar en que cayó asesinado hace un mes Mendoza Collío por el balazo de un carabinero (www.mapuexpress.net).

De Pinochet a Bachelet

El investigador Marcelo Garay, experto en el tema mapuche, señaló a Página/12 (27/8) que “con la dictadura de Pinochet, el tema se encendió (...) y lo que está ocurriendo ahora es una consecuencia de eso, una nueva ocupación militar para garantizar la propiedad de la tierra.”
El reagrupamiento de las comunidades mapuches, con posterioridad a Pinochet, obtuvo el “reconocimiento cultural” de los “demócratas” con la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) pero no el derecho a la tierra. “Cuando llegaron los españoles a Chile los mapuches ocupaban 30 millones de hectáreas, hoy tienen 320 mil y estamos hablando de una población aproximada de un millón y medio de mapuches” (ídem anterior).

Pinochet entregó esas tierras a la explotación forestal. El gobierno de la Concertación no alteró la política de ocupación militar, fraude y especulación inmobiliaria en favor de las forestales. Desarticulados y empobrecidos, los campesinos mapuches que obtienen tierras de la Conadi se ven forzados a arrendar las parcelas a las forestales, para plantación de pinos a costos muy bajos.

En tanto, Chile es signatario del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que reconoce a los mapuches derechos intransferibles sobre su tierra, Bachelet pretende que en septiembre el Parlamento apruebe una ley “de inversión responsable”, que los despoja de esos derechos y otorga al gobierno atribuciones para que inversores exploten los ricos recursos naturales de la Araucanía y el Bío-Bío. Pero el peligro del gobierno es enfrentar el rechazo de comunidades que están dejando de ser “pacíficas”.

La alternativa de “chilenizar” al campesinado mapuche incorporándolo como fuerza de trabajo en las ciudades está vedada por la crisis capitalista, que infla la desocupación al 10 y al 23% entre los jóvenes de hasta 25 años.

Frente a este cuadro de crisis capitalista, tampoco en la ciudad Bachelet tampoco se anda con chiquitas. Acaba de aprobar una ley de criminalización de la protesta que responsabiliza penalmente a toda organización que convoque por algún medio a una manifestación que “genere perjuicios a la propiedad pública o privada” (Boletín 4821).

La unidad de los obreros, los campesinos y las comunidades de los pueblos originarios en defensa de las libertades democráticas y de la tierra es una tarea urgente para los revolucionarios en Chile. Sólo esta unidad práctica podrá frenar el avance represivo del Estado sobre las comunidades mapuches, y de los capitalistas sobre la tierra y los trabajadores del campo y la ciudad.

Julián Morcillo 27/10/09