El Código Penal a los contaminadores, no a los luchadores ambientales y vecinos

El Juzgado Federal de Mercedes a cargo de Héctor Echave decidió procesar a cuatro vecinos a raíz de un corte en la ruta 5, altura Jáuregui, resuelto por la asamblea ambiental en febrero de 2010, en reclamo del cese de la contaminadora Curtarsa y la garantía de la fuente laboral de los obreros. Esa manifestación fue una de las tantas movilizaciones contra la curtiembre, de la que han participado decenas de organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales, de derechos humanos, etc., incluida la nuestra.

La acción judicial pretende criminalizar a quienes luchamos consecuentemente en defensa y por el derecho a un medio ambiente sano y contra las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los trabajadores.

Este intento de limitar la protesta no aparece como un rayo en cielo sereno, ya que, hace dos semanas, en una manifestación contra el saqueo minero en Veladero (provincia de San Juan) se llevaron detenida a una activista de Greenpeace (luego liberada como consecuencia de la enorme presión popular). Es en esta provincia donde la población se enfrenta a la Barrick Gold, multinacional que cuenta con el amparo del gobierno nacional de Cristina Kirchner y el provincial de José Luis Gioja.

En Luján, la cuestión ambiental es una prioridad en la agenda de sus trabajadores y vecinos. Donde, además de Curtarsa, afloran los zanjones con desperdicios de varias industrias, que inhalan constantemente los vecinos de las barriadas más pobres que, por caso, se llevara hace unos dos meses la vida de Johana, una compañera de la juventud del Polo Obrero que padecía asma, cuyo cuadro se agravó por las condiciones en las que habitaba. O el eterno basural del barrio San Pedro: la promesa de la intendenta Rosso de cerrarlo ante una cámara de CQC, aún sigue planteada. Y ni hablar de la situación de los efluentes cloacales, con miles de idas y vueltas en donde vertirlos y con denuncia de vecinos de vuelcos clandestinos. Rosso, en todo este tiempo, ha hecho pura demagogia, pero nada ha resuelto, lo que la convierte en títere y cómplice de los contaminadores.

En un comunicado reciente, la asamblea ambiental señaló que el juez Echave "es el mismo que cajonea las denuncias contra la curtiembre", lo que nos da una pauta de qué intereses sociales defiende "su señoría". Otro gran cómplice es la OPDS (agencia ambiental bonaerense), que es un organismo que más que velar por la protección del medio ambiente es un garante de los envenenadores, con el gobernador Scioli a la cabeza.

Cómo seguimos

La asamblea ambiental convocó a una conferencia de prensa el jueves 10, en el Club Flandria de Jáuregui, para dar cuenta de la situación y de las fechas (citan por separado) de las declaraciones indagatorias, y convocó a una asamblea para el lunes 14 en el quincho de la Universidad de Luján, para definir un plan de acción. Al momento de escribir estas líneas, nos enteramos que han sido citados dos compañeros de nuestro partido. Lo que amplía esta cacería de brujas de la Justicia hacia quienes luchan. Que, por otro lado, muestra un empecinamiento desesperado para criminalizar la lucha contra los contaminadores.

Porque rechazamos la judicialización de la protesta y porque no queremos más muertos, asesinados como consecuencia de la contaminación planteamos:

• Inmediato retiro de todos los cargos que imputa la Justicia a los cuatro luchadores ambientalistas.

• Unidad de vecinos y trabajadores contra el saqueo ambiental y laboral.

• Comisiones de obreros y vecinos de control de las condiciones de seguridad e higiene de las industrias. Que el costo de reconversión lo paguen las patronales.

• Comisiones de vecinos en los barrios para reorganizar un plan integral de obras (cloacas, residuos, asfalto, agua potable, etc.) con salario y convenio.

Gastón Fernández (Luján, 12/3)