CONTAMINACIÓN
LOS K, SCHIARETTIY JUEZ
Bueyes del mismo arado
El jueves 12 de febrero representantes de pueblos del interior y de la capital junto a diversas organizaciones se movilizaron por el centro de la ciudad bajo el lema: “Paren de Fumigar”. Denunciaron el uso de agro tóxicos, como Roundoup, endosulfan, 2.4D y otros, utilizados en el cultivo de soja. Los testimonios sobre enfermedades, muertes y trastornos no dejan lugar a duda sobre los efectos nocivos de las fumigaciones así como sobre la complicidad de funcionarios y gobiernos.
Desde su origen, la venta de Roundup partió de un fraude. Monsanto lo publicitó como "biodegradable" y "ambientalmente positivo" hasta que la Fiscalía General de NuevaYork lamultó por publicidad engañosa. En 1992, los directivos fueron condenados a cinco años de prisión y multados en 15,5 millones de dólares. Pero el herbicida se siguió vendiendo.
En 2002, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Roscoff (Francia), demostró que el glifosato actúa sobre una de las fases clave de la división celular, lo que podría provocar cáncer. Un año después, la Universidad de Caen (Francia) descubrió que el glifosato mata una gran proporción de células de la placenta, aun en concentraciones menores a las utilizadas en la agricultura, y que el Roundup es aún más tóxico que otros glifosatos.
En 1996 Menem permitió el uso de soja (RR) Resistentes al Roundup, y los Kirchner, aún sabiendo los peligros de los cultivos (RR) en 2004, ampliaron el poder deMonsanto dueño del 90%del mercado mundial de transgénicos, permitiéndole el cultivo de maíz (RR); en 2004 ante la amenaza de Monsanto de retirarse del mercado le creó un fondo de compensación tecnológica (subsidio) para agrandar las ya abultadas arcas de la multinacional.
No son éstos los únicos responsables implicados en este criminal negocio ya que no sólo el gobierno nacional ha sido quien ha fomentado el cultivo de soja transgénicas sino que también lo han propiciado las provincias y los municipios.
En Córdoba, Luis Juez tiene desde 2006 un estudio municipal que revela que en el barrio Ituzaingó Anexo, 26 de cada 30 personas tienen plaguicida en sangre. Sin embargo, siendo intendente, permitió que se violaran normas municipales para que la soja se plantara en las narices de los vecinos del barrio Ituzaingó. Sí, así de criminal.
¿Qué dijo o hizo, entonces, ante semejante atrocidad el ahora opositor Juez que se indigna por todo? Absolutamente nada.Y ahora Giacomino a través de una carta a los vecinos plantea que “se proponen conocer si el problema de la contaminación continúa, y cuáles son los riesgos para la población”, “que en el dispensario hay expertas en epidemiología y toxicología ambiental” y que “durante dos años (¡!) realizarán encuestas para sacar conclusiones” y que “a partir de marzo
ellos (¡!) determinarán cómo y a quiénes se les realizarán estudios”. No tienen autoridad para ello, ya han fracasado en resolver el problema.
Por su parte, el sojero Juan Schiaretti nunca hizo cumplir la ley deAgroquímicos de la provincia, la cual no sólo prohíbe la fumigación aérea a menos de 1.500metros de una zona urbana; además, la pena con cárcel.
Nada de esto es casual; tanto Luis Juez como Schiaretti se disputan el apoyo del sector agrario para las próximas elecciones.Mientras se pone en juego la vida de zonas enteras de la población,
todo el arco opositor, con los sojeros contaminadores a la cabeza, conspiran para devaluar el peso y volver a los planes del FMI.
En barrio ItuzaingóAnexo con el comienzo de la actividad en la escuela del barrio se volvieron a retomar las asambleas para organizar la lucha con movilizaciones, jornadas de concientización, radios abiertas donde quedó planteada la unidad con las asambleas del interior para seguir juntos esta lucha por:
• Relevamiento sanitario de la población afectada. Relevamiento ambiental.
• Asistencia sanitaria y psicológica a todos los damnificados.
• Confiscación de los bienes de los contaminadores para paliar los costos de remediación, resarcimiento y atención sanitaria.
• Por un hospital público en la zona.
• Resarcimiento económico de la población afectada.
• Fuera Monsanto. Cárcel a los responsables materiales y políticos de la contaminación.
Emanuel Berardo
LOS K, SCHIARETTIY JUEZ
Bueyes del mismo arado
El jueves 12 de febrero representantes de pueblos del interior y de la capital junto a diversas organizaciones se movilizaron por el centro de la ciudad bajo el lema: “Paren de Fumigar”. Denunciaron el uso de agro tóxicos, como Roundoup, endosulfan, 2.4D y otros, utilizados en el cultivo de soja. Los testimonios sobre enfermedades, muertes y trastornos no dejan lugar a duda sobre los efectos nocivos de las fumigaciones así como sobre la complicidad de funcionarios y gobiernos.
Desde su origen, la venta de Roundup partió de un fraude. Monsanto lo publicitó como "biodegradable" y "ambientalmente positivo" hasta que la Fiscalía General de NuevaYork lamultó por publicidad engañosa. En 1992, los directivos fueron condenados a cinco años de prisión y multados en 15,5 millones de dólares. Pero el herbicida se siguió vendiendo.
En 2002, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Roscoff (Francia), demostró que el glifosato actúa sobre una de las fases clave de la división celular, lo que podría provocar cáncer. Un año después, la Universidad de Caen (Francia) descubrió que el glifosato mata una gran proporción de células de la placenta, aun en concentraciones menores a las utilizadas en la agricultura, y que el Roundup es aún más tóxico que otros glifosatos.
En 1996 Menem permitió el uso de soja (RR) Resistentes al Roundup, y los Kirchner, aún sabiendo los peligros de los cultivos (RR) en 2004, ampliaron el poder deMonsanto dueño del 90%del mercado mundial de transgénicos, permitiéndole el cultivo de maíz (RR); en 2004 ante la amenaza de Monsanto de retirarse del mercado le creó un fondo de compensación tecnológica (subsidio) para agrandar las ya abultadas arcas de la multinacional.
No son éstos los únicos responsables implicados en este criminal negocio ya que no sólo el gobierno nacional ha sido quien ha fomentado el cultivo de soja transgénicas sino que también lo han propiciado las provincias y los municipios.
En Córdoba, Luis Juez tiene desde 2006 un estudio municipal que revela que en el barrio Ituzaingó Anexo, 26 de cada 30 personas tienen plaguicida en sangre. Sin embargo, siendo intendente, permitió que se violaran normas municipales para que la soja se plantara en las narices de los vecinos del barrio Ituzaingó. Sí, así de criminal.
¿Qué dijo o hizo, entonces, ante semejante atrocidad el ahora opositor Juez que se indigna por todo? Absolutamente nada.Y ahora Giacomino a través de una carta a los vecinos plantea que “se proponen conocer si el problema de la contaminación continúa, y cuáles son los riesgos para la población”, “que en el dispensario hay expertas en epidemiología y toxicología ambiental” y que “durante dos años (¡!) realizarán encuestas para sacar conclusiones” y que “a partir de marzo
ellos (¡!) determinarán cómo y a quiénes se les realizarán estudios”. No tienen autoridad para ello, ya han fracasado en resolver el problema.
Por su parte, el sojero Juan Schiaretti nunca hizo cumplir la ley deAgroquímicos de la provincia, la cual no sólo prohíbe la fumigación aérea a menos de 1.500metros de una zona urbana; además, la pena con cárcel.
Nada de esto es casual; tanto Luis Juez como Schiaretti se disputan el apoyo del sector agrario para las próximas elecciones.Mientras se pone en juego la vida de zonas enteras de la población,
todo el arco opositor, con los sojeros contaminadores a la cabeza, conspiran para devaluar el peso y volver a los planes del FMI.
En barrio ItuzaingóAnexo con el comienzo de la actividad en la escuela del barrio se volvieron a retomar las asambleas para organizar la lucha con movilizaciones, jornadas de concientización, radios abiertas donde quedó planteada la unidad con las asambleas del interior para seguir juntos esta lucha por:
• Relevamiento sanitario de la población afectada. Relevamiento ambiental.
• Asistencia sanitaria y psicológica a todos los damnificados.
• Confiscación de los bienes de los contaminadores para paliar los costos de remediación, resarcimiento y atención sanitaria.
• Por un hospital público en la zona.
• Resarcimiento económico de la población afectada.
• Fuera Monsanto. Cárcel a los responsables materiales y políticos de la contaminación.
Emanuel Berardo
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