El 9 de diciembre se realizó la Marcha de los Pueblos, la movilización convocada por las asambleas ambientales de la provincia. La fecha de la movilización coincide con la asunción del nuevo gobierno. La consigna "No a Agua Rica" fue la central y sentó el escenario en el que se desarrollará una lucha muy importante.

El tarifazo que prepara el gobierno a nivel nacional, y que ya tiene su expresión en los aumentos que los catamarqueños ya sufren, va de la mano de mantener los privilegios de los capitalistas mineros que saquean y contaminan la provincia.

Durante la jornada, el gobierno y los medios afines hicieron una campaña macartista contra la movilización, a la que acusaron de "vandálica" por las pintadas (¡!). Pero la marcha recogió apoyo entre los vecinos de la capital. Los manifestantes coreaban la consigna "Corpacci, Lucía, aquí está el pueblo que le dice no a la mina", lo que pone a la lucha contra la instalación de la minera directamente enfrentada con la política del nuevo gobierno. Más allá de cambiar de maquillaje, el acuerdo cerrado por el anterior gobierno de Brizuela y el silencio del actual gobierno cuando Alumbrera cerró el convenio por el cual compra Agua Rica -con lo cual viabiliza su instalación- mantiene todos los privilegios y concesiones otorgados a estos grupos.

Por otro lado, avanza un ajuste en regla contra todo el pueblo. Esto va a poner la lucha contra Agua Rica y contra la minería a cielo abierto en la perspectiva de la lucha más general para frenar la intención de volcar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. En el documento leído frente a la Casa de Gobierno se denunciaba la política minera del kirchnerismo y el avance de la criminalización de la protesta y la persecución de los luchadores.

Al finalizar la movilización, se realizó una asamblea que convocó a una próxima reunión de coordinación, para fortalecer la lucha en las diferentes regiones y avanzar en un plan de lucha regional.

Corpacci asume con Estado policial

El 9 de diciembre asumió el gobierno de Lucía Corpacci con todo su gabinete. El acto se realizó en la plaza principal con un operativo con retenes que revisaban a todo el que ingresaba, para evitar algún tipo de protesta de los grupos antimineros que se movilizaron.

Grupos de policías cubrieron los cuatro ingresos a la plaza, por un lado, protegiendo a un gobierno que sabe que tiene que avanzar en una línea de ajuste; y, por el otro, pusieron de manifiesto el giro represivo que va de la mano de su intención de regimentar la movilización popular y sofocar cualquier tipo de reclamo.

Uno de los ministros juró al asumir por Vicente Saadi. Lejos de ser un detalle, nos muestra que no sólo se mantiene la misma política que tenía el Frente Cívico que gobernaba la provincia, sino que, de la mano del kirchnerismo, reaparece la política de los que habían sido enterrados por la movilización popular. Es, en síntesis, lo que trata de hacer el gobierno: recomponer lo que la lucha del pueblo se sacó de encima.

Pablo

Poco tiempo después, tuvo la primera respuesta en su propio campo, en las elecciones nacionales, el oficialismo perdió en los departamentos que más se verían afectados por esta actividad, Famatina y Chilecito.

Posteriormente, se realizaron en Famatina, primero, y en Chilecito, después, movilizaciones de una gran masividad.

La crisis política en el departamento Famatina no se hizo esperar. El coqueteo del intendente bederista con la asamblea y la negativa de éste a hacerse presente en la firma del convenio con Osisko llevó a que el gobernador kirchnerista Beder Herrera armara una suerte de "municipio paralelo" con la diputada Olima.

De esta forma y de la mano de Olima y del secretario de Minería de la provincia, recurrió a una suerte de extorsión a los pobladores de Famatina, entregando electrodomésticos, dinero para medianeras, becas laborales, etc., a cambio de que firmaran una solicitada en favor de esta actividad; sólo logro 200 firmas, cuando la asamblea tiene firmada ante escribano público 1.400 firmas de pobladores que se oponen a la mega-minería.

Una lucha popular

Luego de esta suerte de avanzada del gobierno, las asambleas de Chilecito y Famatina decidieron cambiar el lugar de la marcha anteriormente planificada con las asambleas de toda la provincia para el 9 de diciembre a la capital de La Rioja; se convocó así a una caravana de Chilecito hacía Famatina para allí realizar una movilización conjunta.

Una intensa agitación de las asambleas, un programa de radio "25 horas por el Famatina" e intervenciones artísticas llevaron a que ese 9 de diciembre una caravana de 150 autos, dos colectivos y camiones cargados de gente saliera de Chilecito para Famatina y realizar una gran movilización de 5.000 personas.

Es necesario decir también que las otras asambleas de la provincia llevaron a cabo ese mismo día la marcha en la capital de la provincia con una gran asistencia.

"Listas negras" de la empresa y del gobierno

La primera intención de escribir este artículo era realizar una crónica de esta importante marcha, pero la lucha no da tregua.

El gobierno provincial no va a dar fácilmente el brazo a torcer, su perspectiva (ante una crisis mundial que golpea duro por estos lados ante el cierre de mercados en el exterior para los cultivos de la uva y los olivos, dos de las actividades económicas más importantes, que ya llevó a suspensiones y despidos) es avanzar en la entrega de nuestros recursos naturales, aunque esto conlleve a la contaminación del agua y el saqueo de empresas multinacionales.

El 15 de diciembre se hicieron presentes en Famatina personeros del gobierno provincial acompañados de representantes de Osisko, para reunirse con el intendente. Enterado el pueblo de Famatina de esta reunión, comenzó a convocarse el pueblo acompañados por asambleístas de Chilecito. Esto llevó a que la reunión se terminara rápidamente y acompañados del grito "El Famatina no se toca", se los echó de Famatina y Chilecito.

En medio de la huida de los representantes de las empresas mega-mineras, dejaron abandonada una carpeta abierta donde se realizaba la reunión, y a sorpresa nuestra, es que encontramos una lista con los nombres de las personas que asisten a las asambleas, su lugar de trabajo y una suerte de caracterización de cada uno (cabecilla, agresiva, opositor), como también aparecen en esta lista todo un abanico de funcionarios del intendente.

Llevaremos adelante una gran campaña de denuncia por todos los medios necesarios para que el accionar delictivo de la empresa y del gobierno persiguiendo a la población que se ha manifestado mil veces ya en contra de la minería a cielo abierto, se acabe.

Corte de ruta y asamblea

Las asambleas, los cortes de ruta, los escarches a funcionarios, el bloque al paso de camionetas y camiones de empresas mineras que pasan por estos lugares son los métodos que llevaron a las anteriores victorias y que nos permitirán conseguir una nueva victoria. Para ello es necesario mantener la independencia de las asambleas de los partidos patronales (kirchneristas, filo-kirchneristas, peronistas, radicales) que coquetean con esta lucha y que proponen acciones "distraccionistas".

La expulsión de las empresas mineras de la provincia será una gran victoria del pueblo de La Rioja, nos dejara en mejores condiciones de poder discutir entre todos los explotados de la provincia una salida política y económica a la miseria a la que nos han sometido una seguidilla de gobiernos entreguistas y represores; una salida que dé respuesta a las necesidades de la mayoría de los riojanos.

Pedro Carrizo

A casi cuatro años del fallo de la Corte Suprema que ordenó a los estados de la nación, la provincia y la ciudad el saneamiento del Riachuelo, los avances son modestos. A los enfrentamientos entre las administraciones involucradas (Kirchner, Scioli, Macri), se añaden problemas presupuestarios, ya que el Banco Mundial no ha destrabado un crédito por 840 millones de dólares con el que se pensaba financiar algunas de las obras más importantes.

Pero sobre todo, continúa la contaminación de la cuenca por parte de las grandes empresas radicadas en sus orillas, al amparo del poder político. "El primero de junio se hizo una presentación penal ante la Corte Suprema contra Sadesa (una multinacional del cuero que sólo en la Argentina factura más de 1.000 millones de pesos al año), Camilo Ferrón (agroindustrial nacional con fábricas en Chile) y Contetodo (residuos peligrosos). Ese día una marcha de vecinos de Villa Fiorito y Caraza acompañaron la denuncia de La Alameda y el MTE" (La Política Online, 21/11). En las proximidades de la cuenca Matanza-Riachuelo, "uno de los acuíferos superficiales más contaminados del mundo" (Diario de Cuyo, 4/11), se encuentran radicadas 19.000 empresas.

El propósito

A lo largo de 2011, se ha llevado adelante la relocalización de algunos de los numerosos asentamientos ubicados a la vera del río, con el propósito de formar un camino ribereño de 35 metros de ancho. Según un fallo del juez federal Armella que reclama a los gobiernos un plan de forestación de dicho camino con distintas clases de árboles, se trata de "convertir la ribera del Riachuelo en un verdadero lugar de paseo, con alto valor paisajístico" (La Nación, 15/11).

En la lógica del gobierno, la limpieza del Riachuelo no está motivada por "el 96,4 por ciento de los habitantes de la cuenca que está expuesto a una amenaza de riesgo ambiental que se traduce en tasas de mortalidad que superan la media del país" (La Nación, 9/12), sino por la oportunidad de montar nuevos negociados inmobiliarios. Es necesario un control del plan de saneamiento por parte de las organizaciones ambientales y obreras para frenar efectivamente la contaminación de la cuenca, y abrir una deliberación entre la población trabajadora de la zona sur acerca de su futuro. No a un nuevo Puerto Madero, sí al derecho a la vivienda y el esparcimiento de las familias obreras.

Gustavo Montenegro

El "nuevo" mandato de CFK arrancó profundizando el modelo prominero.

Esto se nota especialmente en las provincias que han pasado al cristinismo (Catamarca, Chubut, Río Negro), que se suman así a San Juan, Santa Cruz, Jujuy y Salta, y a otras, con vínculos más recientes como La Rioja y Mendoza. La "política de Estado" con la minería, que Kirchner anunció en 2004, fue ratificada por su sucesora, en diciembre del año pasado, al anunciar el Acuerdo Social Minero. La ratificación ahora de un cuarto mandato de Mayoral como secretario de Minería, es una expresión concreta de esta estrategia. La Caem (la cámara empresaria) devolvió el favor y reeligió por consenso una comisión directiva con fuertes tintes oficialistas. Las mineras grandes como Barrick participan de la Comisión Directiva, "con bajo perfil" (Bae, 16/11).

Empresas provinciales

La nueva estrategia gubernamental implica involucrarse directamente en el negocio, creando empresas provinciales que se asocien con los pulpos mediante contratos de concesión. El modelo se probó ya en Santa Cruz, donde la estatal Fomicruz está asociada con Anglo Gold en la explotación de Cerro Vanguardia desde los '90 y sigue firmando nuevos contratos (El Cronista, 17/11). También San Juan tiene su empresa provincial, el IPPEM, que ha facilitado los proyectos de Barrick, Yamana (Gualcamayo) y Casposo. En avanzado proceso se encuentra el megaproyecto de Pachón, propiedad de Xstrata, cuya construcción podría comenzar en el 2013 (Julian Rooney en Infobae, 26/11). La Legislatura de Catamarca ha sido convocada a sesiones extraordinarias para aprobar la formación de la empresa provincial Camyen SE (Catamarca Energética y Minera Sociedad del Estado); Mayoral, precisamente, llama a "recuperar el tiempo perdido durante el gobierno del FCyS" y de Benítez, presidente del Ymad (Esquiú, 16/12), en alusión al acuerdo otorgado para que Xstrata compre Agua Rica y alargue la vida útil de las instalaciones de la mina La Alumbrera. Jujuy también tiene en marcha una empresa similar, al igual que La Rioja. La asociación minoritaria del Estado con los pulpos pretende desarmar la presión para aumentar los impuestos, y viene acompañada de la formación de fideicomisos que recogerían parte de los beneficios de esa asociación para ser destinados a obras de infraestructura (El Cronista, 17/11). Se inicia, de este modo, el período de endeudamiento de los Estados provinciales con los pulpos mineros.

Chubut

Chubut fue la cuna del movimiento popular contra el saqueo minero. El 5 de diciembre, una impactante columna de más de tres cuadras, con 2.000 personas, recorrió la ciudad, para recordar el plebiscito que bloqueó el proyecto de Meridian Gold con más del 80% de rechazos. La provincia se vio obligada en ese entonces a dictar la ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, pero con el tiempo aparecieron otros proyectos. Desde hace poco más de un año está lanzado el proyecto Navidad, de la canadiense Pan American Silver, que explota actualmente el yacimiento de Manantial Espejo en Gobernador Gregores (Santa Cruz), que es uno de los yacimientos de plata más voluminosos del mundo -y la plata cotiza hoy tres veces más que hace tres años. El gobierno de Das Neves ya había prometido a la minera darle curso favorable, luego de las elecciones.

El nuevo gobierno de Martín Buzzi convocó enseguida a una reunión de gabinete en la meseta central (en Gan Gastre) para recibir la "petición" de 13 intendentes de la zona a favor de la minería y para modificar la ley 5001 (El Patagónico, 15/12). El gobierno acaba de publicar un mapa que ubica a la meseta central con un muy bajo riesgo ambiental. Aunque Buzzi dice que el mapa lo preparó el gobierno de Das Neves, es claro que apunta a modificar la ley 5001.

Vale (Mendoza)

Otra de las provincias con mayor resistencia popular a la minería es Mendoza. Poco antes de las elecciones el gobernador cristinista, Jaque, había suspendido la construcción de la mina de Potasio Río Colorado en el sur de la provincia propiedad de la minera brasileña Vale do Rio Doce, una interdicción que levantó a los pocos días. El 5 de diciembre, Cristina recibió en Olivos a la plana mayor mundial y nacional de Vale, junto a Boudou, De Vido, Giorgi y Mayoral. "Cristina Kirchner anticipó su deseo de visitar las obras de Potasio Río Colorado en el departamento Malargüe en febrero próximo en el marco de una conversación en el que la mandataria se explayó sobre su reciente reunión en Caracas con Dilma Rousseff" (Mining Press, 5/12). Hasta 2009, el proyecto estaba en manos del gigante minero Río Tinto, pero las aprobaciones requeridas sólo salieron a partir de su compra por Vale. Este proyecto en el que Vale invertirá dice que más de 5.000 millones de dólares, dará trabajo a numerosas firmas brasileñas como Odebrecht, Camargo Correa (Loma Negra), Ferrosur, Andrade Gutiérrez, etc. El potasio a extraer en el mayor yacimiento del mundo se exportará en su totalidad a Brasil, pues las tierras argentinas no utilizan potasio.

Divisas

Los efectos de la crisis mundial, que se manifiestan en el déficit fiscal y la fuga de divisas, determinaron la resolución que ordena a las mineras liquidar en el país el ciento por ciento de las divisas de exportación. En ese contexto el gobierno quitó a la minería un privilegio que Duhalde y los Kirchner habían mantenido desde 2001. Es un último recurso para resistir una devaluación. A cambio de esta medida menor y provisional, las empresas han ganado una mayor protección oficial, en especial contra las presiones ambientalistas. La ley de Glaciares, como anticipamos, duerme cajoneada.

Miguel Gómez

Ya se han realizado 17 reuniones de los países integrantes de la ONU en 17 diferentes países y se firmaron otros tantos acuerdos pero la temperatura del planeta sigue subiendo. Ahora se plantean firmar un compromiso en 2015 para empezar a cumplir con la reducción de emisiones recién en 2020.

El clima y sus consecuencias

El cambio climático, que puede medirse en aumento de la temperatura media del planeta, se debe fundamentalmente a la emisión de gases de efecto invernadero (GEIs) generados en casi todas las actividades productivas y de transporte. Se suele hablar de dióxido de carbono (CO2) como sinónimo de gas de efecto invernadero, debido a que los demás gases se relacionan mediante una equivalencia. En la primera Cumbre mundial realizada en Kyoto en 1997 se atribuyó el aumento de temperatura a la acumulación en la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafloruro de azufre (SF6). Algunos de estos tienen un poder de calentamiento mucho mayor que el CO2, pero su producción es más pequeña.

Ahora se suma el trifloruro de nitrógeno (NF3), un gas utilizado en la fabricación de pantallas de plasma y de algunos paneles solares. El NF3 tienen un poder de calentamiento 17.200 veces superior al del CO2. Comenzó a usarse en cantidades muy pequeñas en combustible de cohetes. Según un estudio de 2008, publicado en Geophysical Research Letters, la producción en 2008 era ya de 4.000 toneladas y podría doblarse en 2010, con la eclosión de las pantallas de plasma.

Este aumento general de las concentraciones de gases en la atmósfera impide la salida de la radiación solar emitida por la tierra y, por lo tanto, se incrementa su temperatura. Este fenómeno provoca deshielos y consecuentemente aumento del nivel del mar. Por ejemplo, las islas Maldivas desaparecerán antes de que este siglo termine. Muchos territorios quedan expuestos a los tsunamis al quedar cubiertos por el agua los arrecifes que protegen sus costas. También se ha aumentado la frecuencia de procesos de intensas lluvias con inundaciones prolongadas y, contradictoriamente situaciones de sequía extrema.

 Suele ocurrir que la población más pobre se asienta sobre los suelos más vulnerables.

 Veinte años no es nada

El Protocolo de Kyoto firmado en 1997 es la consecuencia de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (Río '92) que se planteó un lapso de veinte años para cumplir metas de reducción de emisiones.

Según la propuesta inicial de 1997, los países firmantes del Protocolo de Kyoto debían lograr que en el plazo que va de 2008 a 2012, las emisiones de GEIs descendieran un 5,2% por debajo de las registradas en 1990. Desde entonces las emisiones han crecido un 49%. Sin palabras.

En el Protocolo se dividieron los estados en dos anexos: lo países desarrollados (anexo 1) aportantes al sistema, dado que han sido los que más gases generaron desde la revolución industrial, y los subdesarrollados (anexo 2), receptores de los aportes. Este Protocolo tardó muchos años en entrar en vigencia, dado que países muy grandes no lo firmaron. Recién en 2005 lo suscribió Rusia y entró en vigor, y aunque USA nunca lo firmó se ve involucrada en el compromiso de reducción de emisión de gases. Se necesitaba de la ratificación de suficientes países desarrollados responsables de al menos el 55% de las emisiones mundiales para empezar a cumplirse el Protocolo.

Pero ya este tratado había sido un fracaso mayúsculo, y no sólo porque Estados Unidos se negó a suscribirlo. Para alcanzar la meta propuesta de reducción de emisión de gases, el tratado estableció los llamados "bonos verdes", que comenzaron a circular algún tiempo atrás. En la práctica, estos mecanismos habilitan a los países del hemisferio norte a contaminar en la medida en que inviertan bonos verdes en zonas captadoras de carbono, en los países del hemisferio sur.

Cada bono verde (o certificado de reducción de emisiones) se emite por tonelada de gases efecto invernadero que se evita liberar a la atmósfera. En lugar de reducir las emisiones, que pueden cambiar de un lugar a otro, crecía entonces un gran negociado financiero, con bancos que colocan títulos y cobran comisiones. Doce años después, las emisiones de dióxido de carbono de la industria y el transporte, más la deforestación, responsables del calentamiento de la atmósfera, no sólo no se han reducido sino que se han incrementado dramáticamente desde 2002, y nos acercamos al triple de la media anual de los noventa (El País, 15/11).

A medida que se veía la imposibilidad de cumplir los compromisos fue cambiado la jerga, ahora se habla de "adaptación" al cambio climático. Confesando la imposibilidad de influir sobre el aumento de temperatura global con el modo de producción del sistema capitalista.

Resultado de la reciente Cumbre de Durban

Después de dos semanas de intensísimas negociaciones, y en la sesión plenaria del 11 de este mes, para tratar de salvar la conferencia, los representantes de los 192 países participantes han acordado prorrogar los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto.

La colocación del mecanismo de funcionamiento del Fondo verde, destinado a "ayudar" financieramente a los países en "vías de desarrollo" que tienen que hacer frente al cambio climático, también ha sido ratificada en Durban. Sin embargo, la cuestión central de la alimentación de este fondo se queda a este día ampliamente sin respuesta, mientras que el compromiso tomado en Copenhague, hace dos años, es acabar en 100 mil millones de dólares al año a partir de 2020. Una verdadera limosna, además, si se tienen en cuenta los billones destinados al salvataje de los bancos.

En síntesis, la cumbre ha decidido posponer para el próximo año la decisión de definir el periodo de tiempo en el que estará en vigor de nuevo el Protocolo. Asimismo, los países han acordado que seguirán trabajando para aprobar en el 2015 un documento que sea válido para todos los países (no sólo los del anexo 1) a partir del 2020.

Cabe recordar que el status de China, India y Brasil países subdesarrollados (anexo 2) ha ido cambiando en el transcurso de los 20 años.

La anfitriona de la cumbre, la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashabane, se ha felicitado por el resultado final. "Hemos venido aquí con un plan A y hemos concluido este encuentro con un plan A para salvar el planeta por el futuro de nuestros hijos y nietos", ha señalado. En fin ... de esto vive la casta de burócratas de los organismos internacionales y también nacionales, y algunos capitalistas "adaptados al cambio climático".

Más crisis, más emisiones

La crisis financiera global no ha reducido las emisiones totales de CO2 en el planeta, como muchos esperaban. Tras una ligera caída de las mismas en 2009 (del 1,4%), se ha retomado la tendencia al crecimiento en 2010 (incremento del 5,9%), hasta el punto de que el año pasado se llegó a los 10.000 millones de toneladas, todo un récord. Son los datos de un análisis científico presentado en la revista Nature Climate Change. Las emisiones globales de dióxido de carbono generadas por la utilización de combustibles fósiles han aumentado un 49% en las últimas dos décadas (El País, 12/12).

El crecimiento hay que apuntárselo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, o algunos de ellos. "El impacto de la crisis financiera de 2008-2009 en las emisiones globales ha sido breve debido a los fuertes incrementos en las economías emergentes, al retorno al crecimiento de las emisiones en los países desarrollados y al incremento de la intensidad de los combustibles fósiles en la economía mundial", dicen los científicos en el informe.

El incremento global del año pasado "fue debido a las altas tasas de aumento de unas cuantas economías en desarrollo como China (10,4%) e India (9,4%), aunque la contribución de algunos países desarrollados fue también sustancial en términos absolutos: por ejemplo, Estados Unidos, 4,1%, Federación Rusa, 5,8% y los 27 países de la Unión Europea, 2,2%".

Otra particularidad del modo de producción actual es la incidencia del transporte en las emisiones de gases. Los países subdesarrollados aumentan su producción de comodities. El traslado de estas producciones primarias a los centros mundiales de consumo genera emisiones en el transporte. Tanto es así que en una de las convenciones se propuso un aumento del impuesto al transporte marítimo, aunque también incide mucho el aéreo y el terrestre.

Para el capitalismo no se trata de un problema ambiental, sino de ganancias. Para los pulpos petroleros, la crisis energética es una oportunidad: si no hay consenso sobre un cambio en la matriz energética mundial, el barril del petróleo podría aumentar.

Las expectativas en la energía nuclear se desvanecieron con la mayor catástrofe nuclear mundial ocurrida en Fukushima, Japón, que dejó un tendal de 70.000 refugiados permanentes y una zona de exclusión de 30 km alrededor de la Central (National Geografic en Español, diciembre 2011).

Conclusiones

La realidad del calentamiento global, y la imposibilidad de que se llegue a un acuerdo entre los países capitalistas, ha llevado a que se plantee que estamos ante el borde de una crisis civilizatoria, provocada por una suerte de "exceso" productivo e industrializador. La solución sería entonces detener el desarrollo de las fuerzas productivas? O el de las fuerzas destructivas del capital?

Y esto, cuando ya existen las condiciones científicas y técnicas para evitar la destrucción del medio ambiente mediante el desarrollo de técnicas de conservación de la energía y de mejora de la eficiencia energética, junto con tecnologías de energías limpias (eólica, solar, biomasa, vehículos a hidrógeno, etc). Los científicos hasta han calculado su costo económico: se requeriría el mismo nivel de inversiones que hoy se destina a la investigación en energía nuclear o por el uso de combustibles fósiles, unos 10 billones de dólares durante las próximas décadas (El Cronista, 16/11/09). Las conclusiones de los científicos, por más intergubernamentales que sean, no llevan a ningún resultado práctico. El fracaso de las sucesivas "cumbres" intergubernamentales no es casual: en el cuadro de la decadencia capitalista, cuando los capitales buscan desesperadamente evitar la caída de su tasa de beneficio, las rivalidades entre los monopolios capitalistas y entre sus Estados impiden cualquier acción conjunta. La resolución de los problemas ambientales requiere de una acción concertada y planificada del conjunto de la humanidad, pero el mercado es el reino de la anarquía en la búsqueda de ganancias y opuesto a una asignación racional de recursos (Pablo Rabey, Prensa Obrera diciembre 2009).

La crisis climática pone en cuestión la organización misma de la sociedad; junto con la crisis alimentaria mundial, es un aspecto más de la decadencia del capitalismo. El avance de la ciencia posibilita el desarrollo de las fuerzas productivas en forma sustentable; pero, para ello, los trabajadores del mundo deben tomar la palabra. (igual fuente, igual vigencia).

Alicia Rodríguez

Cien años de explotación petrolera y nada

Los datos históricos señalan que Francisco Tobar, un español, realizó la primera perforación en 1906, quien había conseguido 29 concesiones, entre las que estaban Campo Durán y Campamento Vespucio. La explotación la hacía a través de la empresa Mina Argentina, de la cual Tobar era propietario. Tobar participó de la Exposición del Centenario en Buenos Aires (1910), donde pudo exhibir las muestras de petróleo de la zona. Al año siguiente, inicia los trabajos de perforación en Campo Durán. Ya en 1912, el gobierno nacional informa de los trabajos de sondeo y perforación en la zona de Tartagal. Tobar transfirió luego las concesiones a YPF. Sin embargo, la que produjo el desarrollo inicial más importante fue la Standard Oil, que hizo acuerdos con el gobierno salteño, representado entonces por el gobernador Avelino Aráoz. El gobierno de Uriburu anuló el contrato, pero la corte lo validó. El gobierno de Salta firmó un nuevo contrato y la Standard Oil montó campamento en Tartagal. Posteriormente, luego de diez años, la Standard Oil vendió todos sus activos locales a YPF y sus empleados pasaban a la empresa estatal. YPF se afirmó como la única empresa que realizó las exploraciones y explotación de los hidrocarburos, como en el resto del país. El desarrollo económico de la zona fue gracias al influjo de las actividades de la petrolera estatal, que construyó barrios, hospitales, centros de salud en todas las localidades, proveedurías y transporte escolar gratuito para los hijos de los trabajadores. La mano de obra de sus operarios fue altamente calificada, reconocida mundialmente, que sus trabajadores eran solicitados para trabajos específicos en otras latitudes.

Kirchner-Sobisch-Romero: el triángulo menemista de la entrega

En los '90, el principal grupo de presión para la privatización de YPF fue la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), presidida por Kirchner, y que agrupaba a las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Dentro de esta organización de corte patronal, los gobernadores de Salta, Romero, y de Neuquén, Sapag, fueron los más activos impulsores, junto a Kirchner, de la entrega de YPF. El quórum se logró con maniobras impensadas, como la de Kirchner, que mandó el avión de la gobernación de Santa Cruz para que traslade al diputado Rafael Flores, que estaba enyesado, para que levante la mano y lograr la privatización de la petrolera estatal. De conjunto, estas provincias recibieron más de 3 mil millones de dólares por "regalías mal liquidadas", por ejemplo, Santa Cruz embolsó 654 millones de dólares y Neuquén 614 millones de dólares. Cifras similares el resto de las provincias.

Los gráficos son contundentes, la declinación de las reservas probadas de la cuenca del NOA es un dato nada alentador. Las causas de esta situación obedecen a que las operadoras de áreas han venido sólo explotando la mayoría de los pozos existentes y que fueran descubiertos por los trabajos de exploración de la división Sísmica de YPF. Las inversiones en nuevas exploraciones, comparativamente con la cantidad de pozos descubierto por la petrolera estatal, son casi nulas. Pero, además, la tendencia de las multinacionales es forzar, y lo está logrando, que el precio de los hidrocarburos en nuestro país vayan alcanzando el nivel de los precios internacionales.

Refinor: ¿una refinería en peligro?

Hace un tiempo, junio de 2008, se generó un conflicto porque se comenzó a prescindir de 32 trabajadores de la planta de Campo Durán, a raíz de una decisión de la Secretaría de Energía de la Nación, de que se despache el gas sin tratamiento en Turboexpander, proceso de separación y tratamiento del gas. Con esta decisión, las necesidades de personal disminuyeron y se generó un conflicto. El 26 de octubre pasado, en la localidad de Yacuyba, se firmó un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la española Técnicas Reunidas suscribieron el contrato para la construcción de la planta separadora de licuables Gran Chaco. Esta planta se radicaría en Madrejones, que está en los límites de la frontera con Bolivia.

"El primer semestre de 2014, la mega-planta comenzará a producir 2.247 toneladas métricas por día de gas licuado de petróleo, 1.658 barriles por día de gasolina, 1.044 isopentano, 3.144 toneladas métricas por día de etano. El etano que se extraerá del flujo de gas natural, que exportará a la Argentina, será la materia prima para la petroquímica", destacó el presidente de la petrolera estatal (NoticiasBo, 27/10). Indudablemente, a partir del incremento de las importaciones de gas boliviano y que es tratado en Refinor, con la instalación de esta planta, los bolivianos intentan darle valor agregado al gas que exportan. Por supuesto que un gas industrializado no solamente será más caro sino que, además, puede producir la merma en las operaciones de la planta de Refinor en Campo Durán. Esto generaría la disminución de personal.

Pongamos fin al saqueo

Todo indica que el horizonte petrolero sólo es prometedor para las transnacionales. Y como contrapartida, lo que se vislumbra para los trabajadores petroleros en particular, y para los habitantes de la zona más rica de la provincia no es nada alentador. Recientemente, a instancias de los trabajadores desocupados de la industria petrolera, el gremio se vio forzado a convocar a un paro con afectación de la producción para el lunes 5 de diciembre de 2001, en reclamo de reincorporación de 300 trabajadores que fueron cesanteados por las distintas operadoras y contratistas. La decisión se tomó en una asamblea, luego que el grupo de desocupados reclamara con una manifestación, frente de la sede del Sindicato de Petroleros Privados. Debemos tomar cuenta de la situación que se presenta, luego de más de 100 años de saqueo ininterrumpido de los recursos hidricarburíferos de la región. Por un lado, incrementó de la desocupación y, por otro lado, una renta petrolera que es una migaja. Las regalías que recibimos ni se comparan con las que hoy dejan en Tarija las petroleras, algo más de 2 millones y medio de dólares diarios. Las promesas de "invertir" 220 millones de pesos, luego de hipotecar las miserables regalías que cada vez serán más exiguas, es una burla. Para terminar con este saqueo, es necesario organizar a los desocupados y trabajadores activos en función de un la lucha a fondo por la nacionalización de los hidrocarburos bajo control obrero.

Pepe Barraza

La Audiencia Pública convocada por el municipio registró un contundente rechazo al proyecto de dragado en Cerri que impulsa a cualquier costo el gobierno municipal (ver PO Nº 1.203). De las 120 exposiciones que hubo, más del 80% se pronunciaron en contra de este nuevo negociado.

La contundencia de los argumentos contrarios al dragado tiene dos bases muy sólidas: 1) la experiencia del pueblo bahiense con los "accidentes" ambientales y las muertes de trabajadores generados por la voracidad de las empresas del Polo Petroquímico (PPBB), y 2) el pronunciamiento en cascada de organismos científicos que llegaron a catalogar al proyecto como "el mayor error ambiental de la historia de Bahía Blanca" (Dr Zalva, vicedirector del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS).

Cortina de humo:

El intendente Breitenstein (FpV) -por boca del secretario de Gobierno Lliteras- pretende ahora distraer a la población bahiense y ocultar la derrota que sufrió el proyecto en la Audiencia con una campaña difamatoria contra el PO y otras organizaciones que intervinieron en la Audiencia en oposición al proyecto. Las mentiras de Lliteras son la excusa para no hablar de la cuestión de fondo: el dragado de la ría en Cerri es indefendible. Está claro que el municipio -y el gobierno provincial y nacional- se disponen a desconocer el pronunciamiento popular de la Audiencia que ellos mismos convocaron. Quieren seguir con el proyecto "caiga quien caiga". Negocios son negocios.
La burla a la voluntad popular por parte de Breitenstein tiene antecedentes: en los casos de la instalación del buque regasificador (bautizado popularmente como el buque-bomba), o el emplazamiento de la empresa Vale, las Audiencias Públicas fueron consideradas por el gobierno como un requisito legal, sin preocuparse por la mayoritaria opinión de rechazo.

literas invoca los votos del 23 para desconocer el mandato popular que surge de la Audiencia, ¡Pero los trabajadores el 23 no votamos el dragado, como tampoco votamos el tarifazo que nos quiere enchufar el gobierno al que Lliteras pertenece!

La importación de gas, los subsidios y el tarifazo:

La importación de gas licuado -que se regasificaría en la planta de Cerri, para lo que se requiere el dragado de la ría para que accedan los buques que lo traen- es la consecuencia del saqueo de Repsol y las petroleras que han agotado los recursos, girado los dividendos, y extenuado las reservas sin poner un peso en exploración.

El dragado en Cerri y el tarifazo nacional son hermanos siameses paridos por el maridaje entre el gobierno y las petroleras.

Luego de la audiencia el Concejo Deliberante resolvió solicitar al ministerio de gobierno de la provincia que incluya en el expediente los informes científicos que advierten sobre las consecuencias del dragado. Pero esto no garantiza la caida del proyecto. El fuerte rechazo popular a la destrucción de una reserva natural; una ciudad castigada por los pulpos del PPBB con catástrofes ambientales y 17 trabajadores muertos; vecinos que denuncian contaminación de las destilerías; pescadores artesanales que ven desaparecer su medio de vida porque pescan en la ria, y un largo etcétera; esta enorme presión desembocó en los informes científicos, se manifestó en la Audiencia y ahora explica la maniobra dilatoria del Concejo.

• No al dragado

• No al tarifazo

• Que se abran los libros de las empresas energéticas al control popular.

• Nacionalización sin indemnización de las empresas petroleras y gasíferas bajo control de los trabajadores.

Néstor Conte

En Luján se encuentra la 'emblemática' curtiembre Curtarsa, que a lo largo de décadas ha envenenado a la población de Jáuregui exponiendo a sus obreros a la manipulación de las sustancias más tóxicas. La Asamblea Ambiental ha denunciado numerosos casos de cáncer en el pueblo. Al día de hoy, Curtarsa está cerrada. Sus patronos aducen como causa la crisis del cuero. Pero avanza un vaciamiento planificado por esta patronal italiana, con unos 500 trabajadores suspendidos, sin cobrar un peso (lo único que reciben es el Repro). La contaminación ambiental y la superexplotación laboral son las dos caras de una misma moneda. Cuando lo que se busca es oponer el trabajo o el desarrollo frente a la salud (enfrentar a trabajadores y vecinos), nosotros decimos que un medio ambiente sano y el trabajo digno van de la mano. Que comisiones obreras y vecinales, en asamblea, discutan cómo poner en marcha nuevamente la planta bajo control de las condiciones de seguridad e higiene de la misma.

¿Y la cuestión de los agrotóxicos? En Luján se ha triplicado el cultivo de soja, que llega a los bordes del casco urbano. Las recurrentes fumigaciones, aéreas y terrestres, han concitado un movimiento de vecinos para frenarlas. Hace unos meses, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece una distancia de 500 metros de los poblados para las aplicaciones terrestres, y la prohibición de las aplicaciones aéreas. Pero parece que la ordenanza es papel mojado, porque todas las semanas vecinos de varios barrios denuncian que los "mosquitos" fumigan violando las distancias permitidas. Y, como yapa, el intendente electo de Luján, el vecinalista Luciani, dejó entrever el levantamiento de las prohibiciones aéreas. Muestra ya los dientes de quienes representa: la patria sojera. Para la Sociedad Rural sojera hay tierras, incluso públicas. Para un plan de viviendas populares, en un distrito con un déficit habitacional enorme, no hay tierra.

Queremos mencionar también la lucha de los vecinos contra la Hormigonera, que funciona en el barrio Lanusse con toda impunidad. Exigimos su relocalización garantizando la fuente laboral a sus obreros.

¿Y la cuestión del basural, que tras promesas de cierre sigue vivito y coleando? Es el foco de contaminación más grande del distrito. Lo único que avanza aquí son los "gastos de consultoría".

Por un centro de tratamiento alejado del ejido urbano y ofrecer los puestos de trabajos a los cartoneros y recicladores que transitan por allí, con salario y convenio.

La lucha en defensa del medio ambiente atañe a todo el pueblo lujanense.

Organicemos un plenario abierto para encararlo: nosotros participaremos incondicionalmente de esta lucha en defensa de la calidad de vida de nuestro pueblo, contra la voracidad y la superexplotación capitalista.

Partido Obrero Luján (26/11/11) - ujs.po.unlu@gmail.com