A casi cuatro años del fallo de la Corte Suprema que ordenó a los estados de la nación, la provincia y la ciudad el saneamiento del Riachuelo, los avances son modestos. A los enfrentamientos entre las administraciones involucradas (Kirchner, Scioli, Macri), se añaden problemas presupuestarios, ya que el Banco Mundial no ha destrabado un crédito por 840 millones de dólares con el que se pensaba financiar algunas de las obras más importantes.

Pero sobre todo, continúa la contaminación de la cuenca por parte de las grandes empresas radicadas en sus orillas, al amparo del poder político. "El primero de junio se hizo una presentación penal ante la Corte Suprema contra Sadesa (una multinacional del cuero que sólo en la Argentina factura más de 1.000 millones de pesos al año), Camilo Ferrón (agroindustrial nacional con fábricas en Chile) y Contetodo (residuos peligrosos). Ese día una marcha de vecinos de Villa Fiorito y Caraza acompañaron la denuncia de La Alameda y el MTE" (La Política Online, 21/11). En las proximidades de la cuenca Matanza-Riachuelo, "uno de los acuíferos superficiales más contaminados del mundo" (Diario de Cuyo, 4/11), se encuentran radicadas 19.000 empresas.

El propósito

A lo largo de 2011, se ha llevado adelante la relocalización de algunos de los numerosos asentamientos ubicados a la vera del río, con el propósito de formar un camino ribereño de 35 metros de ancho. Según un fallo del juez federal Armella que reclama a los gobiernos un plan de forestación de dicho camino con distintas clases de árboles, se trata de "convertir la ribera del Riachuelo en un verdadero lugar de paseo, con alto valor paisajístico" (La Nación, 15/11).

En la lógica del gobierno, la limpieza del Riachuelo no está motivada por "el 96,4 por ciento de los habitantes de la cuenca que está expuesto a una amenaza de riesgo ambiental que se traduce en tasas de mortalidad que superan la media del país" (La Nación, 9/12), sino por la oportunidad de montar nuevos negociados inmobiliarios. Es necesario un control del plan de saneamiento por parte de las organizaciones ambientales y obreras para frenar efectivamente la contaminación de la cuenca, y abrir una deliberación entre la población trabajadora de la zona sur acerca de su futuro. No a un nuevo Puerto Madero, sí al derecho a la vivienda y el esparcimiento de las familias obreras.

Gustavo Montenegro