El 9 de diciembre se realizó la Marcha de los Pueblos, la movilización convocada por las asambleas ambientales de la provincia. La fecha de la movilización coincide con la asunción del nuevo gobierno. La consigna "No a Agua Rica" fue la central y sentó el escenario en el que se desarrollará una lucha muy importante.

El tarifazo que prepara el gobierno a nivel nacional, y que ya tiene su expresión en los aumentos que los catamarqueños ya sufren, va de la mano de mantener los privilegios de los capitalistas mineros que saquean y contaminan la provincia.

Durante la jornada, el gobierno y los medios afines hicieron una campaña macartista contra la movilización, a la que acusaron de "vandálica" por las pintadas (¡!). Pero la marcha recogió apoyo entre los vecinos de la capital. Los manifestantes coreaban la consigna "Corpacci, Lucía, aquí está el pueblo que le dice no a la mina", lo que pone a la lucha contra la instalación de la minera directamente enfrentada con la política del nuevo gobierno. Más allá de cambiar de maquillaje, el acuerdo cerrado por el anterior gobierno de Brizuela y el silencio del actual gobierno cuando Alumbrera cerró el convenio por el cual compra Agua Rica -con lo cual viabiliza su instalación- mantiene todos los privilegios y concesiones otorgados a estos grupos.

Por otro lado, avanza un ajuste en regla contra todo el pueblo. Esto va a poner la lucha contra Agua Rica y contra la minería a cielo abierto en la perspectiva de la lucha más general para frenar la intención de volcar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. En el documento leído frente a la Casa de Gobierno se denunciaba la política minera del kirchnerismo y el avance de la criminalización de la protesta y la persecución de los luchadores.

Al finalizar la movilización, se realizó una asamblea que convocó a una próxima reunión de coordinación, para fortalecer la lucha en las diferentes regiones y avanzar en un plan de lucha regional.

Corpacci asume con Estado policial

El 9 de diciembre asumió el gobierno de Lucía Corpacci con todo su gabinete. El acto se realizó en la plaza principal con un operativo con retenes que revisaban a todo el que ingresaba, para evitar algún tipo de protesta de los grupos antimineros que se movilizaron.

Grupos de policías cubrieron los cuatro ingresos a la plaza, por un lado, protegiendo a un gobierno que sabe que tiene que avanzar en una línea de ajuste; y, por el otro, pusieron de manifiesto el giro represivo que va de la mano de su intención de regimentar la movilización popular y sofocar cualquier tipo de reclamo.

Uno de los ministros juró al asumir por Vicente Saadi. Lejos de ser un detalle, nos muestra que no sólo se mantiene la misma política que tenía el Frente Cívico que gobernaba la provincia, sino que, de la mano del kirchnerismo, reaparece la política de los que habían sido enterrados por la movilización popular. Es, en síntesis, lo que trata de hacer el gobierno: recomponer lo que la lucha del pueblo se sacó de encima.

Pablo

Poco tiempo después, tuvo la primera respuesta en su propio campo, en las elecciones nacionales, el oficialismo perdió en los departamentos que más se verían afectados por esta actividad, Famatina y Chilecito.

Posteriormente, se realizaron en Famatina, primero, y en Chilecito, después, movilizaciones de una gran masividad.

La crisis política en el departamento Famatina no se hizo esperar. El coqueteo del intendente bederista con la asamblea y la negativa de éste a hacerse presente en la firma del convenio con Osisko llevó a que el gobernador kirchnerista Beder Herrera armara una suerte de "municipio paralelo" con la diputada Olima.

De esta forma y de la mano de Olima y del secretario de Minería de la provincia, recurrió a una suerte de extorsión a los pobladores de Famatina, entregando electrodomésticos, dinero para medianeras, becas laborales, etc., a cambio de que firmaran una solicitada en favor de esta actividad; sólo logro 200 firmas, cuando la asamblea tiene firmada ante escribano público 1.400 firmas de pobladores que se oponen a la mega-minería.

Una lucha popular

Luego de esta suerte de avanzada del gobierno, las asambleas de Chilecito y Famatina decidieron cambiar el lugar de la marcha anteriormente planificada con las asambleas de toda la provincia para el 9 de diciembre a la capital de La Rioja; se convocó así a una caravana de Chilecito hacía Famatina para allí realizar una movilización conjunta.

Una intensa agitación de las asambleas, un programa de radio "25 horas por el Famatina" e intervenciones artísticas llevaron a que ese 9 de diciembre una caravana de 150 autos, dos colectivos y camiones cargados de gente saliera de Chilecito para Famatina y realizar una gran movilización de 5.000 personas.

Es necesario decir también que las otras asambleas de la provincia llevaron a cabo ese mismo día la marcha en la capital de la provincia con una gran asistencia.

"Listas negras" de la empresa y del gobierno

La primera intención de escribir este artículo era realizar una crónica de esta importante marcha, pero la lucha no da tregua.

El gobierno provincial no va a dar fácilmente el brazo a torcer, su perspectiva (ante una crisis mundial que golpea duro por estos lados ante el cierre de mercados en el exterior para los cultivos de la uva y los olivos, dos de las actividades económicas más importantes, que ya llevó a suspensiones y despidos) es avanzar en la entrega de nuestros recursos naturales, aunque esto conlleve a la contaminación del agua y el saqueo de empresas multinacionales.

El 15 de diciembre se hicieron presentes en Famatina personeros del gobierno provincial acompañados de representantes de Osisko, para reunirse con el intendente. Enterado el pueblo de Famatina de esta reunión, comenzó a convocarse el pueblo acompañados por asambleístas de Chilecito. Esto llevó a que la reunión se terminara rápidamente y acompañados del grito "El Famatina no se toca", se los echó de Famatina y Chilecito.

En medio de la huida de los representantes de las empresas mega-mineras, dejaron abandonada una carpeta abierta donde se realizaba la reunión, y a sorpresa nuestra, es que encontramos una lista con los nombres de las personas que asisten a las asambleas, su lugar de trabajo y una suerte de caracterización de cada uno (cabecilla, agresiva, opositor), como también aparecen en esta lista todo un abanico de funcionarios del intendente.

Llevaremos adelante una gran campaña de denuncia por todos los medios necesarios para que el accionar delictivo de la empresa y del gobierno persiguiendo a la población que se ha manifestado mil veces ya en contra de la minería a cielo abierto, se acabe.

Corte de ruta y asamblea

Las asambleas, los cortes de ruta, los escarches a funcionarios, el bloque al paso de camionetas y camiones de empresas mineras que pasan por estos lugares son los métodos que llevaron a las anteriores victorias y que nos permitirán conseguir una nueva victoria. Para ello es necesario mantener la independencia de las asambleas de los partidos patronales (kirchneristas, filo-kirchneristas, peronistas, radicales) que coquetean con esta lucha y que proponen acciones "distraccionistas".

La expulsión de las empresas mineras de la provincia será una gran victoria del pueblo de La Rioja, nos dejara en mejores condiciones de poder discutir entre todos los explotados de la provincia una salida política y económica a la miseria a la que nos han sometido una seguidilla de gobiernos entreguistas y represores; una salida que dé respuesta a las necesidades de la mayoría de los riojanos.

Pedro Carrizo

A casi cuatro años del fallo de la Corte Suprema que ordenó a los estados de la nación, la provincia y la ciudad el saneamiento del Riachuelo, los avances son modestos. A los enfrentamientos entre las administraciones involucradas (Kirchner, Scioli, Macri), se añaden problemas presupuestarios, ya que el Banco Mundial no ha destrabado un crédito por 840 millones de dólares con el que se pensaba financiar algunas de las obras más importantes.

Pero sobre todo, continúa la contaminación de la cuenca por parte de las grandes empresas radicadas en sus orillas, al amparo del poder político. "El primero de junio se hizo una presentación penal ante la Corte Suprema contra Sadesa (una multinacional del cuero que sólo en la Argentina factura más de 1.000 millones de pesos al año), Camilo Ferrón (agroindustrial nacional con fábricas en Chile) y Contetodo (residuos peligrosos). Ese día una marcha de vecinos de Villa Fiorito y Caraza acompañaron la denuncia de La Alameda y el MTE" (La Política Online, 21/11). En las proximidades de la cuenca Matanza-Riachuelo, "uno de los acuíferos superficiales más contaminados del mundo" (Diario de Cuyo, 4/11), se encuentran radicadas 19.000 empresas.

El propósito

A lo largo de 2011, se ha llevado adelante la relocalización de algunos de los numerosos asentamientos ubicados a la vera del río, con el propósito de formar un camino ribereño de 35 metros de ancho. Según un fallo del juez federal Armella que reclama a los gobiernos un plan de forestación de dicho camino con distintas clases de árboles, se trata de "convertir la ribera del Riachuelo en un verdadero lugar de paseo, con alto valor paisajístico" (La Nación, 15/11).

En la lógica del gobierno, la limpieza del Riachuelo no está motivada por "el 96,4 por ciento de los habitantes de la cuenca que está expuesto a una amenaza de riesgo ambiental que se traduce en tasas de mortalidad que superan la media del país" (La Nación, 9/12), sino por la oportunidad de montar nuevos negociados inmobiliarios. Es necesario un control del plan de saneamiento por parte de las organizaciones ambientales y obreras para frenar efectivamente la contaminación de la cuenca, y abrir una deliberación entre la población trabajadora de la zona sur acerca de su futuro. No a un nuevo Puerto Madero, sí al derecho a la vivienda y el esparcimiento de las familias obreras.

Gustavo Montenegro

El "nuevo" mandato de CFK arrancó profundizando el modelo prominero.

Esto se nota especialmente en las provincias que han pasado al cristinismo (Catamarca, Chubut, Río Negro), que se suman así a San Juan, Santa Cruz, Jujuy y Salta, y a otras, con vínculos más recientes como La Rioja y Mendoza. La "política de Estado" con la minería, que Kirchner anunció en 2004, fue ratificada por su sucesora, en diciembre del año pasado, al anunciar el Acuerdo Social Minero. La ratificación ahora de un cuarto mandato de Mayoral como secretario de Minería, es una expresión concreta de esta estrategia. La Caem (la cámara empresaria) devolvió el favor y reeligió por consenso una comisión directiva con fuertes tintes oficialistas. Las mineras grandes como Barrick participan de la Comisión Directiva, "con bajo perfil" (Bae, 16/11).

Empresas provinciales

La nueva estrategia gubernamental implica involucrarse directamente en el negocio, creando empresas provinciales que se asocien con los pulpos mediante contratos de concesión. El modelo se probó ya en Santa Cruz, donde la estatal Fomicruz está asociada con Anglo Gold en la explotación de Cerro Vanguardia desde los '90 y sigue firmando nuevos contratos (El Cronista, 17/11). También San Juan tiene su empresa provincial, el IPPEM, que ha facilitado los proyectos de Barrick, Yamana (Gualcamayo) y Casposo. En avanzado proceso se encuentra el megaproyecto de Pachón, propiedad de Xstrata, cuya construcción podría comenzar en el 2013 (Julian Rooney en Infobae, 26/11). La Legislatura de Catamarca ha sido convocada a sesiones extraordinarias para aprobar la formación de la empresa provincial Camyen SE (Catamarca Energética y Minera Sociedad del Estado); Mayoral, precisamente, llama a "recuperar el tiempo perdido durante el gobierno del FCyS" y de Benítez, presidente del Ymad (Esquiú, 16/12), en alusión al acuerdo otorgado para que Xstrata compre Agua Rica y alargue la vida útil de las instalaciones de la mina La Alumbrera. Jujuy también tiene en marcha una empresa similar, al igual que La Rioja. La asociación minoritaria del Estado con los pulpos pretende desarmar la presión para aumentar los impuestos, y viene acompañada de la formación de fideicomisos que recogerían parte de los beneficios de esa asociación para ser destinados a obras de infraestructura (El Cronista, 17/11). Se inicia, de este modo, el período de endeudamiento de los Estados provinciales con los pulpos mineros.

Chubut

Chubut fue la cuna del movimiento popular contra el saqueo minero. El 5 de diciembre, una impactante columna de más de tres cuadras, con 2.000 personas, recorrió la ciudad, para recordar el plebiscito que bloqueó el proyecto de Meridian Gold con más del 80% de rechazos. La provincia se vio obligada en ese entonces a dictar la ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, pero con el tiempo aparecieron otros proyectos. Desde hace poco más de un año está lanzado el proyecto Navidad, de la canadiense Pan American Silver, que explota actualmente el yacimiento de Manantial Espejo en Gobernador Gregores (Santa Cruz), que es uno de los yacimientos de plata más voluminosos del mundo -y la plata cotiza hoy tres veces más que hace tres años. El gobierno de Das Neves ya había prometido a la minera darle curso favorable, luego de las elecciones.

El nuevo gobierno de Martín Buzzi convocó enseguida a una reunión de gabinete en la meseta central (en Gan Gastre) para recibir la "petición" de 13 intendentes de la zona a favor de la minería y para modificar la ley 5001 (El Patagónico, 15/12). El gobierno acaba de publicar un mapa que ubica a la meseta central con un muy bajo riesgo ambiental. Aunque Buzzi dice que el mapa lo preparó el gobierno de Das Neves, es claro que apunta a modificar la ley 5001.

Vale (Mendoza)

Otra de las provincias con mayor resistencia popular a la minería es Mendoza. Poco antes de las elecciones el gobernador cristinista, Jaque, había suspendido la construcción de la mina de Potasio Río Colorado en el sur de la provincia propiedad de la minera brasileña Vale do Rio Doce, una interdicción que levantó a los pocos días. El 5 de diciembre, Cristina recibió en Olivos a la plana mayor mundial y nacional de Vale, junto a Boudou, De Vido, Giorgi y Mayoral. "Cristina Kirchner anticipó su deseo de visitar las obras de Potasio Río Colorado en el departamento Malargüe en febrero próximo en el marco de una conversación en el que la mandataria se explayó sobre su reciente reunión en Caracas con Dilma Rousseff" (Mining Press, 5/12). Hasta 2009, el proyecto estaba en manos del gigante minero Río Tinto, pero las aprobaciones requeridas sólo salieron a partir de su compra por Vale. Este proyecto en el que Vale invertirá dice que más de 5.000 millones de dólares, dará trabajo a numerosas firmas brasileñas como Odebrecht, Camargo Correa (Loma Negra), Ferrosur, Andrade Gutiérrez, etc. El potasio a extraer en el mayor yacimiento del mundo se exportará en su totalidad a Brasil, pues las tierras argentinas no utilizan potasio.

Divisas

Los efectos de la crisis mundial, que se manifiestan en el déficit fiscal y la fuga de divisas, determinaron la resolución que ordena a las mineras liquidar en el país el ciento por ciento de las divisas de exportación. En ese contexto el gobierno quitó a la minería un privilegio que Duhalde y los Kirchner habían mantenido desde 2001. Es un último recurso para resistir una devaluación. A cambio de esta medida menor y provisional, las empresas han ganado una mayor protección oficial, en especial contra las presiones ambientalistas. La ley de Glaciares, como anticipamos, duerme cajoneada.

Miguel Gómez

Ya se han realizado 17 reuniones de los países integrantes de la ONU en 17 diferentes países y se firmaron otros tantos acuerdos pero la temperatura del planeta sigue subiendo. Ahora se plantean firmar un compromiso en 2015 para empezar a cumplir con la reducción de emisiones recién en 2020.

El clima y sus consecuencias

El cambio climático, que puede medirse en aumento de la temperatura media del planeta, se debe fundamentalmente a la emisión de gases de efecto invernadero (GEIs) generados en casi todas las actividades productivas y de transporte. Se suele hablar de dióxido de carbono (CO2) como sinónimo de gas de efecto invernadero, debido a que los demás gases se relacionan mediante una equivalencia. En la primera Cumbre mundial realizada en Kyoto en 1997 se atribuyó el aumento de temperatura a la acumulación en la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafloruro de azufre (SF6). Algunos de estos tienen un poder de calentamiento mucho mayor que el CO2, pero su producción es más pequeña.

Ahora se suma el trifloruro de nitrógeno (NF3), un gas utilizado en la fabricación de pantallas de plasma y de algunos paneles solares. El NF3 tienen un poder de calentamiento 17.200 veces superior al del CO2. Comenzó a usarse en cantidades muy pequeñas en combustible de cohetes. Según un estudio de 2008, publicado en Geophysical Research Letters, la producción en 2008 era ya de 4.000 toneladas y podría doblarse en 2010, con la eclosión de las pantallas de plasma.

Este aumento general de las concentraciones de gases en la atmósfera impide la salida de la radiación solar emitida por la tierra y, por lo tanto, se incrementa su temperatura. Este fenómeno provoca deshielos y consecuentemente aumento del nivel del mar. Por ejemplo, las islas Maldivas desaparecerán antes de que este siglo termine. Muchos territorios quedan expuestos a los tsunamis al quedar cubiertos por el agua los arrecifes que protegen sus costas. También se ha aumentado la frecuencia de procesos de intensas lluvias con inundaciones prolongadas y, contradictoriamente situaciones de sequía extrema.

 Suele ocurrir que la población más pobre se asienta sobre los suelos más vulnerables.

 Veinte años no es nada

El Protocolo de Kyoto firmado en 1997 es la consecuencia de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (Río '92) que se planteó un lapso de veinte años para cumplir metas de reducción de emisiones.

Según la propuesta inicial de 1997, los países firmantes del Protocolo de Kyoto debían lograr que en el plazo que va de 2008 a 2012, las emisiones de GEIs descendieran un 5,2% por debajo de las registradas en 1990. Desde entonces las emisiones han crecido un 49%. Sin palabras.

En el Protocolo se dividieron los estados en dos anexos: lo países desarrollados (anexo 1) aportantes al sistema, dado que han sido los que más gases generaron desde la revolución industrial, y los subdesarrollados (anexo 2), receptores de los aportes. Este Protocolo tardó muchos años en entrar en vigencia, dado que países muy grandes no lo firmaron. Recién en 2005 lo suscribió Rusia y entró en vigor, y aunque USA nunca lo firmó se ve involucrada en el compromiso de reducción de emisión de gases. Se necesitaba de la ratificación de suficientes países desarrollados responsables de al menos el 55% de las emisiones mundiales para empezar a cumplirse el Protocolo.

Pero ya este tratado había sido un fracaso mayúsculo, y no sólo porque Estados Unidos se negó a suscribirlo. Para alcanzar la meta propuesta de reducción de emisión de gases, el tratado estableció los llamados "bonos verdes", que comenzaron a circular algún tiempo atrás. En la práctica, estos mecanismos habilitan a los países del hemisferio norte a contaminar en la medida en que inviertan bonos verdes en zonas captadoras de carbono, en los países del hemisferio sur.

Cada bono verde (o certificado de reducción de emisiones) se emite por tonelada de gases efecto invernadero que se evita liberar a la atmósfera. En lugar de reducir las emisiones, que pueden cambiar de un lugar a otro, crecía entonces un gran negociado financiero, con bancos que colocan títulos y cobran comisiones. Doce años después, las emisiones de dióxido de carbono de la industria y el transporte, más la deforestación, responsables del calentamiento de la atmósfera, no sólo no se han reducido sino que se han incrementado dramáticamente desde 2002, y nos acercamos al triple de la media anual de los noventa (El País, 15/11).

A medida que se veía la imposibilidad de cumplir los compromisos fue cambiado la jerga, ahora se habla de "adaptación" al cambio climático. Confesando la imposibilidad de influir sobre el aumento de temperatura global con el modo de producción del sistema capitalista.

Resultado de la reciente Cumbre de Durban

Después de dos semanas de intensísimas negociaciones, y en la sesión plenaria del 11 de este mes, para tratar de salvar la conferencia, los representantes de los 192 países participantes han acordado prorrogar los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto.

La colocación del mecanismo de funcionamiento del Fondo verde, destinado a "ayudar" financieramente a los países en "vías de desarrollo" que tienen que hacer frente al cambio climático, también ha sido ratificada en Durban. Sin embargo, la cuestión central de la alimentación de este fondo se queda a este día ampliamente sin respuesta, mientras que el compromiso tomado en Copenhague, hace dos años, es acabar en 100 mil millones de dólares al año a partir de 2020. Una verdadera limosna, además, si se tienen en cuenta los billones destinados al salvataje de los bancos.

En síntesis, la cumbre ha decidido posponer para el próximo año la decisión de definir el periodo de tiempo en el que estará en vigor de nuevo el Protocolo. Asimismo, los países han acordado que seguirán trabajando para aprobar en el 2015 un documento que sea válido para todos los países (no sólo los del anexo 1) a partir del 2020.

Cabe recordar que el status de China, India y Brasil países subdesarrollados (anexo 2) ha ido cambiando en el transcurso de los 20 años.

La anfitriona de la cumbre, la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashabane, se ha felicitado por el resultado final. "Hemos venido aquí con un plan A y hemos concluido este encuentro con un plan A para salvar el planeta por el futuro de nuestros hijos y nietos", ha señalado. En fin ... de esto vive la casta de burócratas de los organismos internacionales y también nacionales, y algunos capitalistas "adaptados al cambio climático".

Más crisis, más emisiones

La crisis financiera global no ha reducido las emisiones totales de CO2 en el planeta, como muchos esperaban. Tras una ligera caída de las mismas en 2009 (del 1,4%), se ha retomado la tendencia al crecimiento en 2010 (incremento del 5,9%), hasta el punto de que el año pasado se llegó a los 10.000 millones de toneladas, todo un récord. Son los datos de un análisis científico presentado en la revista Nature Climate Change. Las emisiones globales de dióxido de carbono generadas por la utilización de combustibles fósiles han aumentado un 49% en las últimas dos décadas (El País, 12/12).

El crecimiento hay que apuntárselo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, o algunos de ellos. "El impacto de la crisis financiera de 2008-2009 en las emisiones globales ha sido breve debido a los fuertes incrementos en las economías emergentes, al retorno al crecimiento de las emisiones en los países desarrollados y al incremento de la intensidad de los combustibles fósiles en la economía mundial", dicen los científicos en el informe.

El incremento global del año pasado "fue debido a las altas tasas de aumento de unas cuantas economías en desarrollo como China (10,4%) e India (9,4%), aunque la contribución de algunos países desarrollados fue también sustancial en términos absolutos: por ejemplo, Estados Unidos, 4,1%, Federación Rusa, 5,8% y los 27 países de la Unión Europea, 2,2%".

Otra particularidad del modo de producción actual es la incidencia del transporte en las emisiones de gases. Los países subdesarrollados aumentan su producción de comodities. El traslado de estas producciones primarias a los centros mundiales de consumo genera emisiones en el transporte. Tanto es así que en una de las convenciones se propuso un aumento del impuesto al transporte marítimo, aunque también incide mucho el aéreo y el terrestre.

Para el capitalismo no se trata de un problema ambiental, sino de ganancias. Para los pulpos petroleros, la crisis energética es una oportunidad: si no hay consenso sobre un cambio en la matriz energética mundial, el barril del petróleo podría aumentar.

Las expectativas en la energía nuclear se desvanecieron con la mayor catástrofe nuclear mundial ocurrida en Fukushima, Japón, que dejó un tendal de 70.000 refugiados permanentes y una zona de exclusión de 30 km alrededor de la Central (National Geografic en Español, diciembre 2011).

Conclusiones

La realidad del calentamiento global, y la imposibilidad de que se llegue a un acuerdo entre los países capitalistas, ha llevado a que se plantee que estamos ante el borde de una crisis civilizatoria, provocada por una suerte de "exceso" productivo e industrializador. La solución sería entonces detener el desarrollo de las fuerzas productivas? O el de las fuerzas destructivas del capital?

Y esto, cuando ya existen las condiciones científicas y técnicas para evitar la destrucción del medio ambiente mediante el desarrollo de técnicas de conservación de la energía y de mejora de la eficiencia energética, junto con tecnologías de energías limpias (eólica, solar, biomasa, vehículos a hidrógeno, etc). Los científicos hasta han calculado su costo económico: se requeriría el mismo nivel de inversiones que hoy se destina a la investigación en energía nuclear o por el uso de combustibles fósiles, unos 10 billones de dólares durante las próximas décadas (El Cronista, 16/11/09). Las conclusiones de los científicos, por más intergubernamentales que sean, no llevan a ningún resultado práctico. El fracaso de las sucesivas "cumbres" intergubernamentales no es casual: en el cuadro de la decadencia capitalista, cuando los capitales buscan desesperadamente evitar la caída de su tasa de beneficio, las rivalidades entre los monopolios capitalistas y entre sus Estados impiden cualquier acción conjunta. La resolución de los problemas ambientales requiere de una acción concertada y planificada del conjunto de la humanidad, pero el mercado es el reino de la anarquía en la búsqueda de ganancias y opuesto a una asignación racional de recursos (Pablo Rabey, Prensa Obrera diciembre 2009).

La crisis climática pone en cuestión la organización misma de la sociedad; junto con la crisis alimentaria mundial, es un aspecto más de la decadencia del capitalismo. El avance de la ciencia posibilita el desarrollo de las fuerzas productivas en forma sustentable; pero, para ello, los trabajadores del mundo deben tomar la palabra. (igual fuente, igual vigencia).

Alicia Rodríguez

Cien años de explotación petrolera y nada

Los datos históricos señalan que Francisco Tobar, un español, realizó la primera perforación en 1906, quien había conseguido 29 concesiones, entre las que estaban Campo Durán y Campamento Vespucio. La explotación la hacía a través de la empresa Mina Argentina, de la cual Tobar era propietario. Tobar participó de la Exposición del Centenario en Buenos Aires (1910), donde pudo exhibir las muestras de petróleo de la zona. Al año siguiente, inicia los trabajos de perforación en Campo Durán. Ya en 1912, el gobierno nacional informa de los trabajos de sondeo y perforación en la zona de Tartagal. Tobar transfirió luego las concesiones a YPF. Sin embargo, la que produjo el desarrollo inicial más importante fue la Standard Oil, que hizo acuerdos con el gobierno salteño, representado entonces por el gobernador Avelino Aráoz. El gobierno de Uriburu anuló el contrato, pero la corte lo validó. El gobierno de Salta firmó un nuevo contrato y la Standard Oil montó campamento en Tartagal. Posteriormente, luego de diez años, la Standard Oil vendió todos sus activos locales a YPF y sus empleados pasaban a la empresa estatal. YPF se afirmó como la única empresa que realizó las exploraciones y explotación de los hidrocarburos, como en el resto del país. El desarrollo económico de la zona fue gracias al influjo de las actividades de la petrolera estatal, que construyó barrios, hospitales, centros de salud en todas las localidades, proveedurías y transporte escolar gratuito para los hijos de los trabajadores. La mano de obra de sus operarios fue altamente calificada, reconocida mundialmente, que sus trabajadores eran solicitados para trabajos específicos en otras latitudes.

Kirchner-Sobisch-Romero: el triángulo menemista de la entrega

En los '90, el principal grupo de presión para la privatización de YPF fue la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), presidida por Kirchner, y que agrupaba a las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Dentro de esta organización de corte patronal, los gobernadores de Salta, Romero, y de Neuquén, Sapag, fueron los más activos impulsores, junto a Kirchner, de la entrega de YPF. El quórum se logró con maniobras impensadas, como la de Kirchner, que mandó el avión de la gobernación de Santa Cruz para que traslade al diputado Rafael Flores, que estaba enyesado, para que levante la mano y lograr la privatización de la petrolera estatal. De conjunto, estas provincias recibieron más de 3 mil millones de dólares por "regalías mal liquidadas", por ejemplo, Santa Cruz embolsó 654 millones de dólares y Neuquén 614 millones de dólares. Cifras similares el resto de las provincias.

Los gráficos son contundentes, la declinación de las reservas probadas de la cuenca del NOA es un dato nada alentador. Las causas de esta situación obedecen a que las operadoras de áreas han venido sólo explotando la mayoría de los pozos existentes y que fueran descubiertos por los trabajos de exploración de la división Sísmica de YPF. Las inversiones en nuevas exploraciones, comparativamente con la cantidad de pozos descubierto por la petrolera estatal, son casi nulas. Pero, además, la tendencia de las multinacionales es forzar, y lo está logrando, que el precio de los hidrocarburos en nuestro país vayan alcanzando el nivel de los precios internacionales.

Refinor: ¿una refinería en peligro?

Hace un tiempo, junio de 2008, se generó un conflicto porque se comenzó a prescindir de 32 trabajadores de la planta de Campo Durán, a raíz de una decisión de la Secretaría de Energía de la Nación, de que se despache el gas sin tratamiento en Turboexpander, proceso de separación y tratamiento del gas. Con esta decisión, las necesidades de personal disminuyeron y se generó un conflicto. El 26 de octubre pasado, en la localidad de Yacuyba, se firmó un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la española Técnicas Reunidas suscribieron el contrato para la construcción de la planta separadora de licuables Gran Chaco. Esta planta se radicaría en Madrejones, que está en los límites de la frontera con Bolivia.

"El primer semestre de 2014, la mega-planta comenzará a producir 2.247 toneladas métricas por día de gas licuado de petróleo, 1.658 barriles por día de gasolina, 1.044 isopentano, 3.144 toneladas métricas por día de etano. El etano que se extraerá del flujo de gas natural, que exportará a la Argentina, será la materia prima para la petroquímica", destacó el presidente de la petrolera estatal (NoticiasBo, 27/10). Indudablemente, a partir del incremento de las importaciones de gas boliviano y que es tratado en Refinor, con la instalación de esta planta, los bolivianos intentan darle valor agregado al gas que exportan. Por supuesto que un gas industrializado no solamente será más caro sino que, además, puede producir la merma en las operaciones de la planta de Refinor en Campo Durán. Esto generaría la disminución de personal.

Pongamos fin al saqueo

Todo indica que el horizonte petrolero sólo es prometedor para las transnacionales. Y como contrapartida, lo que se vislumbra para los trabajadores petroleros en particular, y para los habitantes de la zona más rica de la provincia no es nada alentador. Recientemente, a instancias de los trabajadores desocupados de la industria petrolera, el gremio se vio forzado a convocar a un paro con afectación de la producción para el lunes 5 de diciembre de 2001, en reclamo de reincorporación de 300 trabajadores que fueron cesanteados por las distintas operadoras y contratistas. La decisión se tomó en una asamblea, luego que el grupo de desocupados reclamara con una manifestación, frente de la sede del Sindicato de Petroleros Privados. Debemos tomar cuenta de la situación que se presenta, luego de más de 100 años de saqueo ininterrumpido de los recursos hidricarburíferos de la región. Por un lado, incrementó de la desocupación y, por otro lado, una renta petrolera que es una migaja. Las regalías que recibimos ni se comparan con las que hoy dejan en Tarija las petroleras, algo más de 2 millones y medio de dólares diarios. Las promesas de "invertir" 220 millones de pesos, luego de hipotecar las miserables regalías que cada vez serán más exiguas, es una burla. Para terminar con este saqueo, es necesario organizar a los desocupados y trabajadores activos en función de un la lucha a fondo por la nacionalización de los hidrocarburos bajo control obrero.

Pepe Barraza

La Audiencia Pública convocada por el municipio registró un contundente rechazo al proyecto de dragado en Cerri que impulsa a cualquier costo el gobierno municipal (ver PO Nº 1.203). De las 120 exposiciones que hubo, más del 80% se pronunciaron en contra de este nuevo negociado.

La contundencia de los argumentos contrarios al dragado tiene dos bases muy sólidas: 1) la experiencia del pueblo bahiense con los "accidentes" ambientales y las muertes de trabajadores generados por la voracidad de las empresas del Polo Petroquímico (PPBB), y 2) el pronunciamiento en cascada de organismos científicos que llegaron a catalogar al proyecto como "el mayor error ambiental de la historia de Bahía Blanca" (Dr Zalva, vicedirector del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS).

Cortina de humo:

El intendente Breitenstein (FpV) -por boca del secretario de Gobierno Lliteras- pretende ahora distraer a la población bahiense y ocultar la derrota que sufrió el proyecto en la Audiencia con una campaña difamatoria contra el PO y otras organizaciones que intervinieron en la Audiencia en oposición al proyecto. Las mentiras de Lliteras son la excusa para no hablar de la cuestión de fondo: el dragado de la ría en Cerri es indefendible. Está claro que el municipio -y el gobierno provincial y nacional- se disponen a desconocer el pronunciamiento popular de la Audiencia que ellos mismos convocaron. Quieren seguir con el proyecto "caiga quien caiga". Negocios son negocios.
La burla a la voluntad popular por parte de Breitenstein tiene antecedentes: en los casos de la instalación del buque regasificador (bautizado popularmente como el buque-bomba), o el emplazamiento de la empresa Vale, las Audiencias Públicas fueron consideradas por el gobierno como un requisito legal, sin preocuparse por la mayoritaria opinión de rechazo.

literas invoca los votos del 23 para desconocer el mandato popular que surge de la Audiencia, ¡Pero los trabajadores el 23 no votamos el dragado, como tampoco votamos el tarifazo que nos quiere enchufar el gobierno al que Lliteras pertenece!

La importación de gas, los subsidios y el tarifazo:

La importación de gas licuado -que se regasificaría en la planta de Cerri, para lo que se requiere el dragado de la ría para que accedan los buques que lo traen- es la consecuencia del saqueo de Repsol y las petroleras que han agotado los recursos, girado los dividendos, y extenuado las reservas sin poner un peso en exploración.

El dragado en Cerri y el tarifazo nacional son hermanos siameses paridos por el maridaje entre el gobierno y las petroleras.

Luego de la audiencia el Concejo Deliberante resolvió solicitar al ministerio de gobierno de la provincia que incluya en el expediente los informes científicos que advierten sobre las consecuencias del dragado. Pero esto no garantiza la caida del proyecto. El fuerte rechazo popular a la destrucción de una reserva natural; una ciudad castigada por los pulpos del PPBB con catástrofes ambientales y 17 trabajadores muertos; vecinos que denuncian contaminación de las destilerías; pescadores artesanales que ven desaparecer su medio de vida porque pescan en la ria, y un largo etcétera; esta enorme presión desembocó en los informes científicos, se manifestó en la Audiencia y ahora explica la maniobra dilatoria del Concejo.

• No al dragado

• No al tarifazo

• Que se abran los libros de las empresas energéticas al control popular.

• Nacionalización sin indemnización de las empresas petroleras y gasíferas bajo control de los trabajadores.

Néstor Conte

En Luján se encuentra la 'emblemática' curtiembre Curtarsa, que a lo largo de décadas ha envenenado a la población de Jáuregui exponiendo a sus obreros a la manipulación de las sustancias más tóxicas. La Asamblea Ambiental ha denunciado numerosos casos de cáncer en el pueblo. Al día de hoy, Curtarsa está cerrada. Sus patronos aducen como causa la crisis del cuero. Pero avanza un vaciamiento planificado por esta patronal italiana, con unos 500 trabajadores suspendidos, sin cobrar un peso (lo único que reciben es el Repro). La contaminación ambiental y la superexplotación laboral son las dos caras de una misma moneda. Cuando lo que se busca es oponer el trabajo o el desarrollo frente a la salud (enfrentar a trabajadores y vecinos), nosotros decimos que un medio ambiente sano y el trabajo digno van de la mano. Que comisiones obreras y vecinales, en asamblea, discutan cómo poner en marcha nuevamente la planta bajo control de las condiciones de seguridad e higiene de la misma.

¿Y la cuestión de los agrotóxicos? En Luján se ha triplicado el cultivo de soja, que llega a los bordes del casco urbano. Las recurrentes fumigaciones, aéreas y terrestres, han concitado un movimiento de vecinos para frenarlas. Hace unos meses, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece una distancia de 500 metros de los poblados para las aplicaciones terrestres, y la prohibición de las aplicaciones aéreas. Pero parece que la ordenanza es papel mojado, porque todas las semanas vecinos de varios barrios denuncian que los "mosquitos" fumigan violando las distancias permitidas. Y, como yapa, el intendente electo de Luján, el vecinalista Luciani, dejó entrever el levantamiento de las prohibiciones aéreas. Muestra ya los dientes de quienes representa: la patria sojera. Para la Sociedad Rural sojera hay tierras, incluso públicas. Para un plan de viviendas populares, en un distrito con un déficit habitacional enorme, no hay tierra.

Queremos mencionar también la lucha de los vecinos contra la Hormigonera, que funciona en el barrio Lanusse con toda impunidad. Exigimos su relocalización garantizando la fuente laboral a sus obreros.

¿Y la cuestión del basural, que tras promesas de cierre sigue vivito y coleando? Es el foco de contaminación más grande del distrito. Lo único que avanza aquí son los "gastos de consultoría".

Por un centro de tratamiento alejado del ejido urbano y ofrecer los puestos de trabajos a los cartoneros y recicladores que transitan por allí, con salario y convenio.

La lucha en defensa del medio ambiente atañe a todo el pueblo lujanense.

Organicemos un plenario abierto para encararlo: nosotros participaremos incondicionalmente de esta lucha en defensa de la calidad de vida de nuestro pueblo, contra la voracidad y la superexplotación capitalista.

Partido Obrero Luján (26/11/11) - ujs.po.unlu@gmail.com

La Legislatura porteña aprobó, por unanimidad, una ley que crea un fondo de 20 millones de pesos para indemnizar a los vecinos afectados por el derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232. De acuerdo con proyecto, se entregan entre 100 y 150 mil dólares (dependiendo de la cantidad de metros cuadrados) por cada propiedad, más un subsidio de entre 50 y 70 mil pesos por las pertenencias perdidas y seis meses de subsidio para el pago de alquileres. A cambio, los inquilinos renuncian a hacerle juicio al Estado y el Gobierno de la Ciudad se queda con la demanda contra la constructora del edificio lindero.

El derrumbe de la calle Mitre, que dejó como saldo una víctima fatal (apareció bajo los escombros el hombre de 74 años que se encontraba desaparecido), puso en evidencia el peligro que suponen para la seguridad de los trabajadores y habitantes de la ciudad los negociados de la construcción y la especulación inmobiliaria, a partir de centenares de obras que no respetan las normas de seguridad en materia de excavación y submuración. En el caso puntual del derrumbe del edificio de la calle Mitre, la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño estaba al tanto de las anomalías en el edificio lindero, sobre el que pesaba una denuncia del 5 de agosto por "ruidos molestos y temblores producto de la excavación" (ver PO Nº 1.202).

En los días posteriores al derrumbe de la calle Mitre, se incrementaron notablemente las denuncias sobre obras peligrosas. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) canceló quince de ellas y divulgó un informe según el cual "829 están afectadas por un alto estándar de gravedad y unas cincuenta -en su gran mayoría excavaciones o demoliciones- se encuentran en estado de riesgo" (BAE, 16/11).

La SRT le exige al gobierno macrista que se sume a una mesa cuatripartita, integrada también por la Cámara de la Construcción y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Pero es poner al zorro a cuidar las uvas. La única salida es que el desarrollo de la construcción se halle orientado por las necesidades sociales (y no por el apetito del capital financiero) y que haya comités de control electos de trabajadores y organizaciones barriales sobre las obras.

Gustavo Montenegro

Por la nacionalización sin indemnización del petróleo y el gas bajo control de los trabajadores

La empresa YPF-Repsol presentó un proyecto de dragado de 6,5 kilómetros para extender los 45 pies de calado hasta el viejo muelle de Cuatreros, en General Cerri. El objetivo es construir una boca fija de descarga para los buques que traen gas licuado importado del Caribe, por un lado, y la construcción de dos islas con el material del refulado, por otro. Esto perimtiría ampliar las tierras para la radicación de nuevas industrias, provocando un feroz ataque al medio ambiente con la vaga promesa de crear empleo. Dada la experiencia de los bahienses con el Polo Petroquímico, los vecinos, organizaciones ambientales y científicos han salido a oponerse abiertamente al proyecto que hoy fogonea el kirchnerista gobierno municipal de Breitenstein. El Partido Obrero llama a manifestar masivamente la oposición al dragado y a intervenir en la audiencia pública del próximo miércoles 16, junto al Suteba y demás organizaciones populares.

Las causas

"El vaciamiento de las reservas de petróleo y gas, como resultado de la desinversión que se les consintió a los pulpos petroleros, acumuló en los últimos años una exorbitante factura de importaciones de gas natural y combustibles. Los proveedores de esos hidrocarburos son las mismas petroleras internacionales que en el país llevaron adelante la 'huelga de inversiones'. Con los recursos del presupuesto, el gobierno les paga el gas importado a precios internacionales. El desbarranque de los subsidios, por lo tanto, ha sacado a la superficie el final del llamado 'modelo productivo'" (PO Nº 1.202).

Repsol remite las utilidades que obtiene en nuestro país a su casa matriz (cuestión que, muy tardíamente, el gobierno de Cristina, ha pretendido frenar), lo que provocó una desinversión que ha agotado las reservas de gas que había para los próximos 23 años. Ahora pretende montar un negociado "justificado" en las consecuencias que provocó este saqueo.

Hipócritas

La juventud trabajadora de la localidad se emplea masivamente en forma tercerizada y precarizada -cooperativa trucha- en el frigorífico exportador de Villa Olga. En este negociado no sólo están la patronal, el Ministerio de Trabajo y la burocracia sindical, sino -fundamentalmente- el gobierno municipal. Para justificar el dragado, dicen que están preocupados por el trabajo y prometen ¡60 puestos laborales!

Un negociado de 200 millones de dólares

Eso es lo que se gastará en hacer los 6,5 kilómetros de dragado hasta el puerto de Cuatreros. La mitad lo pagaremos entre todos, a través de la empresa estatal Enarsa, para garantizar un negociado de la petrolera internacional.

Destrucción del medio ambiente

El dragado significa destruir uno de los pocos humedales que tenemos en el país, poniendo en riesgo de extinción a especies únicas que merecen ser preservadas. Investigadores de la UTN y de la UNS rechazan con fundamento científico el proyecto. Es necesario unir la lucha ambiental con la lucha social para reorganizar la sociedad sobre otras bases.

Marchemos masivamente el miércoles a la audiencia para manifestar la oposición popular a la depredación ambiental, al saqueo de los recursos energéticos y a la precarización laboral criminal. Que sea el primer paso de un plan de lucha sostenido por el No al dragado en Cerri.

• Por una asamblea que, con poder de veto, establezca las normas y vigile su aplicación para preservar el medio ambiente, la salud popular y evitar el fraude laboral, responsable de los accidentes. Elección de comisiones obreras y vecinales de seguridad e higiene ambiental en toda empresa, fábrica, taller, escuela y barrio.


• No al dragado.


• No a la depredación ambiental y laboral.


• Que la crisis energética la paguen los que la generaron.


• Nacionalización, sin indemnización de las empresas energéticas para garantizar la provisión. Control obrero para evitar los negociados y los tarifazos.

Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los trabajadores

Muy lejos no estaba la añorada vieja que tantas historias me contó... pero en el análisis de aquel le faltó un factor...

Dan como resultado un incremento moderado en la media anual. Sin embargo, la especulación inmobiliaria y la falta de planificación urbana, sumados a una política de desinversión en infraestructura, dieron un efecto contrario... o más que contrario, peor.
En las sierras chicas el promedio de lluvias anuales aumentó en los últimos 30 años, pero ante el desmonte inconmensurable del bosque nativo, la importación de especies exóticas (siempre verde y pinos en su mayoría), dieron al suelo la imposibilidad de retener el agua... el origen de dichos desmontes se dio justamente en la especulación inmobiliaria que ante los valores de los terrenos en Córdoba capital y la falta de planificación urbana libraron las tierras de bosques nativos a merced de los buitres amigos de lo fiscal.

En la zona norte y noreste de Córdoba el crecimiento poblacional ha sido exponencial. En lugares donde había montes hoy hay countries, barrios cerrados y terrenos valuados en más de 30.000 dólares. Este fenómeno no se dio sólo por necesidad de ir al norte, sino por la falta de viviendas en la gran ciudad, por la falta de trabajo digno y por sobre todo un déficit habitacional que ni a la municipalidad ni a la provincia les interesó diagramar, pues claramente el negocio lo habían hecho con los Suez, los Roggio, Bugliotti y compañía.

Ayer fue tema de todos los diarios la falta de agua en Salsipuedes, pero llegaron las lluvias y será indudablemente el tema las inundaciones de la zona norte de la ciudad de Córdoba, Argüello, Alta Córdoba y otros. Hasta los countries de la zona se inundarán como todos los años, demostrando que el problema no es falta de agua sino falta de bosques, falta de un programa que frene la especulación inmobiliaria y los desmontes.

Lo mismo que pasa en las sierras chicas pasa en toda Córdoba.

Pero para revertir esta situación hace falta un Estado presente y no aliado a los especuladores ni a los productores agropecuarios del cordón verde, sino un verdadero control conducido por organizaciones populares y vecinos que autoricen uno a uno los emprendimientos inmobiliarios y los desmontes, conscientes que a esta provincia no le falta agua sino un programa de conservación y resistencia a la especulación inmobiliaria.

Víctor S.

El 3 de octubre, dos mil manifestantes rechazaron el acuerdo entre el gobierno del kirchnerista Luis Beder Herrera y la empresa canadiense Osisko Minning, que pretende explotar el cordón montañoso Famatina. Desde 2004 se realizan medidas de protesta, tanto en Famatina como en Chilecito, en contra del denominado Proyecto Famatina. Motiva esta lucha el conocimiento de que la explotación minera va a liberar, mediante explosiones de los cerros, minerales tóxicos (arsénico, cadmio, plomo y otros) que afectarán la salud de los pobladores y el ecosistema de la región, pues las sierras regulan el clima y la provisión de agua de la provincia.

Hay metales pesados que quedan en la atmósfera en forma de partículas. Otros permanecen en diques residuales, contaminando el agua aun después de cerrada la mina. Las partículas suspendidas en el aire entran en el organismo por vía respiratoria; los metales pesados, que quedan en el agua de provisión de bebida, ingresan por el aparato digestivo. El impacto no sólo es local sino también regional, dado que los ríos que nacen en los cordones montañosos andinos proveen de agua al 70% de la superficie del país. Los pobladores realizan cortes de ruta y pintan murales alusivos a la depredación minera en Famatina. Con estas medidas de lucha lograron en un principio frenar las obras, pero la empresa comenzó luego a realizar secretamente un camino por el departamento Vinchina, pretendiendo continuar con la explotación minera, tanto de oro como de uranio.

Manifestantes en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja

Beder Herrera dice ahora que la minería no tiene restricciones en la provincia, cuando él mismo hizo aprobar tres leyes en ese sentido en 2007, con el objeto de quedar bien con las asambleas y ganarle las elecciones al anterior gobernador Maza. La marcha fue organizada por las asambleas ciudadanas de La Rioja, Chilecito, Famatina y otras localidades de la provincia. Los manifestantes sostuvieron que "el pueblo no les dio carta blanca para que contaminen las aguas y destruyan el territorio", en alusión al 68 por ciento de los votos que alcanzó Herrera el 29 de mayo cuando logró su reelección.

De esta situación sólo se puede concluir que, en medio de fuertes ganancias dadas por el alto precio de la materia prima, la patronal rechaza la efectivización de los trabajadores que cosechan en zafra 7.000 hectáreas de caña, machete en mano. El sindicato se encuentra en la picota, como producto de su responsabilidad por la agresión y del desconocimiento a la organización gremial de los cuarta -que genera división entre las bases, cuando los reclamos deberían unificarse para una mejora en las condiciones laborales de todos. Muchos trabajadores son extorsionados a actuar como desalojadores para obtener recategorizaciones, según comentan sus propios compañeros de fábrica.

Los voceros del gobierno provincial (Dirección Provincial de Trabajo) inducen al trabajo en negro en forma de cooperativas. Esa fue la última propuesta realizada al cuerpo de delegados de los cuarta, con la clara intención de desmovilizarlos. El PJ y la UCR declararon su apoyo incondicional, así como la posibilidad de otorgar más beneficios a través de subsidios y exenciones impositivas a los empresarios que vacían la provincia.

La vida útil de Ingenio la Esperanza está en manos de buitres; el futuro de la agroindustria ramaleña es incierto y propenso al desguace. La organización y lucha independiente de los trabajadores por el pase a planta de 400 jóvenes es inseparable del reagrupamiento por comisiones internas y asambleas de base para superar a la patronal, sus políticos del bipartidismo y los burócratas.

Mario Leguiza

En el cordón de las Sierras Chicas, en Punilla y en otros lugares de la provincia la crisis hídrica llegó a su punto más crítico. Los diques están en niveles récord de bajante. En localidades como Salsipuedes, La Granja y otros, los ríos se secaron. Los cortes y restricciones al consumo de la población llegaron al máximo posible. Si bien en los últimos años la provincia y los municipios desarrollaron algunas obras que apuntaban a mitigar los efectos de la crisis hídrica, esta sigue avanzando. ¿Por qué? Porque en los últimos seis años asistimos a una explosión de la especulación inmobiliaria.

Las lomas, los bosques nativos y campos de la provincia se transformaron en nuevos loteos, barrios privados, countries o complejos de cabañas. Como ejemplo: sólo en Mendiolaza, el cuarenta por ciento (40%) de la población vive en countries. Localidades como Río Ceballos y Unquillo abastecían de agua a sus pobladores desde el dique La Quebrada, que históricamente tuvo capacidad para aproximadamente 11 mil conexiones. Y en los últimos años se otorgó factibilidad de agua a más de 5 mil nuevos lotes. La factibilidad de agua es la clave para vender los lotes. Ningún municipio las ha negado. Actualmente, se desarrolla una lucha en la ciudad de Mendiolaza, porque el municipio pretende otorgar el permiso para la construcción del emprendimiento El Torreón, un loteo con centro comercial y cancha de golf con 18 hoyos, un total de 280 hectáreas. Sólo para la mantenimiento de la cancha se calcula que se necesitarán 700 mil metros cúbicos de agua por año, el equivalente al suministro para una población de 15 mil habitantes. Hace unos días, uno de los responsables de la situación, el empresario Bugliotti, anunció que obtendría la financiación por parte de la Nación para la construcción de un acueducto para las Sierras Chicas.

El hecho de que haya sido el especulador inmobiliario el que hizo el anuncio de la supuesta nueva obra pública, da cuenta de hacia dónde se dirige el beneficio: Bugliotti construye un megaemprendimiento en la ciudad de Salsipuedes. Los intendentes de la zona y el gobierno provincial no abren la boca al respecto. La crisis hídrica se profundiza. Sin embargo, los gobiernos siguen tirando de la cuerda en beneficio de un puñado de capitalistas. Ya el año pasados el PJ, la UCR y Juez votaron en la Legislatura la mal llamada "ley de bosques" cuyo nombre real debería ser ley de desmonte, y lo hicieron por cuenta y orden de los pulpos sojeros. El acueducto anunciado por Bugliotti tomaría agua del río Carnero, de Colonia Caroya. Esta noticia abrió una puja de intereses entre los capitales inmobiliarios y los sojeros.

El intendente de Colonia Caroya ya planteó su oposición, dado que esto privaría a los sojeros de la explotación de 4 mil hectáreas. Este hecho debe ser tenido en cuenta por las asambleas de vecinos que comenzaron a surgir por toda la región en defensa del agua y el ambiente, para levantar un programa de independencia frente a los intereses de los pulpos sojeros e inmobiliarios. Sobre la base de esta caracterización, desde la izquierda proponemos el siguiente programa de salida: -Preservación y recuperación de los bosques con las especies nativas verdaderas fábricas de agua. -Derogación de la ley de desmonte y aprobación del proyecto consensuado en la comisión de ecología de la Legislatura cordobesa. -Suspensión de factibilidad a cualquier nuevo loteo. -Poner fin al acaparamiento privado del suelo para la especulación, declarándolo de utilidad pública. -Impuesto progresivo al capital inmobiliario y sojero, destinado a solucionar integralmente la crisis hídrica. -Sistema de provisión de agua unificado, estatal y bajo control de usuarios y trabajadores.

Adrián Flores

La crisis energética que tiene nuestro país da para todo, incluso para anuncios de características electorales. La inauguración de la planta de Atucha II no es otra cosa que estrategia de campaña ya que la entrega de electricidad a los consumidores no se producirá sino en 2013 (Urgente, 28/9). Hay que recordar que la construcción de estas plantas ya lleva treinta años. Los anuncios de Cristina K no pueden disimular los casi 50.000 millones de dólares de subsidios energéticos que lleva en lo que va del año. Asimismo se anuncio la instalación de una planta nuclear en Formosa dentro del programa Carem, que impulsa la instalación de centrales de 25 MW que alcanzan para ciudades de no más de 100 mil habitantes. Es lo que denominan Carem 25, y que recién ahora se empiezan a estudiar la posibilidad de realizar algunas modificaciones en el reactor, para poder alcanzar potencias de hasta 330 MW (http://www.cnea.gov.ar).

La Presidenta quiere darle elementos de campaña a Gildo Insfrán, responsable de las represiones y asesinato de los aborígenes Qom. Estos anuncios se dieron en el marco de la denominada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Sin embargo, a raíz del desastre de Fukuyima en Japón ya se conocieron comunicados en rechazo a esta posibilidad. Así lo hizo el grupo de legisladores del Parlasur, órgano deliberativo del Mercosur, cuyos miembros "apuntaron que la construcción de una planta nuclear en la ciudad argentina de Formosa, Argentina, ante una posible catástrofe natural y su extrema sensibilidad a fallas humanas, constituirá una grave amenaza a la salud de la gente y al ecosistema circundante por los riesgos que implica una fuente energética de estas características" (http://www.ultimahora.com). Claro está que esto desarrollará una tendencia a la oposición de la instalación de la planta basada en esta posibilidad catastrofista. Precisamente porque la forma en que es utilizada la naturaleza, el modo de explotación de la misma no puede ser analizada al margen de la crisis económica mundial. Un régimen agotado termina usando los beneficios de la explotación de la naturaleza, sin importarle que ello entrañe peligros para la humanidad.

El dominio de la humanidad sobre la naturaleza sólo es posible en un régimen de nuevas bases, donde las masas decidan, en función de sus necesidades, la mejor forma de explotar la naturaleza, proteger el medio ambiente y por lo tanto a la propia humanidad. Es decir, en este caso, un plan político energético decidido por los trabajadores.

Pepe Barraza

En defensa de los sojeros y de Monsanto

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, dijo que, utilizado correctamente, el glifosato "es un producto que puede convivir perfectamente con el uso racional y la protección de la salud". Respecto de las manifestaciones en contra de este agroquímico, dijo que "surgen siempre denuncias de que hay más casos de cáncer, pero si vamos a las estadísticas eso no está". Binner pidió "desmitificar" acerca de la toxicidad del glifosato.

En diálogo con LT8, el gobernador santafesino se refirió a la resolución de la Justicia de San Jorge, que ratificó el fallo que limita las fumigaciones, que deberán hacerse a 800 metros del casco urbano -en el caso de las terrestres- y a 1.500 en el caso de las aéreas.

"Convengamos que el glifosato no es un producto nuevo, que lleva muchos años, hay una gran experiencia a nivel internacional, pero eso no quiere decir que no lo estudiemos nosotros, ni lo que no lo hagamos por las normas que plantea la ley provincial", apuntó el gobernador.

"Hay que ver claramente cuál es el beneficio y el perjuicio que provoca (el glifosato)", concluyó el gobernador (declaraciones a LT8 y La Región).

Dime quién aporta a tu campaña y te diré qué intereses defenderás.

A todos los compañeros que luchan consecuentemente en defensa del medioambiente, este 23 de octubre votemos al Frente de Izquierda. Metamos un bloque de izquierda, para que nuestro reclamo se escuche en el Congreso.

Carlos Blanco

Este miércoles 28 de septiembre, la Presidenta visitó la central Atucha 2 con el objetivo de "inaugurarla", según se ha cansado de repetir el ministro De Vido. Esto supondría el fin de una obra que ya lleva casi dos años de atraso y un gasto que, en la estimación más benevolente, triplicó las estimaciones iníciales (700 vs. 2.200 millones de dólares), del cual se forraron los bolsillos empresas amigas (Electroingeniería) y supuestamente no tan amigas (Techint) ¿Tenemos una tercera central nuclear operativa entonces? Ni cerca.

Una mentira grande y una chica

Que Atucha 2 sea inaugurada para su uso comercial es una farsa gigante. Es que basta con ver la obra para darse cuenta de que le falta mucho. Si bien la obra civil y el tendido de caños están avanzados, falta mucho en tendido de cables y colocación de instrumentación. Ni hablar de la obligatoria etapa de pruebas y puesta en marcha.

Un poco menos obscena es la mentira difundida por Nucleoeléctrica Argentina SA (la empresa estatal a cargo de la obra), según la cual lo que estuvo inaugurando la Presidenta fue la etapa de puesta en marcha -es decir la etapa en la cual se llevan adelante pruebas sobre los distintos sistemas de la planta para garantizar el correcto funcionamiento y se comienza a "encender" la planta de cara a la producción. Pero esto es también falso.

Es que debido al retraso del montaje, la empresa ha comenzado algunas pruebas en sistemas y componentes aislados, con instalaciones provisorias, muchas veces precarias, para poder ir adelantando parte de las pruebas. Pero esto dista de ser una "puesta en marcha", que como etapa debería contar con un grado de avance del montaje tal que permita probar los sistemas y grandes componentes con sus instalaciones definitivas. Incluso este esquema de trabajo, donde se montan sistemas a la par de que se los prueba, ya ha dado como resultado de un par de accidentes.

¿Por qué tanto circo?

El circo que se montó fue fantástico, el camino que recorrió la comitiva oficial está pintado y prolijo como para arrancar, pero basta con abrir una puerta equivocada para dar con la realidad de una planta en obra. Es que el gobierno nacional y la empresa quieren mostrar avances en una obra que se atrasa y consume cada vez más presupuesto.

Poner un hito de fin de obra y principio de puesta en marcha también le serviría al gobierno (y a Nucleoeléctrica) para dejar de pagar los "plus por obra", los que representan una parte importante del salario de varios compañeros. Como se ve, no es sólo una cuestión de marketing.

Todo esto cobra una perspectiva preocupante dado que se trata de una planta nuclear, con un diseño del '70 (que es necesario actualizar, por lo menos). Parece claro que en pos de una "patria contratista", donde empresas nacionales e internacionales hagan ganancias, no se ha reparado en hacer chanchadas -incluso tratándose de una planta nuclear.

Corresponsal

Vía libre a los agrotóxicos en Santa Fe

Un proyecto de ley con media sanción de Diputados en la provincia de Santa Fe contra el uso criminal de los agrotóxicos fue dejado caer deliberadamente en una acción concertada por el Frente Amplio Progresista (FAP) y el justicialismo.

El proyecto modifica 15 artículos de la vieja ley de fitosanitarios (1995) para establecer, en el caso del glifosato -el agrotóxico que preserva la soja transgénica-, la prohibición de aplicación aérea dentro de los mil metros del límite de la planta urbana y terrestre -lo que incluye escuelas rurales, áreas naturales, complejos recreativos y caseríos.

Es una modificación que, de todos modos, roza lo inocuo, si se considera "el escaso número de inspectores, la falta de voluntad política y la desidia que en general ha caracterizado la dirección provincial de Sanidad Vegetal, organismo de control de la aplicación de la ley, han generado una situación de anomia, donde la cada vez mayor cantidad de denuncias no son atendidas" (reclamo de las organizaciones ambientales al gobernador Binner, 6/4/09). Sus límites explican que haya sido aprobado en Diputados (con la abstención del justicialismo -que atacó el proyecto por izquierda: "Busca maquillar el problema que ocasionan los agroquímicos ante las denuncias", El Litoral, 2/7/10).

Luego de la crisis, el PS volvió a presentar el proyecto en el Senado -la cámara más adversa- ratificando que el órgano de aplicación será el Ministerio de Producción, iniciando de nuevo la bicicleta parlamentaria.

Los "chacareros"

Aún así, el proyecto de ley produjo una rebelión patronal. El vicepresidente primero de la Federación Agraria, Omar Barchetta, denunció en una jornada de debate que "la modificación de la ley no es razonable" y que no considera la situación de "los pequeños y medianos productores más débiles". Con el apoyo de las cámaras patronales de Aplicadores Aéreos y Terrestres, Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, de Semilleros Multiplicadores e incluso de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, llamó a formar una "comisión de seguimiento" y que el control de los fitosanitarios corresponda a "todos los involucrados en el manejo" (Rosario/12, 23/7/10). Omar Barchetta es parte de la lista de diputados nacionales del Frente "Progresista". Para las organizaciones rurales que acompañaron la iniciativa de la FAA, los nuevos límites de fumigación dejarían más de 100 mil hectáreas improductivas en la provincia.

¿Cuántas?

Llevado por las denuncias sistemáticas sobre las consecuencias del uso del glifosato y otros agrotóxicos sobre la población, el juez Tristán Martínez dispuso en su área de dominio -San Jorge-, después de varias movilizaciones, la prohibición de fumigaciones aéreas y terrestres a 800 y 1.500 metros, respectivamente. Varias organizaciones ambientalistas reclamaron desde ese momento que, al margen del proceso parlamentario, el gobernador disponga por decreto y en forma provisoria, la aplicación de ese fallo en toda la provincia. El gobernador "socialista" se llamó a silencio.

"Mientras los casos de malformaciones, abortos espontáneos, leucemias y otras enfermedades terminales se multiplican y el Estado observa sólo cómo se engrosan las arcas públicas con el Fondo Sojero, sin realizar los correspondientes estudios epidemiológicos" (Declaración del Centro de Protección a la Naturaleza, El Litoral, 26/8/10). El gobernador "socialista", que ha hecho de la salud "universal" (no gratuita) una de sus banderas, tampoco ha dispuesto el control médico de la población sometida a las fumigaciones.

¿Cuántas son las víctimas? Incontables, como surge de un estudio de la Universidad de Córdoba, según el cual un 30% de los trabajadores rurales tiene una exposición alta y un 60% no tiene los elementos de protección más elementales (Ambito, 4/7). En todo caso, el gobierno "socialista" tiene un consuelo. El glifosato tiene autorización del Senasa -que depende del gobierno nacional- y lo considera el más inocuo de los agroquímicos.

Christian Rath

A más de un mes del estallido provincial que dejara en el medio cuatro muertes, la crisis de vivienda está lejos de resolverse.

El plan "un lote para el que lo necesite" ya lleva 60 mil inscriptos en la provincia. Más de 10 mil familias siguen tomando terrenos, a pesar de que en algunas tomas no se relevó a todos. En Perico, con 2.500 familias ocupando tierras, ya hay 10 mil inscriptas en los censos. Se han desatado enfrentamientos a tiros entre los arrendatarios y las familias ocupantes, por ganar un pedazo más de tierra. Para los planes de viviendas hay 18 mil inscriptos. Pero las 1.600 viviendas construidas fueron ocupadas en su totalidad y en lista de espera de inscripción hay otros 15 mil. El Instituto de Vivienda provincial sólo ofrece la construcción de 1.800 casas, a sortearse entre un total de casi 30 mil familias.

El plan de lotes fue aprobado por decreto del gobernador Barrionuevo, ofreciendo tierras fiscales en el Pongo y Chalcán ante el fracaso legislativo de un proyecto que dispusiera nuevas expropiaciones de tierras. Pero este fracaso no puede remediarse con el plan "un lote para cada familia" del PJ-Fellner. Se trata de un plan improvisado, que no detalla cuáles serían las tierras fiscales para el loteo en poder del Estado, ni el presupuesto que incluiría preparar las condiciones para ese loteo, como los servicios de luz, agua, cloaca, apertura de calles. Ni hablar de viviendas populares a construir posteriormente.

Los más recientes asentamientos -que cunden la provincia con las nuevas tomas- se sostienen con la autodeterminación y sacrificio de las miles de familias que soportan los ataques mafiosos de punteros del PJ por las noches, la amenaza gubernamental de ser excluidos del loteo como castigo por las ocupaciones y el hacinamiento. Tanto Barrionuevo-Fellner como Milagro Sala vienen fracasando en el intento de desalojar a los sin techo. Ahora ofrecen otro señuelo a las familias: la conformación de cooperativas para obras elementales y su traslado a otras tierras, muy lejos de los centros urbanos. Pero las maniobras del PJ y la UCR chocan con los más de 3 mil ocupantes de San Salvador, que en una decena de tomas férreamente organizadas, con delegados independientes en algunos casos, han deschavado las maniobras oficiales. Están en el orden del día la coordinación y la unidad de todas las tomas de tierras y viviendas con los métodos democráticos asamblearios, para imponerle al gobierno un plan de salida verdadero que contemple las necesidades de todos los asentados e inscriptos: a) censo integral de todos las familias sin techo, b) expropiación de las tierras necesarias, junto a los centros urbanos, d) investigación de todas las cesiones de tierras a los monopolios agroindustriales, d) plan de vivienda popular controlado por representantes de los trabajadores y los sin techo, en base a un impuesto extraordinario al gran capital radicado en la provincia.

Gabriela Arroyo

El GRR deja sin explicar por qué se destruye la "cultura agraria y campesina" y, de esta manera, induce la confusión entre causas y consecuencias, promoviendo una táctica que, lejos de superar la realidad actual del capitalismo en crisis, la conserva. La "cultura agraria y campesina" está desapareciendo porque las condiciones materiales que daban sustento a esa forma de vida han sido revolucionadas por el avance capitalista. La expropiación del trabajador directo y su sustitución por el obrero colectivo moderno al mando del capital es una ley inexorable del desarrollo capitalista. Hay que reconocer -como señalara Trotsky- que el proceso de proletarización en el capitalismo tardío adquiere más formas a las pensadas por los autores del manifiesto. El desarrollo de la industria y la desocupación crónica provocan el paso de la pequeñoburguesía agraria y rural no ya sólo a la condición de proletarios inmediatamente explotados por el capital, sino a la de población obrera aparentemente sobrante, fenómeno que se expande conforme la crisis mundial progresa, lo que es ocultado por la estadística burguesa.

Decimos aparentemente porque, en realidad, las grandes masas obreras que hoy sobran no lo hacen en "abstracto", sino que sobran para el régimen organizado por el capital y son una expresión del desarrollo de la crisis en nuestras filas. Estas no sobrarían al interior de un régimen comandado por los trabajadores, en donde el pleno empleo de la capacidad humana de trabajo sea aplicado para el progreso de la colectividad y no para la acumulación de ganancias privadas, cada vez más difíciles de obtener. Visto desde nuestros intereses históricos, lo único que sobra es el capital.

Las luchas recientes del movimiento de desocupados le han arrancado a la burguesía numerosos planes sociales que actúan paliando la necesidad más vital: comida, vestimenta, techo. En vez de promover la lucha por la transformación de estos planes en seguros de desempleo equivalentes a la canasta familiar, en vez de apuntalar la lucha de los sin techos por la vivienda obrera digna, en vez de señalar decididamente al régimen responsable de la barbarie que vemos a diario, el GRR propone que las masas expropiadas vuelvan al campo para que vivan en "quizás ¼ de hectárea o acaso más" en donde tener unos animales, un horno de barro "y ser libres en nuestras decisiones"; pero, por sobre todo, que ¡no necesiten planes sociales! En fin, el GRR propone que las masas se autoexploten en una diminuta parcela de tierra como forma de enfrentar la crisis del capital. Extraña forma de buscar la libertad... Para los revolucionarios, la libertad sólo existe en la acción política guiada por la necesidad histórica. En nuestro caso, la necesidad de superar el régimen caduco del capital, transformando la crisis histórica que sacude hoy el mundo en una crisis revolucionaria que lleve al poder a la única clase capaz de acabar con la barbarie: el proletariado.

Miguel Ramírez

Los jóvenes cosecheros salen a la lucha

Los jóvenes trabajadores del Ingenio La Esperanza se han puesto en pie de lucha después de tantos tire y afloje con la patronal y el gobierno. Su condición en la producción azucarera es precaria, ya que los métodos de trabajo son de antaño y con total desprotección de los trabajadores. Bajo el engaño de la mano de obra contratada año a año en tiempos de zafra, el Ingenio La Esperanza, arrendado por Roggio, explota a cientos de jóvenes tercerizados, en la mayoría de los casos por un contratista. El acuerdo se da a través del surco patrón y una determinada cantidad de toneladas de caña cortadas, de la cual a los cosecheros se le pagaun porcentaje; en este caso, a los jóvenes se les está paga cinco días de los 30, por un monto de 800 pesos, a sabiendas de las ganancias que da el azúcar en este período, sumado a la producción de alcohol de caña en cantidad. Los jóvenes cosecheros decidieron poner fin a esta situación, y en los primeros días del inicio de zafra solicitaron al sindicato soluciones concretas.

El sindicato, lejos de protegerlos, sostiene el lucro de Roggio y la ventaja de los capataces a cargo de los obreros cuarta. Cuando se trata de resolver los conflictos, el gobierno suele mandar al diputado Rivarola, audaz y maniobrero, que busca junto a la burocracia sindical ahogar las luchas, lo que no ha funcionado en esta ocasión. La joven camada de cosecheros. El pasado jueves cortaron la ruta 34, a siete días de los violentos desalojos en Libertador. Su lucha no fue cubierta por los medios locales, que estaban ocupados graficando las tomas de casas y tierras de los punteros de la red de organizaciones nucleadas en la Tupac; la única cobertura la posibilitó una delegación del PO pasado el mediodía.

El modelo productivo K se manifiesta en la Jujuy de la agroindustria negrera y el acaparamiento latifundista.

Si Roggio dice que no tiene puestos de trabajo para los trabajadores, entonces que reduzca la jornada laboral a 6 horas, para ingresar a planta a todos los cuartas. Roggio debe presentar un plan de industrialización que integre toda la mano de obra, ya que la tecnificación (para mayor rentabilidad) que desplaza a los trabajadores violenta el acuerdo comprometido por la empresa, "de mantener la planta de personal y mejorar su condición laboral, con la extensión de cultivo y reindustrialización". Son momentos de fuertes ganancias y desarrollo productivo, subsidiado por el Estado, del negocio millonario del alcohol de caña para biodiesel, por este motivo, la patronal refuerza la participación de los trabajadores en su producción.

Por lo tanto, la exigencia de los jóvenes cuarta es más que genuina: pase a planta permanente, aumento de salario igual al costo de la canasta familiar, fin del régimen de trabajo tercerizado y en negro.

Mario Leguiza

Hace algunas semanas, la provincia de Río Negro llegó a las páginas del renombrado Financial Times, con la noticia de un convenio firmado por una empresa agroindustrial china con el gobierno de Saiz, para impulsar un proyecto que tiene por objetivo desarrollar sistemas de irrigación que permitan utilizar para la producción de soja tierras actualmente improductivas. Se trata, en realidad, de un acuerdo firmado en octubre del año pasado entre el gobernador y el grupo Beidahuang, la principal empresa alimenticia china, y que contaría con un préstamo inicial del BID por 300 mil dólares para financiar estudios del impacto ambiental y social del proyecto. El acuerdo se inscribe en un cuadro de alza de los precios mundiales de los alimentos y cuando se observa un persistente aumento en las importaciones chinas de maíz y porotos de soja para abastecer el consumo de la población: según el propio Financial Times, "China invirtió fuertemente en tres acuerdos energéticos el año pasado que han convertido a la Argentina en uno de sus más importantes puntos de apoyo en Latinoamérica, donde busca asegurarse energía, minerales y ahora alimentos para su economía en expansión" (30/6). Argentina vende actualmente a China el 90% de sus exportaciones de soja: uno de los impulsores del proyecto dijo que las provincias de Tucumán y Buenos Aires están dispuestas a establecer convenios similares con Beidahuang.

El proyecto ya ha sido objeto de denuncias de distintas organizaciones ambientales de la provincia, que ponen de relieve que el escueto texto de los convenios firmados no impone a los inversores obligaciones ni pautas del uso del suelo, el agua, la energía y los recursos de la provincia. Según el diario Río Negro (23/7) "la anunciada inversión implicaría ceder en forma concentrada el control de la producción y la exportación a una empresa, por un término estimado de cien años, en una superficie que rondaría las 300.000 hectáreas de valles irrigables, lo que equivale a seis veces el Alto Valle del Río Negro". En diciembre de 2010, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue señaló que de los convenios firmados por Saiz surgen "incertidumbres sobre el futuro uso de los recursos naturales y el modelo de desarrollo agropecuario para la provincia de Río Negro y las consecuencias que pueden tener sobre los aspectos socio-económicos y ambientales". Está en curso un recurso de amparo presentado ante la Justicia provincial para que el Poder Ejecutivo se abstenga de cualquier avance en la implementación de los convenios.

En efecto, los convenios "ofrecen tierras disponibles sin explotación", "ponen a disposición toda la información para relevar la inversión necesaria", todos los anteproyectos ya existentes y "todos los técnicos de la autoridad de aguas"; además de prometer "la mejor política de inversión, brindando garantías mediante la creación de leyes". El gobierno se compromete también a "brindar sin cargo alguno tres mil hectáreas de tierra para la realización de un campo experimental de cultivos de alto rendimiento" y facilitar "sin cargo alguno parte de la zona portuaria del puerto de San Antonio Este"; el convenio establece que "la concesión para el uso será por 50 años y se renovará automáticamente una vez cumplido el plazo" (Río Negro, 23/7).

La implementación de los convenios firmados, en cualquier caso, parece estar sujeta a las vicisitudes de la crisis mundial. Los convenios se firmaron en octubre de 2010, pero no hay decreto ni proyecto de ley que amplíe el alcance. El expediente administrativo sobre el tema sólo tiene veinte páginas, de las cuales buena parte son la traducción del convenio del chino mandarín. "El 28 de diciembre de 2010, [el ministro] Accatino relativizaba bastante el alcance de los convenios, a los que dio carácter 'preliminar', indicando que 'enmarcan la voluntad de evaluar la factibilidad de poner en producción intensiva valles de climas templados de los ríos Negro y Colorado'". Según el diario Río Negro, "esa notoria indefinición de un asunto que promete ser tan importante, pero del cual tan poco se conoce, unido a un antecedente próximo, lleva a temer que la supuesta voluntad de Saiz de fomentar esta inversión no sea más que un gran bluff" (ídem).

Martín López